DERECHOS HUMANOS | REVISIóN DE LOS 70
Describieron el papel de civiles en la dictadura
Un testigo en la megacausa relató cómo personas se infiltraban en grupos políticos para colaborar con los militares
Fueron bajados a la fuerza del avión que habían abordado junto a su madre para reunirse con su papá, un médico rural que estaba exiliado en Venezuela. Les vendaron los ojos y los maniataron. Estuvieron en un Centro Clandestino de Detención (CCD) en Buenos Aires. Allí, para calmarlos, en las penumbras, mujeres detenidas les susurraban canciones infantiles. Los abandonaron en la calle, cerca de la casa de una familia amiga. El más pequeño, de siete años, pudo desatarse y liberar a sus hermanos de 11, 12, 13 y 16. "Cuando llegaron finalmente a Venezuela estaban con la ilusión de que su mamá iba a volver". Nélida Azucena Sosa deForti, sin embargo, permanece desaparecida desde esa mañana del 18 de febrero de 1977. Las imágenes del infierno que vivieron cinco hijos de la familia Forti (uno de ellos se quedó en Tucumán) cuando estuvieron secuestrados junto con su madre fueron descriptas por la testigo Luisa V. Se trató de uno de los relatos más conmovedores de la décima jornada de la megacausa por crímenes de lesa humanidad "Arsenales II-Jefatura II", que tiene a Sosa de Forti entre las 234 víctimas.
Luisa V. y su familia tenían previsto abordar el mismo vuelo, pero un imprevisto cambió su suerte. La mujer relató que su esposo, que también era médico, y Forti habían conseguido trabajo en ese país del exterior en un programa para mejorar la calidad de vida de poblaciones rurales. Ambos matrimonios, según comentó, estaban comprometidos con proyectos de educación popular. "El contexto se volvía cada vez más amenazante. Todos los días secuestraban y conocíamos a mucha gente desaparecida. No pedimos asilo, pero estábamos exiliados", explicó la testigo en relación al porqué del viaje.
Luego, detalló que hicieron innumerables denuncias y gestiones en Caracas, ante organismos internacionales, para pedir la liberación de Nélida. Tiempo después, pudieron reconstruir lo que pasó con ella. Fue trasladada a Tucumán y alojada en el CCD que funcionó en la Jefatura de Policía. En el expediente, testigos dieron cuenta de que allí fue torturada y que fue obligada a prestar declaración. Se cree que fue ejecutada.
"Grupos de inteligencia"
"Con el tiempo, supe que al grupo que secuestró a mi sobrino Gabriel Agüero lo comandó Roberto "El Tuerto" Albornoz", expresó Marcelo V. A, el segundo testigo que pasó ayer frente a los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga.. El hombre, que fue policía y periodista, detalló que gracias a sus contactos investigó sobre el destino de su familiar y de su esposa, Estela López. Comentó que Gabriel se reunía con otros jóvenes del Partido Socialista y que, entre ellos, habría habido colaboradores civiles de las fuerzas de seguridad infiltrados. "Integraban la CNU (Concentración Nacional Universitaria), se hacían pasar por una agrupación de estudiantes y eran grupos de inteligencia", describió. A continuación, brindó una lista de presuntos colaboradores con la dictadura, en la que incluyó al escribano Juan Carlos Benedicto.
El matrimonio fue secuestrado en septiembre de 1977 en la vieja terminal y se cree que estuvieron en la Jefatura. Ambos están desaparecidos. Juan Manuel Z. y Manuel A. eran trabajadores del Ingenio San Juan cuando fueron secuestrados. Ambos coincidieron en detalles del modus operandi de las fuerzas de seguridad: los capturaron de noche, encapuchados, y los torturaron con golpes y electricidad. Ambos aludieron a que muchos de sus compañeros de trabajo desaparecieron, entre ellos, Manuel Antonio Tártalo, otra de las víctimas del expediente.
Al cierre de esta edición, exponía su experiencia Raúl S., un vecino de Concepción que trabajaba en una veterinaria cuando fue detenido (1977). Era vecino de Oscar Jiménez, un delegado gremial de una fábrica textil que está desaparecido y que es otra de las víctimas que aparece en la causa. De hecho, lo vio en la Jefatura y pudo hablar con él. Raúl habría estado también en los CCD de "La Escuelita" y en el "Arsenal". Brindó detalles escalofriantes de la vida en los centros de detención. "Cuando llegué a uno de los lugares (lo trasladaron varias veces), escuché a un hombre suplicar que lo mataran. Me contaron que lo tenían colgado de un pie desde hacía tres días", recordó apenado.
Se espera que durante la jornada de hoy sigan prestando declaración nuevos testigos.
234 Crímenes por resolver
José Rodríguez (desaparecido)
En septiembre del 76 un grupo de militares saqueó su casa y lo secuestró. Fue llevado a la Brigada, donde sus familiares lo visitaron. Habría sido ejecutado. Está desaparecido.
Humberto Ponce (desaparecido)
Militante de la UCR, fue secuestrado en mayo del 77. Los captores robaron pertenencias de su casa. Estuvo en el CCD de la Jefatura. Habría sido ejecutado. Permanece desaparecido.
Ricardo y Silvina Salinas (desaparecidos)
El matrimonio fue detenido en San Salvador de Jujuy, en la vía pública. Estuvieron en el CCD de la Jefatura. Habrían sido asesinados. Ambos permanecen desaparecidos.
Wilfredo Rodríguez (secuestrado)
Fue secuestrado por policías en julio del 76. Fue trasladado a la seccional IIº. Fue liberado y lo volvieron a detener. Estuvo alojado en la Brigada. Luego recuperó su libertad.
Luis Rojas (desaparecido)
Tenía 46 años, estaba casado y trabajaba en el Ingenio Concepción como mecánico. En agosto del 77 fue secuestrado de su casa. Estuvo en la Jefatura de Policía. Permanece desaparecido.
Viernes, 07 de Diciembre de 2012
"Los juicios atomizados tienen desventajas"
Auat, jefe de los fiscales de Derechos Humanos, destacó el avance en los procesos
"Siempre tuvimos en claro que los juicios atomizados tienen desventajas". Con esa frase, Oscar Auat celebró la realización de la primera megacausa "Arsenales II- Jefatura II" en la provincia.
El titular de la unidad fiscal de seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos presenció la audiencia que se sustanció ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. Explicó luego que el hecho de que las causas llegaran por goteo a los tribunales estaba relacionado con una "estrategia de impunidad": "al ritmo que veníamos terminaríamos en el 2040, cuando no quedara más nadie. Ni víctimas ni imputados". También opinó que los casos más pequeños no permitían dimensionar el horror y que propiciaban la sobreexposición de los testigos, que tenían que declarar varias veces.
Expresó que el compromiso es mantener el ritmo actual de los procesos (hay 20 juicios en trámite a lo largo del país). Y destacó que las audiencias públicas permiten que nuevas víctimas se animen a acercarse a las sedes judiciales y efectúen nuevas denuncias. "Estamos llegando tarde. Tuvimos más de 30 años de impunidad. Los daños son irreparables. Se construyeron cepos de impunidad en las propias estructuras del Poder Judicial y se nos acaban los tiempos", expresó a modo de autocrítica. También remarcó el procesamiento de civiles en las causas de derechos humanos.
"Mientras haya en el pueblo más chico un conflicto no resuelto, estaremos en deuda", reflexionó.
FuentedeOrigen:laGaceta
Fuente:Agnddhh
06/12/2012
El delirio y las chicanas: la estrategia de los defensores
En una sala que por momentos estuvo colmada de familiares y público, continuó la segunda ronda matutina de declaraciones de testigos del horror vivido durante la peor dictadura de nuestro país.
Y otra vez los delirios y las chicanas de los defensores, que en el inicio mismo de la jornada comenzaron con el planteo del abogado Benedicto, quién denunció la conformación de una supuesta “asociación ilícita” integrada por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, el último testigo de la semana anterior, Fernando Sosa Padilla, y el fiscal ad hoc en esta megacausa, Pablo Poviña. El mismo defensor, más tarde, pidió el procesamiento por falso testimonio y “la pericia psiquiátrica y psicológica” del testigo Marcelo del Valle Agüero, y requirió al testigo Manuel Ricardo Aguirre su número de documento, para “poder identificarlo”...
El caso Forti
La ronda de declaraciones comenzó con el relato del horror vivido por ella, su familia, y la víctima Nélida de Forti y su familia, la psicóloga Luisa Vivanco. La señora Forti, cabe señalar, con sus seis hijos, una vez ascendidos al avión que debía transportarlos a Venezuela, fueron arrestados con “orden de captura” pedida desde Tucumán. Ambas familias, Alonso-Vivanco, y Forti-Santillán, además de compartir amistad y vecindad, compartían tareas comunitarias y de militancia social. Luisa y Nélida, en temas de educación y comunicación popular con los sectores más humildes del barrio El Colmenar dónde, según Vivanco, “varios vecinos fueron secuestrados”. Los médicos Bernardo Alonso y Alfredo Forti, compartían tareas profesionales en el ex sanatorio ADOS. Y debieron apelar al exilio, en Venezuela, tras soportar permanentes persecuciones, y el estallido de una bomba en una vivienda próxima a las de ellos, del abogado Julio César Rodríguez Anido.
Pero volvamos al secuestro de la señora Forti y sus seis hijos pequeños, que estuvieron desaparecidos durante una semana, aparentemente en el “Pozo de Quilmes”. Después de permanecer esa semana en una celda pequeña y oscura, escuchando los gritos de las víctimas de tormentos, los chicos fueron abandonados en la calle, en Buenos Aires, y gracias a una familia que los rescató pudieron -poco tiempo después- reunirse con su padre. De Nélida, por testimonios, pudo saberse que estuvo en Jefatura de Policía.
Entretanto, Luisa Vivanco, también con seis hijos a cuestas, mudándose permanentemente en viviendas de amigos, llegó hasta Buenos Aires para embarcarse con su amiga a Venezuela. Pero allí, tras enfermarse su hijo más pequeño debió postergar su partida, que finalmente pudo concretar unos días después. Pero con su compañera de militancia desaparecida…
El caso Agüero
Por el caso del secuestro del joven José Gabriel Agüero declaró un tío suyo, periodista y policía (jubilado de esta fuerza de seguridad con el grado de comisario mayor), Marcelo del Valle Agüero, quién tampoco se privó de delirar al referirse a su pasado de seminarista y al calificar a la jerarquía eclesiástica y a la “mafia” del Vaticano. Hasta afirmó que estuvo entre el grupo iniciador del Movimiento de los Sacerdotes del Tercer mundo, y mezcló fechas y datos confusos, pero reconoció haber sido “jefe de Operaciones Policiales”, y que el Centro de Informaciones Confidenciales (C.I.C.) actuó bajo el mando del “Tuerto” Albornoz.
En su gestión como policía dijo que poco pudo averiguar de la situación de su sobrino, porque “policía que pasaba información era hombre muerto”, destacando en tal sentido que dos suboficiales y el comisario Wenceslao Quinteros fueron asesinados “por haber filtrado información policial”. Acusó además a los policías Luís De Cándido y a otros dos, de apellidos Quintana y Abraham, de haber pertenecido a “la patota” de Albornoz, según él “un asesino sanguinario”.
También acusó al ex juez federal Manlio Martínez de haber recibido un solo pedido de hábeas corpus a favor de su sobrino (de los tres que presentó), y mezcló datos, fechas, nombres, al SIDE, a los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (P.S.T., en el que habría militado el hijo de su hermano), a Concentración Nacional Universitaria (C.N.U.), integrado por “informantes del Servicio de Informaciones del Ejército”. Y entre los integrantes de este grupo citó los apellidos Velásquez, Naranjo, Esper, Cejas, Cainzo, Alvarez y al acusado Benedicto, quién según Agüero “perseguía y golpeaba a prostitutas desde muy joven”.
Los casos Zorrilla y Aguirre
Juan Manuel Zorrilla y Manuel Ricardo Aguirre, al momento de sus secuestros, en mayo de 1976, respectivamente los días 3 y 4, compartían el ser compañeros de trabajo en ingenio San Juan. Ambos, a pesar de negar su participación en actividades sindicales o políticas, estuvieron desaparecidos “sólo” unos días: el primero dieciocho, su par veinticuatro. Ambos padecen secuelas físicas y sicológicas tras los espantosos momentos vividos en la Jefatura de Policía. Zorrilla perdió su trabajo tras el secuestro, mientras que Aguirre sigue prestando servicios.
Esposado con las manos atrás, y vendado, Zorrilla fue sacado a los empellones de su domicilio, pero pudo observar por debajo de las vendas, borceguíes que supone de policías. Lo subieron a un auto en el que había ya otra persona, que no supo de quién se trataba, y lo llevaron a una sala grande, con hombres y mujeres, y una embarazada de cuatro meses (dato corroborado por su compañero).
Al recordar a sus compañeros desaparecidos, citó al “Cucusa” Santillán, a Juan De la Cruz, a “Chicho” Tula, a “Bombolorio” Herrera, a “Bocha” Zárate y su hermano “Sota”, a Santillán, a Trejo, a Manuel Tártalo, y a varias otras personas (todos nombres y apodos citados también por Aguirre). Y hoy, treinta y seis años después, cuando recuerda los momentos vividos, Zorrilla afirma “me pongo mal…”
A Aguirre, en cambio, lo secuestraron unos encapuchados, que le preguntaban por Tártalo. En el auto en el que lo trasladaban le aplicaron una inyección que lo dejó dormido. Al despertar, se encontró colgado con una soga de los pies mientras lo pateaban en el cuerpo. Y a los golpes lo tuvieron cada día mientras duró su cautiverio, lleno de torturas y humillaciones… “Hoy vivo con miedo que pueda volver a sucederme una cosa así”, afirmó…
Varios escenarios horrorosos los relatados… Mientras tanto, aquellos a los que sus familiares intentan hacer aparecer como víctimas de “ésta” justicia y de “ésta” democracia, son los que perpetraron las perversiones señaladas…
Por Vicente Guzzi
FuentedeOrigen:TucumanHoy
Fuente:Agnddhh
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