Lesa humanidad: testigos acusaron a Alzugaray, Guil y a Lona
Por Elena Corvalan
La cooperación entre las fuerzas de seguridad para la represión ilegal; la intervención del Ejército en el penal de Villa Las Rosas desde enero de 1976; el conocimiento del ex gobernador de facto y gobernador institucional Roberto Augusto Ulloa, y de su ministro de Gobierno de facto y legislador constitucional Oscar Folloni, de la detención irregular de un ex policía que desapareció de la Central de Policía; la complicidad de miembros de la Iglesia Católica con la dictadura. Estas fueron algunas de las cuestiones que ratificaron ayer los testigos que pasaron por la sala de grandes juicios Gobernador Miguel Ragone de la Ciudad Judicial, en la penúltima audiencia de 2013 del megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad y en el que se juzga a 17 hombres.
Ocho testigos declararon ayer, tres por videoconferencia. El testimonio más emocionante fue el de la ex presa política Graciela López, desde México, que narró las detenciones ilegales y torturas que padeció y las que presenció, y acusó al ex comisario Joaquín Guil y al ex federal Juan Carlos Alzugaray, que están siendo juzgados en este proceso, y al fallecido Federico Livy, jefe de la Delegación Salta de la Federal. En el mismo sentido declaró el periodista Eduardo Tagliaferro, quien también acusó a Alzugaray y a Livy.
Los hablaron de las tareas conjuntas de las fuerzas represivas. López fue docente de la Universidad Nacional de Salta. En diciembre de 1974, con la intervención civil, le rescindieron el contrato junto a otros docentes, entre ellos Georgina Droz, luego detenida y asesinada en Palomitas.
La testigo sostuvo que Guil encabezó el grupo de policías que en febrero de 1975 irrumpió en su departamento (donde estaba con su hijita), revolvió todo y esperó a su marido, Néstor Medina, que fue detenido y llevado a la Federal, donde fue torturado. El 4 de marzo ella misma fue detenida, en un operativo de la policía provincial y la Federal dirigido por Guil. Fue llevada a la Federal, junto a su nena, y fue sometida a un interrogatorio, que calificó como una tortura, en el que participaron Livy y Alzugaray.
Allí conoció a Rodolfo Usinger (asesinado en Palomitas), “a quien evidentemente habían torturado de la manera más terrible”, y lo vio “arrastrándose”. Luego fue llevada al Hogar del Buen Pastor, dirigido por la religiosa Cornejo Solá (fallecida), quien le negó la libertad a pesar de que el juez federal Ricardo Lona se la había concedido. López recordó que cuando estaba por salir, la monja dijo que había hablado con Livy y que no se podía ir, y que el juez no hizo nada ante este incumplimiento.
Al día siguiente un decreto la puso disposición del Poder Ejecutivo Nacional; estuvo 5 años detenida, en el Buen Pastor, Villa Las Rosas y Devoto. “Hay toda una complicidad verbal entre la Policía, la directora del Buen Pastor y el juez Lona”, acusó. Recordó también que en el Hogar, donde alojaban a presas políticas y comunes, había “un maltrato terrible de las monjas, sobre todo de la rectora”, y que a raíz de esto una detenida, Olga Plaza, sufrió un aborto. También contó que a Droz fue sacada de este Hogar para ser torturada. “Tanta picana le habían puesto que tenía el pelo levantado y no podía caminar”, le confió una celadora. “Así trataban a los seres humanos para terminar matándolos como en el caso de Georgina”, se emocionó.
De allí López fue llevada a la cárcel de Villa Las Rosas, penal que en enero de 1976 fue “intervenido” por el Ejército, un dato que los imputados vienen negando. Los militares prohibieron todo tipo de actividades recreativas y las pocas salidas al patio se hacían bajo vigilancia de miembros del Ejército. “Iban muchos militares al penal. Entraban con Braulio Pérez (director) al pabellón a interrogar y amedrentar”. Había un teniente “jovencito” que revisaba incluso el baño.
Tras relatar los tormentos aplicados a otros detenidos, López reclamó por el cuerpo de Droz. “Se sentían dueños de la vida, han de saber estas personas que lo único que buscamos es justicia”, sostuvo antes de afirmar que lleva “en el corazón” a las víctimas del terrorismo de Estado. Y acusó: “Tengo el rostro de Guil. Tengo el rostro de Livy. Tengo el rostro de Alzugaray”.
La testigo Margarita Pifster, que actualmente es jueza penal en Comodoro Rivadavia, aseguró ayer que en 1978 el gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ministro de Gobierno, Oscar Folloni, fueron informados de la detención irregular del ex federal y miembro de inteligencia Juan Carlos Parada de Mallo. Pfister dijo que esto lo supo de boca de la esposa del detenido, Marta Beatriz Cascella, quien le contó que ambos le dieron la misma respuesta que el entonces comisario Joaquín Guil: debía esperar el regreso del jefe de Policía, Juan Carlos Grande. Posteriormente, por Cascella también, supo que ésta había amenazado a Guil o a Grande: “(Les) dijo que si no le entregaban al marido, ella iba a hablar.
Entonces le dijeron que vuelva a la tarde, que lo iban a liberar”. Parada de Mallo fue detenido por policías el 17 de marzo de 1978, al parecer, por una diferencia entre los represores por el botín que sacaban de sus actos terroristas. Ya se sabe, que la tarde del 29 de marzo de 1976, cuando se suponía que iban a liberar a su marido, Cascella quedó detenida en la Central de Policía, de donde ambos desaparecieron.
Así, en tiempo presente, se definió Oscar “Nikita” Camacho cuando el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, le preguntó si tenía alguna relación con los involucrados en este proceso en el que, en otros casos, se investiga el asesinato del adolescente Martín Miguel Cobos, cometido la madrugada del 25 de septiembre de 1976.Camacho vivía enfrente de Martín y juntos pasaron el día 24. Juntos regresaron del cine esa noche y advirtieron que eran seguidos.
Ya en su casa, Camacho vio a un hombre afuera y pensó que iban a robar, avisó a su hermano y abrió la puerta para ir a avisar al padre de Martín, que tenía teléfono para llamar a la policía. Fue cuando vio a su amigo saltando la terraza, chocando con un hombre y pidiéndole: “Ayúdame, `Nikita`, ayúdame”. Vio a otro hombre que parecía al mando, un flaco alto, con un Handy en la mano, que “gritaba que lo maten: ``¡Matalo –decía-, matalo!”. Llorando, recordó que a Martín le disparaban desde la calle y la terraza; que vio que recibió un tiro en una pierna y sintió las balas en su puerta, cerró “y me he ido, porque si no, me iban a matar a mí también”.
Camacho aseguró que había dos Ford Falcon en el hecho, uno celeste de la Seccional V y otro azul oscuro de la Jefatura, dijo que a ambos los conocía.
Años después, en 1986, en Salta Forestal, Camacho volvió a ver al hombre al mando: fue con la custodia del entonces gobernador Roberto Romero. Por preguntas supo que se apellidaba Bocos. El comisario Víctor Hugo Bocos está procesado en relación a la detención y torturas que sufrió otro hermano de Martín, Víctor Cobos.
Por Elena Corvalan
Un ex empleado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aseguró ayer que en 1976 esta empresa prestó vehículos y choferes al Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, para que colaboraran en los operativos de represión que se realizaban en todo el norte provincial.
El otorgamiento de vehículos por parte de la petrolera al Ejército ha sido reconocido por quien era jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, uno de los acusados por actos de terrorismo de Estado que está siendo juzgado ahora. “En el año 76 el Regimiento, que estaba a cargo de Ríos Ereñú, pidió vehículos a YPF”, recordó Jesús Domínguez en el megajuicio que ayer debió cambiar de sede y terminó realizándose en la sala del Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, por problemas de conectividad, necesaria porque algunos imputados siguen el debate por videoconferencia.
El testigo dijo que se asignaron 9 vehículos y que él fue el chofer de un camión acondicionado para transportar personas, en el que llevaba patrullas del Ejército y se usaba también “para acarrear presos políticos”.
“El 23 de marzo de 1976 ya pasamos a prestar servicio en el Regimiento, entonces nos autoacuartelan y el día 24 fue el golpe militar”, memoró. Contó que entraban temprano a la dependencia militar y se quedaban “hasta altas horas de la noche”, aunque también era posible que fueran convocados en cualquier momento, para llevar a participantes de operativos represivos.
“Alguien” llevaba un registro de las horas y luego YPF les pagaba los sueldos con las horas extras correspondientes. Domínguez aseguró que fue obligado a realizar esta tarea, que mientras fue chofer (entre marzo y diciembre de 1976) presenció actos de violencia y golpes a detenidos. Y que él mismo terminó detenido cuando se supo que militaba en la JP, y luego fue despedido de YPF por indicación de Ríos Ereñú.
Recordó que durante su estancia en el Regimiento vio a detenidos alojados en un pabellón, y que cree que allí se torturaba, porque escuchó gritos que provenían de la sala de armas. Y una noche, a “altas hora”, vio en el Regimiento al dirigente de la JP Jorge René Santillán. Lo llevaban en el asiento de atrás de un vehículo, rodeado por otros hombres.
El testigo dijo que conocía a Santillán porque militaban en la JP y trabajaban en la misma empresa (Santillán fue despedido de YPF en julio de ese año), y que pudo verlo bien porque logró sacarse la capucha, incluso le pareció que quiso hablarle, pero no le permitieron.
Tampoco dejaron que Domínguez se acercara al vehículo, que estuvo unos “diez minutos” y volvió a salir. Santillán fue secuestrado de su casa en General Mosconi la madrugada (o tal vez la noche anterior) del 10 de agosto de 1976, por un grupo de hombres entre los cuales uno fue identificado como miembro del Regimiento 28. Su cuerpo apareció en el paraje Acambuco, sometido a una explosión.
El otro testigo que declaró ayer, en la última audiencia de este año en el megajuicio (que seguirá en febrero de 2013), fue el ex policía Zenaido Juárez, que en 1976 prestaba servicios en Tartagal. Dijo que una noche, entre a las 23 o 23,30, le ordenaron ir a un operativo con otros tres hombres cuyos nombres aseguró no recordar, “en esa época andaban todos de civil” y “cuando menos preguntaba, mucho mejor para nosotros”, justificó.
Dijo que le indicaron que llevara linterna y ametralladora, que fueron a Acambuco, “donde estaba el cuerpo”, y le ordenaron: “Usted se va a quedar acá”, que tirara a quien intentara acercarse, y lo previnieron: “No se vaya a arrimar al cuerpo porque puede haber esquirlas y va a volar usted también”. Juárez contó que ni bien amaneció pudo ver la escena del crimen. Y que la comisión con el médico policial y demás funcionarios vino cerca del mediodía, a levantar el cuerpo.
El testimonio de Juárez contradice el acta policial que firma el oficial Agustín Burgos, en la que se consigna que el cuerpo fue hallado a las 10,30 del 10 de agosto, y que el agente fue al lugar del hecho con la comisión que partió de Tartagal a las 10,45. Informado de esta contradicción, Juárez se mantuvo en sus dichos: “Nosotros fuimos de noche”, reiteró. Dijo que eran 4 personas, que no fue el médico y que “parecía que (sus acompañantes) sabían dónde estaba el cuerpo”, por “la manera en que fueron: fueron exactamente al lugar donde estaba el cuerpo”.
Careo frustrado
El defensor oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Héctor Ríos Ereñú, acusó de dar un testimonio falso a Jesús Domínguez. Recordó que el testigo ya está imputado por este delito porque incurrió en contradicciones en la instrucción y pidió un careo con su defendido.
El fiscal Ricardo Toranzos se opuso a este pedido. Sostuvo que no hay contradicciones entre las afirmaciones de Ríos Ereñú y las del testigo. El querellante David Leiva adhirió a los argumentos del fiscal y añadió otros: dijo que está claro que Domínguez fue una víctima del terrorismo estatal y que el careo sería una revictimización porque lo pondría en la obligación de enfrentarse con “el jefe del accionar represivo en el norte de Salta”.
El Tribunal rechazó el careo. Ríos Ereñú viene declarando cada vez que se tratan crímenes en los que está imputado. Ayer también había dicho que iba a declarar pero tras una consulta con su defensor, optó por no hablar.
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