Los intentos de la corporación judicial de Jujuy por trabar la investigación contra Carlos Pedro Blaquier
"A Poviña no le dieron todos los archivos"
Adriana Aredez sostuvo que los tribunales provinciales allanaron comisarías en busca de documentos vinculados con la desaparición de su padre, ex intendente de Libertador. Al juez que investiga le fue remitida sólo una parte de la información.
Por: Daniel Enzetti
Se trata de 34 paquetes con legajos, fotografías, expedientes y fichas que reflejan los movimientos de entrada y salida de personas en las comisarías jujeñas 41 de Calilegua, 11 de Libertador General San Martín y 24 del barrio Ledesma, durante 1976, 1977 y 1978.
En el marco de su investigación por el secuestro y desaparición de Luis Aredez, ex intendente de Libertador, el juez federal Fernando Poviña ordenó una inspección ocular a las dependencias, pero en el momento de presentarse en los lugares con el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, ambos las encontraron vacías. El comisario de la seccional 11 les manifestó que los archivos anteriores al año 2000 fueron incinerados. Y en las dos restantes, sus responsables afirmaron que la documentación se retiró por orden del fiscal de Estado provincial Alberto Matuk. El funcionario le entregó los archivos a Poviña presionado por una denuncia pública de la familia Aredez, pero ahora, distintos organismos de Derechos Humanos de Jujuy sospechan que el magistrado no tiene todo lo que debería tener.
Según el equipo de letrados que impulsa la querella contra Carlos Blaquier, en el camino habrían quedado archivos que podrían afianzar aun más el proceso que apunta al dueño del Ingenio Ledesma. El juicio, programado para iniciarse en el próximo mes de abril, se encuentra en etapa de instrucción, y muchos datos que componen su estructura acusatoria están vinculados justamente con el papel cumplido durante la dictadura militar por las tres dependencias allanadas, y la relación mantenida con la empresa dentro del aparato represivo de la época.
Ariel Ruarte, uno de los letrados querellantes, explicó a este diario que además de las unidades policiales "inspeccionamos la casa de los Aredez desde afuera (como parte del trabajo que intenta reconstruir el operativo que secuestró a Luis), y el domicilio de la madre de Hilda Figueroa (estudiante de abogacía de la Universidad de Tucumán, detenida en uno de los Apagones de Libertador, en julio de 1976)". Y agregó: "Empezamos por la comisaría ubicada a unos 200 metros de las oficinas del Ingenio. Cuando fuimos con Poviña, el comisario nos contestó que dos meses antes, la documentación había sido retirada por el fiscal (Emilio) Cattan, con una orden del juez (Jorge) Samman, ambos de la justicia de San Pedro de Jujuy, con competencia territorial en Libertador." Acción en la que también participó el fiscal de Estado, Matuk.
Con respecto a la manera en que los libros llegaron a manos de Poviña, Ruarte aclaró que le fueron remitidos "recién cuando nosotros lo denunciamos". El resto de los archivos "fueron quemados sin respetar los protocolos que corresponden por ley, haciendo desaparecer documentación que podría haber sido útil. Y de lo que se recuperó no pudo sacarse ningún dato interesante."
HACETE AMIGO DEL JUEZ. Adriana Aredez, principal impulsora del juicio contra Blaquier por el secuestro y desaparición de su padre, sostuvo a Tiempo Argentino que "a Poviña, el material le llegó tarde, y no en su totalidad. Esto se entiende porque estamos en una provincia donde el Ingenio sigue ejerciendo tremendas influencias, y muchos personajes de la justicia intentan boicotear la investigación."
Samman, uno de los apuntados por los organismos como responsable de la maniobra, es el mismo juez que en 2011 ordenó una violenta represión policial en un predio ocupado del Ingenio Ledesma, por la que se produjeron cuatro muertes. Soportó demandas por mal desempeño y recusaciones, pero aguantó estoico. Mariana Vargas, apoderada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), responsabilizó al magistrado "por las muertes sucedidas, y también por los heridos", aproximadamente 70.
En el 2004, al frente del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 6 de San Pedro de Jujuy, Samman dejó en libertad a Eduardo "Pocho" Vargas, señalado como su violador por Romina Tejerina, joven que fue detenida por matar al bebé que gestó fruto de esa violación. Los abogados de Tejerina solicitaron que Vargas fuera sometido a un análisis de ADN, pero el juez desestimó el pedido. Antes, preguntó a varios testigos si Romina era una chica provocativa, o usaba polleras cortas.
El juicio contra Blaquier programado para este año será el primero de gran envergadura que relacionará en Jujuy el poder civil con las fuerzas represivas montadas por la dictadura militar en la provincia. Dentro del actual período de recolección de pruebas, la querella solicitó hace pocos días ampliar las imputaciones contra el empresario, su esposa Nelly Arrieta y el ex administrador Alberto Lemos. E incluir entre los acusados a toda la plana mayor del Ingenio en esa época, entre los que se encuentran Alfredo Martínez de Hoz y Mario Paz, además de los ex brigadieres Teodoro Álvarez y Eleodoro Sánchez Laoz.
Como parte de distintas acciones en marcha con vistas a las audiencias, Claudio Capuano, coordinador adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, solicitó formalmente que le sea quitado a Blaquier un reconocimiento de "miembro honorario" entregado por la Sociedad Científica Argentina. Para el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, la distinción "es inadmisible", tratándose de "un título que sólo fue otorgado a argentinos que obtuvieron el Premio Nobel y a personalidades mundiales como Darwin".
En el documento "Ciencia y Genocidio en la Argentina", publicado el pasado 1º de enero, investigadores y científicos del CONICET recordaron que durante los apagones de Ledesma "detuvieron a más de 400 personas, entre sindicalistas, trabajadores azucareros y estudiantes", y que "muchos de ellos fueron torturados en un galpón perteneciente a la empresa de Blaquier".
Fuente:TiempoArgentino
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