Año 5. Edición número 240. Domingo 23 de diciembre 2012
Por Gabriel Bencivengo
gbencivengo@miradasalsur.com
El trabajo en negro promueve el disciplinamiento social y político
La ausencia de estadísticas confiables impide dimensionar el trabajo agrario. Sin embargo, algunos estudios advierten sobre la precariedad y los riesgos de los grupos afectados.
Cuántos trabajadores agrarios hay en el país? ¿Cuántos son estacionales? ¿Cuáles son sus características socioeconómicas? ¿Qué perfil tienen las corrientes migratorias que proveen de mano de obra estacional? Dimensionar la problemática del trabajo rural es una tarea difícil por una razón sencilla: no existen datos sistematizados ni relevamientos censales específicos. La ausencia es aún más crítica cuando se trata de trabajadores estacionales que migran según la oferta laboral.
“Subregistrados en los censos, disimulados en los pliegues de los sectores tradicionales y modernos, los trabajadores rurales estacionales o temporarios han ocupado, hasta fechas muy recientes, un lugar marginal en el análisis social y económico”, destacan Reinaldo Ledesma, Jorge Paz y Alberto Tasso, autores de Trabajo rural estacional en Santiago del Estero (www.oit. org.ar/WDMS/bib/publ/libros/cea_ rural.pdf).
El estudio, aunque centrado en la región del NOA, aporta pistas y ayuda a comprender el peso económico y social del fenémeno, pero también el estado de indefensión laboral en que se desempeña la inmensa mayoría de los trabajadores agrarios.
Una aproximación. El régimen de trabajo agrario define al trabajador no permanente como el que por necesidades cíclicas o estacionales es convocado a desarrollar actividades agrarias. El caso típico en la mano de obra que se desempeña en la cosecha y la zafra, y la que realiza actividades como siembra y plantación de productos agrícolas, trabajos de poda o recolección y embolsado de frutos.
Los autores destacan que desde un punto de vista económico se trata de una respuesta demográfica a los desequilibrios de los mercados laborales. Los investigadores agregan que el mapa expresa las desigualdades regionales de desarrollo, pero también las inequidades en los niveles de ingreso y educación. Un panorama donde el denominador común son la pobreza y la marginalidad, factores que disparan los desplazamientos hacia zonas demandantes de mano de obra.
Ledesma, Paz y Tasso subrayan que “desde una visión macroeconómica y social, se trata de la manifestación de un desequilibrio estructural no sólo en el mercado, sino también entre sectores sociales y regiones”. Así, el mecanismo se revelaría como una suerte de compensación, aunque precaria, de las desigualdades al tener efectos “positivos” sobre los ingresos, aunque negativos sobre las familias y los espacios locales.
Tales migraciones, tanto las definitivas como las estacionales, son características de la historia argentina. Por caso, Santiago del Estero ha sido desde la época colonial demográficamente tributaria de otras regiones y, a la vez, productora de mano de obra. En síntesis: la falta de desarrollo local y la compensación de la desigualdad social, cuyo efecto tiende a reproducirla, juegan como dos caras de una misma moneda.
Otra mirada. Una posibilidad es aproximarse a la cuestión a través de la calificación profesional de los trabajadores rurales. En el caso del NOA, apenas el 4,5% son profesionales o técnicos. El 55,8% es mano de obra operativa. El resto son trabajadores no calificados. En otras palabras: el 95,5% realiza tareas que requieren poca o nula calificación.
Otro indicador revelador es la calidad de la inserción laboral, dato que surge del porcentaje de trabajadores no registrados sobre el total de ocupados. Aunque extrema, y puede que el nivel haya descendido en los últimos años, la situación del NOA es alarmante: el 75,8% de los trabajadores agrarios no está registrados.
La demanda. La ausencia del Estado no sólo facilita que los empleadores evadan cargas laborales y previsionales, y ahorren por esta vía hasta un 30% del costo laboral –un 10% del costo de producción–, también profundiza situaciones de marginalidad que impiden a los trabajadores y sus familias el acceso a la salud, la educación y a una vivienda digna. En la práctica, el desarrollo económico de muchas zonas rurales se alcanzó a costa de los derechos de los trabajadores. El desalojo de campesinos y pueblos originarios es un ejemplo.
“La falta de oportunidades laborales en sus lugares de origen se convierte en oportunidades de flexibilidad total de la fuerza de trabajo por parte de las empresas. Salvo un muy reducido número de cabecillas que llegan a capataces, para el grueso de los trabajadores migrantes no existe la posibilidad de movilidad ocupacional ascendente”, explican Ledesma, Paz y Tasso.
En Santiago del Estero, el mercado temporario que concentra la mayor demanda proviene de las empresas que producen semillas híbridas –desflorada de maíz–. En importancia le siguen la recolección y empaque de frutos de carozo y pepita en los valles andinos, la cosecha mediante pala y embolsada de papa –Buenos Aires y Córdoba– y la recolección de cebolla –Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero–, además de la cosecha y empaque de limón y arándano –Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos–.
Las tareas se alternan con otras más tradicionales, como el desmonte, una especialidad del trabajador rural santiagueño, que ha descollado en el manejo del hacha y el machete, trabajo que se ha intensificado por la incesante demanda de tierras cultivables para soja en la frontera boscosa. Estos mercados laborales, subrayan los autores, han desplazado a los que fueron característicos de la región durante el siglo XX: obraje forestal y las cosechas manuales de caña de azúcar y algodón.
Conclusiones. El trabajo señala que “las agroindustrias han generado una reestructuración espacial al modificar las características tradicionales de las economías regionales” y que “la búsqueda de mayor productividad y calidad se expresan en una producción flexible, con procesos de modernización/flexibilización y modernización/precarización que inciden en la composición y dinámica de los mercados de trabajo”.
Diversos cálculos estiman que el movimiento anual de trabajadores provenientes de diferentes provincias y países limítrofes ronda las 100 mil personas. “Durante el período de cosecha requieren numerosos contingentes.
Los déficit de la oferta local son cubiertos por los tradicionales desplazamientos, que siguen siendo los asalariados agrícolas peor pagos y carentes de protección social y representación gremial, generalmente, persiste la forma de pago por producción”, advierten los autores.
Sin duda, un fenómeno que se he revelado decisivo para reproducir formas de dominación territorial dirigidas al control de los recursos naturales y de la mano de obra; lo que redunda en un disciplinamiento social y político que reproduce las desigualdades en regiones urbanas y rurales.
Fuente:MiradasalSur

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