Lo que cobraron tres abogados y un martillero
El fiscal Carlos Covani indicó ayer que fueron 56 los embargos que se realizaron desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 17 sobre las cuentas de otros juzgados en el Banco Municipal, por la suma de un millón cincuenta mil pesos. De ese dinero, se pagaba a tres abogados y un martillero. El funcionario judicial indicó que lo que se está investigando es si el dinero estaba bien embargado, y a su vez, si estaba bien pagado a los profesionales. Además señaló que la semana pasada la entidad bancaria, que a fines de octubre denunció las maniobras presuntamente ilícitas, informó que se devolvieron 548 mil pesos a esas cuentas, y que los depósitos los realizaron, aparentemente, dos de los letrados involucrados. Si bien el fiscal pidió seis indagatorias, hasta ayer no habían sido ordenadas por la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, quien investiga la presunta corrupción económica, que motivó la suspensión preventiva del juez Alejandro Martín y su secretario Ricardo Lavaca.
Los manejos "poco claros" fueron realizados entre mediados de 2010 y septiembre de este año; por lo que ayer la investigación estaba centrada en la revisión de los protocolos de los últimos dos años del juzgado de Martín. Además, durante el allanamiento realizado el miércoles por la noche, en la planta baja de los Tribunales, se secuestró un pagaré, por la suma de 50 mil pesos, que fue fundante de una de las cinco causas del Civil y Comercial 17º que absorbieron fondos de otros juzgados, en 56 oportunidades.
Las maniobras que llamaron la atención de las autoridades del Banco Municipal, y que derivó en la denuncia, tenían que ver con que un juzgado le sacara plata a otro, porque se trataba de cuentas "inmovilizadas" con dinero proveniente de, por ejemplo, juicios por cobro de pesos o remates, entre otros.
Covani detalló ayer el mecanismo de la maniobra: "El Banco Municipal denunció que detectó irregularidades en el manejo del juzgado Civil y Comercial 17º de fondos que correspondían, vía embargos, a otros tribunales", del fuero Civil y de Ejecución, y "en relación a otras causas". Desde el Juzgado cuestionado "se embargaban fondos que correspondían a expedientes de otros juzgados. Se traían esos fondos, pero los expedientes quedaban en el juzgado de origen. Los fondos llegaban a una cuenta que se creaba para el Civil y Comercial 17. Esos fondos eran entregados mediante órdenes de pagos otorgadas por el Juzgado investigado a tres abogados y un martillero".
En la acusación, figuran más de un millón de pesos abonados; pero la semana pasada el Banco informó que se habían devuelto casi 550 mil pesos. "No sé cuál es el motivo de la devolución de la mitad del dinero pagado, pero sí sabemos quién hizo el depositó", dijo.
Las maniobras comenzaron en la época que se inició la transferencia de depósitos judiciales del Banco de Santa Fe al Municipal, por lo que una fuente cercana a la investigación deslizó que no se descarta la posibilidad de que haya existido una conexión para tener acceso a los datos sobre las cuentas.
Por su parte, el presidente del Banco Municipal, Eduardo Ripari, dijo a LT8 que "el juez es el único autorizado a utilizar las cuentas". Al mismo tiempo indicó que "los movimientos eran hechos de forma técnicamente correcta, a lo que no había nada que objetar, simplemente era una observación subjetiva. Había algunos indicios de que había algo que no era habitual, por lo tanto se hizo una presentación informativa, después la Corte actuó según las formas judiciales".
Fuente:Rosario12
Maniobras: citan a indagatoria a juez, abogados y un martillero
Es por el presunto fraude contra depósitos judiciales en el Banco Municipal, que dio el alerta pero no está perjudicado.
24 nov, 2012
El fiscal Carlos Covani, quien investiga los sospechosos embargos en perjuicio de depósitos judiciales que estaban inmovilizados en el Banco Municipal, informó ayer que pidió la declaración indagatoria –con carácter de imputados– de seis personas cuyas identidades evitó precisar pero que, trascendió, se trata del titular y el secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial 17ª, Alejandro Martín y Ricardo Lavaca, ambos ya separados de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, más tres abogados del fuero civil y un martillero presuntamente involucrados. En el caso de Martín, por ser juez tiene fueros, lo que implica que si es convocado a indagatoria, puede someterse voluntariamente. De lo contrario, deberá intervenir el Poder Legislativo para desaforarlo.
Las maniobras, detectadas y denunciadas ante la Justicia por la propia entidad financiera local el mes pasado, abarcan un monto de más de un millón de pesos y fueron realizadas a lo largo de dos años, entre mediados de 2010 y 2012. Sin embargo, surgió un dato sorpresivo: en los días en que se puso sobre aviso respecto de esos movimientos irregulares hubo una “devolución” de más de la mitad del dinero extraído de las 56 cuentas abiertas originalmente en el Nuevo Banco de Santa Fe, pero transferidas luego a la entidad rosarina tras un convenio que la hizo depositaria de las mismas.
Los investigadores presumen que, además del magistrado, los abogados y el martillero, hubo al menos un informante de alguno de los dos bancos, quien se supone proveyó los datos de las cuentas que hacía rato permanecían inactivas para que según esta hipótesis se armaran las causas que permitieran retirar de ellas el dinero.
Lo que detectó el Banco Municipal como sospechoso y denunció penalmente el mes pasado fue la serie de extracciones de los 56 depósitos judiciales, que son los que se abren ante un expediente y bajo el nombre del mismo para inmovilizar dinero de una de las partes hasta que haya una resolución de la controversia. Lo extraño es que todos esos movimientos remiten a un mismo juzgado, el 17, e involucraban apenas a tres abogados y un martillero. Uno de los letrados, trascendió, intervino en una sola de las maniobras ilegales, y el resto en todas.
Fuentes judiciales informaron que en los allanamientos realizados el miércoles último en el juzgado que conducía Martín se secuestró, entre otra documentación, un pagaré “fundante” de cinco causas que en conjunto involucran a las 56 cuentas abiertas por otros despachos y vaciadas a través de embargos que llevan una misma firma: la del magistrado ahora desplazado. Y los mismos “beneficiarios”: los tres letrados citados a indagatoria.
La investigación, tras la denuncia del Banco Municipal que la propia Corte ordenó investigar, quedó a cargo del fiscal Covani y de la jueza de Instrucción 12ª, Mónica Lamperti.
De los datos de la pesquisa surge a su vez una curiosidad: hubo devoluciones de parte del dinero extraído que se materializaron entre octubre y noviembre último –alrededor de la fecha en la que el banco hizo la denuncia– por un valor total de 548 mil pesos. Y allí aparecen como depositantes dos de los tres abogados comprometidos. El monto total de los embargos bajo la lupa, en tanto, asciende a un millón 50 mil pesos.
Detecta y denuncia
El Banco Municipal de Rosario actúa como depositario de fondos de los Tribunales de Rosario desde hace dos años, cuando pasó a administrar esos fondos como consecuencia de la privatización del Banco de Santa Fe, ocurrida a mediados de la década del 90. Pero esos fondos, fruto de causas judiciales abiertas por diferentes motivos –remates, cuotas alimentarias, embargos, entre otras– sólo pueden moverse a pedido de los magistrados.
La subgerenta general del Banco Municipal, Ana Bonopaladino, aclaró que la entidad no resultó perjudicada por la maniobra denunciada, ni es querellante en el caso. Sólo detectó los movimientos extraños y los denunció, un hecho con todo tan inédito como la separación de sus cargos del juez Martín y el secretario Lavaca que ordenó el máximo tribunal santafesino.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
El fiscal Carlos Covani, quien investiga los sospechosos embargos en perjuicio de depósitos judiciales que estaban inmovilizados en el Banco Municipal, informó ayer que pidió la declaración indagatoria –con carácter de imputados– de seis personas cuyas identidades evitó precisar pero que, trascendió, se trata del titular y el secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial 17ª, Alejandro Martín y Ricardo Lavaca, ambos ya separados de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, más tres abogados del fuero civil y un martillero presuntamente involucrados. En el caso de Martín, por ser juez tiene fueros, lo que implica que si es convocado a indagatoria, puede someterse voluntariamente. De lo contrario, deberá intervenir el Poder Legislativo para desaforarlo.
Las maniobras, detectadas y denunciadas ante la Justicia por la propia entidad financiera local el mes pasado, abarcan un monto de más de un millón de pesos y fueron realizadas a lo largo de dos años, entre mediados de 2010 y 2012. Sin embargo, surgió un dato sorpresivo: en los días en que se puso sobre aviso respecto de esos movimientos irregulares hubo una “devolución” de más de la mitad del dinero extraído de las 56 cuentas abiertas originalmente en el Nuevo Banco de Santa Fe, pero transferidas luego a la entidad rosarina tras un convenio que la hizo depositaria de las mismas.
Los investigadores presumen que, además del magistrado, los abogados y el martillero, hubo al menos un informante de alguno de los dos bancos, quien se supone proveyó los datos de las cuentas que hacía rato permanecían inactivas para que según esta hipótesis se armaran las causas que permitieran retirar de ellas el dinero.
Lo que detectó el Banco Municipal como sospechoso y denunció penalmente el mes pasado fue la serie de extracciones de los 56 depósitos judiciales, que son los que se abren ante un expediente y bajo el nombre del mismo para inmovilizar dinero de una de las partes hasta que haya una resolución de la controversia. Lo extraño es que todos esos movimientos remiten a un mismo juzgado, el 17, e involucraban apenas a tres abogados y un martillero. Uno de los letrados, trascendió, intervino en una sola de las maniobras ilegales, y el resto en todas.
Fuentes judiciales informaron que en los allanamientos realizados el miércoles último en el juzgado que conducía Martín se secuestró, entre otra documentación, un pagaré “fundante” de cinco causas que en conjunto involucran a las 56 cuentas abiertas por otros despachos y vaciadas a través de embargos que llevan una misma firma: la del magistrado ahora desplazado. Y los mismos “beneficiarios”: los tres letrados citados a indagatoria.
La investigación, tras la denuncia del Banco Municipal que la propia Corte ordenó investigar, quedó a cargo del fiscal Covani y de la jueza de Instrucción 12ª, Mónica Lamperti.
De los datos de la pesquisa surge a su vez una curiosidad: hubo devoluciones de parte del dinero extraído que se materializaron entre octubre y noviembre último –alrededor de la fecha en la que el banco hizo la denuncia– por un valor total de 548 mil pesos. Y allí aparecen como depositantes dos de los tres abogados comprometidos. El monto total de los embargos bajo la lupa, en tanto, asciende a un millón 50 mil pesos.
Detecta y denuncia
El Banco Municipal de Rosario actúa como depositario de fondos de los Tribunales de Rosario desde hace dos años, cuando pasó a administrar esos fondos como consecuencia de la privatización del Banco de Santa Fe, ocurrida a mediados de la década del 90. Pero esos fondos, fruto de causas judiciales abiertas por diferentes motivos –remates, cuotas alimentarias, embargos, entre otras– sólo pueden moverse a pedido de los magistrados.
La subgerenta general del Banco Municipal, Ana Bonopaladino, aclaró que la entidad no resultó perjudicada por la maniobra denunciada, ni es querellante en el caso. Sólo detectó los movimientos extraños y los denunció, un hecho con todo tan inédito como la separación de sus cargos del juez Martín y el secretario Lavaca que ordenó el máximo tribunal santafesino.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
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