Para el fiscal “debe desecharse” la inconstitucionalidad
“La ley no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín”, argumentó el fiscal. El fallo del juez, que ayer abrió la etapa para dictar sentencia, se conocerá en las próximas semanas.
Por Irina Hauser
El fallo del fiscal Uriarte es la primera decisión que se toma en la causa sobre la cuestión de fondo.Imagen: Leandro Teysseire
El fiscal Fernando Uriarte le recomendó en un dictamen al juez Horacio Alfonso que rechace el planteo de inconstitucionalidad de Clarín sobre varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que marcan los límites a la concentración de licencias de radio y televisión y generan la obligación de ceder las que exceden los topes establecidos. La norma, sostuvo el fiscal, “no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín”, afirmó el fiscal, en un escrito que no es vinculante, pero que se convirtió en la primera evaluación judicial sobre la cuestión de fondo que está en discusión. Alfonso dio ayer mismo un paso fundamental: abrió la etapa para dictar sentencia.Ahora el multimedio y el Estado tienen cinco días para hacer eventuales planteos, después el juez tiene cuarenta días para resolver pero, tras la intimación de la Corte Suprema para que dicte sentencia de inmediato, los pronósticos vaticinan una resolución en las próximas semanas.
El dictamen de Uriarte explica que la demanda de Clarín ha demostrado ser de una naturaleza exclusivamente “patrimonial”, como ya señaló la Corte en mayo último, basada en el derecho de propiedad y de libre comercio. Si bien la empresa invocaba que, por ejemplo, la limitación a las licencias afectaba la libertad de expresión, para el fiscal “no se han expuesto argumentos relevantes para invalidar las normas cuestionadas en virtud de la afectación de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa”. El ángulo del análisis constitucional, dice el fiscal, tiene que ser otro. Una de sus conclusiones es que el multimedios no está en condiciones de alegar “una situación jurídica consolidada” porque se encontraba con anterioridad “en situación de infracción al régimen de multiplicidad de licencias” de la vieja Ley de Radiodifusión (22.285). “Debe desecharse”, dice, el planteo de inconstitucionalidad basado en la garantía de inviolabilidad de la propiedad, “desde que nada obsta a que una nueva ley modifique, suspenda o aun destruya un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa”.
También sostiene que “no es lícito” invocar un supuesto “derecho adquirido” “para paralizar el ejercicio de la potestad normativa del Estado”.
La decisión de Uriarte alude, en esencia, a los artículos 41 (limita y exige autorización para la transferencia de licencias), 45 (establece los límites de concentración de licencias), 48 (multiplicidad de licencias) y 161 (fija el plazo de un año para desinvertir) de la ley de medios. Afirma que en ningún caso Clarín esgrimió razones válidas que permitan aventurar una declaración de inconstitucionalidad que, “debe desecharse”, dice. Es más, sostiene que “bajo la apariencia de un planteo de inconstitucionalidad” lo que “persigue en realidad” es “que el Poder Judicial decida sobre el acierto o desacierto del régimen de transferencia, multiplicidad y adecuación de las licencias de comunicación audiovisual diseñado por el Congreso en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”. “No pretenden que el Poder Judicial ejerza el control constitucional que le es propio (...) sino que actúe en reemplazo de uno de los poderes políticos, cuya gestión no les satisface.”
Uriarte analiza el texto y el espíritu de la ley y afirma que “no impresiona como irrazonable, inicua o arbitraria”. Se explaya al analizar los cuestionamientos de Clarín a los límites de concentración. Cita, por ejemplo, un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que explica cómo “la integración vertical entre proveedores de señales y operadores de sistemas televisivos (cables, satelitales, televisión abierta) hace que las prácticas de exclusión de operadores sean posibles...”. Y luego refiere a conceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como que “los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia”.
Uriarte cuestiona que Clarín se queje porque los operadores de cable privados “tienen mayores limitaciones” que las empresas del Estado, y que implica desconocer la misión de la radio y al televisión pública en el logro de los objetivos de la ley. Lo que el fiscal plantea es que, tratándose todo de una cuestión patrimonial, habrá que ver a futuro si, producto de la aplicación de la ley, la empresa está en condiciones de reclamar un resarcimiento económico, algo que no descarta.
De las Carreras, vicepresidente
Francisco de las Carreras, uno de los camaristas denunciados por el Gobierno por viajar a una cumbre en Miami invitado supuestamente por el Grupo Clarín, y que además votó la extensión de la medida cautelar favorable a esa empresa, será el nuevo vicepresidente de la Cámara en lo Civil y Comercial. Así se definió ayer, tras una reunión de todos los integrantes de ese tribunal, en su mayoría cuestionados por la Casa Rosada, algunos por participar de aquel mismo viaje, otros por avalar los sorteos dudosos para nombrar jueces de primera instancia, precisamente para el caso Clarín. De las Carreras no fue votado por unanimidad pero consiguió un aval suficiente para ocupar ese nuevo cargo en la Cámara Cìvil y Comercial. La presidenta será Graciela Medina, quien fue elegida con acuerdo de todos sus pares. Medina es la camarista que la semana pasada ayudó a destrabar las recusaciones y avaló la continuidad de De las Carreras en la causa sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tuvo una denuncia por una supuesta vinculación indirecta de su marido, Julio César Rivera, que es abogado, con el asesoramiento a letrados del multimedios.
LA SOLICITADA DE JUECES, FISCALES, DEFENSORES Y ACADEMICOS
Contra la corporación 
El fiscal Javier De Luca.
Jueces, fiscales, académicos, defensores y funcionarios continuaron ayer sumando sus adhesiones al texto titulado “Una Justicia legítima”, que difundieron para diferenciarse del que suscribieron también la Junta Federal de Cortes y la Federación Argentina de la Magistratura. En la solicitada, que se publicó ayer, destacaron la necesidad de “reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía” y de “ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan”.
“Mucha gente quedó afuera de la solicitada, inclusive se está pensando en crear una asociación alternativa”, apuntó De Luca. “Hay que terminar con estas asociaciones. Hace 20 años soy socio de la de magistrados y todos los comunicados priorizan lo corporativo”, destacó. “Me ha pasado de denunciar a socios en causas de lesa humanidad, como el ex juez Otilio Romano (procesado por delitos de lesa humanidad en Mendoza) y la asociación ha salido a defenderlo. Los cuerpos ejecutivos de estas asociaciones son totalmente corporativos, no son acordes a lo que las democracias latinoamericanas tienen que tener”, afirmó. Como contracara del encolumnamiento de la corporación con el Grupo Clarín, recordó que “ninguna de estas asociaciones ha hecho un escándalo por el editorial de ayer (por el lunes) de La Nación pidiendo la excarcelación de Jaime Smart (también procesado por crímenes de lesa humanidad). ¿Eso no es una presión? ¿Les preocupa ser independientes del ministro de Justicia pero no de un grupo con más poder que el Ejecutivo?”, planteó.
–¿La declaración marca un quiebre en la historia de la corporación judicial?–Es un llamado de atención serio para dejar claro que las asociaciones que se manifestaron la semana pasada no representan a nadie, que no es que “los jueces están contra el Gobierno”, que es sólo un grupúsculo con intereses corporativos.
–¿Cómo se modifica un Poder Judicial tan influenciable por los poderes que enumeran en la solicitada?–Con gran capacitación, con mucha formación, y que los estamentos superiores promuevan este tipo de ejemplos, den seguridades de que si uno se va a comportar de manera independiente y de buena fe no va a tener problemas, no en sentido corporativo sino que no va a sentir ninguna presión interna. Pero es muy difícil, es casi una utopía.
La fiscal Mónica Cuñarro.
“Hay una concepción democrática del Poder Judicial con contenido formal, donde todo es pulcro y lavadito pero no sirve para nada. La concepción material es la que resuelve los conflictos sociales de acuerdo con la ley y la Constitución”, destacó De Luca. “Yo formalmente puedo trabajar, pero puedo no resolver nada, puedo no ponerme los pantalones largos para evitar pronunciarme sobre el fondo del asunto de una vez por todas”, dijo. “¿Cómo voy a tomar como presión una recusación o que exijan que se resuelva una cautelar? Estamos ante la cautelar más larga de la historia”, recordó, mientras “nadie sabe por qué se pide la inconstitucionalidad de un artículo de la ley (de medios), cuál es el planteo jurídico”. “Todo esto es de una gran mediocridad, hay un oscurantismo digno de la Edad Media que no tiene nada que ver con lo que debe ser un Poder Judicial”, concluyó.
“El máximo tribunal, el 22 de mayo, estableció como último plazo el 7 de diciembre, y en la resolución del 27 de noviembre indicó claramente que lo que correspondía era el dictado de la sentencia de fondo y no nuevas cautelares que dilate la aplicación plena de la ley”, señaló ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, reproduciendo parte de la argumentación que contiene el recurso extraordinario. Dijo, además, que la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial está viciada porque se llegó a ella después de que los integrantes de todo el tribunal rechazaran sus propias recusaciones sin llamar a jueces de otro fuero, ajenos a los cuestionamientos en juego.
El texto del Gobierno señala que la extensión de la medida cautelar, que mantiene a Clarín exceptuado de desprenderse de licencias de televisión y radio, opera como “una sentencia anticipatoria”, “produce perjuicios irreparables”, “incide sobre el interés de la comunidad” y es “arbitraria”.
Advierte que genera una situación de “gravedad institucional” que ameritaría un pronunciamiento de la Corte, por todas esas razones, y porque –sostiene– la Cámara desconoció las decisiones del propio alto tribunal, lo que sigue generando un impedimento de aplicar la ley, “sancionada con amplio consenso democrático y aprobación de vastos sectores políticos”. “Un órgano inferior del Poder Judicial de la Nación, como es la Sala I, ha desobedecido a la Corte Suprema dictando un decisorio a escasas horas del vencimiento del plazo estipulado por el máximo tribunal, colocando al Estado nacional en una clara situación de indefensión”, señala el recurso. Este concepto apareció en el voto de anteayer del juez Raúl Zaffaroni, quien advirtió sobre un posible “alzamiento” de la Cámara. La Corte, además, ya desde el año pasado pregona que las medidas cautelares deben durar un plazo “razonable” y, al rechazar un planteo de Clarín, “recientemente insistió con que debe haber una sentencia de fondo, no cautelar”.
“La Cámara, al extender el plazo de la medida cautelar más allá del fijado por” la Corte “no sólo ha violentado su pronunciamiento sino que ha obviado las razones que indujeron a ese alto tribunal a disponer la limitación en el tiempo de la cautelar; aunque no son otras que el funcionamiento íntegro del régimen regulatorio de la actividad de interés público, la que se imposibilita frente a la clara posición dentro del mercado del grupo actor (Clarín)”, dice, además, el recurso extraordinario. Todo hace suponer que –a menos que los camaristas lo rechacen– podría llegar a la Corte en el transcurso de los próximos días.
El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció la presentación que realizó el Gobierno.Por I. H. @La discusión por la validez de la extensión de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la obligación de desinvertir podría volver a la Corte Suprema en función del recurso extraordinario que presentó ayer el Gobierno. El escrito dice que la prolongación de esa medida provisoria, concedida por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial la semana pasada, representa un asunto de “gravedad institucional” porque “violenta” el límite temporal para su duración (con vencimiento el 7D) que había fijado el alto tribunal y porque impide aplicar plenamente, desde hace tres años, una ley que está vigente, lo que le da efecto de sentencia. Esta nueva apelación, en rigor, fue presentada ante la propia Sala I, que tiene la llave para decidir si acepta tramitarla y mandarla a los jueces supremos o no. De todos modos, por estas horas parece avanzar el expediente en primera instancia, y si hay un fallo sobre la constitucionalidad de la ley las discusiones legales pasarán a ser otras. Por lo pronto, en la senda de lo que le señaló la Corte al rechazarle el pedido de per saltum, el Gobierno –a través de Jefatura de Gabinete y de la presentación del Tesoro– presentó el recurso extraordinario ayer. Según las reglas procesales, ahora Clarín tendrá que dejar sentada su postura. El plazo legal es de diez días, pero podría ser más corto según las instrucciones con miras a agilizar que impartieron los jueces supremos. Después, la Cámara tiene que decir si el recurso extraordinario es procedente para seguir su camino hacia la Corte o no. Si lo admite, la Casa Rosada pidió que sea con “efecto suspensivo”, es decir, que el sólo tramite suspenda la extensión de la cautelar. Es algo improbable que le concedan, anticipan en tribunales. Si los camaristas rechazan el recurso extraordinario, quedará el camino del recurso de queja. “El máximo tribunal, el 22 de mayo, estableció como último plazo el 7 de diciembre, y en la resolución del 27 de noviembre indicó claramente que lo que correspondía era el dictado de la sentencia de fondo y no nuevas cautelares que dilate la aplicación plena de la ley”, señaló ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, reproduciendo parte de la argumentación que contiene el recurso extraordinario. Dijo, además, que la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial está viciada porque se llegó a ella después de que los integrantes de todo el tribunal rechazaran sus propias recusaciones sin llamar a jueces de otro fuero, ajenos a los cuestionamientos en juego. El texto del Gobierno señala que la extensión de la medida cautelar, que mantiene a Clarín exceptuado de desprenderse de licencias de televisión y radio, opera como “una sentencia anticipatoria”, “produce perjuicios irreparables”, “incide sobre el interés de la comunidad” y es “arbitraria”. Advierte que genera una situación de “gravedad institucional” que ameritaría un pronunciamiento de la Corte, por todas esas razones, y porque –sostiene– la Cámara desconoció las decisiones del propio alto tribunal, lo que sigue generando un impedimento de aplicar la ley, “sancionada con amplio consenso democrático y aprobación de vastos sectores políticos”. “Un órgano inferior del Poder Judicial de la Nación, como es la Sala I, ha desobedecido a la Corte Suprema dictando un decisorio a escasas horas del vencimiento del plazo estipulado por el máximo tribunal, colocando al Estado nacional en una clara situación de indefensión”, señala el recurso. Este concepto apareció en el voto de anteayer del juez Raúl Zaffaroni, quien advirtió sobre un posible “alzamiento” de la Cámara. La Corte, además, ya desde el año pasado pregona que las medidas cautelares deben durar un plazo “razonable” y, al rechazar un planteo de Clarín, “recientemente insistió con que debe haber una sentencia de fondo, no cautelar”. “La Cámara, al extender el plazo de la medida cautelar más allá del fijado por” la Corte “no sólo ha violentado su pronunciamiento sino que ha obviado las razones que indujeron a ese alto tribunal a disponer la limitación en el tiempo de la cautelar; aunque no son otras que el funcionamiento íntegro del régimen regulatorio de la actividad de interés público, la que se imposibilita frente a la clara posición dentro del mercado del grupo actor (Clarín)”, dice, además, el recurso extraordinario. Todo hace suponer que –a menos que los camaristas lo rechacen– podría llegar a la Corte en el transcurso de los próximos días.
Fuente:Pagina12
luego de la solicitada firmada por más de 200 magistradosMás jueces y fiscales negaron que existan presiones a la justiciaDesmintieron al sector del Poder Judicial que acusa al gobierno de avanzar sobre su independencia. Un camarista detalló los vínculos de Recondo con el Grupo Clarín.
“Mucha gente quedó afuera de la solicitada, inclusive se está pensando en crear una asociación alternativa”, apuntó De Luca. “Hay que terminar con estas asociaciones. Hace 20 años soy socio de la de magistrados y todos los comunicados priorizan lo corporativo”, destacó. “Me ha pasado de denunciar a socios en causas de lesa humanidad, como el ex juez Otilio Romano (procesado por delitos de lesa humanidad en Mendoza) y la asociación ha salido a defenderlo. Los cuerpos ejecutivos de estas asociaciones son totalmente corporativos, no son acordes a lo que las democracias latinoamericanas tienen que tener”, afirmó. Como contracara del encolumnamiento de la corporación con el Grupo Clarín, recordó que “ninguna de estas asociaciones ha hecho un escándalo por el editorial de ayer (por el lunes) de La Nación pidiendo la excarcelación de Jaime Smart (también procesado por crímenes de lesa humanidad). ¿Eso no es una presión? ¿Les preocupa ser independientes del ministro de Justicia pero no de un grupo con más poder que el Ejecutivo?”, planteó.
–¿La declaración marca un quiebre en la historia de la corporación judicial?–Es un llamado de atención serio para dejar claro que las asociaciones que se manifestaron la semana pasada no representan a nadie, que no es que “los jueces están contra el Gobierno”, que es sólo un grupúsculo con intereses corporativos.
–¿Cómo se modifica un Poder Judicial tan influenciable por los poderes que enumeran en la solicitada?–Con gran capacitación, con mucha formación, y que los estamentos superiores promuevan este tipo de ejemplos, den seguridades de que si uno se va a comportar de manera independiente y de buena fe no va a tener problemas, no en sentido corporativo sino que no va a sentir ninguna presión interna. Pero es muy difícil, es casi una utopía.
La fiscal Mónica Cuñarro.
EL GOBIERNO PRESENTO UN RECURSO EXTRAORDINARIO
El camino hacia la Corte
El trámite se hizo ante la Cámara Civil y Comercial, que debe definir si lo acepta. Si lo rechaza, queda el recurso de queja. Es por la extensión de la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín.
Por Irina Hauser
La discusión por la validez de la extensión de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la obligación de desinvertir podría volver a la Corte Suprema en función del recurso extraordinario que presentó ayer el Gobierno. El escrito dice que la prolongación de esa medida provisoria, concedida por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial la semana pasada, representa un asunto de “gravedad institucional” porque “violenta” el límite temporal para su duración (con vencimiento el 7D) que había fijado el alto tribunal y porque impide aplicar plenamente, desde hace tres años, una ley que está vigente, lo que le da efecto de sentencia. Esta nueva apelación, en rigor, fue presentada ante la propia Sala I, que tiene la llave para decidir si acepta tramitarla y mandarla a los jueces supremos o no. De todos modos, por estas horas parece avanzar el expediente en primera instancia, y si hay un fallo sobre la constitucionalidad de la ley las discusiones legales pasarán a ser otras. Por lo pronto, en la senda de lo que le señaló la Corte al rechazarle el pedido de per saltum, el Gobierno –a través de Jefatura de Gabinete y de la presentación del Tesoro– presentó el recurso extraordinario ayer. Según las reglas procesales, ahora Clarín tendrá que dejar sentada su postura. El plazo legal es de diez días, pero podría ser más corto según las instrucciones con miras a agilizar que impartieron los jueces supremos. Después, la Cámara tiene que decir si el recurso extraordinario es procedente para seguir su camino hacia la Corte o no. Si lo admite, la Casa Rosada pidió que sea con “efecto suspensivo”, es decir, que el sólo tramite suspenda la extensión de la cautelar. Es algo improbable que le concedan, anticipan en tribunales. Si los camaristas rechazan el recurso extraordinario, quedará el camino del recurso de queja.
“El máximo tribunal, el 22 de mayo, estableció como último plazo el 7 de diciembre, y en la resolución del 27 de noviembre indicó claramente que lo que correspondía era el dictado de la sentencia de fondo y no nuevas cautelares que dilate la aplicación plena de la ley”, señaló ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, reproduciendo parte de la argumentación que contiene el recurso extraordinario. Dijo, además, que la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial está viciada porque se llegó a ella después de que los integrantes de todo el tribunal rechazaran sus propias recusaciones sin llamar a jueces de otro fuero, ajenos a los cuestionamientos en juego.
El texto del Gobierno señala que la extensión de la medida cautelar, que mantiene a Clarín exceptuado de desprenderse de licencias de televisión y radio, opera como “una sentencia anticipatoria”, “produce perjuicios irreparables”, “incide sobre el interés de la comunidad” y es “arbitraria”.
Advierte que genera una situación de “gravedad institucional” que ameritaría un pronunciamiento de la Corte, por todas esas razones, y porque –sostiene– la Cámara desconoció las decisiones del propio alto tribunal, lo que sigue generando un impedimento de aplicar la ley, “sancionada con amplio consenso democrático y aprobación de vastos sectores políticos”. “Un órgano inferior del Poder Judicial de la Nación, como es la Sala I, ha desobedecido a la Corte Suprema dictando un decisorio a escasas horas del vencimiento del plazo estipulado por el máximo tribunal, colocando al Estado nacional en una clara situación de indefensión”, señala el recurso. Este concepto apareció en el voto de anteayer del juez Raúl Zaffaroni, quien advirtió sobre un posible “alzamiento” de la Cámara. La Corte, además, ya desde el año pasado pregona que las medidas cautelares deben durar un plazo “razonable” y, al rechazar un planteo de Clarín, “recientemente insistió con que debe haber una sentencia de fondo, no cautelar”.
“La Cámara, al extender el plazo de la medida cautelar más allá del fijado por” la Corte “no sólo ha violentado su pronunciamiento sino que ha obviado las razones que indujeron a ese alto tribunal a disponer la limitación en el tiempo de la cautelar; aunque no son otras que el funcionamiento íntegro del régimen regulatorio de la actividad de interés público, la que se imposibilita frente a la clara posición dentro del mercado del grupo actor (Clarín)”, dice, además, el recurso extraordinario. Todo hace suponer que –a menos que los camaristas lo rechacen– podría llegar a la Corte en el transcurso de los próximos días.
Fuente:Pagina12
luego de la solicitada firmada por más de 200 magistradosMás jueces y fiscales negaron que existan presiones a la justiciaDesmintieron al sector del Poder Judicial que acusa al gobierno de avanzar sobre su independencia. Un camarista detalló los vínculos de Recondo con el Grupo Clarín.
Diferenciándose del discurso crítico que un sector del Poder Judicial le dedicó al gobierno nacional, varios camaristas, jueces y fiscales rechazaron que haya un avance del Ejecutivo sobre la independencia de la justicia, y cuestionaron la respuesta corporativa a las recusaciones impulsadas contra los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Luego de la solicitada publicada con la firma de más de 200 funcionarios judiciales y académicos, siguieron ayer las muestras de apoyo a ese comunicado y las críticas contra algunas prácticas de la familia judicial.
"La independencia es un principio básico de la división de poderes y entendemos que de ningún modo fue afectada", opinó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, quien cuestionó el "exagerado reclamo de independencia" realizado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, al que vinculó más con un reclamo de "indemnidad que con la independencia, que la garantiza la propia Constitución y no necesita reclamarse ni declamarse".
De manera similar se pronunció el juez de Casación Penal Alejandro Slokar, quien señaló que firmó la solicitada por "el rechazo a reacciones corporativas y burocratizadas, verticalistas, porque de esa forma se degrada y bastardea la necesaria independencia que tiene que tener un juez". En diálogo con la Radio de las Madres, el camarista señaló que "bajo el disfraz de independencia, muchos sectores rancios toleran lo acomodaticio, lo indolente, hasta lo venal de los magistrados". También aclaró que no existen presiones del Poder Ejecutivo sobre los jueces. "Nadie puede sentir presión por la tarea que tiene que desempeñar. Si se hablase de destituciones arbitrarias de jueces, sucede todo lo contrario porque me desempeño actualmente como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y desde que asumí hace algunos meses no recibimos ningún caso", sostuvo el funcionario.
También en relación a la independencia judicial con los poderes económicos, Eduardo Freiler, presidente de la Cámara Federal porteña, denunció incluso los vínculos entre el Grupo Clarín y la Asociación de Magistrados, una de las impulsoras de las denuncias contra el gobierno nacional. "La Fundación Noble daba diferentes cursos, en los que exponían personas siempre con un mismo perfil, vinculadas al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con sede en Chile, que fue creado por un programa de la OEA respondiendo a una de las directivas del Consenso de Washington", relató Freiler, quien aclaró que el puntaje de esos cursos era utilizado en concursos judiciales. "Acá hay una clarísima asociación que se logró con la dirigencia de Ricardo Recondo en la Asociación de Magistrados y con la aprobación, quizás ingenua, del Consejo de la Magistratura, que aceptó que un multimedios le diera puntaje a una persona para poder acceder a una magistratura", agregó el camarista.
Los fiscales Feliz Crous y Javier De Luca también se desmarcaron de la posición de la Asociación de Magistrados y algunos ministros de la Corte. Crous, de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, consideró que "recusar un magistrado es una herramienta del sistema procesal, y nadie tiene que sentirse presionado por eso." De Luca, por su parte, criticó la respuesta corporativa que tuvieron algunos magistrados y opinó: "No se puede admitir que colegas nuestros se pongan en una posición de víctimas del gobierno, cuando quienes plantean acciones son particulares, grupos económicos, que consideran que una ley es inconstitucional."
Por su parte, el juez Gustavo Bruzzone, presidente de la Cámara del Crimen, sostuvo que lo recusaron "muchas veces" y que esos procedimientos "están previstos, no son una presión". También manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos. "Todas las instituciones que integran el Consejo de la Magistratura son responsables de la demora, pero especialmente lo es el Poder Ejecutivo", afirmó.
críticas de la lista celeste
En el marco de la discusión por la autonomía del Poder Judicial y luego del comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia –dependiente de la Corte Suprema–, que denunció presiones por parte del gobierno nacional, la semana pasada los jueces alineados en la Lista Celeste salieron a dejar en claro su diferencia con esas posturas.
"En el marco de un Estado de Derecho, cada uno de los sectores de la sociedad es libre de expresar sus opiniones e inquietudes. El ejercicio de tal libertad no debe ser entendido como afectación al desenvolvimiento de las instituciones", señaló la Lista Celeste en un comunicado donde respondió a los dichos de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura.
"Cada una de las partes de la controversia ha efectuado los planteos que consideraron pertinentes y el Poder Judicial, a través de sus magistrados, ha resuelto en el marco de sus facultades lo que ha considerado ajustado al ordenamiento jurídico", explicó la agrupación, en referencia a las quejas de la justicia por los pedidos de recusación enviados por el gobierno contra miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal. Los magistrados reunidos en la Lista Celeste también aclararon que "para garantizar las libertades ciudadanas, es inherente a las funciones de los magistrados ser independientes de todo poder político partidario o de grupos económicos".
se reunió con la Comisión de Libertad de Expresión de diputados
Apoyo a periodista
Los integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados expresaron su solidaridad con el periodista Matías Longoni, del diario Clarín, demandado civilmente por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien lo acusó de llevar adelante una campaña de desprestigio.
En el marco de su repudio a este hecho, los integrantes de la Comisión, junto a diputados de las bancadas opositoras, elaboraron dos proyectos. "Además de manifestar nuestra solidaridad debemos trabajar para que los derechos sean para todos, para que todo el periodismo, sean oficialistas u opositores, pueden ejercer su función porque los derechos son para todos", sostuvo la radical Patricia De Ferraris, quien pidió que "el CELS tenga la misma predisposición que tuvo con los periodistas denunciados en su momento por Clarín".
Longoni dijo estar "sorprendido" por los respaldos que recibió por parte de "la comunidad periodística y del Congreso", luego de la denuncia de Echegaray "por daños y perjuicios". El periodista negó por completo haber participado de "un complot" contra Echegaray.
Entre los legisladores que asistieron estaban el vicepresidente segundo de la Cámara, Mario Negri; el diputado radical Ricardo Alfonsín y sus compañeros de bloque Juan Pedro Tunessi, Atilio Benedetti, Ulises Forte y Pablo Orsolini. También estuvieron la dirigente del GEN María Virginia Linares, del Frente Peronista Gustavo Ferrari y del PRO Pablo Tonelli y Cornelia Schmidt.
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