EL EJECUTIVO CONVOCO A SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA MODIFICAR LA NORMA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS
CFK llamó a tratar la trata en el Congreso
La reforma a la ley sancionada en 2008 por impulso del Gobierno aumenta la protección a las víctimas y eleva las penas a los responsables del delito. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y la oposición adelantó su respaldo a la aprobación. El miércoles podría votarse.
Por Emilio Ruchansky
En la marcha del miércoles en Tucumán, uno de los reclamos centrales fue el combate a las redes de la trata.Imagen: Adrián Pérez
En medio de la conmoción por el fallo que absolvió en Tucumán a los acusados del caso Marita Verón, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de aprobar las reformas a la ley de trata, que ya tienen media sanción del Senado. Las sesiones se extenderán entre el 18 y el 31 de diciembre y los bloques de la oposición dieron el visto bueno para que el próximo miércoles se trate la reforma en la Cámara de Diputados. El proyecto deja en claro que puede haber condena aunque las víctimas no se declaren como tales y plantea elevar las penas para que sean de cumplimiento efectivo. Además, refuerza la asistencia integral para las víctimas. Ayer, distintos organismos de derechos humanos se pronunciaron en contra de la sentencia. La onda expansiva de las críticas obligó a la renuncia del ministro de Seguridad tucumano, Mario López Herrera.
La ley 26.364, sancionada en 2008 por impulso del oficialismo, había impuesto mecanismos de protección para las víctimas de esclavitud sexual o laboral, como el derecho a recibir alojamiento, manutención y contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas. También estableció que su testimonio se tome “en condiciones especiales de protección y cuidado” y tipificó la trata como la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación, “cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad”.
Justamente, la norma fue una derivación del caso Marita Verón, desaparecida en el año 2002. En el juicio que acaba de terminar en las absoluciones no se aplicó porque se trataba de una ley sancionada después de los hechos que se juzgaban.
En el punto que más discusión provocó, la norma establece que una mujer adulta considerada víctima de trata puede alegar que en realidad había prestado su consentimiento para ejercer la prostitución en ese contexto. En el caso de menores de edad, esa posibilidad no existe.
A partir de esta ley, se creó una Oficina de Rescate para damnificados por la trata y se avanzó en el cambio de paradigma en los operadores judiciales, quienes descreían (y descreen aún) del relato de las víctimas, exponiéndolas peligrosamente en la instrucción y en los juicios orales. Pero esto no fue suficiente. “El consentimiento no impide condenar porque basta con que haya abuso de una situación de vulnerabilidad y se aplique esta ley y el protocolo de Palermo. Pero no todos lo jueces interpretan la norma de esta manera”, explicó Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata, distrito record, con siete sentencias condenatorias por trata.
Por este motivo, la modificación aprobada en el Senado el 31 de agosto de 2011 aclara: “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. Otro punto de la propuesta que será analizada el martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Minoridad y Familia y Presupuesto es la elevación de penas. Establece penas mínimas de cuatro años por proxenetismo y promoción de la prostitución, cuando la ley actual impone tres.
Este último punto hace que el castigo sea de cumplimiento efectivo. Además se instala una serie de agravantes en caso de que para someter a la víctima se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción o cuando el autor “fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima o funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad”. Si alguien es detenido en plena captación, traslado o acogimiento de la víctima, puede recibir penas de 4 a 8 años, si se demuestra que existió explotación, el castigo sería de 8 a 12 años.
En el caso de que la persona damnificada sea menor de edad, la propuesta penal oscila entre los 10 a 15 años. Además se permiten las denuncias anónimas y se preserva la identidad si la persona da su nombre “inclusive para fuerzas de seguridad que intervengan”. La reforma también plantea un “sistema sincronizado de denuncias” en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. “El decomiso de los bienes usados para esos delitos conformará un fondo especial de asistencia a las víctimas”, señaló la diputada oficialista Diana Conti.
Respecto de las víctimas, el proyecto obliga al Estado Nacional a otorgar capacitación laboral y ayudar en la búsqueda de empleo y crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, “con la función de diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas”. También se incluye la creación de un Comité Ejecutivo integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo para implementar un Programa Nacional para alcanzar los fines propuestos por el Consejo Federal.
“Hay un principio universal en los derechos humanos: nadie puede consentir su propia explotación. Cuando dejamos el consentimiento como un elemento para configurar el delito, se revictimiza porque la persona tiene que aportar elementos para probar que no dio consentimiento”, planteó la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba. Sobre la elevación de penas, ejemplificó con un caso de trata en Santa Fe, en 2006. “Eran dos chicas, Cristina Ojeda y Romina Gamarra, que escapan y hacen la denuncia pero como los delincuentes estaban libres, las amenazaron y ellas terminaron desdiciéndose”, recordó.
Esas chicas no habían recibido protección alguna. El consentimiento fue fruto de un debate profundo cuando se sancionó la ley porque varios legisladores plantearon que podría afectar los derechos de las trabajadoras sexuales, señaló Córdoba. Para la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda, la reforma en este punto “no va a dañar a las cuentapropistas, como sí lo hacen medidas netamente prohibicionistas como la del gobernador (José) De la Sota en Córdoba, que sólo benefician a la policía”. La diputada adelantó que va a apoyar el proyecto en general y discutirá artículos en particular, como la elevación de penas. “Es bueno que se apruebe, ya lo pedimos en marzo”, agregó.
“El principal problema son los operadores judiciales y policiales. Y eso no se cambia con una nueva ley. Hace unos años estuve en un operativo en la Isla Maciel, en el que rescataron a tres menores paraguayas. Mientras les tomaban declaración, el agente preguntó si tenían celular y dijeron que sí. Entonces me miró y me dijo: ‘Esto no es trata’. Los celulares eran de Paraguay. Buscan cualquier cosas para decir que no es trata”, recordó Donda. Luego relató otro caso en que las jóvenes rescatadas negaron ser sometidas al ser indagadas frente a periodistas y al cura del pueblo. “El cura era cliente, me dijeron después”, aseguró.
Por su parte, el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que faltan discusiones internas, “pero seguramente apoyaremos la reforma en general y discutiremos algunos puntos en particular”. Entre otros temas, Gil Lavedra objetó las medidas de protección testimonial porque podrían vulnerar el derecho a la defensa. “Así como viene redactado pareciera que no puede ser interrogada”, afirmó. Gil Lavedra estimó que la trata con fines de prostitución “no es un delito tan complejo porque está a la vista de todos, el gran problema son los encubridores”.
Fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados señalaron a este diario que hay acuerdo entre todos los bloques para que la modificación a la ley de trata se vote el próximo miércoles. “Nosotros apuntamos a que se vote como llegó del Senado para no alargar los tiempos y no tenga que haber revisión en la Cámara alta”, planteó un allegado al jefe de bloque, Agustín Rossi. “La ley de trata fue el primer paso, sin perjuicio de esto, creo que se puede mejorar aunque las leyes por sí solas no alcanzan: hay que aplicarlas correctamente”, observó Gil Lavedra. El fiscal Adler coincidió: “No es solo la ley, también son las prácticas judiciales y policiales las que tienen que cambiar”.
Los otros temas de las sesiones
La convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por la presidenta Cristina Fernández tuvo como principal y sorpresivo tema la inclusión de la modificación de la Ley de Trata de personas, que deberá debatirse en Diputados. Sin embargo, otros proyectos fueron incluidos en el temario, aunque de menor impacto social y político. Se trata de la designación y promoción de militares, la autorización a salir del país a personal militar y de seguridad y la implementación (por única vez) de un feriado nacional el 31 de enero del año próximo, entre otras iniciativas que se considerarán en el Senado en la sesión del miércoles 19.
Al producirse la última sesión del año en la Cámara alta, el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, había planteado la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria a mediados de diciembre, algo habitual en la agenda parlamentaria. Por entonces ya estaban en agenda varios de los temas que se plasmaron ayer en el Boletín Oficial, vinculados con actividad diplomática y militar. En este caso, se trata de un permiso puntual para que participe la Argentina en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, durante cuatro años a partir de julio de 2012.
El Senado buscará aprobar también el proyecto de ley que establece, por única vez, como feriado nacional el día 31 de enero de 2013, en conmemoración del bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. Esta iniciativa fue aprobada en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y reunió el consenso de la mayoría de las bancadas del cuerpo.
“No somos corporación”
En la cena de la Asociación de Magistrados (una de las organizaciones que integran la Comisión por la Independencia de la Justicia que sacó un documento en defensa de los jueces recusados de la Cámara Civil y Comercial) se pasó un video del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. “No somos una corporación –dijo el magistrado–. Somos un poder del Estado, no defendemos intereses personales, defendemos la libertad de los ciudadanos frente a los poderes económicos y los otros poderes del Estado. Las corporaciones defienden sus intereses propios, nosotros defendemos los intereses de los ciudadanos y eso es parte de las tareas del Poder Judicial, porque así lo manda la Constitución.” Previamente había hablado el presidente de la Asociación, Luis Cabral, quien sucedió en ese cargo al polémico integrante de la Magistratura Ricardo Recondo, cuestionado por digitar los jueces que debían hacerse cargo de la causa del Grupo Clarín.
OPINION
“¿De qué inocencia me hablan?”
Por Eva Giberti
Imagen: Adrián Pérez
Lo preguntó Susana Trimarco con una voz nueva, con un tono distinto del que habitualmente le conocíamos, con un énfasis inequívoco que transmitía la pesadumbre indignada.
Inocente es quien está libre de culpa o pecado. Los que no han cometido delito o falta determinada. Será éste uno de los tropiezos cuando se vuelvan a discutir los términos de la Ley contra la Trata de Personas. Quienes propusimos el proyecto de esta ley, en el año 2006, conocemos muy bien cómo se dividen las opiniones.
Realizábamos las reuniones en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. Era el Ministerio del Interior el que avalaba el proyecto que se le había encargado al Programa de las Víctimas contra las Violencias.
Cuando en febrero de ese año le dije al entonces ministro Aníbal Fernández: “Ministro, hace falta una ley contra la trata de personas”. Me respondió: “Hágala”. Para mí, imposible. Había que reunir especialistas capaces de formalizar los contenidos que yo traía. ¿Cómo los había obtenido?
En años anteriores, y cobijadas por la Librería de las Mujeres, se reunía un grupo de cinco o seis feministas que pretendía analizar y encontrar estrategias para oponerse a la prostitución. Hablando con una de ellas me comentó qué pasaba con la trata de personas, tema que en el año 2004 yo había aprendido a reconocer en terreno, cuando la Conaeti (que se ocupaba del trabajo realizado por niños, mal llamado trabajo infantil) me invitó a dictar un curso en la ciudad de Posadas, donde presencié qué sucedía en el tránsito del puente que nos vincula con la ciudad de Encarnación, en Paraguay. Las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual estaban naturalizadas y solamente alguna heroica ONG enfrentaba el problema, y Claudia Lascano en primera fila.
De modo que del recuerdo de la Ley Palacios –que en 1915, después de tres años de luchas en el Poder Legislativo, consiguió oficializar su ley contra el proxenetismo por primera vez en América latina, encabezando esa lucha– y de la posterior intervención de la diputada Barbagelata –que denunció el tema–, yo disponía de algunos contenidos, insuficientes por cierto. No alcanzaba para avanzar en el tema. Por eso, la inspiración acerca de la ley de trata no fue mía. Se la debo a las compañeras feministas, quienes me aportaron los primeros documentos donde Susana Trimarco, entre otras denuncias, aparecía reclamando por Marita Verón.
Por eso pude decirle al ministro del Interior en aquella reunión, a la cual ingresó el presidente Kirchner, que era imprescindible sancionar una ley de trata.
Durante los encuentros con las personas convocadas no estaban claros los términos del proyecto, y había diferencias sustantivas con las primeras aproximaciones al tema. Paulatinamente se encontraban los acuerdos, pero nos encontrábamos con la carencia de especialistas, si bien en el Congreso ya se habían presentado algunos proyectos, uno de ellos preparado por Eugenio Freixas.
Estas alternativas forman parte de la historia y de la experiencia para imaginar por dónde van a proponerse las próximas discusiones: cómo sancionar al rufián, a los proxenetas en general. En materia punitiva no se podía pasar por encima del Código Penal (hoy en día sabemos que no sólo se puede corregir un código, también se puede escribir otro), y también los derechos y garantías de los proxenetas están avalados constitucionalmente como los de cualquier ciudadano.
Entonces la cuestión era: “Cuidado con victimizar a los rufianes si se los dejaba a merced de las declaraciones de las víctimas, que podían intentar incriminarlos faltando a la verdad”. Para quienes no somos abogados, estos argumentos –que reconocíamos como legalmente válidos porque los defendían quienes habían estudiado Derecho– desbordaban la experiencia y la lógica doméstica. Pensábamos que los proxenetas no correrían riesgo alguno por calumnias procedentes de las víctimas. La sentencia de absolución en la historia de Marita Verón acaba de rubricar la lógica de lo posible: las víctimas mienten, calumnian y los acusados son inocentes. Era algo de lo que se temía cuando discutíamos el proyecto de ley. Acabamos de presenciar que sucedió lo anticipado por algunas de las personas con las que nos reuníamos: hay que proteger los derechos y garantías de los que son injustamente acusados por víctimas que no son creíbles porque son prostitutas. En realidad no era exactamente ése el argumento en aquella época, pero correspondía cuidar los derechos de los acusados.
Por eso escribo recordando esas discusiones, ganadas por quienes sostenían tales principios e incorporando ese criterio a la ley, “estando a derecho”.
Por otro lado, opuesto, exponíamos la lógica de los derechos humanos: la víctima es la víctima, cualquiera sea su edad y su situación inicial ha sido victimizada en situación de esclavitud y, desde allí, sus declaraciones que incriminen a los rufianes pueden considerarse válidas. Pero el tiempo nos corría y era necesario que se legislara de una buena vez acerca de la trata, y los “matices” podrían mejorarse después.
Así sucedió en el año 2011 con la media sanción del Senado. Ahora volveremos a la antigua discusión, cuando Diputados se encuentre con el Código Penal y las limitaciones que imponga en materia de condenas, y con los derechos y garantías de los proxenetas, que no fueron obstáculo durante los años en los que Alfredo Palacios logró, mediante su ley y según lo describen las fuentes históricas, que alrededor de 500 proxenetas y rufianes aposentados en la ciudad de Buenos Aires huyeran a las provincias.
Ahora sabemos que los testimonios de las víctimas –no importa cómo hayan sido obtenidos, en qué situación, a cargo de quiénes los interrogatorios– no constituyen prueba suficiente para que alguien sea reconocido como autor de un delito o responsable. También hemos logrado verificar que hay jueces particularmente sensibles al rigor de las pruebas cuando las testigos son víctimas mujeres que han sido prostituidas por sus vecinos y conocidos.
También vimos y escuchamos que esas víctimas ya han sido marcadas por Susana Trimarco como “sus hijas”, que “están allí”, temiendo por sus vidas y por su seguridad. La voz de Susana Trimarco, que ya no es la misma, no duda en ponerles nombre y apellido a jueces, magistrados, funcionarios, y los denomina sinvergüenzas, descarados y atorrantes; así pronunció la advertencia que resulta de su historia personal: “¡Que no se atrevan a tocarlas!”. Lo sostuvo de cara a la población que la acompañaba, aquel 12 del 12 del 2012.
Porque Susana Trimarco sabe, y somos multitud quienes no lo dudamos, que la inocencia está absuelta, en libertad y protegida por los señores del poder y sus acólitos uniformados y de civil. De esa peligrosa inocencia le hablan a Susana Trimarco, que es la misma que se queda callada cuando le preguntan dónde está y qué le han hecho a Marita Verón.
EL MINISTRO DE SEGURIDAD TUCUMANO RENUNCIO DESPUES DE LAS CRITICAS DE TRIMARCO
Primer ahogado del tsunami de Marita
Menos de un día después de que Susana Trimarco criticara la gestión de Mario López Herrera como ministro de Seguridad tucumano, renunció al cargo. En su reemplazo fue designado Jorge Gassenbauer, quien recibió la aprobación de la madre de Marita Verón.
Por Soledad Vallejos
Desde San Miguel de Tucumán
La madre de Marita acusó a López Herrera de haber dejado sin presupuesto el área de combate a la trata.Imagen: Télam
A menos de 24 horas de que Susana Trimarco criticara su gestión, el ministro de Seguridad tucumano presentó la renuncia. El gobernador José Alperovich la aceptó. Lo que había empezado como rumor a media mañana se confirmó llegando el mediodía: la salida de Mario López Herrera era una realidad. En su lugar fue designado Jorge Gassenbauer, quien ya revistaba en la administración como ministro coordinador. Susana Trimarco, que se había reunido con Gassenbauer por la mañana, ignoraba que se barajaba su nombre para la renovación de la gestión. Al conocer la noticia, celebró el cambio, porque, dijo a este diario, “éste es un hombre operativo”. “No sé si sabrá mucho de seguridad, pero que va a gestionar, hacer que accionen los policías, que trabajen y las cosas se hagan, seguro”, se esperanzó Trimarco por la tarde. Un poco antes, el recién designado Gassenbauer había sido notoriamente más cauto al salir de la Casa de Gobierno, al advertir que en la nueva cartera haría “lo de siempre”. “Nada en especial, simplemente ser cuidadoso en el desarrollo de la gestión”, aclaró. El nuevo ministro de Seguridad es contador público nacional. Antes había fungido como ministro de Desarrollo Productivo e interventor de la Caja Popular de Ahorros. Gassenbauer, además, es un viejo compañero de ruta política y amigo del gobernador Alperovich.
Al mediodía, al salir de la Casa de Gobierno provincial, el gobernador fue escueto, pero confirmó el rumor de la mañana. “Renunció Mario López Herrera como ministro de Seguridad. En ese lugar va Jorge Gassenbauer”, fue cuanto dijo. Luego, el propio recién designado señaló que en la provincia su nuevo cargo “es evidentemente una de las mayores responsabilidades, más en este momento”. Descartó, sin embargo, que la salida de López Herrera fuera una respuesta a las duras críticas que Susana Trimarco había desplegado el día anterior, durante la conferencia de prensa que había brindado en su fundación.
El cambio en el gabinete, dijo, no debía leerse como “un gesto a Trimarco”, sino que “creo que es cuestión del gobierno”. Con la madre de Marita Verón, señaló, “tenemos la mejor relación desde hace años. Yo estuve mucho con ella desde que era secretario de Gobierno. El diálogo con Susana Trimarco es el mejor, pero es el de siempre”.
Sin embargo, Gassenbauer no dejó de reconocer que al reacomodo en el Poder Ejecutivo subyace la coyuntura desplegada por el fallo en el juicio por Marita Verón, que “creo que esto ha sido una cosa que conmocionó mucho”. Por lo demás, señaló, “entendemos que había un pedido de la población del tema de seguridad; el gobierno intenta dar un fuerte cambio a esto”.
Gassenbauer también advirtió que, al menos durante dos semanas, no haría anuncios. El gobernador Alperovich, explicó, le pidió “que considere, que mire al ministerio. Después charlaremos en base a la evaluación mía. De aquí a quince días nos vamos a encontrar” para hablar sobre el balance. En esa evaluación, “vamos a ver qué es lo que vienen realizando” los policías.
Por la tarde, Trimarco explicaba a este diario que López Herrera llevaba en la gestión “seis años y ya basta”, pero que “no esperaba eso”, en relación con la renuncia. “Esperaba que corrijan las cosas o que cambien algo.” El ahora ex ministro “minimiza todo, dice que no hay nada de inseguridad” y “no puede decir eso porque está traicionando al gobernador, le está diciendo que está todo bien y no está todo bien”.
La falta de presupuesto para el área de lucha contra la trata, explicó, es una de las deudas pendientes de la cartera. A López Herrera “vos le pedías el automóvil para la División de Trata de Personas y tiene una camioneta atada con alambre” por falta de recursos. “¿Cómo él siempre dice ‘no tengo plata’? ¿Y para qué existe el ministerio? Si yo no estoy pidiendo plata para lujo, sino que son las cosas que necesitan los policías para trabajar, para el día a día de la gente. La gente necesita diligencia, acompañamiento y respuesta. Solución.”
Trimarco también responsabilizó a López Herrera por la no aplicación de la Ley de Prostíbulos Cero, sancionada en agosto en la Legislatura provincial y que entró en vigencia hace meses. “Salió la ley. Se ha trabajado, se han armado equipos. Yo soy integrante de una comisión fiscalizadora. ¿Y qué están haciendo? Nada. ¿Qué estoy fiscalizando yo? Nada. ¿Sabés qué es lo único que estoy fiscalizando? Que paso por todos lados y están los prostíbulos abiertos matándose de risa. ¿Y quién queda mal? El gobernador. ¿Y sabés qué dicen del gobernador? Dicen que para hacer política y para conformarme a mí ha sacado el proyecto.”
–¿Quién dice?
–La gente me dice. La gente por la calle.
–¿Qué falta para que esa ley se aplique bien?
–Que accionen. Que hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo que falta.
Trimarco, con más críticas
“Habíamos depositado nuestra confianza en el Tribunal, pero ellos se han dejado llevar por el dinero”, denunció Susana Trimarco, madre de María de los Angeles Verón, respecto de los jueces del Tribunal de la Sala II de la Cámara en lo Penal tucumana integrada por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
Los rechazos continuaron ayer a la sentencia que determinó la absolución de los trece imputados en la causa por la desaparición de su hija hace más de diez años. Y ella mantuvo sus críticas: “Caminé por la ruta, me metí en los prostíbulos, me disfracé de prostituta”, pero “eso no alcanzó para los jueces”, lamentó durante una entrevista. Y contó una de las formas en las que suelen operar las redes de trata, lo que descubrió tras haberse infiltrado en ellas: “Obligaban a las chicas a robar las tarjetas de crédito de los señores poderosos que iban a los prostíbulos para usarlas y comprar electrodomésticos”.
También se refirió a la situación de una de las chicas víctima de trata de personas que declaró durante el juicio, como una prueba de los vínculos entre la Justicia y la prostitución: “Andrea, una de las chicas rescatadas, no quería declarar cuando el ex juez Daniel Moreno estaba de turno en La Rioja, porque él había pagado para estar con ella”.
“Todo el pueblo de Tucumán había depositado su confianza en estos atorrantes que se visten de jueces y ahora la Justicia va a tener que pensar muy bien qué hacer con ellos, porque todos los tucumanos estamos mirando”, advirtió.
El apoyo de Ada Morales
Ada Rizzardo de Morales, madre de María Soledad, asesinada en 1991, consideró que Susana Trimarco, madre de Marita Verón, “se quedó con las manos vacías”, tras el fallo de la Cámara de Tucumán que absolvió a los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón.
“Susana Trimarco se quedó sin nada de justicia”, opinó Ada Rizzardo al ser consultada sobre la absolución de los trece sospechosos de secuestrar y hacer desaparecer a Marita Verón. Al cuestionar el accionar de la Justicia de Tucumán y realizar un paralelismo con el caso de su hija María Soledad Morales, Ada Morales calificó de “lamentable y vergonzosa” la decisión de los jueces de absolver a todos los acusados.
“Ojalá que reviertan todo esto, no se puede vivir en un país sin justicia”, dijo la madre de Soledad al confesar que siguió de cerca el caso de Marita porque le hizo acordar a su lucha de hace 22 años. En declaraciones a la prensa, aseguró que en el año 2002 Susana Trimarco visitó la provincia de Catamarca porque le habían pasado el dato de que habían visto a Marita en la localidad de La Viña y que había pedido auxilio, pero cuando llegó era tarde, ya que alguien aparentemente les había advertido y la trasladaron a La Rioja.
Consultada acerca de la decisión de los jueces de absolver a los sospechosos al señalar que no hubo pruebas contundentes, Ada dijo que le hizo acordar al caso de su hija, porque “ellos (los jueces) culpan a los que realizaron las primeras actuaciones de la investigación y después salen a decir que las pruebas no son suficientes o no hay certezas, cuando ésos son los que encubren y desvían las actuaciones”.
Morales pidió justicia para Marita y brindó “todo el apoyo a Susana”, quien vino a visitarla varias veces y con quien mantiene permanentes contactos por teléfono y anticipó que está pensando “viajar a Tucumán para visitarla”.
EL PRESIDENTE DE LA CORTE TUCUMANA SOSTUVO QUE NO HABIA MOTIVO PARA UNA INTERVENCION
“El Poder Judicial de Tucumán funciona”
Antonio Estofan dijo que se debe “respetar la decisión” de los jueces en el juicio por Marita Verón. Consideró que la causa llegará “seguramente a la Corte”, y dijo que nada de lo sucedido en el juicio justifica la intervención del Poder Judicial tucumano.
Por Soledad Vallejos
Desde San Miguel de Tucumán
Estofan dijo que sabían que el fallo iba a provocar escándalo.Imagen: DyN
El presidente de la Corte Suprema provincial advirtió que “hay que respetar una decisión que ellos sabían que iba a provocar escándalo público”. Antonio Estofan se refería al fallo absolutorio de los trece imputados por parte de los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Aunque también señaló que a esa resolución “la respeto, pero no sé si la comparto”, porque aún nadie conoce los fundamentos que subyacen, agregó que de todos modos esa sentencia podía cambiar porque “seguramente llegará a la Corte” provincial en la sucesión de apelaciones. Nada de todo ello, por lo demás, puede sustentar un pedido de intervención del Poder Judicial provincial, agregó. “No hay motivos para eso. La Justicia tucumana funciona bien. Que haya una sentencia como la que se está cuestionando no es suficiente.” Estofan no hizo referencia a las declaraciones periodísticas de Piedrabuena, quien el día anterior había arriesgado que el caso Marita Verón “seguramente quedará impune”.
“Es una barbaridad decir que la voz de una víctima de trata, de una chica que estuvo secuestrada en una red de trata de personas, no es válido como prueba. En estos casos, muchas veces es lo único con que se cuenta”, planteó a este diario la directora de la Fundación María de los Angeles, Andrea Romero Redón. “Es una vergüenza haber escuchado no solamente la sentencia de absolución de los trece imputados sino que, además, fue por unanimidad” tras un juicio en el que las víctimas rescatadas que declararon fueron revictimizadas. “Esperemos que no sea así como dijo el juez, que no quede impune.”
La idea de demandar intervención al Poder Judicial de Tucumán, adelantada el día anterior por el abogado José D’Antona, durante la conferencia de prensa que había brindado Susana Trimarco, no tiene asidero de acuerdo con el juez Estofan. “No hay motivos” para pedirlo. ¿Cuáles sí podrían serlo?, quiso saber este diario. “Tiene que haber una crisis grave. Hoy no la hay. El Poder Judicial está trabajando, todos los tribunales están trabajando”.
Para el juez de la Corte Estofan, las respuestas al fallo en el juicio por Marita Verón tuvieron un impacto “exagerado” aunque también “previsible”. “Estoy impactado como juez por la reacción. Es un caso de características especiales, pero es un tema que hay que tratar con responsabilidad, con delicadeza.” Si bien durante la mañana había aventurado que “no va a quedar esa sentencia”, pasado al mediodía explicó a este diario y otros medios que hacía mención a la sucesión de tramitaciones que todavía puede tener por delante la causa.
“Es una sentencia de primera instancia, porque es pasible de ser recurrida” a punto tal que posiblemente llegue a la Corte Suprema provincial. Recién entonces, explicó, le tocará leer los fundamentos de la sentencia, que se darán a conocer el martes próximo y que, de acuerdo con trascendidos judiciales, ronda al menos las 500 páginas.
Mientras la actividad en los tribunales decrecía, desde una sala de reuniones con vista a la plaza Irigoyen, el juez Estofan recordó que el día anterior se había encontrado con los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano. “Yo estaba visitando las oficinas del fuero penal y los saludé. Vi que estaban tranquilos. Sobre el tema no hemos conversado”.
Mientras en la Fundación María de los Angeles los abogados trabajan en las preliminares del pedido de jury que harán para los integrantes de la Sala II de la Cámara en lo Penal, Romero Rendón calificó como “impresionante” la “revictimización a la que sometieron a las chicas que declararon en el juicio”.
“Sólo en un caso los jueces ubicaron a los imputados en la parte de atrás de la sala, porque una de ellas declaraba asistida con psiquiatra. Todas las demás tuvieron que declarar mirando a los imputados, a las personas que las habían tenido sometidas. Es muy fuerte eso, y además soportar chicanas de los abogados defensores. Todo para llegar a esta absolución. Es indignante desde todo punto de vista.”
DOS DE LOS BENEFICIADOS POR EL FALLO CRITICARON A TRIMARCO
Los absueltos, al ataque
José “Chenga” Gómez.
Dos de los trece absueltos en la causa por el secuestro y la promoción de prostitución de María de los Angeles Verón hablaron ante la prensa y criticaron a Susana Trimarco, mamá de la joven desaparecida. José “Chenga” Gómez anunció que iniciará acciones legales contra ella y que intentará “revertir la condena social y política” en su contra. “Nunca conocimos a Marita ni supimos de su existencia hasta que el caso llegó a los medios. Sabíamos que luchábamos contra un aparato muy grande y eran evidentes las presiones políticas antes de la sentencia”, se victimizó. Por su parte, María Jesús Rivero deshechó la hipótesis de la muerte de la joven que en la actualidad, si vive, tendría 34 años: “Me aferro a la idea de que Marita va a regresar a su casa, que debe estar bien y debe encontrarse nuevamente con su hija”.
Gómez llegó a juicio oral acusado de someter a la prostitución a Verón, junto a su hermano Gonzalo y la madre de ambos, Irma Medina. Durante el desarrollo del juicio reconoció ser dueña de “whiskerías” en La Rioja. Dos días después de conocida la sentencia, en una entrevista con un programa radiofónico de La Rioja, Chenga sostuvo que Trimarco “vendió a la sociedad una imagen” de su familia que “nada tiene que ver con la realidad” y por eso ahora quiere revertir “la condena social y política” que pesa sobre ellos.
“Todavía no entiendo cómo estuve metido en todo esto. Creo que (el martes) Dios estuvo presente y la justicia se hizo”.
Desde el momento en que se conoció el fallo hubo repudios, transformados en movilizaciones en todo el país. Los reclamos más fuertes fueron contra el tribunal tucumano y el Poder Judicial en general. Incluso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo “no esperar ese fallo” y sentenció que es necesario “democratizar” el sistema jurídico y que el Congreso Nacional revea la ley de trata de personas.
Pese a esa condena, Chenga Gómez avisó que su abogado Jorge Cáceres “va a manejar las acciones legales contra Susana Trimarco para que las cosas no queden así”.
Rivero, por su parte, sostuvo que los abogados de Trimarco “no aportaron las pruebas” y además se preguntó: “¿Cuál habría sido mi necesidad de secuestrar a nadie?”. En tanto, al ser consultada sobre el paradero de Marita, dijo simplemente que “se fue” de su casa. Y se animó a vaticinar que “va a haber algo que nos lleve a Marita Verón”.
“El año próximo hay otra causa de búsqueda de paradero y hay una firme pista de que está en España, según dijo su abogado (Carlos) Garmendia”, agregó la mujer. Esa hipótesis fue manejada y es una de las líneas de investigación que persiguen los abogados de la fundación que preside Trimarco. “Es mi convicción como mamá que Marita está viva y me aferro a la idea de que debe estar bien”, agregó Rivero.
RECLAMO DE MERETRICES
“No nos escuchan”
Por Pedro Lipcovich
“No nos escuchan, porque somos putas, como no escucharon a las testigos en el juicio por Marita Verón, ni a las testigos por el asesinato de nuestra compañera Sandra Cabrera en 2004”: así lo sostienen dirigentes de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar, integrante de la CTA), que pidió “juicio y castigo a los responsables, cómplices y encubridores de la desaparición de Marita Verón”. A principios de este año, la Ammar solicitó a los ministerios de Seguridad y de Justicia constituir una mesa de trabajo “donde poder decir ciertas cosas que vemos y sabemos” y que involucrarían a “jueces, los fiscales, los policías, los integrantes del poder político que sostienen la trata”. Las dirigentes insistieron en “la diferencia entre la explotación del trabajo sexual y la trata de personas” y sostuvieron que “la ley de trata que quieren aprobar sin consultarnos apunta a descargar la represión sobre nosotras y mantener la impunidad”.
Ammar sostiene que “el fallo en el juicio por Marita Verón es una muestra de la corrupción en el Poder Judicial y en los funcionarios cómplices de la trata. Nuestra compañera Sandra Cabrera fue asesinada en 2004 por denunciar la explotación de menores en Rosario, y está comprobada la connivencia entre miembros de policías provinciales, federales, funcionarios políticos y jueces”.
El crimen de Sandra Cabrera, el 27 de enero de 2004, permanece impune.
Elena Reynaga, fundadora de Ammar, dialogó con Página/12 desde Colombia, donde participó en la firma de acuerdos entre el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. La dirigente recordó que “desde principios de este año pedimos ser escuchadas en los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, pero no nos reciben: proponemos crear una mesa de trabajo, un espacio confiable donde poder decir cosas que vemos y sabemos, pero que realmente se tomen acciones contra las personas que vamos a denunciar por su relación con la trata. Pero, ¿quién nos va a creer a nosotras? Estamos desconcertadas y desilusionadas, porque apostamos al proyecto que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero el Gobierno tiene oídos sordos para nosotras”.
“¿Acaso no saben que a las chicas dominicanas las hacen entrar por Chile en ómnibus, al sur del país, a lugares donde les retienen los pasaportes y viven toda la vida secuestradas?”, preguntó Reynaga, y destacó “la diferencia entre la explotación del trabajo sexual y la trata de personas: la explotación se produce cuando a las compañeras que trabajan en prostíbulos les sacan hasta el 60 por ciento de lo que ganan; pero no están secuestradas, van y vuelven de su casa. Distinto es el caso de las compañeras secuestradas, que no ven más la luz del día. Las dominicanas y las paraguayas son las poblaciones que más sufren trata en la Argentina.”
Georgina Orellano, de la Comisión Directiva de la Ammar, sostuvo que “el nuevo proyecto de ley de trata nos considera a todas como ‘víctimas’, es decir, en realidad, nos criminalizan en allanamientos donde a las compañeras les roban dinero, celulares, las hostigan para hacerles decir que son ‘víctimas de trata’, para proteger a los verdaderos tratantes. Esos allanamientos no afectan a los tratantes, ni tampoco a los explotadores, que tienen poder económico para seguir pagando coimas a policías y funcionarios. Las primeras ‘allanadas’ son las mujeres que trabajan en cooperativa: las que habían logrado desprenderse del proxeneta”.
REPUDIO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS POR EL CASO MARITA VERON
“Han brindado impunidad”
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos, Familiares, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y La Liga por los Derechos del Hombre cuestionaron a los jueces de la Cámara Penal de Tucumán y reclamaron que se les inicie un juicio político.
Por Ailín Bullentini
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó el documento.Imagen: Bernardino Avila.
El documento firmado por esos colectivos, al que acompañaron con su firma los diputados por el Frente para la Victoria Horacio Pietragalla y Eduardo de Pedro, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro y Ctera –y también respaldaron con presencia su lectura– plantea la “consternación” de los organismos por el fallo que se conoció el lunes en Tucumán por el secuestro de Marita Verón. Sentados uno al lado del otro a una mesa rectangular ubicada en la sala más amplia de la sede central de Abuelas, representantes de los organismos oyeron con consternación en sus rostros la lectura del texto que llevó a cabo la presidenta de esa asociación, Estela de Carlotto.
“Una vez más la Justicia demuestra que mantiene prácticas heredadas de la dictadura al actuar en connivencia con la policía corrupta y los poderosos que aún viven como señores feudales en algunas provincias argentinas”, remarcó tajante Carlotto en su lectura. Más tarde, utilizará una anécdota de sus días de caminante de oficinas judiciales en busca de su hija Laura y su nieto Guido –una muerta, otro de identidad aún no recuperada– para graficar la “soberbia” de los jueces que “se creen intocables y dueños de la verdad”: “Una vez un juez me dijo que no podía hacer nada para encontrar a mi nieto. Yo le contesté que lo que tenía que hacer era otra cosa y se puso verde de la furia al escucharme a mí sugerirle cómo debía actuar. A veces hay que bajarles esa soberbia, esa cosa de que son intocables y dueños de la verdad que tienen”, rememoró Carlotto.
En suma, a las críticas que el fallo de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán cosechó desde que se conoció hasta ayer, los organismos consideraron que se trata de una demostración clara de la complicidad de jueces, efectivos policiales y miembros de la política que necesitan las redes de trata para seguir funcionando. “La trata de personas, cuando están involucradas las fuerzas de seguridad y el poder político es otra forma de desaparición forzada –mencionaron los organismos en el texto al que adscribieron unánimemente–. El juicio por Marita Verón era un emblema de la lucha contra ese delito y la Justicia de Tucumán con este fallo ha dicho a la sociedad que avala y promueve este delito.”
En ese sentido se expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien advirtió que “no puede ser que la Justicia esté tan divorciada de la sociedad”, en referencia a la decisión de los jueces de la Cámara Penal tucumana, quienes, según consideró, “no asumen que son parte del Estado argentino y parece que fueran de otro país, de otra realidad”. Por eso, concluyó: “Si la Justicia no se acerca a la sociedad, la sociedad deberá acercarse a la Justicia”. Por último, el funcionario nacional apeló a “todos los argentinos”: “Si no nos comprometemos desde el lugar que nos compete con esta lucha difícilmente podrán ser desarticuladas estas redes de trata. Esta es una realidad que deberían comprender los jueces y también los hombres que son clientes de prostíbulos”, espetó.
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora tomaron el guante del compromiso, como siempre lo hicieron; esta vez en la voz de su vicepresidenta y fundadora Haydeé Gastelú: “Nosotras siempre tomamos la Justicia como un valor supremo. Hoy seguimos creyendo en ella y seguiremos luchando para que deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. No vamos a bajar los brazos”, sentenció la mujer de pañuelo blanco. A su lado, Laura Conte expresó en representación del CELS el “dolor inmenso por este final”, en referencia a la absolución de los acusados por el secuestro de la hija de Susana Trimarco. “Sabemos que hay actitudes corporativas y corporaciones dentro de la Justicia que permiten connivencias con el delito, pero además, en relación con las víctimas, a las Maritas, ¿por qué no hay una perspectiva de género en la Justicia que las proteja? Hay que poner un límite. Este comunicado es nuestra manera de poner un límite”, concluyó.
El reclamo de Hebe
Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, exigió al gobernador de Tucumán, José Alperovich, que “ponga las bolas y cierre los prostíbulos”. Lo hizo mediante la cuenta de Madres en la red social Twitter, donde, además, sostuvo que, en el fallo por el caso Marita Verón, “los tres jueces se perdonaron a sí mismos porque son clientes de los prostíbulos”.
Fuente:Rosario12
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