LA CAMARA FEDERAL PROCESO A EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS Y AL MAQUINISTA POR LA TRAGEDIA DE ONCE
Todos los eslabones de la cadena
La situación de los funcionarios y del conductor (que estaba sobreseído) se agravó, la de los empresarios mejoró un poco. Las posibles maniobras con los subsidios se investigarán en un expediente separado. Piden celeridad para llegar al juicio oral.
Por Raúl Kollmann
El 22 de febrero del año pasado, más de 50 personas fallecieron a causa del choque del ferrocarril Sarmiento.Imagen: EFE
La Sala II de la Cámara Federal reencuadró el caso de la tragedia de Once. Por un lado consideró que todos los protagonistas fueron responsables de “una concatenación de eventos que derivaron en lo acontecido en la mañana del 22 de febrero, donde una negligencia en la conducción y el estado del tren tornaron lo evitable en una tragedia de enorme magnitud”. Sobre esa base procesaron a casi todos los imputados por un delito que se aplica a quien “por imprudencia o negligencia causare un descarrilamiento”, agravado porque el hecho derivó en muertes. Con ese enfoque se procesó al maquinista Marcos Antonio Córdoba –que había sido sobreseído–; se agravó la situación de los funcionarios del Estado, incluyendo a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte; y se rebajó la calificación a los empresarios –en especial a los hermanos Cirigliano– porque antes se imputaba el descarrilamiento como si hubiera sido intencional y ahora se lo encuadra como negligencia. De todas maneras, como ocurrió en el caso Cromañón, los empresarios, funcionarios y el maquinista pueden terminar con penas de cárcel, porque respecto del descarrilamiento el máximo de la pena es de cinco años y pesará la existencia de tantas víctimas. La Cámara, además, ordenó al juez Claudio Bonadío que acelere el expediente para elevarlo a juicio e hizo consideraciones sobre el servicio y los controles .
Los jueces sostienen que hay una evidente responsabilidad del conductor porque “la formación colisionó luego de que ingresara a la cabecera a una velocidad superior a la permitida, con el dispositivo denominado ‘hombre muerto’ desactivado y, en el mejor escenario, con una aplicación tardía del freno”. Además señalan que tuvo tiempo de avisar y no lo hizo. También son implacables en cuanto a la responsabilidad de los operadores del servicio, porque –según afirman– el incumplimiento del contrato contribuyó al descarrilamiento, a que un coche se suba sobre el anterior, produciendo muerte, y existían compresores que no funcionaban, el freno de guarda estaba anulado y no se controlaba la velocidad máxima permitida. En la misma línea, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que “el progresivo deterioro de los trenes, y el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus deberes, ejerciendo un control meramente formal”.
Hay una primera decisión que toma la Cámara en su resolución de ayer que es concentrarse en el hecho central: el choque. Los magistrados decidieron que todo lo relacionado con la cuestión económica de Trenes de Buenos Aires (TBA) y Cometrans, concesionaria del servicio y empresa controlante, sea investigado en la causa que tiene el juez federal Sebastián Ramos. Si con los subsidios defraudaron o no al Estado, si hubo maniobras económicas, si se asociaron en forma ilícita para esas actividades, será el centro del otro expediente, el que instruye Ramos. Los camaristas dicen que eso lleva a un proceso mucho más largo, de peritajes y debates muy extensos, mientras que le ordenan a Bonadío que se concentre en el choque –una investigación que es más corta y concreta– y que, además, “transite a la brevedad la etapa crítica de suerte de posibilitar que la decisión final de la causa llegue a tiempo”. O sea, le piden que acelere y mande el expediente para que el juicio se haga lo antes posible.
Desde el punto de vista del delito, Bonadío había hecho la imputación por el artículo 191 del Código Penal, que se aplica a quien por cualquier medio hace descarrilar un tren. El espíritu de ese artículo apunta a algo parecido a un sabotaje y prevé penas que, con el agravamiento por las muertes, van de 10 a 25 años de prisión. Los camaristas, en cambio, imputan a todos por el artículo 196, que se aplica a quien “por imprudencia, negligencia o impericia causare un descarrilamiento”. Con el agravamiento por las muertes, la pena va de uno a cinco años de prisión, es decir que la escala es mucho más baja que la anterior.
Esto no reduce el peligro de penas de prisión para todos (conductor, empresarios y funcionarios). En el caso Cromañón, por ejemplo, los funcionarios están hoy en prisión, porque la Cámara de Casación consideró que, aunque el delito no fuera intencional, la cantidad de muertes lo convirtió en un hecho muy grave y aplicó las penas de cumplimiento efectivo.
Los empresarios y los funcionarios también fueron procesados por defraudación, porque se considera que unos no cumplieron con las condiciones del contrato y los otros no controlaron como debían. Este delito tiene penas que van de un mes a seis años de prisión.
Con todos estos ingredientes, Cattani, Irurzun y Farah dispusieron los siguientes procesamientos:
- Al maquinista Marcos Antonio Córdoba, porque aun cuando vio –según él– que tenía problemas en los frenos, continuó su marcha, aceleró, dirigió el tren a la deriva a una velocidad elevada y con el mecanismo de hombre muerto desactivado, todo ello, en contraposición con los reglamentos. El delito es descarrilamiento culposo, agravado por muerte.
- A los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a otros funcionarios como Antonio Luna, Eduardo Sícaro –sobreseído por Bonadío– y Pedro Ochoa Romero también por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte. Es una calificación más dura que la que tenían, porque antes habían sido imputados sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A esto se suma el delito de defraudación. Los camaristas señalan que los funcionarios tuvieron varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que mencionaban los incumplimientos de TBA y los riesgos en la seguridad.
- A los empresarios, empezando por los hermanos Cirigliano, pero siguiendo por todos los directivos de TBA y Cometrans, se los procesa por el delito de descarrilamiento culposo. Los jueces transcriben los diálogos por radio de los conductores de los trenes con la base en los días anteriores al choque. Esos diálogos –recuperados por Bonadío– son una sucesión de advertencias: “¿te podés acercar para revisar los frenos?”; “tengo anulado el freno totalmente”; “me está costando un montón frenar”; “no se termina de afirmar el tren cuando freno”; y un largo listado de llamados de atención que –dicen los jueces– no les hicieron cambiar el estado deficitario en que se prestaba el servicio y los incumplimientos en el cronograma de mantenimiento. También los empresarios son procesados por defraudación.
La Cámara suprimió el delito de asociación ilícita. Sostiene que todos participaron en lo que ocurrió, pero que no conformaron una organización en la que todos se pusieron de acuerdo y sostuvieron ese acuerdo por una cantidad de tiempo. Los jueces dicen que habrá que ver si esa asociación ilícita existió en el otro aspecto que se investiga y que quedó en el juzgado de Ramos: los subsidios, los manejos económicos.
En todo el texto se ve en Cattani, Irurzun y Farah un espíritu de concentrarse en el hecho principal, la tragedia, y buscar que la causa no se haga interminable sino que haya un juicio lo más rápido posible.
Turnos, burocracia, asistencia
Los integrantes de la Cámara hacen, hacia el final del fallo, algunas consideraciones que todos los que conocen de cerca el servicio ferroviario admitían en silencio, pero pocos lo hicieron público.
- “Hay una particular asignación de turnos de los conductores de las formaciones. La elección de horario de trabajo se realiza según las preferencias de los conductores más antiguos, quienes escogen las jornadas y horarios de menor conflictividad.” En el ambiente ferroviario esto es señalado como una de las claves de lo que pasó: mandan a los más nuevos a los horarios más difíciles. Y esto explica que Córdoba, de apenas 28 años, estuviera conduciendo el tren en un horario pico. Las malas lenguas afirman que el gremio maneja gran parte de la organización de los maquinistas.
- Respecto de los empresarios, dicen: “Existe una informal transmisión de inconvenientes de toda magnitud, desde necesidades de aseo hasta dificultades con los frenos, que a su vez son resueltos con el mismo nivel de precariedad. Eso deja ver que lo que algunos consideran desprolijidades son en realidad formas inadecuadas y peligrosas de gerenciamiento”.
- Al Estado: “Deben necesariamente replantearse los mecanismos administrativos de control, seguimiento y análisis de la actividad ferroviaria en general, pues las múltiples disposiciones normativas que la regulan han generado un caos normativo que, mediante la fragmentación de las competencias, han servido como refugio argumental de la falta de responsabilidad de cada uno de los funcionarios”. En pocas palabras, que armaron una estructura tan compleja que nadie controla nada, que todos le echan la culpa al otro y que hay funcionarios que no saben para qué están.
Esta parte del texto finaliza emplazando nuevamente al Estado a “brindar apoyo y contención a las víctimas y familiares del choque ferroviario, previendo y disponiendo de todos los medios adecuados para darles integral asistencia”.
LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS SE MOSTRARON CONFORMES CON LA DECISION DE LA CAMARA
“El fallo nos satisface claramente”
“La Justicia hizo lo que venimos diciendo desde el primer día”, celebró Paolo Menghini, padre de Lucas, una de las víctimas de la tragedia de Once, tras el fallo de la Cámara Federal que ratificó los procesamientos de funcionarios y empresarios e inculpó al maquinista. Menghini expresó que el fallo los “satisface claramente”, aunque adelantó que seguirán insistiendo en el cambio de carátula por el de asociación ilícita.
Los familiares de las víctimas festejaron el fallo. “Es un avance importante, que la Justicia haga lo que venimos diciendo desde el primer día”, declaró Paolo Menghini. Explicó que hay dos elementos muy positivos en el dictamen: “Le pide al Estado que de manera integral asista a las víctimas y familiares, y le solicita a (el juez Claudio) Bonadío que eleve la causa a juicio oral”. Afirmó que “este fallo nos satisface claramente”, aunque planteó que luego de la elevación de la causa a juicio oral insistirán “con la carátula de asociación ilícita que creemos es la que corresponde y con el estrago doloso eventual”.
Los camaristas, en el fallo de ayer, quitaron la figura de asociación ilícita que había usado Bonadío porque consideraron que, aunque todos los involucrados participaron en los hechos que confluyeron en la tragedia de Once, no se organizaron para llevarla a cabo. Además, sostuvieron que el delito era culposo y no doloso, es decir, sin intención. “Sabían el estrago que podían causar e insistieron con las mismas políticas”, sostuvo Menghini para argumentar el pedido que realizarán en el juicio oral.
Angel Carriccio, padre de Matías, otra de las víctimas, también celebró la resolución judicial. “Esperamos que la causa siga adelante, que termine con un final de justicia y paguen los que tengan que pagar con cárcel.” Explicó que “no hay dinero que nos pueda compensar nuestras pérdidas”, y que lo que desean es que “se haga justicia y eso no pase más”.
Informe: Juan Manuel Frías.
La situación del maquinista
La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento al maquinista Marcos Córdoba y lo procesó por “estrago culposo” en la Causa Once. Su abogada defensora, Valeria Corbacho, criticó el fallo y sostuvo que “fue a las apuradas para llegar al aniversario de la terrible tragedia”. Afirmó que “no hace justicia a los familiares” y que beneficia “nada más y nada menos al resto de los imputados”.
El tribunal resolvió que hubo “negligencia en la conducción” del tren que el 22 de febrero del 2012 colisionó contra la Estación Once. Córdoba habría ingresado la formación al andén a una velocidad mayor a la permitida, en conocimiento de una avería en los frenos. Lo procesaron y le dictaron un embargo por doscientos millones de pesos.
Corbacho consideró que “la Cámara hizo una resolución previsible y a las apuradas para llegar al aniversario de la terrible tragedia”. Argumentó que “se agarran de la cuestión de la velocidad, pero una de las fallas de los trenes es que los maquinistas tienen que calcular la velocidad a ojo”. “No anduvieron los frenos –continuó–. Córdoba hizo todo lo posible para frenar un tren que nunca debió haber salido. Está probado en la causa.” Concluyó que el fallo “no hace justicia a los familiares” y beneficia “nada más y nada menos que al resto de los imputados”. “En el juicio oral se verá lo que realmente pasó”, dijo.
Informe: J. M. F.
Fuente:Pagina12
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