Por José Maggi
BAILAQUE INDAGO E IMPUTO A 12 MIEMBROS DE LA PATOTA DE FECED
Más responsables irán al banquillo de los acusados
A pedido del fiscal Gonzalo Stara, el magistrado federal indagó a otros integrantes del grupo de tareas que operaba en el Servicio de Informaciones, entre ellos a Caramelo Altamirano y Ramón Ibarra. Esta semana declaran Videla, Lofiego y Scortechini.
Por José Maggi
El fiscal federal Gonzalo Stara pidió indagatorias a más represores. El juez Marcelo Bailaque decidió las imputaciones.Imagen: Alberto Gentilcore
El juez federal Marcelo Bailaque --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--tomó esta semana declaración indgatoria a 12 represores miembros de la Patota de Feced, a quienes imputó por delitos de lesa humanidad, ocurridos en el centro clandestino del Servicio de Informaciones que funcionaba en Dorrego y San Lorenzo. A la indagatoria prestada por el ex capellán Eugeno Zitelli --que Rosario/12 dió a conocer esta misma semana-- se sumó la de Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Mario "el Cura" Marcote, Carlos "Caramelo" Altamirano, Diego Portillo, Ricardo Enrique Corrales, Ramón Vergara, Ramon Telmo Alcides Ibarra, Daniel González, Julio César "Ronco" Nast y Marcelo "el Vasco" Olazagoitía. Se imputaron hechos de privación legítima de la libertad agravada mediando violencia y amenazas, y en algunos casos la comisión del delito de tormentos agravados y el delito de homicidio.También se dictaron dos resoluciones: el procesamiento de Héctor Gianola y el sobreseimiento de Nilda Folch, alias la Polaca, quien fuera pareja del también exculpado Ricardo Chomicki, ambos ex detenidos que pasaron por el SI y que tuvieron roles de colaboradores más que activos con sus captores (ver aparte).
La docena de indagatorias concretadas esta misma semana se cimentan en la
serie de testimonales brindadas en el juicio a Díaz Bessone y la gran cantidad de sobrevivientes que declararon en los dos últimos años en la causa aún en instrucción. Por eso, el fiscal Stara solicitó al juez Bailaque la realización de nuevas imputaciones. Como respuesta a esos pedidos, el magistrado ordenó una serie de declaraciones indagatorias que se fueron celebrando a lo largo de la semana.
Las imputaciones
*El caso de Daniel Gorosito, por cuyos delitos se imputó a Vallejo y Portillo.
*Por el caso de los integrantes de la comisión directiva de la biblioteca popular Constancio Vigil se imputó a Ibarra, Marcote y Corrales.
*Los casos de la Masacre de Los Surgentes fueron imputados como un único hecho a Vallejo, Ibarra, Vergara e Ibarra, Fermoselle y Marcote, luego de años de imputarse por separado, impidiendo la reconstrucción histórica de los delitos de los que resultaran víctimas José Oyarzábal, Sergio Jalil, Daniel Barjacoba, María Cristina Márquez, Cristina Costanzo Ana Lía Murgiondo y Daniel Laus.
*También se imputó por los tormentos de Adriana Beade a Portillo.
*Por los homicidios de Analía y Mario Urquizu (dos jóvenes pampeanos militantes de Montoneros asesinados en enero de 1977) y Daniel Roche se imputó a Vergara, Vallejo, Corrales y Altamirano.
*Por Osvaldo Vermeullen a Vallejo, Nast y González.
*Por María Sol Pérez Losada de Ameri a Dougour, Portillo, Marcote, Altamirano y Daniel González.
*Por la Masacre de Ibarlucea, como se conoce al fraguado intento de copamiento de la comisaría de ibarlucea se imputó a Corrales. En este caso se masacró entre otros a Nora Larrosa, Daniel Mellili y Rodolfo Segarra, procedimiento llevado adelante por el propio Agustín Feced.
Un cacerolero ronco
En relación a la conducta adoptada por los represores al momento de ser indagados, nadie contestó preguntas, pero en el caso de Julio Cesar "Ronco" Nast realizó algunas manifestaciones citando al co-imputado Calos Ulpiano Altamirano. Dijo que "el fiscal Stara comete persecución religiosa en perjuicio de Zitelli". Manifestó también que el fiscal fue designado en su función por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi, perteneciente a la organización terrorista montoneros, por lo cual no iba a declarar.
No conforme con esto, Nast señaló que "los días 13 de setiembre y 8 de noviembre 4 millones de personas salieron a la calle tañendo cacerolas e hicieron reverberar a lo largo y ancho del país la palabra libertad. Multitudes nunca antes vistas decidieron abnegar (sic) al silencio, la complicidad a la corrupción gubernamental".
Por si fuera poco, el represor acompañó "para colaborar con la averiguación de la verdad histórica" dos notas de El Informador Público, un medio ligado a servicios de inteligencia. En una, luce una nota titulada "Zafaroni involucrado en delitos de lesa humanidad" y en la otra, de fecha 12 de septiembre de 1974, "La juventud sindical se abocará a la identificación y captura de montoneros".
A su turno, Mario "el Cura" Marcote se autodeclaró "preso político" y dijo que no estaban dadas las condiciones para juzgarlo, al tiempo que aclaró que por sus creencias religiosas lo siguen llamando "El Cura".
Por su parte, Daniel "el Lagarto" González negó las imputaciones y manifestó: "No tuve nada que ver, con los detenidos tuve siempre buen trato".
Indagatorias no finalizadas
Algunas de las declaraciones aún deben realizarse. La declaración de Corrales, debido a la gran cantidad de prueba colectada en su contra continuará el próximo 10 de diciembre.
En tanto, las declaraciones de José Rubén Lofiego y Jorge Rafael Videla se tomarán el próximo martes en el Penal de Marcos Paz, donde se constituirán el juez Bailaque y el fiscal Stara.
En el caso de Scortechini, la declaración se suspendió porque el imputado adujo "razones de salud" que le impidieron presentarse en el tribunal por el momento. La misma fue reprogramada para los próximos días. En este último caso, la fiscalía acompañó un dictamen del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones que da cuenta de que el imputado se encuentra en condiciones de viajar a la ciudad de Buenos Aires, por tanto, el traslado al penal de Marcos Paz, sería inminente.
Procesan a Beto Gianola
El juez federal Marcelo Bailaque procesó a Héctor Gianola por 40 casos de Privación Ilegal de la Libertad, y cuatro casos más, en concurso real con amenazas y tormentos. Entre las víctimas se enumeran José Alosio, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Gregorio y Nelly Larrosa, Eduardo Bracachini, Laura Ferrer Varela, Laura y Julieta Hanono, Analía Minetti, Daniel Farías y Stella Maris Hernández. En concurso con tormentos, lo procesó en relación a Carlos "Cabezón" Perez Risso, Elida Deheza, José Giusti y Raúl "Tortuga" Nasini. Gianola, conocido como "Beto" quien se encontraba prófugo desde mayo de 2010, y detenido a fines de octubre, fue reiteradamente nombrado por sobrevivientes del SI en el juicio oral Díaz Bessone.
NILDA FOLCH FUE ABSUELTA
Polaca libre
Nilda Folch, más conocida como la Polaca, ex esposa de Ricardo Chomicki, fue finalmente absuelta en la causa que se le seguía por su comportamiento puertas adentro del Servicio de Informaciones, donde ingresó como detenida, y salió como colaboradora.
El 26 de noviembre de 2004, la habían procesado con prisión preventiva por considerarla responsable de 9 privaciones ilegítimas de la libertad, en perjuicio de José "el Gringo" Aloisio, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Stella Maris Hernández, Ana Moro de Cheroni, Benito Espinoza, José Giusti, Carmen Lucero y Juan Alberto Fernández. También fue acusada por la privación ilegítima en concurso con el delito de tormentos en perjuicio de María Inés Luchetti de Bettanín, Gustavo Rafael Mechetti, Osvaldo Daniel Baas y Mansilla, Mirta Isabel Castellini, Francisca Van Bove de Espinoza, Adrián Sánchez, Máximo Mur, Analía Minetti, y Oscar Ramón Bustos.
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó los cargos el 30 de diciembre de 2004, con la excepción de los casos de Mechetti, Sánchez, Mur y Minetti.
Tiempo después, fue ordenada su ampliación de indagatoria pero Folch ya no se presentó y se la declaró prófuga de la justicia.
En base a sus declaraciones indagatorias, donde manifiesta haber sido secuestrada, torturada y abusada sexualmente, el mismo juez Marcelo Bailaque indagó y procesó a los co-imputados Marcote, José Lofiego y Carlos Altamirano.
Ante esta situación, de denunciante en una causa y procesada en otra, el magistrado consideró que "teniendo en cuenta el contexto de su detención y su ámbito, su autodeterminación se vió notoriamente reducido por lo cual no le era exigible una conducta diferente".
El magistrado entendió que la Polaca "actuó bajo estado de necesidad exculpante", siguiendo el razonamiento del Tribunal Oral Federal 2, que absolvió a Ricardo Chomicki. Por tanto, se la sobreseyó de los hechos que le fueran oportunamente imputados.
Consultada sobre el tema, la abogada querellante Gabriela Durruty, manifestó: "Como sostuvimos en el juicio Díaz Bessone, para el caso Chomicki llevamos ante el tribunal la acusación que los sobrevivientes del Servicio de Informaciones vienen sosteniendo desde siempre. En los casos de Folch y Chomicki era posible adoptar tres temperamentos diferentes: acusar lisa y llanamente, como hicimos desde la querella de Familiares; no acusar como hicieron el resto de las querellas; o pedir la absolución, o en su caso el sobreseimiento, porque las conductas se desarrollaron bajo estado de necesidad. Esta última fue la posición de la fiscalía y del Tribunal en ambos casos".
"En el caso de la absolución de Chomicki, el TOF fundó su decisión, entre otras cosas, en un documento emanado del propio organismo que nos encomienda llevar la petición de las víctimas al tribunal, pero avalando la teoría del estado de necesidad. Por ello renunciamos a la representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre", recordó Durruty.
COSIDOY NO JUZGARA A GENOCIDAS
Una amiga de fierro
La jueza Laura Inés Cosidoy no integrará el Tribunal Oral Federal número 1 que juzgará a represores de la dictadura militar en el Cordón Industrial. Tras el reclamo de organizaciones de derechos humanos para que "Cosidoy se aparte del proceso por su amistad con Galtieri", este jueves el TOF aceptó la inhibición de la magistrada, según informaron fuentes judiciales al portal de noticias Redacción Rosario.
El próximo 12 de diciembre está anunciado el comienzo de un nuevo juicio oral y público contra represores de la dictadura, en el que serán juzgados los represores de la ciudad de San Lorenzo Osvaldo Cervera, Horacio Maderna y Pedro Alberto "Pili" Rodríguez. El TOF en el que había recaído el proceso es el Nº 1 de Rosario, que iba a estar integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y Laura Inés Cosidoy.
El miércoles pasado, organismos de derechos humanos de Rosario y el Cordón Industrial exigieron que la Jueza Laura Cosidoy "no integre el tribunal" que juzgará represores del Cordón Industrial. "Por su cuestionada trayectoria, las intimidaciones contra ex presos políticos y su declarada amistad con el dictador Galtieri, Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado", dijeron desde los organismos y comenzaron una campaña para juntar firmas desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial.
Para las organizaciones la magistrada no estába en condiciones de enjuiciar a los militares y represores "por que han sido subalternos de su amigo genocida". Entre los argumentos por los cuales pidieron el apartamiento de Cosidoy, los organismos recordaron que "hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced".
Fuente:Rosario12
La cuestionada magistrada se apartó del juicio a represores de San Lorenzo
Cosidoy no juzga a genocidas01/12/2012
La jueza Laura Inés Cosidoy finalmente no será parte del primer juicio contra represores de la dictadura del Cordón Industrial. Tras el reclamo de organizaciones de derechos humanos para que “Cosidoy se aparte del proceso por su amistad con Galtieri”, este jueves el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario aceptó la inhibición de la magistrada, según informaron fuentes judiciales.
El próximo 12 de diciembre está anunciado el comienzo de un nuevo juicio oral y público contra represores de la dictadura, en el que serán juzgados los represores de la ciudad de San Lorenzo durante la dictadura Osvaldo Cervera, Horacio Maderna y Pedro Alberto «Pili» Rodríguez. El tribunal oral sobre el que había recaído el proceso es el N°1 de Rosario, que iba a estar integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y Laura Inés Cosidoy.
Este miércoles, organismos de derechos humanos de Rosario y el Cordón Industrial exigieron que la Jueza Laura Cosidoy “no integre el tribunal” que juzgará represores del Cordón Industrial. “Por su cuestionada trayectoria, las intimidaciones contra ex presos políticos y su declarada amistad con el dictador Galtieri, Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado”, y comenzaron una campaña para juntar firmas.
“Exigimos que Laura Inés Cosidoy no integre un juicio por delitos de lesa humanidad”, decía el texto difundido por las organizaciones que integran Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial.
“Ante la proximidad del proceso oral y público –agregaron los organismos‒, en el que se juzgará por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos en la zona el Cordón Industrial, anunciado para el próximo 12 de diciembre, querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, ex presos políticos de la dictadura, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos como Madres, APDH, Familiares, el Colectivo de ex Presos y Sobrevivientes, HIJOS y diversas organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, queremos volver a manifestar: que no queremos que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, integre ningún tribunal que tenga como misión juzgar a los genocidas”.
Para las organizaciones la magistrada no estába en condiciones de enjuiciar a los militares y represores “por que han sido subalternos de su amigo genocida”.
Entre los argumentos por los cuales pidieron el apartamiento de Cosidoy, los organismos recordaron que “hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced”.
Y en ese sentido añadieron: “En esa oportunidad la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorimo de Estado que la misma les hacía en esa época. No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri”.
Una vez más, como sucediera en otro juicio que estuvo a punto de realizar, y que también recibió el repudio de las organizaciones de derechos humanos, la jueza Cosidoy presentó su inhibición que le fue aceptada por sus pares este jueves.
Fuente:RedaccionRosario
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