El testimonio de Martín hizo revivir el horror del genocidio en Tucumán
20/12/2012 Caso Jefatura II - Arsenales II
El testimonio de Martín hizo revivir el horror del genocidio en Tucumán
El juicio por la Megacausa "Arsenales II-Jefatura II" prosiguió ayer con el relato del testigo Juan Martín Martín, quien pasó por numerosos centros clandestinos de detención (CCD) durante la última dictadura militar en Tucumán y reveló detalles de los operativos. "Yo fui sobreviviente, necesito contar, lo hice y lo seguire haciendo cuantas veces haga falta" dijo. Su testimonio se completará desde las 9 cuando se reinicien las audiencias.
Por Vicente Guzzi
Martín estuvo detenido tanto en la Jefatura de Policía como en los Arsenales y su testimonio es considerado clave por la querella, ya que aportó datos sobre personas desaparecidas.
"Escuche muchas cosas en la jefatura, los represores no tenían problema de hablar. El problema para ellos es que yo sobrevivi. "De noche se llevaron compañeros que no volvieron más", afirmó el testigo, quien mencionó como miembros de la denominada "patota" de la Jefatura que llevaba a cabo los secuestros a varios de los imputados.
Durante poco más de una hora y media se escuchó la primera parte de la declaración en la que reconoció a muchos militantes populares “en muy malas condiciones físicas” en los calabozos de la Jefatura de Policía, y entre ellos al abogado Pisarello, defensor de presos políticos, a los ex senadores Dardo Molina y Damián Octavio Márquez, y a la estudiante Adriana Mitrovich (cuyos restos fueran recientemente identificados).
Y otra vez el horror en las miradas azoradas de los presentes en la sala del T.O.F., al escuchar en esta segunda oportunidad los relatos de Juan Martín Martín, quién fuera secuestrado en agosto de 1976, y liberado con opción para salir del país, en septiembre de 1978. Y el horror fue revivido al escuchar la grabación del testimonio anterior, a efectos de evitar repreguntas en su nueva declaración en la presente megacausa..
Pero en la mañana de este jueves 20, sólo logró escucharse un tercio de las cuatro horas y media de la declaración anterior. Tiempo más que suficiente para revivir tantas perversiones cometidas por los represores de la última dictadura.
Y otra vez fue nombrado como jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (S.I.C.) Roberto Heriberto Albornoz, el tenebroso ex jefe policial (que ya fuera condenado a prisión perpetua), y a la patota de secuestradores y torturadores que comandaba, y que estaba integrada, entre otros, por Hugo Albornoz, Luís De Cändido, Fariña, los comisarios Moreno y Bulacio, los suboficiales Ugarte, Flores, Vilas, Insaurralde, y los oficiales Chaile y Marini. Y otra vez fueron nombrados los supervisores militares de esos grupos irregulares de policía, los tenientes (por entonces) González Naya, Ocaranza y D’Ursi.
Y recordó a Antonio Domingo Bussi como “un ogro” que “golpeaba y torturaba” a sus víctimas. Pero también recordó a la “Comunidad Informativa”, que funcionaba en dependencias del Comando de la Quinta Brigada, cuyo comandante era el coronel Cattáneo (quien falleciera durante el desarrollo del juicio “Jefatura I”), en la que se centraban todas las informaciones referidas a las acciones y movimientos de las patotas y de los campos de concentración, y la situación de las víctimas del terrorismo de estado.
También recordó haber visto en los calabozos de la Jefatura a los detenidos-desaparecidos Avelino Alarcón, Raúl Mauricio de Cecchi, Oscar Toledo, Luisa Ana Ibáñez, Gloria Costanza Curia, Ricardo Daniel Somaini, Horacio Marcelo Ponce, Gustavo Santillán, Susana de Díaz, Octavio Leandro Díaz, José Américo Díaz, Humberto Ponce, Luís Alberto Valdéz, Aída Inés Villegas, y María Cristina Bejas.
Cuando ya se había superado la hora y media del video con la grabación de la declaración anterior, y antes de pasarse a un cuarto intermedio, uno de los defensores de los imputados, pidió la nulidad como acto jurídico del audio con la declaración, por “violación al derecho de defensa”, actitud que fue calificada por la Fiscalía de extemporánea, improcedente y dilatoria, y como un acto de mala fe.
Martín contó que vio "listados de personas secuestradas" y reveló que "DF era la orden para que se los mate". Previamente, los jueces del Tribunal oyeron al imputado Jorge Lazarte, quien pidió la palabra en el debate para manifestarse sobre declaraciones de testigos.
El militar, quien se desempeñaba como supervisor del grupo D2, se refirió a la represión desatada por el terrorismo de Estado, justificándola en el marco de "una guerra".
Uno de los imputados recuperó su tono castrense para objetar al testigo
20/12/2012 Causa Arsenales - Jefatura II
Uno de los imputados recuperó su tono castrense para objetar al testigo
Una sesión matutina extraña fue la de ayer, que en su mayor parte estuvo dedicada a escuchar la grabación (durante más de una hora y media) de la declaración que en el juicio “Jefatura de Policía I” había ofrecido el testigo y víctima Juan Martín Martín. El ex militar Jorge Lazarte, cuestionó testimonios de testigos y reivindicó las "acciones militres".
Por Vicente Guzzi
Controversia superada al inicio de la audiencia.
Este ex militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), fue secuestrado por fuerzas policiales en agosto de 1976 y liberado, con opción para salir del país, en setiembre de 1978, tras haber sido salvajemente torturado y golpeado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ex Jefatura de Policía, en ex ingenio Nueva Baviera, en la comisaría de Monteros, y en el arsenal “Miguel de Azcuénaga”.
El comienzo de la jornada fue escenario de una controversia por la participación de este testigo, que no sería presencial, sino desde el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, por videoconferencia, tal como dispusieron las autoridades del Programa Especial de Protección de Testigos. Y esta medida, que ya había sido cuestionada en la última jornada de la semana anterior, volvió a ser criticada por los defensores de los imputados. Pero, además, estaba previsto que antes del nuevo interrogatorio a Martín, y a efectos de evitar repreguntas, debía escucharse la declaración anterior, de más de cuatro horas y media de duración. Ante esta circunstancia, el presidente del Tribunal, doctor Jiménez Montilla, había sugerido que primero fuera interrogado Martín, lo que fue rechazado por la Fiscalía.
Pero al intentar la reproducción del correspondiente video, y para solucionar inconvenientes técnicos, debió concretarse un prolongado cuarto intermedio, aunque antes, el defensor del militar Jorge Lazarte había informado que su defendido quería dirigir unas palabras al Tribunal.
Muchos datos y pocas nueces…
Fue así, entonces, que al reanudarse la sesión, el ex militar Jorge Lazarte, con una actitud autosuficiente y estudiada voz castrense inició su exposición. Se trataba, según él, de “algunas consideraciones” referidas al desarrollo de esta megacausa. En realidad fue bastante más que eso.
Según el imputado, hubo 29 testimonios de “perjudicados”, que manifestaron haber sido miembros de “organizaciones de superficie, sociales, sindicales y estudiantiles”, pero en ningún caso “subversivos, por lo que a él y a sus pares les “quedó la duda de a quién enfrentaban, cuando las fuerzas armadas y las de seguridad” comenzaron a operar en 1976.
En esa línea recordó que el testigo Sosa Padilla dijo haber sido un “simpatizante” cuando estuvo en Plaza de Mayo y Perón acusó de “infiltrados” a los miembros de la JP. “Pero -a su juicio- nadie viaja mil doscientos quilómetros siendo sólo un simpatizante”. Luego, al recordar que otro testigo, Julio César Rodríguez Anido, hizo referencia a que, en la década del ’70, se estaba en la búsqueda del “hombre nuevo”, intentó marcar una contradicción al cuestionar que defendiera a “elementos pertenecientes a dos organizaciones que de democráticas tenían muy poco”, aludiendo obviamente al “PRT-ERP” y a “Montoneros”.
Y no contento con eso, Lazarte historió el nacimiento de ambas organizaciones, producido -según él y en ambos casos- el 12 de octubre de 1973, y afirmó que “en una y en otra había personajes que sostenían “disvalores”. Además, en su opinión, “el ERP” nació “disfrazándose dentro de las organizaciones peronistas”, y en 1974 comenzó sus operaciones “para desestabilizar la nación”. Por otra parte, en Tucumán operaba desde la capital “hasta Aguilares, hacia el Oeste y hacia el Este”.
A esa altura pidió autorización para que otro imputado, de apellido Ocaranza, leyera un documento en el que se destacaba en palabras del propio ex presidente Perón, el “heroico y leal comportamiento de los soldados al defender la Patria”, y que “el objetivo de estos grupos minoritarios (ERP y Montoneros) es el pueblo argentino”. Además, según el documento, el propio ex mandatario habría solicitado a las fuerzas armadas “exterminar uno a uno” a los miembros de esos “reducidos grupos de psicópatas”.
Abundó en detalles, más adelante, sobre operaciones desplegadas por ambas organizaciones, citó “unidades básicas de combate”, títulos de libros, declaraciones, alias de dirigentes guerrilleros y nombres de autores, y afirmó la existencia de dos “compañías de monte”, la “Ramón Rosa Jiménez, del ERP”, y la “Marcos Osatinsky, de Montoneros”. Y en un estallido de ilustración político-militar, afirmó que el objetivo de ambas organizaciones era “la toma del poder”, “al margen de la Constitución”…
Pero lo que no pudo explicar a lo largo de su extensa perorata fueron las razones por las que el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad parecieron más actos clandestinos que una lucha en defensa de la democracia. Tampoco reconoció que las acciones represivas, más que una defensa de la Constitución constituyeron un plan sistemático de aniquilamiento de los sectores populares. Y a pesar de conocer tantos detalles de la historia reciente y del funcionamiento de las organizaciones político-militares, tanto Lazarte como sus pares siguen afirmando que desconocen el destino que se diera a los miles de ciudadanos argentinos desaparecidos…
La falta de pruebas
Y a propósito de lo que recientemente ocurrió en nuestra provincia, con la absolución de los trece imputados en el caso Marita Verón, “por falta de pruebas”, cabe recordar que tanto Lazarte como sus pares Ocaranza, Neme y Torres, (ex coordinadores de tareas en el Distrito Militar), efectuaron oportunamente una presentación ante el Consejo de la Magistratura invalidando esta megacausa por una supuesta falta de pruebas. Desconocían, tal vez, la abundante jurisprudencia en el mundo, y los fallos de Cortes internacionales a los que adhirió nuestro país, que dan fuerza de prueba a los testimonios de víctimas de delitos de lesa humanidad.-
FuentedeOrigen:TucumanHoy
Fuente:Agnddhh
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