MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE DE 2012Gobierno reconoce sentencia de Corte Interamericana, en caso “El Mozote”Por Zoraya Urbina (COLATINO)
El gobierno de El Salvador reconoce sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “El Mozote y lugares aledaños”.
El Gobierno de El Salvador reconoció la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “El Mozote y lugares aledaños”, que condena y responsabiliza al Estado por el múltiple crimen.
La Corte indica que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada; violación al derecho a la libertad; la violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras violaciones.
Mediante un comunicado de la Cancillería salvadoreña, el Gobierno expresa que: “en coherencia con la posición mantenida por la actual administración en lo concerniente al deber del Estado salvadoreño en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte, reconoce dicha Sentencia, así como la responsabilidad estatal en este caso, tal como fue expresado el pasado 16 de enero por el Presidente de la República, Mauricio Funes”.
En esa fecha, el mandatario se trasladó al lugar y reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de alrededor de mil personas, entre el 11 y13 de diciembre de 1981, en el caserío el Mozote, cantón La Joya, caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, del Departamento de Morazán, lugares señalados en el informe de la Corte.
Previamente, ningún gobierno quiso reconocer, ni aceptar los hechos, mientras los familiares de las víctimas, de este y otros hechos similares, clamaban justicia. “El Estado salvadoreño, a partir de este Gobierno, ha reconocido como verdaderos este y otros casos, al tiempo que ha privilegiado el diálogo con las víctimas y el impulso del cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos”, indica Cancillería.
Asimismo, agrega que reconocer y aceptar la sentencia no es sólo para cumplir con las obligaciones internacionales, sino porque el Gobierno está convencido de que “las víctimas y sus familias tienen derecho a procesos de reparación moral y económica, los cuales ya estamos llevando adelante con algunas acciones en este caso, en la medida de nuestras posibilidades y dentro de las competencias del Órgano Ejecutivo”.
La Corte ordena que: el Estado siga con el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”.
Asimismo, que se investigue a quienes obstaculizaron las investigaciones; que se levanten datos sobre sitios de inhumación o entierro de víctimas para identificarlas y entregar a sus familias; implementar un programa de desarrollo para favorecer a las comunidades afectadas por estos hechos.
Deberá también pagar $ 35.000 a cada una de las víctimas de ejecución extrajudicial; $ 20,000 a cada una de las víctimas sobrevivientes de las masacres y, $ 10,000 a cada uno de los demás familiares de las víctimas ejecutadas; entre otras medidas de reparación.
Igualmente, la Corte se refiere en la sentencia a la Ley de Amnistía como “contraria a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz, lo cual, leído a la luz de la Convención Americana, se refleja en una grave afectación de la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos referidas a las masacres de El Mozote y lugares aledaños, al impedir que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas en el presente caso fueran oídos por un juez”.
El organismo se pronunció para que el Estado inicie, impulse, reabra, dirija, continúe y concluya, diligentemente, “las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.
El Gobierno de El Salvador reconoció la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “El Mozote y lugares aledaños”, que condena y responsabiliza al Estado por el múltiple crimen.
La Corte indica que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada; violación al derecho a la libertad; la violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras violaciones.
Mediante un comunicado de la Cancillería salvadoreña, el Gobierno expresa que: “en coherencia con la posición mantenida por la actual administración en lo concerniente al deber del Estado salvadoreño en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte, reconoce dicha Sentencia, así como la responsabilidad estatal en este caso, tal como fue expresado el pasado 16 de enero por el Presidente de la República, Mauricio Funes”.
En esa fecha, el mandatario se trasladó al lugar y reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de alrededor de mil personas, entre el 11 y13 de diciembre de 1981, en el caserío el Mozote, cantón La Joya, caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, del Departamento de Morazán, lugares señalados en el informe de la Corte.
Previamente, ningún gobierno quiso reconocer, ni aceptar los hechos, mientras los familiares de las víctimas, de este y otros hechos similares, clamaban justicia. “El Estado salvadoreño, a partir de este Gobierno, ha reconocido como verdaderos este y otros casos, al tiempo que ha privilegiado el diálogo con las víctimas y el impulso del cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos”, indica Cancillería.
Asimismo, agrega que reconocer y aceptar la sentencia no es sólo para cumplir con las obligaciones internacionales, sino porque el Gobierno está convencido de que “las víctimas y sus familias tienen derecho a procesos de reparación moral y económica, los cuales ya estamos llevando adelante con algunas acciones en este caso, en la medida de nuestras posibilidades y dentro de las competencias del Órgano Ejecutivo”.
La Corte ordena que: el Estado siga con el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”.
Asimismo, que se investigue a quienes obstaculizaron las investigaciones; que se levanten datos sobre sitios de inhumación o entierro de víctimas para identificarlas y entregar a sus familias; implementar un programa de desarrollo para favorecer a las comunidades afectadas por estos hechos.
Deberá también pagar $ 35.000 a cada una de las víctimas de ejecución extrajudicial; $ 20,000 a cada una de las víctimas sobrevivientes de las masacres y, $ 10,000 a cada uno de los demás familiares de las víctimas ejecutadas; entre otras medidas de reparación.
Igualmente, la Corte se refiere en la sentencia a la Ley de Amnistía como “contraria a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz, lo cual, leído a la luz de la Convención Americana, se refleja en una grave afectación de la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos referidas a las masacres de El Mozote y lugares aledaños, al impedir que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas en el presente caso fueran oídos por un juez”.
El organismo se pronunció para que el Estado inicie, impulse, reabra, dirija, continúe y concluya, diligentemente, “las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.
Fuente:Argenpress
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