Los represores más temidos en Jujuy
20.12.12El comisario Jaig sindicado como “el torturados más despiadado”, Bulgueroni y Braga, los más nombrados.
Reynaldo Castro, autor del libro “Con vida los llevaron”, que recoge testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y expresos políticos recordó ante el TOF que durante las entrevistas grupales que realizó por espacio de dos años, entre los represores más temidos aparecen Jaig y los entonces tenientes Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni.
Tanto Braga como Bulgheroni están acusados de secuestros, torturas y desapariciones de personas, al igual que el exdirector del Servicio Penitenciario de Jujuy, Antonio Orlando Vargas, y aparecen en cinco causas en el juicio de lesa humanidad.
Entre los testimonios que recogió Castro y que contó al TOF se encuentra el de Enriqueta Narváez, madre de Hugo, a quien Jaig le pidió dinero para salvar a su hijo, pero no cumplió y cuando lo volvió a ver, éste le dijo que lo que le había entregado “no le había alcanzado” para sobornar a Braga y al ahora prófugo, capitán Juan Carlos Jones Tamayo.
Castro recordó reiteradas veces a Andrés Fidalgo como el primero que realizó archivos sobre las detenciones y desapariciones, publicaciones, y la defensa de detenidos desaparecidos, además de haber formado parte de la Comisión que se iba a hacerse cargo de la publicación de los testimonios recibidos en la Comisión de Derechos Humanos legislativa, algunos expedientes han desaparecido.
Otro de los testimonios vitales para demostrar las torturas a las que fueron sometidos los presos políticos en el penal de Jujuy fue el del minero Bruno Díaz, quien relató al TOF que fue detenido el 27 de marzo de 1976 y lo tuvieron siete días sin comer en la delegación local de la Federal.
Trasladado a la cárcel estuvo 47 días “incomunicado y con la misma ropa además de pisarle la espalda en el interior de la celda cuando los represores hacían las requisas”. El testigo le entregó al TOF documentación relacionada con su detención y generada por la empresa Mina Aguilar, como copia del telegrama de despido, cuando estaba en la cárcel.
Lumidla Catena Da Silva, doctora en antropología e investigadora, reconoció desde Córdoba por teleconferencia, la lucha de Olga Aredez por la aparición de su marido, Luis Aredez, pero además la lucha de Olga por la salud de los ledesmense, víctimas de la contaminación ambiental.
Entre las investigaciones de Da Silva figura la realizada en Tumbaya, donde hay seis desaparecidos, a los que los represores vincularon con el PC, cuando ellos hablaban de “tierras comunitarias”, de la lucha por las tierras de propiedad ancestral.
Los desaparecidos en el pueblo son los hermanos Cresencio y Paulino Galián, Rosas Santos Mamaní, Rosalino Ríos, Juan Elías Toconás y Américo Vilca Vera, conocidos como el “Grupo Tumbaya”.
La investigadora realizó un trabajo de rescate oral sobre cómo vivieron los familiares las desapariciones.
Da Silva relató que los expresos políticos de Tumbaya, le contaron que el sacerdote alemán, Carlos Brukman, prestó su camioneta para el traslado de los detenidos, y otro tanto hace Castro en su libro, lo que conoce de boca de Federico Galián.
La socióloga y docente de la UBA, Inés Izaguirre, dijo ayer como testigo desde Buenos Aires que los antecedentes sobre la represión durante la dictadura emergió de la Doctrina de la Seguridad en la región sur, y el ensayo se realizó con el Operativo Independencia en Tucumán y que luego desde el norte, se extendió por todo el país. (Ricardo Martínez)
Fuente: El Tribuno
EL JUICIO: PENULTIMA AUDIENCIA DE 2012
APARECIERON MÁS DATOS SOBRE LAS
CONDICIONES DE DETENCIÓN Y REVELADORA
INFORMACIÓN HISTÓRICA Y DE CONTEXTO
En la audiencia Nº 38 calificadas investigadoras, Ludmila da Silva Catela e Inés Izaguirre y el investigador Reynaldo Castro, brindaron información histórica para comprender la represión dictatorial, las causas, su desarrollo, las consecuencias y el impacto social que pervive aún hoy. Además un ex minero de El Aguilar brindó precisiones de las condiciones de detención y permitió confirmar algunas formas de tormentos a las que fueron sometidos en la cárcel de Gorriti.
El jueves, 20 de diciembre, se cumplió la penúltima audiencia de 2012 de este primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, donde declararon cuatro testigos.
El primer testigo fue Bruno René Díaz, ex minero, quien ya declaró en este proceso judicial pero fue llamado nuevamente -como otros ex mineros- ante la ampliación de la imputación al ex Director del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti, Antonio Orlando Vargas por “tormentos”.
Díaz fue consultado sobre las condiciones de su detención. Relató su detención el 26 de marzo de 1976 en Tres Cruces, donde fue alojado en la dependencia de Gendarmería Nacional. Díaz trabajaba en la Compañía Mina Aguilar y formaba parte del sindicato.
Fue llevado a La Quiaca junto a otros compañeros detenidos, y luego fueron trasladados a la Policía Federal en la capital jujeña, donde estuvieron 6 o 7 días sin comer.
Posteriormente los alojaron en el Penal de Gorriti donde estuvieron 47 días incomunicados. Con el pasar del tiempo los dejaron a los detenidos salir al patio, donde jugaban a la pelota y pudieron ver quien estaba detenido. Reconoció al Dr. Luis Aredez, a Julio Móises con quienes había jugado al fútbol. En cuanto al estado físico del Dr. Aredez, dijo que no lo vio golpeado en el penal.
Sobre el trato en el penal, el testigo dijo que no eran maltratados; pero relató las requisas semanales que tenían.
El fiscal Francisco Snopek profundizó en detalles de esas requisas. Díaz relato que los ponían boca abajo en la celda, los pisaban, les caminaban por encina y dejaban un desastre la celda.
Luego dijo que los sacaban a declarar “uno no tenía causa”, los interrogatorios eran personales. En este sentido recordó que en Gendarmería, cuando lo detuvieron quisieron que firmará una declaración “hecha” contra Avelino Bazán. No la firmé, como voy a firmar una declaración contra una persona que no conocía”, dijo firme.
Luego el fiscal Pablo Pelazzo preguntó sobre la ropa que tenían y si a las celdas les ingresaba la luz. Díaz relató que tuvieron la misma ropa desde la detención y durante los 47 días en el penal y que su celda tenía unas medidas de 30 x 40 cm. Así también relató que la comida “no era buena” y que para ir al baño tenían que esperar.
Al finalizar Díaz su testimonio entregó copias al tribunal de certificados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) donde figura un número, entregado cuando salió de la Unidad 9 de La Plata.
También entregó un telegrama colacionado de despido que fue remitido por la Compañía Minera Aguilar a su casa familiar y recepcionado por su esposa, mientras el se encontraba detenido.
LUDMILA DA SILVA CATELA
LEDESMA Y TUMBAYA, “LA TUCUMAN CHIQUITA”
Ludmila da Silva Catela es Dra. en Antropología, preside actualmente la Comisión por la Memoria de Córdoba, es investigadora y en ese rol ha estudiado aspectos sociales y antropológicos sobre la represión en Libertador General San Martín y Tumbaya. Fue citada a prestar declaración en este juicio por petición de la querella de Aredez que ejerce Paula Alvarez Carrera. Declaró desde Córdoba, vía teleconferencia.
ASPECTOS METODOLOGICOS:
LA CENTRALIDAD DE LA ORALIDAD
Ludmila da Silva Catela fue interrogada por la querella en torno a la metodología aplicada en las investigaciones sobre Jujuy. Especificó la investigadora que en el caso de las referidas a Tumbaya se basó fundamentalmente en entrevistas orales, teniendo en cuenta la fuerte tradición oral que pervive en los pueblos quebradeños. Precisó que trabajó con entrevistas abiertas, no dirigidas, realizadas a familiares de detenidos desaparecidos de ese pueblo y a tres sobrevivientes de la represión.
Las entrevistas fueron también recuperadas en formato audiovisual y además resaltó que los datos obtenidos fueron cruzados con documentos históricos que permanecen en poder los pobladores.
En el caso de Libertador, trabajó también entrevistas orales y fuentes periodísticas, como diario Pregón, así como con registros audiovisuales y fotográficos. La investigadora ofreció al Tribunal las entrevistas obtenidas.
Los métodos usados tienen la rigurosidad exigida por el sistema universitario y el CONICET que financió y validó sus investigaciones
LA LUCHA DE AREDEZ
Da Silva precisó al serle requerida información sobre Luis Aredez que su investigación recupera fundamentalmente la lucha del médico por una salud pública que llegara a los obreros de Ledesma, en igualdad de condiciones.
Señaló que Olga Márquez de Arédez -a quien alcanzó a entrevistar- le proveyó información sobre los procesos sociales que acompañó Aredez, así como de su secuestro y desaparición.
También Ludmila da Silva relató que el testimonio recogido le permitió reconstruir la confrontación de Aredez con Ledesma, generada por dos ejes centrales: la salud de los obreros y los impuestos aplicados al Ingenio durante su Intendencia.
Pero también se refirió a otro punto de tensión que era el reclamo por tecnologías fabriles que permitieran reducir el impacto ambiental y sanitario provocado por los residuos de la actividad industrial de Ledesma.
TUMBAYA Y LOS DESAPARECIDOS DEL PC
La información más relevante aportada por la investigadora estuvo centrada sobre Tumbaya, donde se registran 6 detenidos desaparecidos, un índice muy alto en relación con la escasa densidad poblacional de esa comunidad. Una de esas desapariciones se investiga en este juicio, la de Rosa Santos Mamaní perteneciente a la causa Galeán y otros.
Cuando Ludmila inició su labor en el marco de un proyecto del CONICET, no había información disponible que permitiera explicar lo sucedido allí. La investigadora hipotetizó que el temor siguió operando, después de la dictadura, garantizando los silencios.
Recordó que los desaparecidos de Tumbaya no fueron denunciados en la CONADEP y por tanto no figuraban en el Informe “Nunca Más”.
Ludmila da Silva Catela viajó a Tumbaya para efectuar su trabajo. “El primer dato que tuve fue que todos habían sido desaparecidos por pertenecer al Partido Comunista” relató. Por ello se contactó con el PC que desconocía los sucesos de Tumbaya y se comprometió a investigarlos.
LA NOCION DE LO COMUNITARIO
“En las entrevistas apareció con una fuerza inusitada que cuando hablaban de comunismo lo relacionaban a lo comunitario y a la tierra comunitaria”, explicó la investigadora e inscribió esta representación social en la histórica reivindicación de los pueblos originarios por la restitución de sus territorios Señaló además que durante el siglo XIX las poblaciones indígenas fueron acusadas de comunistas por su reclamo sobre las tierras. “Comunistas e indígenas eran categorías intercambiables” sintetizó da Silva.
También la investigadora indicó que en los relatos obtenidos los familiares y sobrevivientes reconstruyeron el circuito que recorrieron las víctimas de la dictadura en Tumbaya. La mayoría de ellas fueron detenidas por personal policial y militar y llevadas a la Comisaria de Volcán donde fueron golpeadas, torturadas y amenazadas con fusiles puestos en sus espaldas. Posteriormente fueron trasladadas a la Comisaría de Humahuaca, donde también fueron sometidas a tormentos y de allí llevadas a la cárcel de Gorriti.
Resaltó da Silva que en la cárcel estas personas fueron “humilladas, torturadas, maltratadas por comunistas y apátridas”. Inclusive recordó las dificultades que varios de ellos tuvieron para regresar, después de la dictadura, a sus vidas cotidianas. “El retorno de la prisión no fue fácil” por la estigmatización que generó la cárcel, uno de ellos hasta 8 años después de aquellos sucesos no podía reinsertarse laboralmente.
El Fisca ad hoc, consultó a da Silva sobre los tormentos que describieron sus entrevistados. Al respecto la investigadora precisó que la noción de tormentos es compleja. “Algunos de ellos en las entrevistas decían que no habían sido sometidos a tormentos, sin embargo en la misma entrevista describieron golpes y humillaciones”. La investigadora precisó dos casos de entrevistas que ofreció al tribunal donde las víctimas describen haber sido interrogadas y torturadas en el penal de Gorriti.
Además la investigadora mencionó al Dr. Ricardo Ovando, a quien los entrevistados refirieron como compañero de cautiverio en la cárcel Gorriti y cuyo destino final desconocía la investigadora. La defensa trató de invalidar el aporte de da Silva, induciendo una afirmación que la investigadora no había realizado y que quedó finalmente aclarada, con lo cual se desbarató la estrategia de la defensa de los imputados.
El Fiscal Pablo Pelazzo requirió al Tribunal que se recepcionara el material ofrecido por la investigadora, pero los defensores de Vargas, Braga y, Bulgheroni formularon su oposición, arguyendo que esas entrevistas fueron realizadas bajo condiciones no controladas por la defensa y porque sus aportes son ajenos al contexto en el que da Silva fue ofrecida como testigo, que es la causa Aredez. El Tribunal hizo lugar a ese planteo con los votos de Casas y Juárez Almaraz.
Da silva Catela también durante su testimonio valoró la oralidad que la defensa de los imputados intentó objetar y explicó que en los pueblos donde pervive un fuerte componente indígena, como los de la quebrada, la oralidad tiene un rol central en la reproducción cultural y en la construcción y la transmisión de la experiencia y de la historia. Subrayó que la oralidad tiene el mismo valor que la palabra escrita y recordó que existe jurisprudencia internacional que valora la oralidad, sobre todo en pueblos de origen étnicos.
En este contexto señaló que en Tumbaya la gente conoce lo que sucedió durante la dictadura por esa oralidad y por la ritualidad, como la del Día de las Almas, donde se actualizan las memorias de sus desaparecidos.
Por otra parte, la investigadora mencionó a las personas señaladas en las entrevistas como responsables de los sucesos de Tumbaya, que tienen un saldo de 6 desapariciones: las de Rosalino Ríos, los hermanos Galean, Rosa Santos Mamaní, Américo Macrobio Vilca y Elías Toconás. Entre esos responsables nombró al Comisario Catalino Soto, a un tal Portal, al celador Sánchez de Gorriti, dos guardiacárceles mencionados como “Teniente primero Marcelo” y “Oficial Canchi”, así como al cura Carlos Brutman, un sacerdote de Tumbaya que colaboró con una camioneta.
LOS MIEDOS
El Fiscal Francisco Snopek por su parte requirió a la investigadora precisiones sobre los miedos detectados en los entrevistados. Ludmila da Silva indicó el miedo “es una cultura que se instala a lo largo de los años, es sutil, es una violencia amable, simbólica, donde por ejemplo subyace la noción de patrón, como alguien a quien se teme”.
Precisó da Silva que en el caso de Tumbaya, los sobrevivientes y familiares revelaban un temor a sufrir la misma violencia que les había arrebatado a su gente, pero además también tenían miedos derivados de la convivencia en el mismo espacio geográfico con los victimarios. “En estas comunidades pequeñas los familiares y los sobrevivientes conviven con los agentes de seguridad que los reprimieron, comparten el mismo lugar” dijo.
Ludmila indicó que ese temor además enraizaba en el hecho de que Tumbaya había sufrido una especial estigmatización y en este contexto relató que un capataz de una mina del lugar había bautizado a Tumbaya como “la Tucumán chiquita” por la presencia de “comunistas apátridas”.
Pero además explicó el temor creció también porque el Estado no llegaba con su mediación. “La CONADEP no registró a Tumbaya y sólo después, cerca del 2000 recién se tramitaron indemnizaciones”.
“La primera vez que hablé con ellos el miedo era evidente, era corporal, hablaban en voz baja en forma temblorosa y les temblaban las manos, sin embargo fueron personas con un enorme coraje que pudieron controlar su miedo y contar lo que les pasó” refirió da Silva.
INES IZAGUIRRE
LA SEGURIDAD NACIONAL LIGADA AL
CRECIMIENTO ECONOMICO Y EL NORTE COMO UN
ENSAYO DE LA REPRESION DICTATORIAL
También en esta audiencia testimonió la Socióloga Inés Izaguirre, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y autora del libro “Lucha de clase, Guerra Civil y Genocidio en Argentina. 1973 – 1983. Antecedentes, desarrollo y complicidades”. Eizaguirre fue convocada a pedido de la querella institucional del CODESEH que ejerce Martín Patiño y declaró –vía teleconferencia- desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal.
En su trabajo de investigación Eizaguirre ha relevado 12.211 casos de víctimas de la dictadura, utilizando múltiples metodologías de recolección y sistematización de información.
Izaguirre se refirió a los procesos políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración mundial, así como al rol de los países del frente aliado. Estos, explicó, iniciaron una defensa férrea del capitalismo y una lucha contra el marxismo, el comunismo y el socialismo, impulsando lo que se conoció como la Guerra Fría.
Describió los cambios generados tras la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los movimientos que emergieron. En ese sentido describió el proceso en Argentina y se refirió a las fuerzas populares, obreras, estudiantiles, políticas y sociales que se fueron definiendo a partir de los años 60 y que adquirieron –algunas de ellas- en la década posterior, el perfil de organizaciones armadas.
En Argentina se fue consolidando –explicó- la ideología de la Seguridad Nacional que estuvo atada a la política de desarrollo. “La estrategia de crecimiento económico capitalista siempre estuvo ligada al concepto de seguridad nacional” aseguró y señaló que esto ocurrió en toda América y es lo que explica el Plan Cóndor, un plan articulado de los países de la región para llevar adelante la represión y el control de los movimientos emergentes. Recordó que en 1992 fueron hallados los documentos del Plan Cóndor en Lambaré (Uruguay), conocidos como “los archivos del terror”.
Indicó que la política de seguridad como herramienta de disciplinamiento y al servicio de la economía fue aplicada desde antes de la dictadura y durante, Señaló que entre 1974 y 1983, disminuyó un 35 % la cantidad de obreros ocupados y en cambio aumentó un 38 % la productividad con un 30 % menos de horas de trabajo. Pero además el salario se redujo un 20 %.
Afirmó que de las víctimas totales del genocidio argentino, un 16,5 % se producen antes del Golpe de Estado de 1976, el resto es posterior a ese hecho. Precisó que la fuerza social aniquilada en el país estuvo integrada en un 36,7% por obreros asalariados, un 32 % de asalariados de la pequeña burguesía y un 30 % de pequeña burguesía independiente. “Es decir más del 90 % `pertenecían a sectores populares”.
Según su registro antes de 1976 se producen 1.133 muertes y 820 desapariciones, mientras que con posterioridad y hasta el 83, se registran 810 muertos y 7.600 casos de desaparecidos.
Explicó que en el Norte –Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba- que estaba bajo el mando del Tercer cuerpo de Ejército con militares como Bussi y Menéndez formados en Vietnam, antes del 24 de marzo de 1976 se producen un 62 % de las desapariciones, cifra notoriamente mayor a la media nacional que llegó al 31 %.
Es decir, reveló, “hubo una política diferente para el Norte del país” y de hecho recordó el Operativo Independencia ordenado el 1 de febrero de 1975 fue un operativo bélico legal destinado al aniquilamiento de la subversión que precedió al golpe. Afirmó que antes del golpe, en Tucumán se producen el 74,5% de las desapariciones, mientras que en Jujuy esa cifra llega al 82 %. Infirió por eso que el norte fue un ensayo de lo que ocurriría posteriormente en todo el país.
También la investigadora brevemente se refirió a la estructura económica del norte argentino, fuertemente ligada al sector agro exportador, recordó el descubrimiento después del golpe nacionalista de 1943, de hematita en Jujuy y la creación de Altos Hornos Zapla, así como su privatización durante el gobierno menemista y las consecuencias sociales por las pérdidas de fuentes de trabajo. También se refirió a Ledesma, una empresa emblemática con una producción antigua que data de varios siglos y puso de relieve la diversificación de la empresa, que hoy no solo produce azúcar, sino también cítricos, jugos, papel y ahora biocombustible. Mencionó a Ledesma como una de las empresas más grandes de América Latina y señaló que sus productos como el papel son dominantes en el mercado.
La investigadora rechazó el uso del término terrorismo de estado porque “carece de sujeto social y esconde la pata civil del genocidio” que incluye al sector empresarial y en cambio prefirió hablar de “terroristas de estado” o dictadura cívico militar.
Eizaguirre indicó que 30.000 es una cifra símbolo que es usada para dar cuenta de la dimensión de lo ocurrido durante la represión estatal y precisó que según su último registro que corresponde a 2011, hay 12.204 casos de víctimas, de las cuales 86 pertenecen a Jujuy, aunque aclaró que no se trata de una cifra definitiva, sino sólo lo que ha registrado en su labor investigativa..
También la investigadora señaló durante su testimonio que supo por la propia Olga Aredez y por el ex preso sobreviviente, Reynaldo Samman que en la cárcel de Gorriti los presos políticos fueron torturados y golpeados.
REYNALDO CASTRO:
“LOS TESTIMONIOS DE LAS VICTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO SON ALTAMENTE CREÍBLES”
El cuarto testimonio fue el de Reynaldo Castro, testigo de contexto propuesto por la querella de la Causa Aredez quien relató cómo desarrolló una investigación sobre los casos de desapariciones en Jujuy que dio como resultado el libro “Con vida los llevaron”.
Al ser consultado por la querella sobre la metodología con la que abordó esta investigación y las motivaciones que lo llevaron a realizarla Reynaldo explicó que antes de hacer el libro fue colaborador del Dr. Andrés Fidalgo que investigaba los casos y registraba las violaciones a los Derechos Humanos en Jujuy “Fidalgo poseía muchos datos y a la edad de 80 años me pidió ayuda para tipear y ordenar la información y ahí descubro lo que pasó en Jujuy, que no solo había ocurrido en la ESMA sino que acá también hubieron centros clandestinos de detención como Guerrero”. El testigo valoró la rigurosidad de Fidalgo lo cual delineó la metodología que luego utilizó como chequear y hacer el entrecruzamiento de datos y fuentes de información.
“Cuando empecé a trabajar en la elaboración del libro hablé con Nélida Fidalgo y le sugerí que invite a otros familiares de desaparecidos para que cuenten lo que les ocurrió durante la última dictadura militar y yo grabaría esos relatos”, continuó el testigo. Agregó que esas entrevistas fueron grupales y que tiene en su poder mas de 50 horas registradas y que al ser grupales le da mayor credibilidad porque los relatos se van reforzando con los testimonios y la memoria de las demás víctimas.
Luego de la recogida de datos esa información era chequeada por los mismos familiares y la documentación que poseía Andrés Fidalgo.
Reynaldo recordó que empezó con las grabaciones en el año 2002 y que los testigos no tenían la percepción global de lo sucedido sino mas bien una percepción individual, personal, y que entre todos fueron reconstruyendo el relato colectivo. Las madres pudieron reconstruir una gran narrativa, expresó.
BRAGA OCUPA UN LUGAR DESTACADO
EN EL APARATO REPRESIVO DE JUJUY
Luego la querella de Aredez consultó si los nombres de los imputados en este juicio aparecían en los testimonios que había recolectado a lo que Reynaldo contestó que sí y que por ejemplo, el nombre de Rafael Mariano Braga es el que mas se repite en los testimonios, como en el de Claudia Scurta que relata que cuando estuvo detenida habían dos militares que la torturaban mucho y que uno de ellos era Braga al cual identificaba por la cicatriz en su rostro. También, explicó el testigo, aparece el nombre de Braga en testimonios de presas políticas del centro clandestino de detención de Guerrero al que concurrían los represores Braga, Bulacios y Jaig.
En el testimonio de Elena Mateo, continuó el testigo, también aparece el nombre de Braga: “ella era la mujer de Jorge Ernesto Turk y entró al RIM 20 a preguntar por su marido. Braga daba audiencia debajo de un árbol, delante de su escritorio había un charco de agua, con lo cual los familiares que querían hablar con él debían meter los pies en el barro”.
En otro testimonio que aparece nombrado Braga es el de Inés Peña, compañera del detenido desaparecido Julio Rolando Álvarez García, “Pampero”: “yo nunca dudé de su testimonio porque para analizar discursos hay tres motivaciones que en la oralidad son inalterables, el recuerdo de personas, fechas y lugares, y en el caso de Inés ella recordaba esos tres aspectos al momento de la detención de Pampero y aseguró que fue Braga quien ingresó armado al domicilio de sus suegros y se llevó a su compañero. Por mi formación como docente e investigador puedo asegurar que el discurso de Inés Peña es un discurso altamente creíble”.
Añadió que sobre todo en los testimonios de víctimas de terrorismo de estado los datos de las detenciones de sus familiares son guardados en la memoria porque constituyen el último recuerdo de sus desaparecidos y que los datos que figuran en su libro fueron chequeados y entrecruzados con otros testimonios.
Al ser consultado por la defensa de Braga acerca del testimonio de la detención de Pampero, Reynaldo explicó que varios testimonios recogidos señalan que Braga apunta con un arma a los que estaban en la casa de los padres de Pampero, lugar donde lo detienen, y que luego Pampero se entregó, se describe ese momento como traumático ya que se había hecho un gran despliegue bélico en las inmediaciones de la vivienda para amedrentar a los vecinos. Recordó que entre los testimonios hay uno que dice haber visto la foto marcada de Pampero en la provincia de Tucumán.
Por último Reynaldo aclaró que los testimonios de los represores no son muy creibles ya que en ellos hay un marcado interés por mejorar una imagen y que Braga ocupa un lugar destacado en el aparato represivo en Jujuy.
Producción:
María Inés Zigarán, Mariana Mamaní y Georgina Torino
p/Equipo de Comunicación de Apoyo a los Juicios
El represor Ernesto Jaig fue identificado como "el torturador más despiadado"
El comisario, enlace de la policía provincial con el Área 323 en Jujuy durante la dictadura militar, fue definido así ante el tribunal a partir de los testimonios recogido en el libro "Con vida los llevaron", de Reynaldo Castro.
El autor recogió testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos durante las entrevistas grupales que realizó por espacio de dos años, entre los represores más temidos aparecen Jaig y los entonces tenientes Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni. Así lo recordó ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy.
Entre los testimonios que recogió Castro, docente e investigador universitario, contó al TOF que se encuentra el de Enriqueta Narváez, madre de Hugo, a quien Jaig le pidió dinero para salvar a su hijo, pero no cumplió y cuando lo volvió a ver, éste le contó que lo que le había dado "no le había alcanzado" para sobornar a Braga y al ahora prófugo, capitán Juan Carlos Jones Tamayo.
Otro de los testimonios vitales para demostrar las torturas a las que fueron sometidos los presos políticos en el penal de Jujuy, en el que era director Vargas, fue el del minero Bruno René Díaz, quien relató al TOF que fue detenido el 27 de marzo de 1976 y los tuvieron siete días sin comer en la delegación local de la Policía Federal.
Trasladado a la cárcel estuvo 47 días "incomunicado y con la misma ropa" además de pisarle la espalda en el interior de la celda cuando los represores hacían las requisas, en la pequeña celda en la que estaba confinado.
Díaz le entregó al TOF documentación relacionada con su detención y generada por la empresa Mina Aguilar, como copia del telegrama de despido de su trabajo, cuando ya estaba en la cárcel.
Lumidla Catena Da Silva, doctora en antropología e investigadora, reconoció desde Córdoba, vía teleconferencia, la lucha de Olga Aredez por la aparición de su marido, Luis Aredez, pero además la lucha de Olga por la salud de los habitantes de Ledesma, víctimas de la contaminación ambiental.
Entre las investigaciones de Da Silva figura la realizada en el pueblo quebradeño de Tumbaya, al norte de la provincia, donde hay seis desaparecidos, a los que los represores vincularon con el PC, cuando ellos hablaban de "tierras comunitarias".
Los desaparecidos en el pueblo son los hermanos Cresencio y Paulino Galian, Rosas Santos Mamaní, Rosalino Ríos , Juan Elías Toconás y Américo Vilca Vera, conocidos como el "Grupo Tumbaya".
La investigadora realizó un trabajo de rescate oral sobre cómo vivieron los familiares las desapariciones.
Da Silva relató que los ex presos políticos de Tumbaya , le contaron que el sacerdote alemán, Carlos Brukman, prestó su camioneta para el traslado de los detenidos, y otro tanto hace Castro en su libro, hecho que conoce de boca de Federico GalianFuentedeOrigen:Telam
AUDIENCIA Nº 37°
TESTIGOS CONFIRMARON CONDICIONES INHUMANAS
Y LOS PADECIMIENTOS SUFRIDOS EN LA CÁRCEL
En la audiencia Nº 37, cumplida el jueves 19 de diciembre, declararon cinco de los ocho testigos programados. Tres de ellos, ex mineros de El Aguilar, ya habían declarado con anterioridad en este juicio, en el marco de la causa Bazán, pero fueron nuevamente citados ante la ampliación de cargos por tormentos al ex Director del Servicio Penitenciario, Antonio Orlando Vargas. También en esta jornada declararon dos ex agentes de la Penitenciaría. En la sala estuvo presente el imputado Mariano Braga; mientras que Eduardo Bulgheroni siguió las instancias desde la sala contigua y Antonio Vargas desde Ezeiza (Bs As), vía teleconferencia. Los datos más relevantes de la jornada fueron las confirmaciones de las condiciones inhumanas y los padecimientos que sufrieron los presos políticos en Gorriti particularmente desde que asumió Vargas como interventor del penal, el 24 de marzo de 1976.
SANTIAGO QUISPE:
“EN LA CELDA NO HABÍA LUGAR PARA MOVERSE,
ESTUVE PARADO TODA LA NOCHE” Este testigo ya había realizado su declaración desde Salta a través de video conferencia y volvió hacerlo en la sala de audiencia a pedido de la defensa de Antonio Vargas. Santiago Quispe fue trabajador en Mina El Aguilar, estuvo detenido desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 6 de agosto de ese año. Quispe repitió un relato ya conocido sobre el trato recibido en el Penal de Gorriti. Por ejemplo el de la celda en la que pasó su primera noche , un habitáculo donde entraba parado, sin espacio para moverse y con una filtración de humedad. Recordó que “una gota de agua caía del techo” en ese lujgar en el que estuvo inmóvil y donde no pudo evitar fue mojarse hasta la rodilla por el agua que se filtraba. También el testigo si bien personalmente dijo no haber sido sometido a torturas, si relató que se escuchaban golpes y gritos en algunas celdas.
Recordó Quispe, que después de haber pasado el primer día parado y reducido en ese espacio ínfimo, fue trasladado a otra celda donde dormía sobre una madera. Recién pasado un tiempo le proveyeron un colchón pero no abrigo. Quispe señaló que recibió visitas recién unas semanas antes de quedar libre, porque su familia había sido privada de información respecto de su detención.
También el testigo narró que “me sacaron engañado de mi casa, no tenía ropa para cambiarme, por eso me prestaba para lavarla”. La defensa intentó desbaratar la idea de las situaciones de detención que provocaron tormentos a los presos políticos. Y en ese marco indagó al testigo sobre las partidas de ajedrez y sobre los recreos. El ajedrez fue una estrategia eventual de sobrevivencia y los recreos que rompieron la incomunicación inicial a la que habían sido sometidos los presos, sobrevinieron un tiempo después de la detención y en form aprogresiva.
El testigo afirmó que sabía que Vargas estaba al frente del penal, pero que no lo identifica.
DEMETRIO MENDOZA
“SI LO VERÍA A MONSEÑOR VILLOLDO LE FALTO EL RESPETO” Otro de los testigos victimas de Mina Aguilar citado por la defensa de Antonio Vargas, declaro que el principal maltrato fue el psicológico ya que los encerraban para declarar y firmar dichos que no eran de ellos, comprometiendo al Sindicato Minero con el comunismo o grupos subersivos .Demetrio Mendoza, detenido desde marzo de 1976 hasta agosto en el Pabellón 1 de Gorriti, recordó que los interrogatorios estaban a cargo de personal uniformado que pertenecería a Gendarmería Nacional, Ejercito, pernitenciaría e inclusive recordó la presencia de Monseñor Villoldo de San Pedro. “Si lo vería le falto el respeto” dijo con mucho dolor. También expresó que “los primeros meses fueron terribles”. Contó que entre ellos no se veían ni charlaban; para saber que estaban sacaban la cabeza de la celda.
La defensa de Vargas que ejerce el abogado Gutiérrez Pérea volvió a insistir con los juegos y le preguntó si practicaban fútbol en el penal.El testigo afirmó que sólo después de dos meses pudieron acceder a un tiempo de esparcimiento donde realizaban partidas de fútbol entre los internos
En cuanto la relación con la familia manifestó que cuando llegaban a la cárcel a averiguar los mandaban al RIM 20 y “ahí les decían cualquier cosa”. El Juez Morin quiso saber en que lugar eran los interrogatorios y la respuesta fue que dentro de la cárcel, en una oficina, que a la que veces los llevaban para declarar. Allí “había una maquina de escribir, un uniformado que escribía y otro más, todos armados”. A el lo llevaron tres veces con ese fin y en una ocasión en que se negó a firmar por no figurar lo que había declarado “me llevaron a empujones al calabozo”. Demetrio Mendoza era delegado por el Sector Hospital de Mina Aguilar.
El testigo narró también al igual que su predecesor, que las condiciones de habitabilidad en las celdas eran de extrema precariedad y que pasaron frío.
MARIANO RODRIGUEZ
“TUVE QUE ORINAR POR LA VENTANA DE LA CELDA
Y ME CASTIGARON UNA SEMANA POR ESO” Este testigo victima se desempeñaba como Tesorero del Sindicato y relató que mientras estuvo prisionero solo recibió visita una vez, que permaneció por lo menos 45 días aislado e incomunicado y que debían pedir para salir al baño.
Recordó que en una ocasión solicitó ser llevado al baño a los gritos. El guardia entonces vino y le pegó un codazo “intencional”. El testigo se vió obligado a orinar por la ventana lo que le significó un castigo de encierro por una semana. También recordó la violencia en las requisas “nos sacaban y tiraban todo al suelo”. Respecto a los interrogatorios dijo que a lo llevaron 4 veces, una de ellas era una confesión con el Obispo Medina . Dijo que sentía temor en esos momentos porque los interrogatorios “eran intimidantes” y que en uno de ellas estuvo Braga (Mariano) al que identificó por su “cara cortada”. También mencionó a un Subteniente, cuyo nombre no pudo precisar, como otro de los líderes militares encargados de sacar información a los presos.
También Rodríguez relató el operativo de traslado hacia la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, fueron maltratados, sacados del penal a empujones, esposados y vendados, recibieron golpes, vejámenes e insultos.
OSVALDO HECTOR CARVALLO
VARGAS, EL ÚNICO ARMADO:
“VENI SACAMELA VOS”El ex agente penitenciario Osvaldo Héctor Carballo, recordó que el Director del Penal a partir del 24 de marzo de 1976 fue Antonio Orlando Vargas. Ese día recordó, ingresó Vargas con custodia militar. Tomaron el penal que era custodiado externamente por Gendarmería primero y después por el propio Ejército. Ese día el personal militar hizo una requisa, “fue un poco agresiva” alcanzó a señalar el guardia.
Cuando llegó Vargas a la Penitenciaria estaba armado, recordó el carcelero. Entonces un jefe de guardia le advirtió que debía quitarse el arma, ante lo cual Vargas le contestó desafiante “vení sacamela vos”
Al ser interrogado por el Fiscal Snopek respecto a los cambios en el régimen de detención a partir de entonces, señaló que las condiciones de alojamiento cambiaron porque ingresó una cantidad de presos políticos que excedió la capacidad del penal. “En mi Pabellón estaban de a 3 en cada celda”, recluidos hasta que autorizaron meses después las salidas al patio.
Recordó el ex agente que una vez cuando iba a entregar la guardia, revisó las celdas y en una de ellas no estaba el recluso, un ex intendente de La Quiaca, recordó. Revisó todo, fue a la celaduría y le dijeron que debía estar en la celda. Sospechó una fuga, pero una vez más revisó la celda y advirtió entonces que debajo de la tabla de madera que oficiaba como cama, estaba el preso acurrucado por el frío y dormido en el piso. Vió la cama como la noche anterior, el preso no había intentado dormir allí. Dijo el guardiacárcel que “era una señala que estaba mal”. El ex Intendente era Luis Imperiale quien debió ser trasladado al hospital por el frío que tomó esa noche y el ataque de nervios en el que se encontraba.
Carvallo dijo que al Pabellón solo entraba Monseñor Medina, no recordó el traslado de presos para interrogatorios, aunque sí dijo que los sacaban para llevarlos al Regimiento o a la Policía y que esos movimientos se hacían con autorización escrita de autoridades del penal del área Judiciales, a cuyos responsables no pudo recordar
Narró que un día llegó un camión con muchos presos políticos, sin papeles. Venían de La Quiaca, aunque eran presos provenientes de Mina El Aguilar.
También dijo que a veces llevaban presos al RIM 20, al Area 323, sin que mediara ningún oficio judicial. Aseguró Carvallo desconocer qué era el Area 323.
Por otra parte, ante una consulta del Fiscal Pelazzo sobre traslados masivos, Carvallo expresó que el único que recordaba era un traslado a Buenos Aires y que se hizo bajo la orden del personal del Ejército. Los guardias –relató- les daban órdenes sobre cómo atarles las manos con sogas a los presos y cómo requisarlos antes de sacarlos.
También dijo el ex penitenciario que una vez él mismo fue interrogado por el Comisario Vilte por hechos sucedidos en el Penal y que giraban en torno a la malversación de fondos.
Carvallo esta vez no recordó a Jones Tamayo, aunque después de la lectura que le realizó el Fiscal Pelazzo de declaraciones efectuadas en la instrucción donde afirmaba que el capitán Jones Tamayo realizaba visitas al Penal, el ex carcelero afirmó que efectivamente se trababa de esa persona.
Carvallo afirmó que los presos tenían lo mínimo y también mencionó que jugaban al ajedrez, con tableros dibujados en los pisos de sus celdas, con migas de pan como piezas y susurros que anunciaban cada movimiento. Una juego de estrategias, como estrategia de sobrevivencia, en medio de la tragedia.
También el guardiacárcel recordó a una niña “Libertad” hija de un abogado preso. Se trata de la hija de Jorge Osvaldo Weisz, nacida durante el cautiverio de sus padres.
Weisz era militante de Vanguardia Comunista, una organización de la izquierda revolucionaria. Weisz fue detenido junto a su esposa Dora en octubre de 1974 y encarcelado en el penal de San Salvador de Jujuy. En 1977, junto a Carlos Patrignani, abogado y asesor del sindicato de Ledesma y otros detenidos, son sacados del penal por las autoridades militares para su supuesta libertad y luego desaparecidos.
INOCENCIO LAMAS
“A PARTIR DEL 24 DE MARZO, LAS CONDICIONES
DE DETENCIÓN FUERON MÁS RÍGIDAS”El último testigo de la audiencia 37 fue Inocencio Lamas, un agente del Servicio Penitenciario que prestó servicios entre los años 1963 y 1988. Recordó al Tte. Antonio Orlando Vargas, que vestía con uniforme militar, aunque dijo no haber tenido tratado con él.
Lamas reconoció que tras el golpe del 76, cuando asume Vargas como interventor del penal y el Ejército toma el control de la institución, cambiaron las condiciones de reclusión y se hicieron más rígidas.
También Lamas recordó a José Eduardo Bulgheroni quien visitaba el penal con asiduidad, una vez a la semana, aunque dijo desconocer qué función cumplía.
Lamas era ayudante de guardia externa y estaba encargado del traslado de presos comunes a Tribunales o a lugares de trabajo., por eso dijo que no tuvo contacto con los presos políticos, que estaban bajo la órbita militar, aunque sabía de ellos por comentarios.
Producción: Silvia Martínez y María Inés Zigarán
p/Equipo de Comunicación de Apoyo a los Juicios
ONG europea en derechos humanos pide se investigue empresarios de Minera el Aguilar “por crímenes de lesa humanidad”
Wolfgang Kaleck
En una entrega de prensa firmada por el equipo de abogados querellantes en los juicios por lesa humanidad cometidos en Jujuy, Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte, Juan Manuel Sivila y María José Castillo, se indicó que el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) presentó el miércoles, 19 de diciembre, un informe legal conocido como amicus curiae (amigo del tribunal) ante el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy en la causa “Bazán, Avelino y otros”, por la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar contra los trabajadores de la Compañía Minera Aguilar S.A. Entre ellos, la desaparición del reconocido dirigente minero Avelino Bazán.
Mediante este informe, el ECCHR pedirá que se investigue la complicidad de la empresa minera en estos crímenes, “la que a través de sus directivos, habría facilitado a las fuerzas represivas de aquel entonces, una lista de personas que posteriormente fueron detenidas ilegalmente; incluso con el empleo de los vehículos de la empresa minera”, señalaron los abogados.
Los mismos querellantes indicaron que el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, es una organización de Derechos Humanos independiente, sin fines de lucro, con sede en Berlín. Fue fundada en 2007 por un pequeño grupo de renombrados abogados, para hacer cumplir y proteger los Derechos Humanos tal y como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así como también en otras declaraciones internacionales y textos constitucionales nacionales.
El informe que se presentó ante el Juzgado Federal N° 2, según adelantaron desde ECCHR, “resalta que el gobierno y el poder judicial argentino están obligados a investigar la responsabilidad de los agentes empresariales en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar”. “Porque desde los juicios del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, está demostrado que la investigación del papel de los agentes económicos forma parte de la lucha contra los crímenes de Estado”, aseguraron.
También, en abril de 2011, el ECCHR presentó un informe legal en varias causas que involucran a directivos de la empresa Ledesma SAAI, sobre su complicidad corporativa en violaciones de derechos humanos. En particular las cometidas durante la “Noche del Apagón” en julio 1976 contra los empleados de ese ingenio. Las que después de muchos años de estar paralizadas, y sobre todo a partir del cambio del juez, han avanzado notablemente. En su decisión del 15 de noviembre de este año, el Juez Federal Fernando Poviña –informaron- utilizó los argumentos expuestos por el ECCHR y declaró que en el plano internacional, la responsabilidad penal de los ejecutivos de las empresas como cómplices de graves violaciones a los derechos humanos, ha sido largamente reconocida. Así, el Juez Poviña, apeló en aquella decisión, entre otros, a hechos juzgados en el Tribunal de Nuremberg, que se presentarán también en este informe, para explicar la colaboración de grandes empresas con aquellos Estados que practicaron crímenes de lesa humanidad. Cabe recordar en ese sentido, que el juez Poviña decidió procesar a los dirigentes de Ledesma, Pedro Blaquier y Alberto Lemos, por su presunta complicidad en crímenes de este tipo”, continuaron.
“Esperemos que las investigaciones contra los responsables de la Compañía Minera Aguilar sigan, al igual como en las del caso Ledesma, y que se pueda esclarecer la verdad de los crímenes cometidos en contra de los empleados de las empresas, con la complicidad de sus directivos”, dijo Wolfgang Kaleck, secretario general del ECCHR, quien entregó personalmente el amicus curiae al Juzgado Federal n° 2 de Jujuy.
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