Los caminos del 7D
El máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de “inmediato” una sentencia de fondo, pero los tiempos procesales lo impiden. La Cámara Civil y Comercial tiene en sus manos la posibilidad de extender (o no) la cautelar. El multimedios haría nuevos planteos.
Por Irina Hauser
La Corte Suprema recordó esta semana que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito.Imagen: Dafne Gentinetta.
Diez días atrás el Grupo Clarín le pidió a la Corte Suprema que extienda la medida cautelar a su favor más allá del 7D, al tiempo que denunciaba “privación de justicia” con el argumento de que eso mismo le había requerido a la Cámara, que no había podido fallar porque algunos de sus miembros fueron recusados por el Gobierno. La fundamentación presentaba una paradoja, ya que el propio multimedios desde octubre de 2009, cuando pidió la primera cautelar (aun antes de que se votara la ley), hizo todo lo posible, a fuerza de inacción, por evitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la obligación de desprenderse de licencias en un año y de los límites a la concentración. Los expedientes civiles, a diferencia de los penales, sólo avanzan cuando la parte demandante –en este caso la empresa– les da impulso, algo que por los tres años transcurridos no parece haber sido la norma.
El máximo tribunal firmó dos resoluciones la semana pasada, en las que no habló de la falta de iniciativa del grupo empresario. Eligió poner el énfasis en el papel de los tribunales. En uno de los fallos rechazó el pedido del multimedios por “inadmisible” ya que –señalaba– previamente debería pasar por la Cámara, a la que a la vez le indicaba que resolviera sus problemas de integración que le impedían avanzar. En el otro, ordenó “dictar una sentencia de fondo, y no cautelar” y recordó lo que ya había dicho en mayo, al poner la fecha del 7 de diciembre: que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito, si no se transforman en sentencias anticipadas de hecho. En esta línea, ahora la Corte le dijo al juez Alfonso que tiene que fallar en forma inmediata sobre la constitucionalidad de la norma discutida y, a la Cámara, que designe conjueces del fuero contencioso administrativo para salir de su parálisis. Para agilizar, los supremos ordenaron habilitar fines de semana, feriados y vacaciones.
La orden judicial de actuar de “inmediato” suena fuerte, pero es relativa. La Afsca ya anunció que cuando llegue el 7D (que en rigor será el 10D ya que hay un fin de semana en el medio), como habrá caído la medida cautelar que “protege” a Clarín, comenzará a actuar de oficio, con la tasación de los medios que posee y que exceden los límites establecidos por la ley. Pero nada de lo que pueda ocurrir es tan taxativo. Varios caminos se abren.
La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial es la que tiene a su cargo el caso Clarín, y la que recibió hace un tiempo el pedido de extensión de la medida cautelar. Pero uno de sus jueces renunció (Martín Farrell), otro (Francisco de las Carreras) está recusado y sólo María Susana Najurieta está en condiciones de fallar. Otra camarista que había sido nombrada como sustituta, Graciela Medina, también fue recusada por el Ejecutivo. El martes último fueron nombrados dos subrogantes de otro fuero, el contencioso administrativo, para reconstituir la sala. Es factible que eso ocurra esta semana, a menos que los jueces acepten producir pruebas sobre las recusaciones que pidió el Gobierno, que evidentemente apuesta a hacer tiempo para que Clarín no consiga una prórroga. Por ejemplo, pidió datos sobre un viaje a Miami de De las Carreras a un evento sponsoreado por Cablevisión, que según la denuncia de jefatura de gabinete le pagó el Grupo Clarín.
En la Casa Rosada hay cierto temor a que, más pronto que tarde, la Cámara prolongue la cautelar hasta que el juez Alfonso, emplazado por la Corte, resuelva la discusión de fondo, para lo cual no debería faltar tanto. Es una posibilidad existente. Pero en el Gobierno prefieren pensar que sería rebelarse contra la proclama de la Corte de que las medidas cautelares no deben ser eternas. El panorama es incierto: la Cámara podría tomar decisiones en cuestión de horas, o no.
Suponiendo que llegue el 7D sin avances en la Cámara y sin resolución de fondo, de acuerdo con una de las lecturas que circulan en tribunales sobre lo que dijo la Corte, Clarín podría reclamar judicialmente que no lo pueden obligar a desinvertir porque los jueces supremos postularon que mientras no haya un fallo sobre la constitucionalidad habrá privación de justicia. Desde esta perspectiva, si bien el máximo tribunal rechazó la pretensión del multimedios de que le extiendan la cautelar, le dejó una estrategia servida. Un clásico supremo: tratar de repartir y dejar a todos los interesados con algo. Lo que seguro pasará una vez que la Afsca empiece a actuar, si judicialmente nada cambió de acá a una semana –como posiblemente suceda–, es que Clarín apueste a multiplicar sus denuncias y reclamos en tribunales.
La decisión que adopte el juez Alfonso al analizar si son constitucionales o no los artículos 161 (plazo de un año de desinversión) y 45 (límites a la concentración de licencias) de la ley de medios es de suma importancia, pero con tan sólo con mirar los tiempos que marca el Código Procesal se advierte que es algo imposible de concretar en unos pocos días. Tanto el Gobierno como Clarín lo dan casi por descartado. Sólo sería pensable si ocurriera el milagro de que las partes renunciaran a los plazos. Por lo pronto, todavía Alfonso tiene que definir si acepta a la Afsca como parte, y debería también correrle vista al fiscal antes de su fallo final, aunque algunos juristas dicen que podría obviarlo. Luego, tiene que llamar a “autos para sentencia”, después de lo cual las partes tienen cinco días para plantear objeciones.
Además, desde el momento en que inaugura esta etapa previa a la sentencia, se le conceden cuarenta días para anunciar su resolución final. De acuerdo con las normas procesales, esa sentencia no surtiría efectos prácticos mientras no la confirme un tribunal superior.
En estos tres años, el fuero civil y comercial falló casi en forma sistemática a favor de Clarín. En primera instancia, la mayor parte del tiempo el caso estuvo en manos del juez Edmundo Carbone, quien se jubiló a fines del año pasado, sin haber fallado sobre el dilema de fondo. En la Cámara, la Sala I, con Najurieta, De las Carreras y Farrell, perpetuaron la medida cautelar y se manifestaron en defensa del derecho de propiedad del multimedios. Nadie se anima a apostar qué hará Alfonso, un juez joven, que fue nombrado por Cristina Kirchner, el año pasado. Clarín atesora, ante cualquier eventualidad, la intención de recurrir a la Corte Interamericana, con el argumento de la privación de justicia. Para la empresa o el Gobierno, una herramienta es el per saltum, si se llegara a publicar y reglamentar (algo que no sucedió aún). El juez de la Corte Raúl Za-ffaroni habló de la trascendencia pública del caso, lo que hace pensar que, llegado el caso, el tribunal podría considerar ese recurso.
Fuente:Pagina12
Qué esconde la denuncia contra los periodistas por instigación a la violencia y el reclamo ante la Corte por denegación de justicia
Clarín busca llegar a la CIDH con una estrategia de victimización
Los abogados del Grupo apuntan a una asimilación entre la inminencia de la adecuación a la Ley de Medios en la Argentina y lo ocurrido en Venezuela con Radio Caracas Televisión (RCTV) y el presunto hostigamiento a periodistas por parte del chavismo. Dos episodios con diferencias claras.
Por: Martin Piqué
El 22 de noviembre, un día después de recurrir a la Corte, Clarín presentó una denuncia penal por incitación a la violencia y coacción agravada contra periodistas (a los que trató como "propaladores del mensaje"), funcionarios y legisladores ante la justicia federal.
Los acusó de ser los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio del Grupo Clarín y sus directivos" y pidió la cárcel para ellos. La condena generalizada que despertó la denuncia contra periodistas –Roberto Caballero, Sandra Russo y el relator de fútbol Javier Vicente– dejó espacio luego al interrogante sobre por qué Clarín estaba dando esos pasos, que una primera lectura podría considerar atolondrados y poco serios.
¿Cuál es la estrategia jurídica de Magnetto y del enorme estudio jurídico que lo asesora, con el penalista Hugo Wortman Jofré, ex socio de Luis Moreno Ocampo, como cara visible y presunto estratega?
La respuesta que circula entre los abogados especializados en comunicación, como también entre los investigadores que siguen de cerca el litigio por la aplicación de la ley, tiene una explicación concreta.
Según esa lectura, los abogados de Clarín están intentando forzar una asimilación entre la situación que debe asumir el Grupo, con el panorama que atravesó la empresa venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007, al vencerse la concesión que le había otorgado el Estado para explotar el canal VHF 2 de TV abierta.
La intención de Clarín de asimilar ambas situaciones choca, sin embargo, con la propia realidad. El vencimiento de la licencia de RCTV fue un procedimiento legal, administrativo, a través del cual el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de un solo medio (a los demás se les renovó la licencia) al cumplirse el plazo de 20 años que duraban las concesiones previstas por el Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras.
El argumento para no renovar la licencia de RCTV fue que ese canal había utilizado su pantalla para promover el golpe de Estado contra Chávez, en abril de 2002. La situación en la Argentina es muy distinta, porque más allá de la absoluta legalidad del acto administrativo dispuesto en Venezuela, aquí se votó una nueva Ley de Medios con un amplio consenso en la sociedad y en ambas cámaras del Congreso.
El contenido de la ley incluso recibió muchos elogios fuera de las fronteras, como ocurrió esta semana con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
"La ley (de Medios) sirve para la construcción de una mayor normalidad democrática. El tema tiene que ver con el avance en el ejercicio de la profesión de periodista y a la vez con el avance normativo para defender el derecho a comunicar", dijo. Los elogios de la CIDH son importantes para el avance definitivo hacia la plena aplicación.
Y pueden resultar, también, un anticipo de lo que podría pasar en el caso de que el Grupo Clarín decida acudir al sistema interamericano de Derechos Humanos, que está integrado por la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para poder acudir a la CIDH, y que ese organismo acepte la presentación y la gire a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el demandante tiene que poder demostrar que se encuentra en una situación de "indefensión y desprotección jurídica", que se están violando –en perjuicio suyo– artículos del Pacto de San José de Costa Rica y que, además, agotó todas las instancias judiciales ante el Poder Judicial local.
Y esta alternativa parece ser la apuesta final de Clarín. ¿Pero cómo podría el grupo de Herrera de Noble y Magnetto presentarse ante la CIDH y que su presentación sea aceptada para, así, iniciar un "caso contencioso" (como los define la Corte interamericana) contra el Estado argentino?
La única alternativa que parece quedarle a Clarín es tratar de convencer al sistema interamericano de Derechos Humanos sobre la existencia de un supuesto clima de hostigamiento e intimidación impulsado desde la administración de Cristina Fernández que pondría en riesgo la práctica profesional del periodismo.
Para intentar esta alternativa, Wortman Jofré y sus socios deberían lograr que la CIDH considere que los directivos y periodistas del Grupo Clarín están siendo víctimas de una campaña alentada desde el gobierno.
Esto es, justamente, lo que Clarín planteó en la controvertida denuncia penal que tramita en el Juzgado Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez. Si llegara a avanzar en esta estrategia, el multimedios cuenta con dos antecedentes ("casos contenciosos" que tramitaron en la Corte Interamericana) que también provienen de Venezuela.
Se trata de las causas "Ríos, Luisiana y otros c/ Venezuela" y "Perozo, Gabriela y otros c/ Venezuela", en los que hubo sentencias parcialmente desfavorables para el gobierno venezolano. En el primer caso, un grupo de periodistas de la cadena RCTV denunció al Estado por hostigamiento y agresión de miembros de los Círculos Bolivarianos en el marco de los hechos que sucedieron durante el intento de golpe de Estado contra Chávez y su regreso triunfal como presidente legítimo.
La segunda denuncia fue hecha por periodistas de Globovisión, otra cadena antichavista. En la sentencia de fondo del caso "Ríos c/ Venezuela", en las consideraciones previas (página 35), la Corte Interamericana mencionó la existencia en Venezuela de "un clima de agresión y amenaza contra la libertad de expresión y, en particular, contra la integridad personal de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación social".
El fallo además mencionaba la "falta de investigación por parte de la Justicia venezolana" de esos episodios de violencia, como también la existencia de "restricciones indirectas" a la libertad de expresión.
En la Argentina no se produjeron incidentes del tipo de los que, en su momento, denunciaron los periodistas de RCTV y Globovisión. Los últimos episodios de violencia contra periodistas se produjeron en Malvinas Argentinas y en los cacerolazos del 13S y 8N.
La apuesta de Clarín, a cinco días del 7D, es equiparar aquellos hechos, que transcurrieron en la convulsionada Venezuela de 2002, con la polémica denuncia por "incitación a la violencia" y "coacción agravada" que presentaron el 22 de noviembre.
La visita
Llega la SIP
El jueves llegará a Buenos Aires una delegación de la SIP encabezada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el editor uruguayo Claudio Paolillo, para "evaluar in situ el estado de libertad de expresión" en el país entre el 6 y 7 de diciembre.
Fiesta de la democracia
El 9 de diciembre, domingo, un día antes del lunes feriado, el centro histórico de la Ciudad de Buenos Aires –la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio, Diagonal Norte y Diagonal Sur– recuperará el aspecto del Bicentenario. Una fiesta, con cientos de miles de personas en la calle.
La concentración tendrá varias efemérides –coincidencias del calendario– para festejar. Y también habrá una clara reivindicación del kirchnerismo y de la gestión de Cristina Fernández. La combinación de aniversarios (casi 30 años de democracia, 100 años de la Ley Sáenz Peña, el Día Internacional de los Derechos Humanos y cinco años de gobierno de Cristina) se completará con una fecha más, que se fue convirtiendo en un símbolo.
Una fecha que está asociada al futuro inmediato: el 7D, el vencimiento del plazo establecido por la Corte para la medida cautelar que traba la plena aplicación de la Ley de Medios.
"La fiesta de la democracia" que se realizará en los alrededores de Plaza de Mayo tendrá una programación musical con artistas de muchísima convocatoria, también habrá actores famosos leyendo poemas y una de las sorpresas –no la única– será la entrega de premios que distinguirán a figuras comprometidas con los Derechos Humanos.
El galardón será entregado por la presidenta y está confirmado que los distinguidos serán el director de orquesta Daniel Baremboim, el pintor y escultor León Ferrari y el poeta Juan Gelman.
Al igual que en el Bicentenario, la fiesta del 9D tendrá un carácter participativo, con desfile de murgas, colectividades, pueblos originarios y comunidades campesinas con sus tradiciones, ropas y canciones típicas. Sobre las avenidas Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Julio A. Roca (Diagonal Sur) se instalarán stands y palcos para sentarse y seguir de cerca los movimientos.
Uno de los rasgos que lo diferenciará de las actividades por la Semana de Mayo de 2010 será que esta vez los festejos tendrán un fuerte carácter federal: ese mismo domingo se harán festejos en cerca de 20 ciudades de todo el país.
Al igual que en 2010, la Unidad Bicentenario que comanda el publicista Javier Grosman –también factótum de Tecnópolis– tiene una responsabilidad importante en la organización.
Otra diferencia con el Bicentenario es que esta vez no tendrá participación alguna el grupo de teatro Fuerza Bruta, que mantiene excelentes relaciones con la Unidad Bicentenario, pero que en esta época del año se encuentra de gira por distintas provincias del país. Es muy probable que la convocatoria termine con un discurso de Cristina Fernández, aunque todavía no está confirmado.
Como hace dos años, la concentración multitudinaria tendrá un visible componente de reivindicación nacional, con muchas banderas argentinas y –en lo posible– menos banderas de las múltiples organizaciones políticas ligadas al kirchnerismo.
Fuente:TiempoArgentino
“El Grupo Clarín quemó las naves y está perdiendo aliados”
Año 5. Edición número 237. Domingo 2 de diciembre 2012
Por Demián Verduga
dverduga@miradasalsur.com
“Magnetto perdió legitimidad hacia sus socios. Él impulsó la estrategia que fracasó.” /Esta ley es una batalla contra la tutela de las corporaciones sobre la democracia”.
Entrevista. Marcelo Fuentes. Senador del FpV. El senador oficialista y miembro del Consejo de la Magistratura analiza el cuadro político y judicial de la aplicación de la ley de medios. Qué puede pasar antes del 7 de diciembre y lo que vendrá después.
Faltan sólo cinco días para que llegue el 7 de diciembre y comience un nuevo ciclo en el largo y trabado proceso de democratización de los medios de comunicación en la Argentina.
Como todo momento bisagra, el 7D es al mismo tiempo el inicio de una nueva etapa y, por otra parte, sólo un capítulo más de la historia que comenzó cuando se aprobó la ley de medios. La disputa por su aplicación tuvo varios momentos claves, judiciales y políticos.
Uno de las más importantes fue el 23 de octubre de 2011, cuando Cristina Fernández logró su reelección con el 54% de los votos, a pesar de que Clarín había descargado sobre ella toda la artillería que tenía.
“Fue la gran derrota política del Grupo. A partir de allí pusieron todas sus apuestas en el plano judicial”, le dijo a Miradas al Sur el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, que también es miembro del Consejo de la Magistratura.
Justamente el Consejo se transformó, desde mediados de octubre, en uno de los escenarios centrales de la puja judicial por la aplicación de la ley. Cinco de sus 13 miembros bloquearon el concurso que debía designar al magistrado del juzgado donde se tramita el pedido de inconstitucionalidad hecho por Clarín.
Se ha escrito mucho ya sobre la maniobra orquestada por el magistrado Ricardo Recondo, y sobre la íntima relación de varios funcionarios judiciales con el poder económico-mediático. El senador Fuentes fue uno de los dirigentes que estuvieron en el centro de esa disputa.
Ahora, mientras fuma un habano que parece traído de Cuba, sentado en un sillón en su despacho del Parlamento, continúa con su análisis:
–Todo este proceso tiene dos planos que se deben observar por separado, el judicial y el político.
–En el plano judicial, ¿qué opina sobre el fallo de la Corte Suprema que rechazó el pedido de Clarín para que el Alto Tribunal ampliara la cautelar que vence el 7 de diciembre?
–La Corte no necesitaba hacer explícito el rechazo. Podría no haberse pronunciado, que es otro modo de rechazar. De todos modos, lo que hicieron los supremos fue exigirle al juez de primera instancia que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y que la nueva cautelar se tramite en la Cámara de Apelación, que es el lugar que corresponde. En esencia, fue una ratificación de los procedimientos del debido proceso.
–¿Qué pasa en el tribunal de primera instancia que hace tres años tiene el pedido de inconstitucionalidad hecho por el Grupo?
–Hay un dato muy importante sobre eso: ahora ya no estamos ante un juez cuestionado, sino ante subrogante que la ley marca. (N de R: el juez Horacio Alfonso).
–Clarín también tiene pedido en la segunda instancia una ampliación de la cautelar...
–La Cámara debe resolver primero las recusaciones que hizo el Estado contra Recondo y el resto de los miembros de ese tribunal. Una vez que resuelva eso y se vuelva a constituir podría pronunciarse. Mi opinión es que hasta el 7 de diciembre no alcanzan los tiempos jurídicos para llevar adelante todo este proceso.
–Uno de los nuevos argumentos del Grupo es reclamar por denegación de justicia, ya que no tienen todavía un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.
–Es un argumento realmente cínico. Fueron ellos los que hicieron todo lo posible para que la causa no avanzara en el Juzgado Civil y Comercial Número 1. Cuando lograron suspender la ley con el juez Edmundo Carbone enfriaron todo y ahora reclaman por denegación de justicia. De pronto quieren un fallo rápido.
–¿Cuáles son los escenarios judiciales posibles hasta el 7 de diciembre? ¿Qué puede pasar?
–Si hay un pronunciamiento de primera instancia favorable a la constitucionalidad de la norma, Clarín pierde la posibilidad de solicitar otra cautelar inmediatamente. Podría apelar el fallo, pero mientras tanto la ley se aplicaría por completo.
Si Alfonso tuviera un fallo contrario a la ley, el Estado apelaría, y el Grupo podría pedir una nueva cautelar. Por otra parte, si no hay ningún pronunciamiento hasta el 7, también se comenzará a aplicar la norma.
–Supongamos que hasta el 7 de diciembre no haya ningún artilugio legal que le permita al Grupo frenar la aplicación. Luego de eso, ¿podrían pedir la intervención de la Justicia frente a cada medida del Afsca?
–Sí. Toda resolución administrativa es apelable.
–¿Qué estrategia se puede seguir en ese momento?
–Allí entra la posibilidad de utilizar el per saltum, que implica saltar instancias judiciales para ir directo a la Corte Suprema. El Alto Tribunal ya utilizó este recurso con otras normas. Cuando la misma Corte autorizó el aborto no punible, aparecieron varios jueces en el resto del país que no la aplicaban. La Corte utilizó de hecho el per saltum.
Asumió todas esas causas y las autorizó. En este caso debería pasar lo mismo para garantizar el proceso de aplicación.
Plano político. Fuentes sigue sentado en el sillón, fumando el mismo habano gordo, que parece poder durar toda la vida. Cada tanto, dirige la mirada hacia un televisor en un rincón del despacho, en el que está sintonizada la señal Senado TV.
Allí se ve ahora al senador radical Luis Naidenoff. Es que Fuentes se hizo un espacio durante el largo debate por la reforma del mercado de capitales para recibir a este medio. Mira el televisor porque está pendiente del momento en que debe ir a votar.
–Usted dijo antes que este proceso tenía también un plano político. En ese terreno, ¿cómo ve la situación?
–El Grupo perdió todas las batallas políticas los últimos tres años. Primero intentaron que la ley no se aprobara. Luego, cuando surgió la una nueva conformación del Parlamento que asumió en diciembre de 2009, el famoso Grupo A, quisieron operar para impulsar modificaciones y no lo lograron.
Más tarde apostaron a que Cristina perdiera la reelección y que asumiera un gobierno con el que se pudieran negociar la ley. También perdieron y pusieron toda la artillería en el terreno judicial. Por eso es esperable que actúen judicialmente contra las medidas del Afsca.
–¿Estas derrotas políticas tienen algún efecto de mediano plazo?
–Un elemento importante es que se quedaron sin el liderazgo político de muchos sectores del capital concentrado. Habían tenido ese lugar durante años. Esa es su pérdida principal. Los socios de Clarín ya no lo ven como antes. Son esos mismos empresarios los que pueden comprar algunos de los medios del Grupo. Ellos mantenían vigente su peso dentro del poder económico porque tenían una gran capacidad de accionar sobre la política.
–Una de las especulaciones es que el Grupo desinvierta hacia adentro, repartiendo emrpesas o poder entre las mismas familias.
–Seguramente es una de las salidas que tienen, pero de todos modos cambia el escenario. En el momento que se dividan, las alianzas que cada uno de ellos tejerá serán distintas, y aunque hayan sido socios durante años comenzarán a competir.
–¿Todo esto implica que Héctor Magnetto perdió poder dentro del Grupo y del poder económico en su conjunto?
–Magnetto perdió la legitimidad de su mando hacia sus socios y sus aliados. Él eligió la estrategia y los embarcó en una enorme derrota. Esa pérdida de legitimidad se traslada hacia los aliados empresariales del holding. ¿Qué van a hacer los dueños de las productoras aliadas de Clarín? ¿Se van a quedar hasta el final o trataran de comprar alguno de los medios que el Grupo debe vender? Además, el diario perdió prestigio. Se volvió un pasquín y su influencia en la política cayó enormemente.
–Ahora La Nación parece un diario equilibrado.
–Sí (risas). El Grupo perdió capacidad de influencia. Antes, la cultura política argentina partía de la base de que si Clarín te trataba bien tenías posibilidades como candidato, y de que si te trataba mal perdías. Hoy esa ecuación ya no es tan clara. Se propusieron voltear a Cristina y no lograron nada. Quemaron las naves.
–Hay muchos dirigentes políticos que se cuidan de cuestionar al medio, pero tampoco hacen fila para defenderlo.
–Salvo algunas excepciones, nadie da la vida por Clarín.
–¿Cómo analiza la decisión que tuvo el Grupo de acusar a una serie de periodistas de incitación a la violencia por haber dicho lo que pensaban?
–Creo que fue error. Por eso tuvieron que salir a negar lo que habían hecho. Eso no se puede explicar si no como un síntoma del desbarajuste. Otra explicación posible es que se hayan comprado lo que vendieron.
Ya les pasó con el supuesto triunfo de Capriles Radonski en Venezuela. Ellos veían ese escenario como el anuncio de la caída de los populismos, y en ese marco intentar frenar la aplicación de la ley. Vendieron el triunfo de Capriles y al mismo tiempo se lo creyeron.
–¿Qué escenario imagina después del 7 de diciembre?
–La fecha llegará y comenzarán los actos administrativos del Afsca. Vendrán mil batallas más, pero habremos empezado una nueva etapa del proceso. Habremos cumplido con el objetivo de aplicar la ley, aunque a las 48 horas aparezca una nueva chicana judicial.
–¿Qué acciones de la sociedad pueden ayudar a la aplicación total de la ley?
–Lo mismo que ayudó hasta ahora. Que no dejen de estar movilizados los mismos sectores que han defendido esta norma desde antes de su aprobación.
Eso fue importante y seguirá siéndolo en los próximos meses. La ley fue producto de la toma de conciencia y la movilización de muchos sectores, la aplicación necesita lo mismo.
Por otra parte, en las últimas semanas, también salió a la luz cómo algunos funcionarios del Poder Judicial son funcionales a los poderes económicos. Muchos que declaman la independencia del poder político tributan sometimiento al poder económico.
Creo que fue importante que la sociedad tomara conciencia de cómo actúan algunos miembros de la Justicia.
–¿Todo este proceso es parte de una época de cambio?
–Cada vez que hay una extensión de derechos, como la ley de medios, hay un abroquelamiento de los sectores del poder concentrado.
Antes, en la Argentina, cuando había algún proceso similar, venía siempre una asonada militar, volvía todo a foja cero y arrancábamos de nuevo. Hoy esas condiciones han mutado.
Lo que siguió habiendo luego del retorno de la democracia, fue cierta subordinación de la política a sectores corporativos. Esta Ley es una batalla contra esa tutela de la democracia.
Fuente:MiradasalSur
Los cazaperiodistas
29.11.2012
Los abogados de Clarín pretendieron encarcelar y silenciar periodistas. Pero su foja de servicios es más frondosa: operaciones mediáticas, cámaras ocultas y presiones judiciales. Cómo opera el grupo de tareas legal del multimedios.
Mientras se acortan los plazos para la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín S.A. dejó en claro que lejos está de interesarse por la libertad de expresión y la pluralidad de voces, valores que se jacta representar: en una presentación inédita en la Argentina, los abogados que representan al multimedios denunciaron penalmente al director-fundador de Tiempo Argentino, Roberto Caballero; a la periodista de Página 12 y panelista de 6, 7, 8 Sandra Russo y al relator de Fútbol para Todos Javier Vicente por el simple hecho de pensar distinto. De acuerdo a la presentación judicial, se acusó a los periodistas de ser “instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como de sus directivos en particular”. Un delito que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión. No conformes, los letrados de la empresa de medios más poderosa de la Argentina consideraron que “los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada”, delito cuya pena oscila entre los 2 y los 4 años de cárcel. La noticia fue publicada el domingo por el diario Tiempo Argentino. Ningún medio de la empresa de Ernestina Herrera de Noble lo había difundido a pesar de que la denuncia penal (causa 12383/2012) había sido radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez. Apenas 35 páginas bastaron para que el grupo dirigido por Héctor Magnetto expusiera sus verdaderos valores.
¿Pero quiénes fueron los letrados que pergeñaron y presentaron la demanda que atenta contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión? Se trata de las espadas judiciales que suele utilizar el grupo para realizar el trabajo más engorroso: José María Sáenz Valiente, abogado del Grupo Clarín S.A., y “sus letrados patrocinantes
Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada” –según consta en la denuncia–. Hugo Wortman Jofré compartía la entidad Poder Ciudadano con Luis Moreno Ocampo, a quien conocía del Juicio a las Juntas –donde colaboró con los fiscales cuando tenía apenas 19 años-. Muy lejos quedaron aquellos tiempos. Actualmente es el defensor de Mario Pontaquarto en el juicio por los sobornos en el Senado y es el letrado patrocinante de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa. Conocido como el operador de Clarín en Tribunales, una fuente judicial consultada por esta revista lo definió como “una persona que anda sinuosamente por todos lados. Por ejemplo, es quien aportó el know how de muchas de las cámaras ocultas que realizó el Grupo Clarín: en el programa Telenoche Investiga, él era quien asesoraba y manejaba todo. Antes de que saliera al aire, Wortman ya había hablado con el fiscal y con el juez, en forma ‘secreta’. Consolidado el frente jurídico, la cámara se difundía por la tevé”. La misma fuente recordó que Wortman Jofré solía ir a las reuniones con miembros del Poder Judicial acompañado por el sobrino de Magnetto, Pablo Casey.
Alejandro Pérez Chada, además de ser letrado de Clarín, es el abogado del procesado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. “Hace penal hace muchísimos años –aseguró a Veintitrés una fuente que recorre Tribunales–. Tiene muchas vinculaciones con el poder. Tiene un perfil más independiente que el resto”.
José María Sáenz Valiente padre fue el apoderado del Grupo Clarín S.A. y junto a su hijo está vinculado a varias empresas relacionadas al multimedio. Por ejemplo, Sáenz Valiente hijo aparece como director suplente del grupo madre y comparte las firmas GC Domingo S.A. e Inversora HHM S.A. con nada más y nada menos que Héctor Magnetto. Además conforma el directorio de Carburando SAPICAFI; Mundo Show TV S.A.; Auto Sports S.A.; La Capital Cable S.A. y GC Minor S.A., entre otras tantas firmas. Los Sáenz Valiente –hasta el nieto, Ignacio José María, figura como directivo de Multicanal– aparecen a lo largo de los años en los negocios determinantes de Magnetto. Por caso, Sáenz Valiente hijo estuvo vinculado a Papel Prensa SAICF entre 1979 y 1982. Semejante confianza no es producto del azar.
Según se desprende de las afirmaciones del abogado Pablo Argibay Molina, el vínculo entre Magnetto y el estudio Sáenz Valiente proviene, como mínimo, desde la última dictadura militar. Argibay Molina afirmó ante Página 12, en julio de este año, que “Miguel Tobías Padilla (subsecretario de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar) manejaba la información de todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas (militares). Y fue el que manejó los tiempos del negocio (de Papel Prensa)”. Según este letrado, Tobías Padilla “estaba en el estudio Sáenz Valiente. (…) Era el abogado personal de Magnetto”. Es más, para Argibay Molina, fue Tobías Padilla quien relacionó al CEO de Clarín con el tema Papel Prensa y quien “manejó los tiempos del negocio”.
Se sabe, la confianza no tiene precio. Ante este escenario, no sorprende que los tres denunciantes de los periodistas aparezcan vinculados a otro caso paradigmático: la cámara oculta que le realizaron el 17 de febrero del 2011, en las oficinas del estudio Sáenz Valiente ubicadas en Puerto Madero, al delegado gremial de AGR Luis Siri, quien estaba negociando una indemnización con la patronal y continúa procesado por este hecho. Los protagonistas de aquella puesta en escena fueron el espía Gustavo Gabriel Slevin y los abogados Matías Fredriks –parte del bufete de abogado Sáenz Valiente y directivo de algunas firmas del grupo–, Wortman Jofré –especialista en cámaras ocultas– y Pérez Chada. Los dos últimos fueron quienes se presentaron como querellantes en representación de AGR-Clarín.
De acuerdo a estos tres abogados, Roberto Caballero –ex director de esta revista– merece ser detenido y privado de su libertad por la siguiente declaración que emitió en programa 6, 7, 8 el 4 de octubre pasado, en el marco del amotinamiento que realizaron gendarmes y prefectos: “¿Qué creo yo, digamos, de lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización. Cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice: ‘¿En qué país estamos?’. Y, la verdad, me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio en la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad argentina, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca, quizás, que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Cuando uno ve un uniforme haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel…”.
Mientras que a Sandra Russo se la acusó porque “luego de los conocidos ‘cacerolazos’ del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6, 7, 8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: ‘Son las cacerolas de Clarín’ y agregó ‘en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno’. Luego continuó diciendo ‘en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?’”.
La afirmación de Javier Vicente que llevó a los letrados de Clarín a pedir encerrarlo en un calabozo fue: “Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0-Quilmes 0. Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo. Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre”.
La presentación judicial contra los periodistas –en la que también se apuntó contra funcionarios del Gobierno– fue un error de tal magnitud que obligó a los directores periodísticos del multimedios a disculparse públicamente. En su edición del 28 de noviembre, en la sección “Del editor al lector”, Ricardo Kirschbaum firma un editorial titulado “Una rectificación imprescindible”, en el que reconoce que “el Grupo Clarín nunca debió haber mencionado a periodistas en una denuncia penal” e informa que “se desistirá de que los seis periodistas (mencionados en la presentación judicial) siquiera sean citados como testigos”. Hasta la SIP y ADEPA se manifestaron en contra de la presentación judicial de su aliado estratégico, el Grupo Clarín. Y los abogados dijeron que sólo pidieron que se los citara como testigos. Es que hay fronteras infranqueables que 29 años de democracia demarcaron profundamente. Ejemplo de ello fue la manifestación de apoyo que recibieron los periodistas el lunes 26 de noviembre durante la conferencia de prensa que se realizó en las oficinas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que asumió su defensa legal.
Desde que comenzó su disputa con el gobierno nacional, el Grupo Clarín puso en juego su credibilidad y su elevado nivel de aceptación en diversas capas sociales en un intento por preservar sus intereses comerciales. De hecho, la denuncia penal del 22 de noviembre pasado no fue la primera iniciativa del multimedios que amenazó la libertad de expresión. El diario creado por Roberto Noble prohibió durante los últimos doce años la libertad sindical, derechos que los trabajadores del matutino reconquistaron el pasado 15 de noviembre, en una elección gremial histórica. A esto se suma su puja por impedir que los canales Paka Paka, CN23 e Incaa TV ingresen en la grilla de Cablevisión, a pesar de que el ex Comfer había ordenado su inclusión. La lista es más extensa e incluye la competencia desleal en la venta y distribución de papel para diarios a través del control de Papel Prensa y las denuncias de boicot contra señales de cable del interior del país, entre otros hechos de relevancia.
Es evidente que aunque el Grupo Clarín hace esfuerzos desmedidos por presentar su enfrentamiento con el Ejecutivo nacional sólo como una batalla cultural, apenas se corre el velo que cubre aquella premisa aparecen los intereses económicos de un monopolio dispuesto a todo con tal de no perder su posición hegemónica en el mercado de los medios de comunicación masiva. El 22 de noviembre pasado, la desmesura alcanzó su punto más álgido.
Fuente:Revista23
OPINION
La semana de los pleitos
La movida de Clarín contra periodistas, un boomerang. Sus posibles objetivos, los errores y excesos cometidos. Cómo sigue la causa. La Corte, apurando la sentencia y fulminando las cautelares. Las causas de la demora de un expediente-insignia. Lo que puede suceder, antes y después del 7D.
Por Mario Wainfeld
Imagen: Leandro Teysseire.
El papelón fue mayúsculo aunque parte de sus objetivos estaban logrados. Amedrentar, urdir un discurso ampuloso y berreta que emparentaba funcionarios y periodistas y denostaba a la tevé pública, en especial a través de los programas 6,7,8 y Fútbol para todos. Y victimizarse, también.
Cunde una pregunta en todos los corrillos y tertulias: ¿la torpeza formó parte de una movida más vasta y astuta o fue un disparo en el pie? Posiblemente, la respuesta más adecuada sea que confluyen las dos cosas.
La jugada, todo lo indica, iba más allá y actuaba en combo con su reclamo ante la Corte Suprema por denegación de justicia. Clarín, su discurso periodístico y sus incursiones judiciales lo muestran, trata de armar camino para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este tribunal tiene jurisprudencia reciente (“Ríos contra Venezuela”, por ejemplo) en la que se cuestionan las agresiones físicas a periodistas o trabajadores de medios y se consideran graves las constantes amenazas de funcionarios.
Emparentar al kirchnerismo con el chavismo en un foro internacional prestigioso es un afán ambicioso. Pero Clarín inició ese camino con demasiados traspiés, se deslegitimó. A la CIDH no se entra de prepo, por la ventana, cuestionado por amenazar periodistas. Pasar de victimario a víctima no es sencillo.
El globo de ensayo se fue pinchando. Primero por la reacción digna de los damnificados y la amplísima solidaridad que los fue acompañando. En el mismo plano, por la expeditiva y determinante intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que asumió la defensa de los colegas, el mismo día en que se conoció el ataque. El CELS tiene largo camino recorrido en oponerse a criminalizar a medios o cronistas. Defendió incluso, con calidad y con éxito, a periodistas con los que discrepa ideológicamente. Y es asiduo actor ante la CIDH. Sus pergaminos y trayectoria previa son impecables, a diferencia de los de los denunciantes.
La reacción de numerosos periodistas, incluyendo varios opositores al actual gobierno, también impactó en el escenario. El diario Clarín se mantuvo encolumnado con la empresa. No informó sobre la denuncia ni hizo comentario serio alguno hasta el miércoles. Ahí aplaudió la retractación y derrapó hacia el autoelogio. Promover falsas denuncias y recular, tal parece, es un galardón.
En fin.
En cambio, hubo periodistas que trabajan en radios y canales del Multimedios que criticaron. Pusieron en aprietos al abogado Hugo Wortman Jofré, quien añadió torpezas verbales a la tropelía escrita. Las declaraciones y las acciones judiciales son magnitudes distintas, claro. Así lo puntualizó Damián Loreti, abogado del CELS, cuando productores del programa radial de María O’Donnell ofertaron “cruzarlo” al aire con Wortman Jofré. Loreti dijo que podría ser pero que un debate entre abogados no tenía la gravitación de una denuncia penal. Que el punto era lo que se había escrito, que no podía desdecirse ni desdibujarse en un debate en radio.
Wortman Jofré se movió en ese territorio con brutalidad y prepotencia. Negó lo ostensible: los periodistas y los funcionarios estaban enunciados en una sola lista, en plan de plena igualdad. Se llamaba “propaladores” a los colegas y se proponía averiguar mediante interrogatorios “a qué intereses sirven”, frase inequívoca si las hay. El letrado esbozó comparaciones falaces. Recordó que a Joaquín Morales Solá se lo había citado para corroborar sus artículos que informaban sobre posibles coimas en el Senado, durante el gobierno de la Alianza. Ahora, fabuló, se haría lo mismo. El discurso no se sostiene. Al columnista de La Nación se lo convocó (como suele pasar en el gremio) para corroborar los dichos e investigar lo que denunció. No para llevarlo a él al banquillo de los acusados o implicarlo en una conspiración de otro tipo.
Tras algunos trámites que faltan, el juez deberá sobreseer a los acusados falsamente. Sería justo que lo hiciera con fundamentos severos, que castigaran el atropello. Los tribunales no deben ser usados para armar operaciones políticas ni ser usados de trampolín (por no decir preservativo, que queda feo) para jugarretas en otros escenarios.
Habrá que ver.
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La otra pata: La otra pata judicial del Grupo también trastabilló. Recurrió ante la Corte pidiendo hiciera lugar a nuevas medidas cautelares. Nada reclamó respecto de la sentencia en la causa por inconstitucionalidad. El máximo Tribunal resolvió bien, en sustancia, aunque con subterfugios de lenguaje, que forman parte del estilo de su presidente, Ricardo Lorenzetti.
El núcleo fue consignar que la demora en sentenciar y la proliferación de medidas cautelares son, en esta cuestión y a esta altura, denegación de justicia. La Corte dispuso apurar la sentencia, urgió diligencias formales necesarias. Y abrevió el plazo legal disponible para el juez Horacio Alfonso: no se medirá en días hábiles judiciales sino en días corridos. O sea, ni sábados ni domingos, ni feriados, ni la feria judicial interrumpen el plazo que es de cuarenta días.
El rechazo a las cautelares fue rotundo, se sentenció “inadmisible” el planteo de Clarín y su entrada a la Corte salteando las instancias previas.
La Corte organizó el expediente y demarcó límites. E hizo bien.
Tal vez fue demasiado ampulosa al consignar que Alfonso debe fallar “de inmediato”, lo que podría malinterpretarse en el contexto político. Suena a sobreactuación y a un pequeño presente al discurso mediático corporativo.
Alfonso dispone, pues, de cuarenta días desde que quede firme la decisión de llamar “autos a sentencia”. Hasta el viernes, no había firmado esa resolución. Pudo suceder ayer, mientras se cerraba esta columna. U hoy mismo. Desde entonces, las partes tienen cinco días para acordar u oponerse. Por cierto, el Estado y Clarín pueden abreviar el plazo prestando conformidad.
Alfonso también tiene pendiente un pedido de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para ser tenida por parte en el pleito. Según información certera que posee este cronista, los abogados del Estado y de la Afsca están decididos a poner todo de sí para que se esté en condiciones de dictar sentencia: notificarse prestos, no hacer nuevas presentaciones. Posiblemente los de Clarín tengan la misma disposición, aunque nunca se sabe.
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Bilardismo procesal: Casi todos los expedientes judiciales tardan demasiado y la Corte no puede arrojar la primera piedra, si se mira en el espejo.
Para las demoras en la sentencia del expediente de Clarín confluyeron varios actores. El primero (en lo cronológico y en el nivel de responsabilidad) es el propio Multimedios. Buscó más la medida de no innovar que la sentencia. La consiguió de modo rápido y facilongo. Una cautelar sin plazo de vencimiento es ilegal, “la Justicia” se la concedió. Desde entonces Clarín desarrolló una táctica resultadista, a lo Bilardo. Una cautelar eterna es más funcional que una sentencia, pasible de apelaciones y revocaciones. La Corte Suprema fue funcional durante un lapso largo a ese designio: le dio alas al impresentable juez Edmundo Carbone, un ejemplo clavado de magistrado “Corpo-friendly”.
Recién el 22 de mayo de este año, el máximo Tribunal puso fin a las dilaciones, sin verbalizar una autocrítica pero poniéndola en práctica. Y ahora exige a todos que pisen el acelerador.
La carga de instar un expediente civil o comercial concierne a quien demanda. De cualquier modo, es real que los abogados del Estado algunas chicanas colaron. No deben considerarse como tales las impugnaciones a las pericias, que articularon las dos partes y son parte del derecho de defensa.
Las demoras para designar jueces atañen al Ejecutivo que tiene un injustificado cuello de botella en proponer ternas. También se durmió, de manera inexplicable aún para sus intereses, en integrar la lista de conjueces que pueden hacer las veces de suplentes en juzgados vacantes.
El Consejo de la Magistratura, una de las varias quintas ruedas del carro creadas por la Constitución de 1994, aporta su cuota. Es un organismo beligerante, que traba todas sus decisiones por pujas internas. El punto da para más pero el cronista aclara que no cree que la solución sea conferir, por vía legislativa, más poder a las corporaciones de jueces y abogados, en detrimento de los representantes elegidos por el voto popular. Las corporaciones forenses son minoritarias e irrepresentativas, lo más democrático es que los nombramientos de jueces tengan como fuente un órgano político, por lo menos predominantemente.
Más allá de la digresión, el bloqueo mutuo en el Consejo y las operaciones de los dos sectores para colocar jueces afines, complicaron el entramado.
La Corte hizo lo mejor disponible, a noviembre de 2012, aunque usó un vocabulario inadecuado y se demoró 24 horas en dar a conocer los fundamentos severos del rechazo al recurso inventado por Clarín.
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Desde el 2D:Alfonso no está forzado a dictar sentencia antes del 7D. Puede hacerlo, aunque debe sacarle punta al lápiz para fundar una sentencia que hará historia y desatará tempestades.
Si no lo hace, la acción de la Afsca seguirá adelante, tomando medidas administrativas que llevarán su tiempo. Las adecuaciones de oficio, tasaciones, llamados a licitación, eventuales adjudicaciones insumirán meses.
Suena imposible que haya cambios de titularidad antes de la sentencia de primera instancia.
Si ésta es ajustada a derecho y rechaza la inconstitucionalidad, Clarín no podrá interponer cautelares sobre la discusión principal. Aunque, verosímilmente, tratará de minar con medidas cautelares el avance de los actos de la Afsca. La Corte, seguramente, deberá poner cauce y dique a esas medidas.
Si el juez admite la inconstitucionalidad, Clarín tendrá el camino allanado para pedir “no innovar” hasta que haya sentencia definitiva.
El que pierda en primera instancia cuenta con el derecho de apelar. Si quiere ir a la Corte por vía del per saltum debe interponer los dos recursos al mismo tiempo. El per saltum no es de concesión automática, depende del criterio de la Corte: la buena praxis aconseja no olvidarse de apelar.
Todo terminará en la Corte, tarde o temprano.
Clarín espera el 7D con los dientes apretados e incurriendo en metidas de pata tremendas.
El Gobierno radicaliza el discurso y prepara un festejo para el domingo que viene, una especie de “pequeño Bicentenario”, que quiere contraponer al estilo y a los métodos de las movilizaciones del 8 y del 20 de noviembre.
Así están las cartas, hoy día.
Fuente:Pagina12
OPINION
Presiones
Por Irina Hauser
La preocupación por controlar los mensajes mediáticos no es patrimonio exclusivo del Grupo Clarín, ni tampoco del Gobierno. También existe en el Poder Judicial, que es un actor tan político como los demás cuando se le presentan casos de alta resonancia como el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue evidente esta semana en la Corte Suprema cuando, a pesar de que sus integrantes habían acordado rechazar extender la medida cautelar del multimedios, la primera información que se difundió fue otra: que se había ordenado al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, que se apure y dicte una sentencia sobre la constitucionalidad de la ley. El Centro de Información Judicial (CIJ), que responde a la presidencia de la Corte, recién publicitó un día después que en realidad Sus Señorías habían firmado un rechazo hecho y derecho al pedido de Clarín. Son sutilezas, quizá no perceptibles para cualquier espectador desprevenido, pero que sí pueden leer perfectamente las partes en pugna e interpretar los guiños.
Un día después, el CIJ difundió también una nota que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal le mandó a la Comisión de Protección de Independencia Judicial –que coordinan las juezas supremas Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco– en la que se quejaba de que el Gobierno condiciona su “independencia” al haber denunciado a buena parte de sus miembros poniendo en duda su imparcialidad respecto de Clarín. Las denuncias y recusaciones contra los camaristas pedían investigar posibles dádivas en viajes a Miami a eventos sponsoreados por Cablevisión (donde asistieron cinco camaristas) y manejos dudosos en los sorteos de jueces subrogantes, precisamente para actuar en el caso del multimedios. Nadie dijo nada sobre la “presión” generada por el piquete de camionetas, precisamente de Cablevisión, que coparon la calle Talcahuano al 500, por donde se entra al Palacio de Justicia, el día que la Corte se reunió para resolver le pedido de Clarín para seguir eximido de desinvertir.
Es irreal que el Poder Judicial sea aséptico e impermeable a los factores externos, aunque siempre puede haber alguna loable excepción en sus filas. Si fuera así, a los jueces no les surgiría cómo único recurso la necesidad imperiosa de ir y protestar en bloque ante la Corte porque otro poder del estado pide mirar con más atención cómo se comportan. Para decirlo sin rodeos, se la bancarían estoicamente, y razonarían en términos de los desafíos que les plantea el derecho y, en todo caso, sus propios prejuicios personales. He ahí el otro quid de la cuestión. En tribunales, por ejemplo, todo el mundo sabe que en los contubernios de la Cámara en lo Civil y Comercial, la mayoría de sus miembros suele maldecir al gobierno de Cristina Kirchner. No les gusta, así de simple, y cada vez lo disimulan menos. No hasta hace mucho, de hecho, quien dirigía la batuta puertas adentro era el camarista Ricardo Recondo, un radical de toda la vida, que hizo campaña para ser consejero de la magistratura con consignas abiertamente anti K.
Quizá para atenuar el dramatismo de la denuncia de la Cámara (a la que se subió a Asociación de Magistrados), el juez de la Corte Raúl Zaffaroni recordó que “los políticos pasan” pero “los jueces quedan”.
En Argentina no es tradición echar jueces a mansalva y sin motivos grandes. La reacción corporativa tiene un costado lógico, y hasta aceptable si se quiere, que funciona como un mecanismo de defensa de los jueces para evitar las presiones políticas. Es un principio de precaución, como le dicen los entendidos. Pero como queda a la vista, el universo de las presiones a las que deben enfrentarse es mucho más amplio, e incluye las creencias individuales, al igual que la presión de la opinión pública y los medios (lo que explica también la preocupación judicial por los mensajes). Lo llamativo es que existen otro tipo de presiones, quizá más nuevas pero tan importantes como las demás, para la que no se ha desarrollado ningún principio de precaución y que son, nada menos, las presiones económicas. Las que circulan cuando llega un caso, sin ir más lejos, como el de Clarín. Tampoco la selección de jueces –desde el Consejo de la Magistratura– se ha ocupado de incluir todos estos aspectos en los concursos donde elige los futuros jueces. En este escenario, tal vez todavía sea preferible creer en lo que algunos llaman “poder judicial de héroes”, en alusión a la idea de que los jueces y juezas deben tener espalda personal para soportar las más diversas tempestades.
Fuente:Pagina12
Sin retorno: Magnetto no tiene quien le escriba
En los días por venir, algo del país del futuro comienza a vislumbrarse sin retorno.
La semana que pasó hizo peligrar las habituales tapas deprimentes de los diarios hegemónicos. Entre el jueves 29 y el viernes 30, directamente, hubo riesgo de que salieran en blanco. Demasiadas buenas noticias juntas para el oficialismo.
De no haber sido por el documento eclesiástico que confundió el hondo sentido que tiene la Navidad para los cristianos con temáticas profanas del agotador libreto antikirchnerista, podría decirse que de cara al 7D el clima viene cambiando, poniendo en apuros a la oposición política y mediática, e incluso el Episcopado salió ayer a desmentir a Clarín, que había titulado que Cristina no quería recibirlos en la Casa Rosada.
Después, el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al pedido de extensión de la cautelar contra la aplicación plena de la Ley de Medios. Más tarde, la resolución de la Organización Marítima Internacional (OMI) declarando inembargable a la Fragata Libertad, cuando faltan apenas diez días para que se expida el Tribunal del Mar. Sin olvidar que ya es ley la regulación del mercado de capitales, la de la Música y la de Hábitat en territorio bonaerense. Y, por último, el retroceso entre balbuceos del Grupo Clarín SA al pedido de cárcel vergonzoso contra un grupo de periodistas que no son de su agrado opinativo, tras cosechar el repudio generalizado, que incluyó nada menos que la crítica de sus socios de la SIP y ADEPA (ver aparte).
Una cosa más, muy trascendente: comenzó el megajuicio a los represores de la ESMA, el mayor campo de concentración de la última dictadura cívico-militar, ubicado a cinco cuadras de la cancha de River, en el barrio paquete de Núñez, que devoró la vida de más de 4000 personas, y fue horrorosa maternidad de decenas de chicos apropiados, entre ellos Juan Cabandié, a quien el Grupo Clarín SA denunció por "incitación a la violencia" también por su manera de pensar.
En suma, fueron siete días en los que todo o casi todo lo que sucedió se escapó del relato "golpeador" (Víctor Hugo, dixit) que Héctor Magnetto instala desde su posición monopólica cada vez que puede o lo dejan. La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó la apelación argentina y el fallo de Griesa –que amenazaba con hacer caer al país en default técnico, después del increíble esfuerzo colectivo por honrar los pagos de este año, sin pérdida de empleo ni ajuste, lo cual es una novedad–, quedó suspendido hasta febrero, garantizando así el pago en diciembre a los bonistas de buena fe que ingresaron al canje en el marco de la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.
La alegría del equipo económico nacional, encabezado por Hernán Lorenzino, fue inversamente proporcional a la desazón de los buitres locales que militaron durante semanas el fracaso de la presentación judicial con la cobertura mediática comprensiva de los diarios conservadores, que llegaron incluso a ver en Griesa a una suerte de Baltazar Garzón al revés que venía a poner finalmente en caja a un kirchnerismo populista, siempre equivocado en sus decisiones, a los ojos de los profetas del "mercado".
Fue muy didáctico ver de qué manera y con qué entusiasmo, la vidriosa causa del 7% de los compradores de bonos basura que retienen la Fragata Libertad en el puerto de Ghana se convirtió en bandera de reclamo de los columnistas de Clarín y La Nación, mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos emisores y el 93% de los acreedores que aceptaron renegociar su papeles apoyaban el reclamo del Estado Nacional ante el segundo circuito judicial de Nueva York.
¿Se puede estar a la derecha del mundo financiero global? Claro que sí: se les puede preguntar a Miguel Broda o a Marcelo Bonelli cómo se hace. Ellos saben del asunto. Tanto como Magnetto, que quedó a la derecha de la SIP. No fue este el único traspié de la oposición política y mediática, cuando faltan horas para el 7D.
La Corte Suprema declaró "inadmisible" la exigencia de Clarín SA para extender la cautelar que impide aplicar al Grupo los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios de la democracia.
Sus abogados esperaban otra cosa. Al menos, que el máximo tribunal les concediera tiempo de descuento o algo así. Pero eso no sucedió. Con la firma de todos sus miembros, la Corte emplazó al juez de primera instancia Horacio Alfonso para que resuelva con urgencia sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos que cuestiona el oligopolio. Lo mismo le pidió a la Cámara en lo Civil y Comercial Federal el tribunal de alzada de Alfonso, que quedó constituido en tiempo récord con refuerzos del fuero Contencioso Administrativo.
Ahora tienen que actuar sin demora y sin hacer caso a los intentos obstruccionistas de la parte más belicosa en esta disputa jurídica. Tres años fueron suficientes. De no hacerlo, se corre el riesgo de entrar en "denegación de justicia", según advirtió el cuerpo que tutela Ricardo Lorenzetti, imprevistamente candidateado a presidente de la Nación por el juez Carlos Fayt.
Al juez Alfonso le cabe una responsabilidad mayúscula. ¿Podrá evitar una crisis institucional? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fallara en contra del gobierno antes del 7D? ¿Existe ese margen o todo quedará para marzo? Lo dicho por la propia Corte en mayo, cuando afirmó que el reclamo de Clarín era patrimonial y que no existía amenaza a la libertad de expresión, parece jurisprudencia ineludible a tener muy en cuenta. Pero también es cierto que la estrategia del grupo de Magnetto es acumular sentencias que avalen la supuesta "denegación de justicia" de la que serían víctimas, para luego recurrir a tribunales internacionales como la CIDH y acorralar al Estado Nacional. ¿Es una casualidad o una luz roja que la Corte haya hablado de esa posibilidad en su escrito? Difícil saberlo.
Lo más probable es que sus miembros estén buscando saldar el pleito con un trámite irreprochable. Quizá sea simplemente un último aviso. Una especie de alerta rojo al sistema subordinado para que actúe sin dilatar más lo que es obvio: la ley tiene legitimidad de origen, todos los plazos están vencidos, hay dos poderes del Estado –el Legislativo y el Ejecutivo– que ya se pronunciaron, y cualquier retraso va a ser leído, indefectiblemente, como una concesión a las corporaciones económicas, de las que el Poder Judicial también debe mostrarse independiente, tanto o más que de un gobierno revalidado por el voto popular.
En estas horas febriles, de indiscutible tensión, afloran las hipótesis más descabelladas. Si Alfonso dijera que los artículos son constitucionales, aceptando la jurisprudiencia de la Corte, sobrevendría una inmediata apelación de Clarín ante la Cámara y el pedido de per saltum del Ejecutivo sería fulminante. La Corte se vería, en el cortísimo plazo, compelida a resolver lo que evitó esta semana, derivando la presión hacia el enigmático Alfonso.
¿Y qué haría, entonces? ¿Acaso podría desdecirse de su fallo previo? No parece creíble. Salvo que el deseo que Fayt lanzó al aire de manera inesperada sea algo más que un deseo. Entonces los problemas serían mayores, como cuando Julio Cobos patentó un "no positivo" para cimentar su fallida candidatura presidencial, y tuvo que retornar más tarde, con la cabeza gacha, a la ingeniería civil. Pero pensar en eso, hoy, es de ciencia ficción de mala factura.
También, aunque de la buena, es aquella que convirtió a la Fragata Libertad en la medida de la soberanía perdida para hostigar al gobierno que, entre otras cosas, nacionalizó YPF. Según el relato antikirchnerista, el buque sería la última reserva de la argentinidad a merced de un país africano por exclusiva culpa de la impericia oficial. Subyacen en la crítica unas ganas locas, en realidad, de dar la razón a todos los que resuelven contra los intereses nacionales, por motivos diversos.
La doble G, Griesa y Ghana, condensó una serie de empalagosos halagos, apenas encubiertos en ropaje informativo, en Clarín y La Nación, que merece alguna reflexión. Del primero, el juez que le dio la razón a los fondos buitre contra la Argentina, llegó a destacarse que era el mismo magistrado incorruptible que había investigado a la P2, y de Ghana, que no tiene nada que envidiarle a la eficiente democracia dinamarquesa. La colonización cultural de la élite local, que se expresa a través de estos dos diarios tradicionales, hace de cualquiera que critique o complique la acción de gobierno un aliado lleno de virtudes.
No importa cuánto perjudique al país, sólo que confirmen lo malo o pésimo que estaría administrado. Contrasta con este afán autodestructivo, la alegría con la que Alicia Castro, embajadora en el Reino Unido, comunicó a la Casa Rosada que la OMI, con sede en Londres, declaró a la fragata como buque de guerra que no puede ser embargado.
Es una muy buena señal cuando faltan pocos días, se estima que alrededor del 15 de diciembre, para que el Tribunal del Mar se expida sobre el caso. Pero esta noticia no mereció despliegue. No, al menos, el que se le dio a las primeras informaciones sobre la retención de la nave en Tema.
Igual destino de insignificancia en la agenda dominante tuvo el apoyo unánime de la Unasur y sólo los lectores de Tiempo Argentino pudieron enterarse que Brasil –esta semana Dilma Rousseff visitó nuestro país– trabaja diplomáticamente para solucionar el conflicto bajo una premisa insoslayable: el embargo de la fragata es algo tan grave e ilegal como que se hubiera tomado por asalto una embajada argentina en cualquier país del mundo.
En los próximos cinco días habrá que prepararse para ver, escuchar y leer cosas peores. Toda la capacidad de asombro puede ser poca. Se acerca un momento clave, de máxima tensión. Un gobierno legalmente elegido en las urnas desafía a una corporación económica como no ocurrió en los 29 años desde la derrota de la dictadura cívico-militar.
No es cualquiera: es una formidable maquinaria de crear sentido sobre los acontecimientos, que grita más fuerte que el resto a través de sus licencias desbordadas y, por eso mismo, convence a muchos de que tiene la razón. Es la misma corporación que se benefició con Videla y ahora se resiste a acatar una ley de la democracia, que garantiza la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones. El oficialismo se tiene fe en la pelea. Prepara festejos para el 9 y 10 de diciembre, en Plaza de Mayo y adyacencias.
Algo así como un nuevo Bicentenario. A cien años de la Ley Sáenz Peña de sufragio universal, a cinco de la primera asunción presidencial de Cristina Kirchner y en conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos. Se prevé que, después del 13S y del 8N, una verdadera multitud se volcará a las calles, pero esta vez no para denunciar la aflicción de vivir bajo una "dictadura con votos", sino para manifestar su alegría colectiva por una democracia que les devolvió algo de la esperanza arrebatada en décadas de pijotero posibilismo.
Podrá decirse del kirchnerismo que siempre corre los límites un poco más allá. Que no pide tregua ni da respiro. Así pasó del 22 al 45%, del 30 al 54% de apoyo electoral. Un caso inédito en la historia política argentina. La sensación es que en los días por venir, para dicha de unos y resignación de otros, como ocurre en todo proceso de transformación democrática, algo del país del futuro comienza a vislumbrarse sin retorno.
Magnetto no tiene quien le escriba.« Un triunfo de la sociedad democrática sobre clarín El inmenso rechazo que generó la denuncia penal por "incitación a la violencia colectiva" y "coacción agravada" del Grupo Clarín SA, contra los periodistas Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca y el autor de estas líneas produjo el efecto esperado: los abogados de Héctor Magnetto volvieron al juzgado y desistieron de la imputación criminal para pedir sólo nuestros testimonios; y al ver que así y todo el repudio se generalizaba, regresaron otra vez y le anunciaron al juez que tampoco seríamos requeridos como testigos.
Al menos, esta es la versión extrajudicial más consistente. Por ahora, hasta que la empresa ratifique la denuncia junto a sus rectificaciones posteriores –el miércoles 5 vence el plazo–, los periodistas y funcionarios denunciados seguiremos procesalmente imputados de delitos que van de tres a diez años de prisión, a la espera de una resolución definitiva del Juzgado Federal Nº 9, a cargo del doctor Rodríguez.
Una vez revelada la existencia de la denuncia penal por Tiempo Argentino, diversas organizaciones y personalidades se sumaron al repudio de lo que constituye el más grave ataque a la libertad de expresión de parte de un grupo comunicacional concentrado contra periodistas que apoyan la Ley de Medios de la democracia. Criminalizar la opinión, castigar con el Código Penal al que piensa distinto, remite a lo peor de las ideas totalitarias.
El retroceso de Clarín SA fue producto de la enorme y contundente solidaridad desplegada en muy pocas horas. COMUNA, la flamante asociación de periodistas, trabajadores de prensa y docentes de la comunicación organizó una solicitada que recogió 37 mil adhesiones en apenas 30 horas.
El CELS de Horacio Verbitsky y Damián Loreti asumió el patrocinio letrado de los denunciados casi de inmediato, FOPEA emitió un comunicado de condena aun después del increíble descargo público del abogado Wortman Jofré.
La UTPBA, FATPREN; los organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; la CTA de Hugo Yasky y cientos de sindicatos (fue conmovedor el comunicado de la comisión gremial interna de TN y Canal 13), el personal de Radio Nacional y la Agencia Télam, diversas universidades nacionales y hasta las críticas a la denuncia de las entidades patronales como Adepa y la SIP, de las que Clarín es socio.
A los involucrados nos queda una deuda con todos aquellos que entendieron que la libertad de expresión también alcanza a los que no pensamos como Magnetto. Va mi agradecimiento personal a los colegas con los que no compartimos habitualmente criterios editoriales, pero que se opusieron el uso del Código Penal como garrote. La lista es extensa como para reproducirla en este espacio, aunque por eso mismo inolvidable.
A mis queridos compañeros de Tiempo, gracias por su aliento indispensable en esas horas difíciles, y lo mismo para los directores del Grupo 23. A los oyentes de Mañana es hoy y los lectores de este diario. Por último, la repercusión "del caso de los periodistas" invisibilizó que también hay funcionarios penalmente denunciados por sus opiniones, como Sabbatella, Alak, Cabandié y Depetri.
Corresponde la misma solidaridad hacia ellos: nadie puede ser castigado por sus ideas políticas. El jueves 29, la Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunió para recoger el testimonio de los agraviados.
Fue un baldazo de agua fría comprobar que la oposición desertó. Ni siquiera los cuatro del FAP que la noche anterior habían votado junto al oficialismo en el recinto una declaración de repudio concurrieron a la cita. De los que votaron en contra –la UCR, el PRO, el Peronismo Federal, el GEN y otros–, mejor ni escribir.
Fuente:TiempoArgentino
Ley de medios, Iglesia y el 7D
Año 5. Edición número 237. Domingo 2 de diciembre 2012
Por Política
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Continuidad. El reemplazo de Bergoglio por Arancedo no trajo cambios. (TELAM).
Entrevista. Fortunato Mallimacci. Sociólogo. El investigador y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires analizó la posición de la cúpula de la Iglesia Católica frente al 7/D. El último documento del Episcopado, la respuesta de los Curas en la Opción por los Pobres y la relación de los obispos con los medios y el poder económico.
La proximidad del 7/D tornó visibles la división que hacia el interior de la Iglesia Católica produce la inminente caída de la medida cautelar que puso al Grupo Clarín al abrigo del artículo 161 que lo obliga a desinvertir. El cisma quedó reflejado en dos documentos.
El primero, elaborado por la Conferencia Episcopal que preside el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, lanza una mirada sumamente crítica sobre la situación social y política del país. En el habitual lenguaje de la cúpula eclesiástica se habla de “heridos y agobiados”, de una “profunda crisis moral” y de un “excesivo caudillismo que atenta contra el desarrollo de las instituciones”, planteo este último que relaciona con la “independencia del Poder Judicial”.
Su contracara es el documento emitido por el Secretariado de Curas en la Opción por los Pobres, que tiene en el sacerdote Eduardo de la Serna a una de sus figuras más conocidas. En este caso, el texto señala que los obispos “parecen hablar desde el escritorio de los poderosos o de los CEO de algún multimedio” y enfatiza que “los menos que podemos decir es que nosotros, que estamos en los barrios, entre la gente, con los pies en el barro, tenemos una mirada muy diferente de la que presenta el documento episcopal”.
“El documento final, innegablemente, es un documento que toma los temas que están dando vueltas en la sociedad argentina. Sobre todo para aquellos sectores que tienen una postura contraria al proceso que se inició en 2003. A partir de ahí, describe una serie de situaciones.
¿Quién puede no reconocer todo lo que falta? Existe en la sociedad argentina un núcleo duro de pobreza que se sigue reproduciendo, sectores vulnerables a los que las políticas sociales no llegan. Sin embargo, al mismo tiempo, les podría leer la carta que acaba sacar Carlos José Tissera, el obispo de Quilmes donde se dice todo lo contrario
Y le recuerdo que Quilmes, en plena dictadura, fue el primer lugar donde varios sacerdotes, entre ellos el padre Orlando Yorio, que había estado detenido en la Esma, comenzaron a reclamar por tierras y terrenos para los pobres. Hoy, ese mismo obispado dice que muchas cosas han mejorado”, subraya Fortunato Mallimacci.
–El documento del Episcopado, más que un llamado de atención, es una descalificación en todos los frentes a la acción pública del Gobierno.
–No me parece una novedad que se publiquen estos temas. La novedad es que los cambios en la cúpula de la Iglesia no trajeron los cambios que, según se suponía, debían traer.
–Cuando decimos cambios nos referimos al reemplazo del cardenal Jorge Bergoglio por Arancedo.
-Exacto. En ese sentido hay una fuerte continuidad. En la Iglesia Católica algunos se sienten perseguidos, otros ignorados y otros se suman a la oposición. Recuerde la Virgen María en la Sociedad Rural y los sacerdotes acompañando los cortes de ruta durante el conflicto por las retenciones. Lo del documento del Episcopado no me parece nuevo.
Sin embargo, es necesario reconocer que tenemos una nueva camada de obispos. El único que queda ligado a la dictadura es Bergoglio, cómplice directo y denunciado por sacerdotes que fueron llevados a la Esma.
–¿Qué lectura hace del documento del Episcopado en el marco de la pulseada que mantiene el Gobierno con el Grupo Clarín?
–Es innegable que la mayor parte del Episcopado argentino ha hecho, durante décadas, de la relación con el poder político, mediático y, sobre todo de su relación con sectores económicos, una manera de entender su rol en la sociedad argentina.
Que los medios de mayor tirada le dediquen las tapas muestra esa complicidad. Son una evidencia de los hilos ideológicos que atan a los unos con los otros.
–En Argentina no hay, en este momento, ninguna impunidad para los crímenes de lesa humanidad...
–El tema de la dictadura y la complicidad de vastos sectores de la Iglesia Católica es el principal tema de discusión hacia el interior de la catolicidad. La complicidad directa queda en evidencia en cada juicio por crímenes de lesa humanidad con la aparición de obispos y sacerdotes implicados.
No es casual que en casi todos los casos de niños recuperados aparezcan una orden religiosa, un movimiento familiar cristiano o una monja. Esta es la gran preocupación que existe. Lo que exigen las bases a sus obispos es que denuncien esa complicidad y den la información que tienen para que se puedan seguir avanzando en la recuperación de nietos.
–¿Qué fuerza real tiene la Iglesia en la sociedad argentina?
–Hay un fuerte proceso de toma de distancia de las instituciones que convive con una fuerte cultura católica. La toma de distancia hace que la mayoría crea por su propia cuenta y encuentre, a la vez, en las expresiones colectivas de la cultura cristiana y católica, como son las marchas y las peregrinaciones, un sentido a sus vidas.
Hay unos enormes hiatos que a veces ni los partidos políticos, ni el Estado, ni el Poder Judicial son capaces de reconocer. La enorme mayoría de feligreses de la Iglesia Católica hace oídos sordos a las declaraciones de los obispos ni lee los documentos del Episcopado.
–¿Existe en la trayectoria del Episcopado un alineamiento con el Grupo Clarín?
–Hay afinidades históricas. Puntualmente, el Episcopado argentino aprobó la nueva ley de medios.
–En su momento la Iglesia hizo una fuerte tarea de lobby porque a muchos de sus integrantes les molestaban los programas de radio que emitían congregaciones de credos protestantes que llegaron con mucho dinero...
–La sociedad argentina es pluralista. Tiene que aceptar que existan pentecostales, budistas, protestantes, judíos... La pregunta es: ¿debe el Estado seguir privilegiando a la Iglesia Católica con los mismos decretos de la época de Videla? ¿Es posible que en 2012 la sociedad política no haya eliminado esos decretos que le otorgan privilegios?
A veces creemos que la Iglesia Católica tiene poder, y no lo tiene. Lo vimos con el matrimonio igualitario. La enorme mayoría de los católicos estaba por el matrimonio igualitario, como está por avanzar en la despenalización del aborto. Ahora, si se quiere decir que la Iglesia Católica es la que me impide tomar tal o cual decisión que debo adoptar como político o juez, me parece que es otra la discusión.
Fuente:MiradasalSur
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