COLOMBIA.

MARTES, 29 DE ENERO DE 2013 
Colombia: Y.... ¿Dónde están las coincidencias?
Por Isabela Sanroque (CRB) 
¿Qué tan cerca pueden estar las coincidencias de los reales acuerdos a que podamos llegar?.

Enfático, Categórico, se mostró el jefe del equipo que representa al gobierno colombiano en los Diálogos de Paz con las FARC, al referirse a la propuesta, no petición como lo registran algunos medios, petición es súplica y aquí las FARC no están implorando nada, a la propuesta de cese unilateral de fuego que han planteado en reiteradas ocasiones, al afirmar que "Queremos la paz, sí, pero no a cualquier costo, no al costo de que, como producto de las conversaciones la guerrilla se fortalezca para seguir en la guerra". Acaso la ofensiva militar de las FFAA a la que las FARC con toda certeza están dando respuesta, no significa un alto costo para el pueblo colombiano? ¿Acaso la política neoliberal puesta en marcha en los últimos años, no ha dejado ya un alto costo en la economía de la nación? Las FARC han propuesto "Que al menos se discuta un tratado de regularización de la guerra para evitarle a la población mayores padecimientos. Que no se instalen más bases ni cuarteles militares en medio de la población porque eso equivale a establecer escudos" pero a nada de esto está el gobierno de Juan Manuel Santos dispuesto a considerar. Evidentemente que en lo que respecta al conflicto armado no hay ninguna coincidencia. -VEAMOS SI EN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN AL CONFLICTO ARMADO ENCONTRAMOS ALGUNA: Dice De la Calle, que coinciden con la insurgencia en que es necesario desarrollar programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, que sean sostenibles y que aseguren bienestar al mayor número de campesinos y población rural. El gobierno quiere continuar sosteniendo un lenguaje ambiguo en lo que respecta a la solución del conflicto. Ante el país aparece coincidente con la insurgencia en lo que respecta a los graves problemas de pobreza y miseria que hay en el campo. A la vez que a los latifundistas y terratenientes les envía un mensaje de tranquilidad, de que no hay de que preocuparse porque sus tierras no serán tocadas, incluidas las obtenidas de buena fe, se refieren a las que han sido despojadas a los campesinos a través de trampas "legales". Cuestiona a "quienes se oponen al proceso de paz de manera truculenta", pero por el otro lado les dice que "cualquier solución se hará con y de la mano de los ganaderos". 

Como quien dice: tranquilos, que ustedes son parte del poder y sus intereses no se los tocaremos. Este problema lo resolvemos sin tocar la actual estructura latifundista del campo, y mucho menos los intereses de las familias Uribe y Lafaurie. EL JUEGO DE LA DESINFORMACION 

Los directores de medios de información nacionales, han olvidado lo que dijeron cuando al inicio del proceso en la radio nacional hicieron la ronda de medios, allí todos hablaron de su papel a jugar en el proceso para no minarlo, y lo que se observa es una actitud muy contraria en tal sentido. 

El juego de la desinformación y la confusión como estrategia no le hacen bien a este proceso. El aparente desacuerdo entre el presidente de Fedegán y declarado oponente al proceso de paz José Félix Lafaurie y el jefe negociador del gobierno no es más que un sofisma de distracción. 

Porque en sí todos apuntan a lo mismo. Quieren repetir lo mismo del Caguan, cambiar un consenso de paz por un consenso de guerra. Lafaurie con sus declaraciones está generando una corriente de opinión en oposición al proceso de paz en contubernio con Uribe y su corte de parapolíticos. Con toda esa cantidad de propuestas, todas expresando un mismo clamor, se dieron cuenta que el pueblo lo que quiere es paz con justicia social y verdad frente a sus victimarios. Por eso quieren enterrar el proceso porque si este coge fuerza, implica reparación; implica devolverles las tierras a los campesinos que han sido víctimas del despojo; implica verdad, y esta verdad los llevaría a la cárcel. Porque no solo Uribe y su corte están manchados de sangre, hay aún muchas verdades ocultas que este gobierno no quiere que se sepan. Están en campaña electoral y desde ya empiezan a crear las condiciones para imponer la continuidad de la guerra en el debate electoral. Y SIGUEN GENERANDO LA CONFUSION -Ex presidente Uribe arremetió contra Humberto de la Calle acusándolo de congraciarse con las Farc. Entre Uribe y la política del actual gobierno no hay contradicciones de clase ni mucho menos ideológicas. Santos es continuador de la política de Uribe; solo que este está utilizando dos carriles para materializar sus propósitos, o dicho de otra manera: Quiere limpiar el rostro ensangrentado del terrorismo de estado, mientras Uribe sigue ambientando la guerra que le sirve a Santos cuando éste estime conveniente darle el puntapiés a la mesa. Guerra que a la vez le sirve a Uribe para evitar ir a la cárcel. Ese novelón que los presenta como divididos es parte del juego. Cierro esta nota diciendo que el gobierno durante estas conversaciones, al tiempo que habla de paz, desde otros flancos, aparte de sus disparos legislativos neoliberales, ha desatado una gran ofensiva mediática y violenta contra el proceso de paz. 

MARTES, 29 DE ENERO DE 2013 
El ajuste ético
Por Octavio Quintero 
Se habla mucho por estos días en Colombia del acto legislativo No.1 del 2005 que prohibió las mesadas pensionales superiores a 25 salarios mínimos, no obstante lo cual, existe un grupo de privilegiados que se mantiene por encima de la Constitución, entre ellos, los mismos parlamentarios que, obviamente, aprobaron la reforma. 

“El ajuste ético” es un viejo título de una columna que publiqué en El Espectador, por allá en 1996, recién absuelto el presidente Samper por el Congreso dentro del sonado “Proceso 8.000”, para señalar que el mayor daño causado al país por el narcotráfico no era ni a la economía ni a la política, sino a la ética. 

Al cabo del tiempo, la economía nacional se ha ‘lavado’ la cara, y la política trata de depurarse, si se toma por los tantos reos que han dado con sus huesos en la cárcel. 

Aunque aquí, como en el sabio refrán… “los gatos y los políticos siempre hallan una ventana abierta por donde volver a casa”. La ética en cambio y desde entonces, es más laxa. 

Al punto que si se hiciera un parangón entre el antes y el después del Proceso 8.000, podría afirmarse, sin mayor riesgo de imprecisión, que la ética en Colombia terminó por ser eso que en su inmenso poder de síntesis el docto vulgo llama “un saludo a la bandera”… 

Al final del citado acto legislativo, se pueden ver las firmas de los magnos dirigentes de este país que avalan la promulgación: 

El Presidente del honorable Senado de la República, Luis Humberto Gómez Gallo, condenado en mayo del 2011 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir en el proceso que se le adelantaba por su nexos con el denominado "bloque Tolima" de las Autodefensas. 

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes, Zulema del Carmen Jattin Corrales, hija del exsenador, Francisco José Jattin (de triste recuerdo); exesposa de Gómez Gallo (el mismo de arriba), enjuiciada también por parapolítica tras ser señalada por "Jorge 40", Salvatore Mancuso y Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, quienes dijeron haber trabajado, metralleta en mano, en su campaña electoral. Fue entonces cuando se puso de moda la renuncia de los congresistas a sus curules con el fin de sacarle el cuerpo a la por entonces impoluta Corte Suprema de Justicia. 

Junto a la firma de estas “joyas”, aparecen los secretarios de Senado y Cámara, Emilio Otero Dajud, el poder detrás del trono y Angelino Lizcano Rivera, investigado por haber participado en el asesinato de la familia Turbay Cote, según versión de la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco Tascón, rectificada oportunamente por el afectado quien, más tarde, accede al cargo de magistrado (Presidente) del Consejo de la Judicatura, y ¡oh gloria a Dios!, asume como tal la investigación por el carrusel de pensiones denunciado por la prensa en la rama judicial. 

El acto en mención, fue expedido en el gobierno del presidente Álvaro Uribe (ni hablar), siendo ministro de Hacienda el inefable Alberto Carrasquilla (por ahí anda pontificando nuevamente en los medios sobre moral) y de Protección Social, Diego Palacio, con sus abultadas cuentas pendientes con la justicia por su evidente participación en la famosa “Yidispolítica” que permitió la reelección en el 2006 de Uribe.

- Fin de folio: Por ahí anda el presidente Santos ganando aplausos con la depuración de leyes innecesarias que pueblan la jurisprudencia colombiana. ¿Qué tal si hacemos el ajuste ético y derogamos todas esas leyes y actos legislativos avalados por confesos y convictos parlamentarios y ministros que adornan la galería de presos ilustres en las cárceles colombianas? Y ni hablemos de los presidentes del ’90 en adelante…
Fuente:Argenpress