Tironeos para que la Corte no pase desapercibida
Los jueces del máximo tribunal desestimaron un pedido de Clarín para que no se traten los recursos de la Casa Rosada. Cuatro integrantes del máximo tribunal hicieron trascender que ya comenzaron a analizar los escritos y que definirán la semana próxima.
Por Irina Hauser
Los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti quienes, junto con Juan Carlos Maqueda, se reunieron ayer.Imagen: Dafne Gentinetta
El Grupo Clarín se jugó a hacer naufragar de entrada un pedido del Gobierno ante la Corte Suprema para que anule por “per saltum” la extensión de la medida cautelar que le concedió la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y que lo mantiene exceptuado de la obligación de ceder licencias según los límites de la ley de medios. Apenas un rato después de que la Jefatura de Gabinete y la Afsca llevaran a primera hora sus reclamos al alto tribunal, la empresa se presentó pidiendo que lo rechace “in limine”. Lo que los jueces supremos desestimaron de plano fue precisamente la presentación de Clarín, que consideraron “manifiestamente inadmisible”. Cuatro integrantes de la Corte hicieron trascender que comenzaron a analizar ayer mismo los recursos de la Casa Rosada, los que podrían darle respuesta la semana próxima.El punto más alto de la pelea en el caso Clarín llegó el jueves, cuando los integrantes de la Cámara en lo Civil y Comercial rechazaron las recusaciones contra ellos mismos que había presentado el Gobierno. A partir de esa decisión, los dos jueces de la Sala I –que interviene en la causa de la ley de medios– quedaron habilitados para resolver el pedido de ampliación de la medida cautelar que reclamaba el grupo. Así, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras (investigado penalmente por presuntas dádivas de Clarín) decidieron, finalmente, extender la medida a favor del multimedios más allá del 7 de diciembre, la fecha de caducidad que había establecido la Corte. Ahora durará, dijeron los camaristas, hasta que haya “sentencia definitiva”, una expresión difusa que no aclara si se refiere al momento en que haya una resolución sobre la constitucionalidad de la ley, que estaría no muy lejos de dictar el juez Horacio Alfonso, o si alude a la sentencia firme, la del último tribunal en la cadena, que ya no se puede apelar.
La continuidad de la cautelar le impide a la Afsca actuar de oficio sobre las licencias del Grupo Clarín. El Gobierno apuesta a una estrategia judicial que la haga caer lo antes posible, y que ponga a la Corte en situación de definirse.
Por lo pronto, hubo dos presentaciones distintas, que buscan el mismo efecto de invalidar la medida cautelar (que a esta altura lleva tres años de vigencia) salteando etapas procesales que pueden llevar semanas o meses.
La Afsca le pidió al máximo tribunal que se “avoque”, es decir, que se reúna urgente invocando facultades de superintendencia sobre la Cámara, que es un tribunal inferior, y revise lo que hizo con las recusaciones. Es algo sumamente atípico que un juez decida sobre la recusación presentada en su contra: es evidente que si está confrontado con una de las partes en litigio tiene que convocar para que decida un tercero imparcial, que en este caso hubieran sido camaristas del fuero Contencioso Administrativo. Es parte del “abecé” del Derecho, pero esta Cámara hizo caso omiso para quedar en condiciones de fallar enseguida sobre el pedido de Clarín.
La Jefatura de Gabinete llevó otro planteo, con el formato de un per saltum, que no operaría para saltear una instancia sino para evitar todos los pasos procesales de varias semanas que exigirían un recurso extraordinario común y corriente o uno de queja. Es un pedido para que la Corte suspenda lo que resolvió la Cámara en lo Civil y Comercial y anule la extensión de la medida cautelar. El principal argumento es que la decisión de la Cámara contradijo al fallo que el alto tribunal dictó el 22 de mayo último, donde decía que las cautelares deben durar un plazo razonable que no llegue a igualar sus efectos al de una sentencia definitiva, y ponía el 7D como fecha límite para la de Clarín. Los camaristas argumentaron que las circunstancias habían cambiado porque la propia Corte emplazó días atrás al juez de primera instancia a resolver el debate constitucional de fondo, lo que debería producirse en el transcurso de los cuarenta días posteriores a que la causa queda lista para el dictado de la sentencia.
Sin darle tiempo a la Corte a que se pusiera a analizar de lleno el per saltum, Clarín se presentó ayer inmediatamente después del Gobierno pidiéndoles a los jueces supremos que lo rechacen “in limine”. En el Palacio de Tribunales ayer estaban el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi. El cuarteto se reunió a la mañana. La desestimación del planteo se la encomendaron al secretario Cristian Abritta, que mandó a “reintegrar” el escrito a los abogados del multimedio, como quien sugiere que deberían presentarlo más adelante si la Corte avanzara en algo. Sus Señorías, ayer, intentaron avanzar en analizar qué harán con el recurso “por salto de instancia”. La ley que lo reglamentó, publicada esta semana, prevé su utilización en casos de “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria” y cuando el cuestionamiento esté dirigido hacia “sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a títulos de medidas cautelares”.
Como primer paso la Corte tiene que analizar si el recurso es admisible. La Corte puede rechazarlo sin más, si evalúa que no cumple los requisitos. Pero si lo admite “tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”. Este sería un camino para conseguir una rápida suspensión de la cautelar. En el Gobierno las expectativas en conseguir fallo supremo favorable son moderadas. Dos de los ministros que se reunieron ayer, Lorenzetti y Maqueda tuvieron mucho que ver con la redacción del documento de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial –que presiden Highton de Nolasco y Carmen Argibay– y buena parte de las entidades de la corporación de jueces del país, que advertía sobre “mecanismos directos e indirectos de presión sobre los jueces” que asociaba con el Poder Ejecutivo por sus denuncias contra algunos camaristas, aunque ni mencionaba los lobbies y corporaciones económicas. Además, pedía un espacio para el Poder Judicial en los medios (paradójicamente esto último requeriría la plena vigencia de la ley de medios, sin cautelares).
Los rumores en el detrás de escena cortesano dicen que los ministros de la Corte están divididos en relación con la cautelar. También es evidente que no todos comulgan con el discurso sobre las “presiones”. Raúl Zaffaroni recordó la semana pasada que Argentina no es un país donde se echen jueces de manera inescrupulosa y arbitraria. “Los jueces tienen la garantía de estabilidad”, dijo. Ayer, en el tribunal, más de uno de sus compañeros se esmeró por destacar que estaba en Colombia, aunque el lunes ya estará de regreso.
Los jueces de la Corte, que hace unos días llamaron a acelerar el paso en el caso Clarín, intentaron mostrarse activos y avisaron que volverán a reunirse el lunes, con la intención de resolver pronto.
LA APLICACION DE LA LEY
Sólo falta uno
Por Sebastian Abrevaya
Imagen: Jorge Larrosa
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, sostuvo ayer que a pesar de la prórroga de la medida cautelar otorgada al Grupo Clarín por la Cámara Civil y Comercial, se está avanzando en aplicación de la ley de medios. “Hoy, 7D, se dieron pasos muy importantes en la implementación de la ley. Por un lado, el cumplimiento por parte de casi la totalidad de los grupos y, por otro, la puesta en marcha del primer canal mapuche en Bariloche”, aseguró el titular del organismo, que deberá resolver si prorroga la aplicación de la ley para el resto de los grupos de medios.
Ayer el directorio de la Afsca retomó el cuarto intermedio de anteayer y evaluaba, entre otras cosas, dictar una nueva resolución como la de julio de este año, en la que se buscó igualar los plazos de aplicación de la ley para todos los actores. “Sólo medio grupo no presentó el plan de adecuación. Porque todos menos Clarín entienden que la ley es la ley y hay que cumplirla; y a pesar de la resolución vergonzosa de la Cámara, presentaron su plan antes de que termine el 7D.”
Esta semana se sumaron las propuestas de adecuación de Cadena 3, DirecTV, Grupo Prisa, Telefe y Red Intercable, completando más de 20 grupos que estaban en infracción con la LSdCA. Las propuestas serán analizadas por el organismo y, en el caso de que existan observaciones, los grupos tendrán diez días para realizar las correcciones. Luego serán tratadas en el directorio de la Afsca.
En el kirchnerismo había posiciones divergentes respecto de la estrategia a seguir con el resto de los grupos. Legisladores de primera línea consideraban que se debía comenzar el proceso de adecuación para el resto de los grupos de medios y que eso se transformaría en una herramienta para acelerar los tiempos judiciales. Ya no sería sólo el gobierno nacional, sino los propios grupos involucrados los que planteen la desigualdad de trato respecto del Grupo Clarín.
En la resolución 901, la Afsca explicó que “de haberse avanzado respecto de los licenciatarios no protegidos por la cautelar vigente se hubiera generado una evidente desigualdad entre los mismos así como incrementado la concentración a favor de pocos con el consecuente agravamiento de la problemática en el sector, en violación a la letra y al espíritu de la ley”. Por ello implementó el 7D como día de adecuación de todos los grupos, “de modo justo y equitativo”.
Respecto de la decisión de la Cámara Civil y Comercial, Sabbatella ratificó que el organismo se presentó ante la Corte “pidiendo que intervenga y declare la nulidad del fallo vergonzoso de la Cámara”, mientras que, simultáneamente, el Estado nacional realizó otra presentación para que sea dirimida la cuestión de fondo.
EL VICEPRESIDENTE, MINISTROS, GOBERNADORES Y LEGISLADORES CRITICARON LA DECISION DE LA CAMARA
Con todos los adjetivos contra el fallo
“Bochornosa”, “desfachatada”, “una ofensa a la inteligencia” y “un cachetazo para toda la Justicia”, fueron las calificaciones que cosechó en el kirchnerismo el fallo que prorrogó el plazo pedido por Clarín para aplicar la ley de medios.
El oficialismo salió en bloque a criticar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la medida cautelar con que el Grupo Clarín frena desde hace más de tres años la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, contradiciendo la decisión de la Corte Suprema que había fijado su vencimiento para el 7 de diciembre. Ministros, gobernadores y legisladores señalaron a los cuestionados camaristas como “el brazo jurídico de un grupo ilegal” y no dudaron en calificar la resolución judicial como “bochornosa”, “desfachatada”, “una ofensa a la inteligencia” y “un cachetazo para toda la Justicia” con un “fallo a medida” del multimedios y “a favor de los poderosos”. Aunque la mayoría se mostró optimista en que finalmente la Justicia convalidará “la voluntad popular” de una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
No fueron pocos los ministros que salieron ayer al ruedo a expresar su opinión sobre el fallo judicial. “Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, sostuvo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. “El pueblo, sus representantes, los sindicatos, las organizaciones sociales y las empresas de medios han demostrado el apoyo y el cumplimiento de la ley. Sólo se oponen (Héctor) Magnetto y algunos integrantes de la Justicia asociados a Clarín y a los sectores más conservadores del país”, agregó el ministro antes de afirmar que “la Cámara choca de frente con el 7 de diciembre, fecha que la Corte dispuso como el día que debía concluir la cautelar” y cargar contra el camarista (....) De las Carreras: “El fallo de ayer fue firmado por un juez que está siendo investigado por recibir dádivas por parte de Clarín; ¿en qué cabeza cabe que un juez puede ser imparcial después de haber participado de un foro anti ley de medios financiado por Clarín?”, sentenció.
Para el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el fallo fue “un cachetazo para toda la Justicia argentina”. “Acá no está en juego la libertad de prensa. La cuestión de fondo es saber si hay una Justicia dispuesta a respetar las decisiones de las instituciones de la democracia o a someterse a los intereses de grupos monopólicos, como en este caso es el Grupo Clarín”, sentenció Randazzo. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, remarcó que “no hay un pequeño traspié que nos haga olvidar el destino sobre el cual vamos a seguir” y aseguró que “somos millones de argentinos los que vamos a seguir peleando para que se cumpla la ley”.
“El sistema democrático no permitirá que pasen por encima de la ley para defender a los poderosos”, sentenció el vicepresidente Amado Boudou y afirmó que hay “un sector de la Justicia que sigue apostando por una Argentina de privilegios donde la democracia es sólo un valor formal”. “Ya en otras oportunidades nos tocó enfrentarnos con los más poderosos, como pasó con el FMI, con los fondos buitre y como ya pasó con Clarín cuando defendía a las AFJP porque eran sus anunciantes”, recordó Boudou y sostuvo que la aplicación de la ley es “inexorable”.
El fallo de los camaristas también fue replicado desde el Parlamento, donde la ley de SCA fue aprobada hace tres años. “Tengo la certeza de que con las medidas cautelares hay una vulneración al principio de la soberanía del pueblo y las incumbencias constitucionales del Congreso de la Nación, que ha actuado en consonancia con esos valores que hacen a la supremacía de la Constitución Nacional”, dijo el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, al tiempo que manifestó su confianza en que finalmente la Justicia “va a dictaminar interpelando la voluntad mayoritaria del legislador, que es la democratización de los medios en la Argentina”.
“Si uno lo mira sin un dejo de crítica, siendo indulgente, puede decir que el fallo de la Cámara es audaz, porque no le da importancia al fallo de la Corte, lo contradice”, dijo el jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, quien también sostuvo que la Cámara “le habla más a la Corte que a la parte actora” y opinó que “la Corte va a ratificar” su decisión de establecer el 7 de diciembre como fecha en que “se caen todas las cautelares”. Para el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, “los magistrados rechazaron la recusación que les fue interpuesta –que cuestionaba sin más su manifiesta complacencia con el Grupo Clarín– teniendo en miras un claro objetivo a cuyo fin luego esbozaron argumentos completamente ilegítimos” y calificó el fallo como una “desfachatez”.
“Es una vergüenza que se haya extendido la medida cautelar, contradiciendo la voluntad del pueblo que se expresó a través de esta ley de medios, y a la misma Corte Suprema. Se trata de un hecho extremadamente grave y que demuestra la fragilidad de un sector, por suerte ínfimo, de la Justicia. La extensión de la cautelar es un verdadero insulto a la inteligencia y una agresión a todo el pueblo argentino”, expresó la presidenta provisional del Senado, raquel Rojkés de Alperovich.
Para el jefe de la bancada de senadores K, Miguel Angel Pichetto, “la Cámara Civil y Comercial se excedió y contradijo a la Corte Suprema de Justicia”. “Los camaristas mostraron su manifiesta parcialidad favorable a la empresa solicitante que es el Grupo Clarín”, dijo el senador y sostuvo en relación con los jueces que “es una falacia decir que la norma está en vigencia a excepción de algunos artículos, porque éstos son precisamente centrales y estructurales ya que constituyen un punto neurálgico de la ley, en la medida en que regulan la desinversión para limitar la posición dominante o cuasi monopólicas de las empresa de medios”.
“El resultado ahora: se estiró la medida cautelar, que ya lleva tres años. Es un bochorno”, consideró el senador Aníbal Fernández, quien también criticó la postura corporativa de los magistrados: “Aparecen jueces citando a otros en defensa de la corporación, defendiendo este bochorno, incluidos dos ministros de la Corte que hacen una defensa corporativa. Me daría mucha verguenza hacer una defensa corporativa”.
Varios gobernadores también hicieron oír su voz. “Hay toda una sociedad que observa la evidente parcialidad de esos jueces que decidieron prorrogar la medida cautelar con los intereses del Grupo Clarín”, advirtió el gobernador entrerriano Sergio Urribarri y consideró que “ante esta situación no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a quienes pretenden manipular la voluntad popular y condicionar a las instituciones”. Su par rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su “absoluto repudio” a la resolución de los camaristas “para beneficiar al Grupo Clarín” y afirmó que “a pesar de que muchos sectores quieran instalar en la sociedad, desde una visión apocalíptica, que esta ley significa el final de la prensa libre, queremos que sepan que ésta es la ley de la democracia, que viene a suplantar la impuesta autoritariamente por la última dictadura militar”. Para el gobernador misionero Maurice Closs, el fallo fue “a medida” del multimedios y consideró que “es imperioso que la Corte tome el caso a la brevedad y termine con los recursos dilatorios de las corporaciones que siempre buscan la manera de burlar el espíritu de la ley”.
Fernández, Randazzo, Abal Medina, Boudou, Recalde, Rossi, Domínguez y Urribarri.
Fuente:Pagina12
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