2 de diciembre de 2012

TUCUMÁN: El horror emerge de las fosas de los Arsenales.

Domingo, 02 de Diciembre de 2012 
DERECHOS HUMANOS | REVISIÓN DE LOS '70 
El horror emerge de las fosas de los Arsenales 
El histórico proceso por la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" juzgará los crímenes de lesa humanidad contra más de 250 víctimas que estuvieron secuestradas en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en el Arsenal y la ex Jefatura. En los expedientes figuran detalladas caracterizaciones de esos sitios a las que tuvo acceso LA GACETA 
Foto Ampliada
FOSAS COMUNES. El EAAF ya identificó los restos de 12 personas halladas en los pozos de la dependencia militar. EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPLOGIA FORENSE (ARCHIVO)  
Un camino aparentemente vecinal, una tranquera, casillas y un galpón, todo rodeado por una cerca de alambre. Visto desde de afuera, el lugar no luciría demasiado diferente a cualquier minifundio de la zona. Puertas adentro, la dependencia militar, sin embargo, albergaba el horror del terrorismo de Estado: no sólo las más salvajes torturas y vejaciones sino también la aniquilación.

En el terreno de la compañía de Arsenales "Miguel de Azcuénaga" de la V° Brigada de Infantería funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) y exterminio más grande del NOA.

Una exhaustiva descripción técnica de cómo era y qué ocurría en el CCD figura en el requerimiento de elevación a juicio de la causa "Arsenales II" que lleva la firma de los fiscales federales ad hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos (oficina Tucumán). La caracterización tiene su base en los testimonios de sobrevivientes, los de personas que cumplieron servicio allí y en peritos judiciales. A comienzos de 1976 comenzaron a ser llevadas allí personas detenidas ilegalmente en CCD más pequeños como la Escuela Universitaria de Educación Física (Eudef), el "Reformatorio" o el "Motel", de acuerdo con la pesquisa. Habría funcionado hasta 1978.

Montaje para el terror 
El CCD fue instalado en los sectores norte y este del terreno militar ubicado sobre la ruta 9 (Las Talitas). El Arsenal funcionaba gracias al trabajo coordinado del personal de diversas fuerzas.

De acuerdo con la investigación, el acceso al campo ilegal estaba a tres kilómetros de la entrada principal (la oficial). El llamado "galpón N° 9"- que constituía el Centro en sí- estaba rodeado de alambre tejido. Dentro de ese perímetro había dos baños de material y tres casillas de madera que funcionaban como salas de tortura.

Según las pericias, en el galpón había alrededor de 30 o 40 boxes de material y madera que hacían las veces de celdas. Cada compartimento era ínfimo y tenía un número, que pasaba a denominar al detenido que era alojado allí. Uno de los detalles escalofriantes constatados por los investigadores es que hubo un tendido eléctrico especial hacia las casillas, para proveer de energía a las picanas.

Los secuestrados eran sometidos a cruentas torturas para obtener información sobre su entorno y lograr luego nuevas detenciones.

Durante las primeras jornadas del juicio oral, Camuña enumeró los métodos físicos utilizados. Además de la aplicación de descargas eléctricas (las personas eran colocadas sobre una estructura metálica y eran mojadas para aumentar el dolor), mencionó el submarino (se sumergía a los detenidos con las manos atadas en un tacho con agua y excrementos), el "enterramiento" (los secuestrados eran enterrados desnudos hasta el cuello), el "arrastre" (ataban a las personas a un tractor en marcha para recorrer un terreno irregular) o "colgamientos" y "estiramientos" (eran suspendidos a tres metros de altura, sin tocar el suelo. Sus músculos se desgarraban). También advirtió que para "quebrar" a los detenidos por completo se complementaban los castigos con presiones psicológicas. Diversos testimonios dan cuenta también de abusos sexuales. Inclusive, hubo casos de mujeres que perdieron embarazos por las reiteradas violaciones.

El fiscal afirmó que las condiciones de vida también formaban parte del crento maltrato: falta de comida, de higiene y de atención médica. "Varios testimonios señalan que eran frecuentes las epidemias de bronquitis, diarreas, deshidrataciones, ataques de locura como consecuencia del dolor e invasiones de piojos", remarca en un pasaje el documento judicial leído por los fiscales.

Borrar las huellas 
El descubrimiento de al menos cinco fosas comunes en el Arsenal con restos humanos es sólo un testimonio de la cantidad de asesinatos que se produjeron en el lugar. Según las pericias realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el entonces llamado Grupo Interdisciplinario del Arqueología y Antropología de Tucumán (Giaat), los cuerpos eran también quemados para borrar sus rastros. Los fusilamientos, según relatos, se daban durante la noche y contra grupos de 20 personas cada 15 días. Los secuestrados eran llevados con las manos atadas y con los ojos vendados monte adentro. Eran ejecutados, pero de acuerdo con los expedientes, algunos fueron arrojados aún con vida. Los especialistas constataron que existían marcas de excavadoras en las fosas, por lo que no descartan que se hayan removido vestigios. Los esfuerzos por ocultar y por evitar la identificación son también indicio del horror que se vivió en ese lugar que, desde afuera, no parecía más que un terreno rural. 

Identificados

Pasaron de "desaparecidos" a ser ciudadanos asesinados en la dictadura. Hasta ahora se identificaron restos de 12 personas en el Arsenal: Ricardo Salinas, José Maldonado, Felipe Urueña, Damián Márquez, Pedro Corroto, José Tapia, Avelino Alarcón, Miguel Alarcón, Hugo Alarcón, Juan Ángel Giménez, Eduardo Vizcarra y Rosario Argañaraz. Se suman a las otras 12 reconocidas entre vestigios en fosas comunes.
Fuente:LaGaceta


01.12.2012

El proceso oral por la megacausa Jefatura de Policía y Arsenal Miguel de Azcuénaga volvió a atravesar momentos de tensión Tucumán: represores increparon a testigos en una audiencia del juicio 
"El Tuerto" Albornoz, ex jefe de Inteligencia de la policía provincial, se levantó de la silla y acusó de "mentiroso" a un abogado querellante. 
Otra víctima fue sometida a preguntas confusas que obligaron a intervenir al tribunal. 
Por: Ramiro Rearte 
En una nueva jornada, por el juicio que se lleva adelante en Tucumán donde se trata de determinar el destino de 235 víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención Jefatura de Policía y el Centro de Exterminio, Arsenal Miguel de Azcuénaga, se vivieron momentos tensos generados nuevamente por los abogados de los 41 represores sentados en el banquillo de los acusados y por parte de uno de los reos; el ex jefe de Inteligencia de la policía Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz, quien increpó a un testigo mientras prestaba testimonio en el Tribunal Oral Federal, presidido por Carlos Jiménez Montilla. 

La primera testigo que habló fue la abogada Laura Figueroa, quien con una voz firme y fuerte, relató con lujo de detalles las circunstancias de la desaparición de Celia Medina. Figueroa, es una reconocida militante de los Derechos Humanos de la provincia y fue una de las primeras en impulsar, regresada la democracia, el enjuiciamiento de los genocidas.

Sin embargo, eso no pareció importarles a los abogados de los represores, quienes no preguntaban sino increpaban a la testigo. Las preguntas que se le realizaron no eran claras, para que de esa manera entre en contradicción con sus propios dichos. 

Es más, el TOF tuvo que intervenir en reiteradas oportunidades para ubicar a los letrados defensores de los genocidas. En el caso del segundo testigo, el nivel de agresión directa fue mayor, ya que cuando se presentó a dar su visión de los hechos durante la dictadura militar, el abogado querellante Daniel Villagra, señaló como secuestrador de José Chebaia (quien era funcionario del gobierno del peronista Amado Juri) al represor Albornoz. 

En ese momento, el genocida, imitando sus prácticas del pasado, se levantó de su silla y lo apuntó con el dedo mirándolo fijo. "Sos un mentiroso", gritó Albornoz, lo que generó un revuelo general en la sala de audiencias que obligó a intervenir al Servicio Penitenciario Federal (SPF), para ubicar a Albornoz donde se encuentran los detenidos, y al tribunal, a llamarle la atención al reo. 

Como si fuera poco, la abogada defensora Julieta Jorrat (ex concejal del partido del genocida Bussi) trató por todos los medios de irritar al testigo con preguntas contradictorias, ya que Villagra había declarado ante la fiscalía en 2003. Tuvieron que intervenir los abogados querellantes para tratar de apaciguar el ataque a los testigos. 

Fernando Sosa Padilla fue ofrecido por el Ministerio Público Fiscal como testigo de contexto, ya que tuvo una activa militancia desde que era adolescente en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) que fue perseguida por la temeraria Concertación Nacional Universitaria (CNU), y además fue torturado en su cautiverio y trasladado a diversos centros de detención en dictadura.
Fuente:TiempoArgentino

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