La titular de Abuelas Córdoba escuchó ayer, por primera vez durante un juicio, el relato de la causa que investiga el asesinato de su hija y de su yerno, y la apropiación de su nieto.
06/12/2012
Por Magdalena Da Porta y Javier Cámara
Sentada en la primera fila reservada para el público en la sala de audiencias de los Tribunales Federales, Sonia Torres escuchó ayer, por primera vez después de 35 años, la lectura de la acusación judicial contra los presuntos responsables del secuestro, las torturas y el asesinato de su hija y de su yerno, y de la sustracción de su nieto, nacido en cautiverio en junio o julio de aquel violento 1976.
La presidenta de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo siguió atentamente la lectura que hizo el secretario del Tribunal, y no dejó nunca de aferrar la mano de su hija Giselle Parodi.
Fueron largos y tensos minutos de silencio. No era para menos. Fue la primera vez, desde que ocurrieron los hechos, que en la Justicia Federal de Córdoba se ventila en un juicio el robo de bebés durante la dictadura.
Por ese motivo, tanto la Fiscalía que tiene a su cargo la acusación de la causa La Perla, como las querellas, los familiares y los organismos de derechos humanos, tienen muchas expectativas en este proceso.
La abogada de Abuelas, María Teresa Sánchez, precisó ayer que hay 22 denuncias de sustracción de bebés en Córdoba, cifra que todavía puede ampliarse.
Explicó que la represión operaba con dos metodologías tras la apropiación de los niños: o los inscribían como hijos propios o se los daban en adopción mediante un sistema ilegal. Señaló que en todos los casos se les asignaba un nombre de fantasía.
“En estos lugares actuaban civiles, los civiles que tuvieron conocimiento. Por eso nosotros decimos que en este tipo de casos es donde se ve con claridad la participación de cierta civilidad que fue cómplice del golpe de Estado y de los delitos que cometieron los militares”, explicó la abogada.
Respecto de la causa, dijo que está “todo comprobado por la búsqueda incansable de Sonia Torres”, y que es fruto de “una pelea de años para que la Justicia actuara”.
Agregó que casi toda la prueba fue “ofrecida por la querella”. El caso. El expediente que involucra a los familiares de la titular local de Abuelas es parte del caso denominado “Díaz”.
Investiga el asesinato de su hija, Silvina Parodi, de su yerno, Daniel Orozco, y el robo de su nieto. Tiene 13 imputados: Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Acosta, Ernesto Barreiro, Luis Diedrichs, Héctor Vergez, José Herrera, Ricardo Lardone, Arnoldo López, Luis Manzanelli, Emilio Morard, Luis Quijano, Héctor Romero y Carlos Vega.
Parodi, embarazada de seis meses y medio, fue secuestrada junto con su marido el 26 de marzo de 1976. Ambos fueron trasladados a La Perla y “sometidos a torturas físicas y psicológicas” por el grupo de Operaciones Especiales de La Perla (OP3), según la acusación.
Meses después, Orozco fue asesinado en inmediaciones del Tercer Cuerpo de Ejército. Silvina fue trasladada a la Cárcel del Buen Pastor y luego, entre fines de junio y principios de julio, al Hospital Militar, probablemente, donde dio a luz a su hijo varón.
“Tras nacer la criatura, sin dejar registro, y transcurridos unos días los primeros y únicos contactos entre Parodi y su hijo, personal militar sustrajo al menor no conociéndose, a la fecha, su destino”, leyó el secretario Pablo Bustos Fierro. Días después de parir, Silvina fue ultimada y desaparecida.
Menéndez sigue el proceso a través de videoconferencia
Los imputados Menéndez, Barreiro, Vergez y Tófalo están presos en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
06/12/2012
Como ocurrió el martes, cuando se inició el juicio de la causa La Perla, el principal imputado Luciano Benjamín Menéndez y otros tres represores siguieron las instancias de la segunda audiencia a través del sistema de videoconferencia. Así lo dispuso la Justicia Federal y será así durante la mayor parte del proceso que durará más de un año y que investiga secuestros, tormentos y homicidios ocurridos entre los años 1975 y 1977 en Córdoba, con epicentro en el centro clandestino de detención ubicado en la ruta 20.
En la audiencia de ayer se leyeron las causas denominadas “Herrera”, “Díaz” y “Pasquini”. Antes de que se iniciara la lectura, el abogado Osvaldo Viola, defensor de los imputados Jorge Acosta, Ernesto Barreiro, Gustavo Diedrichs y Marcelo Luna, planteó que de existir fotografías de sus defendidos en los medios de comunicación, sus eventuales reconocimientos por parte de testigos serían nulos.
Le respondió el abogado querellante Claudio Orosz, quien expresó que ese planteo ya había sido formulado y resuelto anteriormente en otras causas, y que el reconocimiento facial de los imputados que realicen los testigos no tiene valoración jurídica.
Leé que alhaja el Gobernador de Córdoba
La crítica de De la Sota a las organizaciones armadas de los `70
Las manifestaciones del gobernador, en Buenos Aires, coincidieron con el inicio de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba.
05/12/2012
“En mi juventud también fui un apasionado y revolucionario, pero seguí los lineamientos de Perón”, manifestó ayer De la Sota en una conferencia realizada en Buenos Aires.
Y agregó: “Se enamoraron de las armas y de la violencia y llevaron a miles de jóvenes idealistas a la muerte. Sin embargo, siguen libres y algunos de ellos están en el Gobierno o son asesores”.
No es la primera vez que De la Sota cuestiona a las organizaciones armadas. Ya lo hizo en 2003 cuando protagonizó una controversia con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En Córdoba, su ausencia y la de otros dirigentes delasotistas de peso no pasaron inadvertidas en el debate inaugural del juicio de La Perla. La única funcionaria provincial que estuvo fue la ministra de Justicia, Graciela del Valle Chayep. Consultada por la ausencia del gobernador, respondió que el gobernador estaba “muy interesado” en el juicio, pero que no había podido asistir a la primera audiencia por cuestiones de agenda.
Y agregó que el proceso será muy largo, “así que seguramente va a asistir en alguna oportunidad”.
En las organizaciones defensoras de los derechos humanos, esta circunstancia fue contrastada con la actitud asumida por el exgobernador Juan Schiaretti, en oportunidad de realizarse el primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, por la comisión de delitos de lesa humanidad durante los años de plomo de la Argentina reciente. Entonces, Schiaretti asistió a la primera audiencia en Tribunales Federales.
Fuente:LaVoz
Carlotto: El mandatario es parte de una historia que no quiere que se sepa
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reprochó al gobernador José Manuel de la Sota por levantar la “teoría de los dos demonios”, que equipara los delitos cometidos desde el Estado provincial, que se inscriben en el terrorismo de Estado, con las acciones armadas de los grupos guerrilleros, algo los juristas más prestigiosos rechazan.
Carlotto dijo que este señor (por De la Sota) que nos ha ofendido de vieja data y sigue ofendiéndonos, no quiere a la Argentina ni a su pueblo, sino que está defendiéndose al ser parte de una historia que no quiere que se sepa”, en relación a las vinculaciones de De la Sota con la derecha peronista de los 70.
“Seguir sosteniendo la teoría de los dos demonios cuando está probada la actitud salvaje del terrorismo de Estado es de una mala intención”, subrayó.
No es la primera vez que Carlotto y los organismos de Derechos Humanos salen a responder al cordobés. Ya tuvieron un duro crucen en 2004, cuando mientras el entonces presidente Néstor Kirchner bajaba los cuadros de los represores de la Esma, él aseguró que “las Madres (de Plaza de Mayo) tendrían que haber cuidado mejor a sus hijos” para que éstos no desaparecieran.
“Calificar que hay en el Gobierno personas que han sobrevivido a la masacre de la dictadura cívico militar es un desacierto y una denuncia incalificable para una persona de su jerarquía”, señaló la candidata al premio Nobel de la Paz, quien subrayó que no desea “la paz de los cementerios o de la impunidad”, sino “de la paz de un pueblo que tenga todo lo que se merece”.
Fuente:LaMañanadeCdba.
Estremece el caso de Daniel Parodi y su esposa, cuyo bebé fue apropiado
Megacausa "La Perla": Concluyó la lectura de elevación a juicio de las distintas causas
Tras el receso dispuesto por el tribunal, al reiniciarse la audiencia, el secretario del tribunal, el secretario Pablo Urrets Zavalía leyó la acusación en la causa denominada "López". En esta causa, en la que están imputados 12 represores, se investiga el secuestro, tortura y muerte de Eduardo Jorge Valverde (abogado); Jorge Alejandro Monjeau; Ana Catalina Abad de Peruca; Liliana Teresa Gel; Claudio Herrera; Juan Raúl Mateo Molina; Jorge Reynaldo Ruartes y Daniel Santos Sonzini Witthon.
Todas las víctimas fueron secuestradas entre marzo de 1976 y marzo de 1977 y murieron en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) La Perla, a raíz de los brutales tormentos a los que fueron sometidos. Según el expediente, todos los cuerpos fueron enterrados en las inmediaciones a La Perla y permanecen en condición de desaparecidos.
En el caso de Valverde, tiene la particularidad de que fue secuestrado cuando se presentó con sus abogados ante un puesto de guardia del Hospital Aeronáutico de Córdoba, a raíz de una notificación recibida en su domicilio. Posteriormente el funcionario judicial leyó el auto de elevación de la causa "Checchi" en la que están imputados 16 represores por los delitos cometidos contra 14 víctimas.
En esta causa se investigan le hechos en los que resultaron víctimas Tomás Di Toffino; María Graciela Doldan; Horacio Alvarez Serra; Alicia Arriola de Bellizán; Juana Avendaño de Gómez; Nicolás Bellizán; Mauricio Fernando Bellizán; María Graciela González de Jensen y Walter Magallanes. También fueron figuran Mario Nívoli; Antonio César Ramirez Agüero, Jorge Alfredo Reynoso; Ricardo Manuel Ruffa y Silverio Villagra. Según el expediente las víctimas de esta causa pasaron por La Perla y luego fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en los predios del III Cuerpo de Ejército y continúan en calidad de desparecidos.
Las particularidades de esta causa, es que Di Toffino era un dirigente gremial del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, en tanto que otra víctima, Arriola de Bellizán, fue secuestrada y trasladada a La Perla junto a sus dos hijos, uno de 1 año y 10 meses de edad y otro de dos meses, los que fueron restituidos a su abuela materna cuatro dias después.
Finalmente se leyó la acusacion en la causa "Morard", en la que serán juzgados 21 imputados, por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 5 seminaristas y un sacerdote. Las víctimas fueron los seminaristas Ramón Alejandro Dausa; Daniel Alfredo Velarde; José Luis Destéfanis; Daniel Andrés García Carranza y Hugo Humberto Pantoja Tapia, junto al sacerdote James Martin Weeks, todos perteneciente a la órden de "Misiones de Nuestra Señora de La Salette".
Según la investigación los seis religiosos fueron llevados 3 de agosto de 1976, al Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D-2), para luego ser trasladados a la Unidad Penitenciaria número 1 (UP1), de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Posteriormente, todos fueron llevados a la cárcel de Encausados de la capital provincial donde permanecieron varios dias incomunicados en donciciones infrahumanas.
Luego, a partir del 8 de agosto de 1976, los cinco seminaristas fueron sucesivamente trasladados, vendados y esposados a La Perla, para luego de varios dias, fueron llevados nuevamente a Encausados, donde fueron mantenidos sin que se les iniciara causa judicial alguna.
Weeks recuperó su libertad el 17 de agosto de 1976; Velardes el 11 de octubre de 1976; Destéfanis, Dausa y García Carranza recuperaron la libertad el 9 de ocubre el mismo año, en tanto que Pantoja Tapia fue liberado el 19 de abril de 1977. Posteriormente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30, cuando se continúe con la lectura de los autos de elevación a juicio de otras causas que conforman la megacausa La Perla.
El primer tramo de la audiencia El Tribunal Oral Federal 1 inició la audiencia dos horas y media más tarde, debido a que los imputados, Héctor Pedro Vergez, José Tófalo y Guillermo Barreiro, que junto a Menéndez siguen el juicio por el sistema de videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, no llegaron al horario indicado por demoras en el traslado desde el establecimiento penitenciario de Marcos Paz donde se encuentran detenidos.
Al iniciar formalmente la sesión, los imputados por crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones de la policía D-2, se retiraron de la sala tras lo cual, el secretario del tribunal, Pablo Bustos Fierro, comenzó a leer el auto de elevación a juicio de la causa denominada "Herrera".
En esta causa se investiga la muerte del obrero Justino Honores; del médico Horacio Fernández Samar; de la estudiante de medicina María Luz Mujica de Ruarte y de Emilia Falik de Vergara, ama de casa.
Todas las víctimas fueron secuestradas en distintos procedimientos realizados entre los meses de noviembre y diciembre de 1976 y trasladados al centro clandestino de detención "La Perla", donde fueron brutalmente torturados hasta provocarles la muerte, y posteriormente enterrados en fosas comunes permaneciendo hasta la fecha en condición de desaparecidos.
Posteriormente, se leyó la elevación a juicio de la causa "Díaz", en la que se investiga el secuestro, aplicación de tormentos y asesinato de Silvina Parodi de Orozco, quien se encontraba embarazada de 6 meses y medio y de su esposo, Daniel Orozco, fusilados en un predio cercano a "La Perla".
Según la investigación, Silvina, hija de la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, dio a luz en cautiverio, antes de ser asesinada, un varón que fue entregado por personal militar a personas que hasta la fecha no han sido identificadas.
Tanto Silvina Parodi como Daniel Orozco, permanecen hasta la fecha en condición de desaparecidos, constituyéndose éste en el primer caso por sustracción de bebés que se ventila en los tribunales de Córdoba.
Posteriormente, Bustos Fierro leyó la elevación a juicio de la causa "Pasquini", que investiga el secuestro y desaparición de Raúl Vijandoo; Juan Jacobo Mogilner; María Irene Gavalda; Gerardo Espíndola, Mercedes Carriquirborde y Perla Schneider. Todos estos hechos ocurrieron en el mes de diciembre de 1977, al igual que el secuestro y tormentos sufridos por Silvio Viotti, quien al momento de los hechos tenía 16 años.
Posteriormente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 15.30 y se continúa a partir de esa hora con la lectura de los autos de elevación a juicio de otras causas que conforman la megacausa La Perla.
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario