Objetan en Chile arresto de presunto líder radical mapuche
PL
Familiares y otras voces objetaron hoy el arresto del presunto líder mapuche Emilio Berkhoff, quien según las autoridades chilenas es uno de los autores de los recientes incendios en la Región de la Araucanía.
De acuerdo con el diputado Felipe Harboe, son desproporcionadas las acusaciones del ministro del Interior, Andrés Chadwic, contra Berkhoff, y la resolución de los jueces, que en un inicio dejaron en libertad al acusado, aunque luego dictaron prisión preventiva.
"El ministro le imputa una responsabilidad bastante alta, casi como el cerebro de todos los ataques" (incendiarios) en la Región de la Araucanía... algo pasa entre lo que el ministro dice y lo que los jueces hacen", comentó al canal 24 Horas Harboe, quien consideró que lo dicho por el titular puede ser exajerado.
"Este nuevo circo que está armando no tiene cimientos y se le va a caer.
Quiero decirle que al pueblo mapuche no se le reprime de esta forma, ni tampoco a las personas que lo apoyan", denunció por su parte la pareja de Berkhoff, Peggy Bocaz Guajardo.
La joven, quien también fue detenida pero luego liberada, consideró que el ministro del Interior no tiene derecho a criminalizar desde su escritorio de una forma "tan demonizadora" a Berkhoff.
"Mi hijo está sembrando papas, cultivando la tierra, no está haciendo lo que su mente piensa señor Chadwick. Un día se va a morder la lengua y se va a encontrar envenenado", expresó por su parte Elisa Jerez, madre del detenido.
El senador Eugenio Tuma restó credibilidad a la acusación contra el mapuche, que según dijo Chadwick es miembro de los grupos violentistas de la zona.
"Los puros anuncios no nos sirven, a la opinión pública tampoco le sirven. Ya no se le cree a estos anuncios que con tanta pompa el Ministerio del Interior da a conocer a los medios de comunicación, al final después tenemos que no tiene como acreditar esos cargos", dijo Tuma.
La víspera, un tribunal decretó prisión preventiva para Berkhoff por un delito de maltrato a la policía en un caso pendiente desde 2010, aunque el sábado había sido formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y dejado en libertad con la obligación de emitir una firma mensual mientras durara el proceso.
Durante la presentación de los cargos, la fiscal dijo que el acusado participó en una marcha de apoyo a presos mapuche el 12 de mayo de 2010, manifestación que violó el trayecto permitido por las autoridades y fue reprimida por la policía.
Berkhoff, según la acusación, golpeó con un puntapié a un policía, a quien le fracturó un dedo de la mano derecha, lesión calificada de grave.
LUNES, 4 DE FEBRERO DE 2013
¡Murió Nano!
Por Ernesto Carmona
Nacido en 1948, Nano pagó con prisión y tortura su ideario político, su adhesión al gobierno del Dr. Salvador Allende y su militancia en la izquierda. Fue detenido en 1973 por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), aparato represivo de esa rama castrense que competía con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del Ejército y se había “especializado” en capturar disidentes de sus propias filas y gente del MIR para llevarlos a calabozos y al centro de torturas improvisados en la sede de la Academia de Guerra Aérea (AGA), en Las Condes.
(El jefe del SIFA fue el comandante Edgar Ceballo Jones, quien se hacía llamar "Inspector Cabezas", secundado por el sicario Roberto Fuentes Morrison. Estos esbirros de la aviación fueron los mismos que detuvieron, torturaron y tienen responsabilidad en la muerte del general FACH Alberto Bachelet, padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet.)
Durante un periplo de dos años de prisión y torturas, Nano conoció en carne propia los maltratos que la dictadura infligía a los disidentes presos en Puchuncaví, Melinka, Tres Álamos, Cuatro Álamos, etc. En Puchuncaví era frecuente que durante el invierno sacaran a los presos en mitad de la noche, mientras dormían, para sumergirlos desnudos en tambores de 200 litros de agua fría previamente preparados en el exterior. La crueldad de los militares chilenos contra sus conciudadanos civiles rebalsó los límites del sentido común y la racionalidad.
Por gestiones del entonces llamado Comité Internacional de la Migración Europea (CIME) obtuvo su libertad en 1975 con la condición que abandonara Chile con destino a Venezuela, gracias a una visa obtenida por el Comité Venezolano de Solidaridad que presidía el Dr. Luis Lander. En el país de Bolívar y Chávez, Hernando ejerció su profesión de contador y Parroquia Santa Bernardita en El Aguilucho, 3369, Providencia, Santiago desempeñó diversos trabajos entre 1975 y 1995.
En 2007 advirtió que padecía insuficiencia renal. Desde entonces se dializaba día por medio, mientras su salud sufría otros ataques en diversos frentes. En 2010 comenzó a presentar isquemia arterial en las extremidades, en otras palabras, bloqueos de circulación capaces de conducir a la amputación, pero los médicos del Hospital San Borja-Arriarán siempre lograron éxito en mantenerlo vivo e íntegro, justo hasta hoy…
LUNES, 4 DE FEBRERO DE 2013
Chile es una más de las democracias reales
Por Rómulo Pardo Silva
La opción es perfeccionarla o construir otra por la izquierda.
El modelo de Santiago viene de lo que han redactado y hecho Washington y sus socios europeos.
Una democracia de Estados Unidos que tuvo como características históricas el exterminio de los habitantes originarios, la explotación de trabajadores esclavizados, hasta mediados del siglo pasado leyes de segregación en escuelas y buses para ciudadanos negros. Un discurso que incluye el objetivo de dominación mundial por medio del poder militar y la guerra. Enarbolando su democracia USA lanzó dos bombas nucleares sobre civiles.
La norteamericana es un tipo de democracia.
Al sur el estado democrático chileno como la Casa Blanca toma distancia de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Siria, Irán, Corea del Norte. Se siente hermano de los regímenes de Colombia, Honduras, Paraguay, Arabia Saudita, Baréin, Israel.
En el país la mayoría no confía en el presidente de la república ni aprueba su gobierno. No se identifica con los grupos políticos. El 60% se negó a votar en la elección pasada y la mitad siente poco o ningún interés por las próximas.
En la población crecen el descrédito del congreso, los partidos y los políticos, los tribunales, la iglesia católica…
Según encuestas la gente piensa que el gobierno es de los empresarios interesados en sus intereses personales y no en los del país. Percibe que la educación, la salud, la ciudad están segmentadas para ricos y pobres.
Chile es uno de los países con mayor diferencia de ingresos del planeta.
En correspondencia con esta forma de democracia del poder quienes deciden qué debe saber, valorar, discutir, rechazar, la población son los dueños de canales de televisión, radios, diarios, agencias de publicidad.
Como resultado sólo un 29% de las personas consultadas responde que la democracia chilena funciona mal.
Los políticos en su mayoría proceden de sectores socioeconómicos medio altos o altos y los que no una vez elegidos ascienden de inmediato a esos niveles debido a los ingresos públicos que se les otorga.
Dentro de este marco de la realidad las personas pueden votar con más o menos entusiasmo por candidatos financiados por los empresarios del país o del exterior. Lo corriente es que las disputas apasionadas a resolver sean alternativas al interior de este ordenamiento de la propiedad y la política.
La vez que los ciudadanos votaron por una democracia distinta los grandes propietarios, los militares y los demócratas internos y externos aplastaron en 1973 el proceso democrático utilizando el golpe de estado, método consagrado tácitamente como herramienta transitoria de la preservación de esta convivencia occidental.
Esa es la forma en que los chilenos viven su democracia real.
La democracia predominante en el mundo es así, es un hecho. La palabra cubre una forma de vida social dividida en clases escalonadas. No es una falsa democracia sino una forma posible.
Lo opuesto es una democracia solidaria y sostenible para las generaciones futuras. También es posible. Además es necesaria.
LUNES, 4 DE FEBRERO DE 2013
Chile: juicio al golpe
Por Eduardo Contreras (BARÓMETRO INTERNACIONAL)
La prensa internacional en cambio, incluidos medios conservadores como el ABC de España, informaron fluidamente. De hecho, en su breve paso por nuestro país, el ex juez español Baltasar Garzón destacó su mérito jurídico e hizo expresa su solidaridad con esa acción penal.
La figura criminal tipificada en nuestro Código Penal es el alzamiento armado contra un gobierno constitucional para impedir la continuidad de sus funciones y la de otros órganos del Estado, como el Parlamento. Es decir, exactamente lo ocurrido en Chile.
De lo que se trata es de investigar y establecer quienes participaron en la preparación, organización, instigación, apoyo material y político y posterior materialización del golpe y, si hay prueba suficiente, aplicar las penas correspondientes que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel efectiva.
¿Puede haber algo más legítimo y más necesario que instar al indispensable esclarecimiento de la verdad y el castigo a los culpables habida cuenta del genocidio llevado a cabo a partir del mismo 11 de septiembre? No hay tragedia mayor en nuestra historia y el solo intento de acallarla o de esconder los nombres de los autores materiales o intelectuales, de los instigadores y autores mediatos, nos haría cómplices o encubridores de esos abominables actos de terrorismo de Estado.
Cegado por su odio a la Revolución Cubana y con torcidos propósitos, el diputado Coloma de la UDI dijo que en los tiempos modernos no es aceptable que un Estado ampare el terrorismo y a los terroristas. En este caso el político pinochetista pretendía con falsedades implicar a Cuba como refugio de quienes hace años dieron muerte en Chile a Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura. Sin embargo, ese mismo parlamentario, que fue figura destacada en el pasado reciente cuando el homenaje de corte hitleriano a Pinochet en Chacarillas, no ha movido un dedo para aportar a la investigación de los crímenes de la dictadura que con tanto entusiasmo apoyó.
Volvamos a la querella. Se encuentra hoy en manos del juez Mario Carroza. Digamos que es de su cometido porque fue designado expresamente hace años por auto acordado de la Corte Suprema para conocer de los delitos que importen violaciones a los derechos humanos ; de allí emana su competencia judicial.
Sin embargo la querella extrañamente tardó más de un mes en llegar desde la Corte de Apelaciones de Santiago, que es en donde debía ingresarse, hasta las oficinas del magistrado ubicada a un par de cuadras del lugar. Algo sucedió en el intertanto que no sucede con las otras querellas. Todo indica que se trató de las curiosas singularidades que ocurren en este país cuando algo puede alterar la paz de los que Andrés Allamand, hoy candidato presidencial de RN, llamó en su momento “los poderes fácticos”.
Hagamos un poco de historia para situar la pertinencia de la querella: Por decreto ley nº 5 del 12 de septiembre de 1973, es decir al día siguiente del golpe, Pinochet decretó el estado de guerra interno en todo el país e hizo aplicable la legislación de tiempos de guerra. Esta medida, copiada de igual resolución de la dictadura uruguaya de pocos meses antes, fue adoptada - como en el caso original - para justificar los fusilamientos sin juicio bajo la fachada de supuestos consejos de guerra que la mayoría de las veces ni siquiera se llevaban a cabo o se hacían con posterioridad a la ejecución de las víctimas.
Pero, para lo que nos interesa explicar, el punto es que, al hacer aplicable la legislación de tiempos de guerra la dictadura hizo aplicables los Convenios de Ginebra, que eran ya hacía tiempo ley chilena tras su ratificación y aprobación a comienzos de la década de los años 50 del pasado siglo y cuyo artículo 3º, común a los 4 Convenios, establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Es precisamente lo que ha hecho posible los procesos en curso hoy en Chile por las violaciones específicas, caso a caso, de los derechos humanos.
De tal suerte que aunque en nuestro país lo que sucedió a partir del golpe fue una masacre, una matanza, un genocidio contra un pueblo desarmado y no una guerra, sin embargo desde el punto de vista jurídico y en mérito del DL citado, sí hubo, legalmente, estado de guerra y por consiguiente los prisioneros fueron, técnicamente, todos ellos prisioneros de guerra. Así lo ratificaron además diversos fallos de la mismísima Corte Suprema de aquellos años que, avalando la acción de la dictadura, sostenían invariablemente que en Chile estábamos en guerra.
Los asesores de Pinochet no tuvieron suficientemente en cuenta el alcance jurídico futuro de la implantación forzada de ese decreto ley, o tal vez pensaron que el fascismo criollo sería eterno.
Y bien, los Convenios de Ginebra se refieren a “prisioneros de guerra” y los nuestros, conforme lo explicado, tuvieron esa calidad por lo que el asunto está definido y sancionado hace años. De consiguiente, estos delitos y las respectivas acciones penales no prescriben. El Estado no puede eludir sus responsabilidades, el juez es competente y la acción no ha prescrito.
En cuanto a los ilícitos tipificados en la ley penal, cabe recordar que los conjurados del 73 produjeron efectivamente el quiebre constitucional, impidieron la continuidad del mandato del presidente constitucional y de los demás órganos del Estado.
Sabemos además que no lo hicieron solicitándolo respetuosamente, sino con brutal violencia, entre otros actos bombardeando el palacio de La Moneda. A este respecto, es preciso advertir que oficiales de la FACH, dispuestos a declarar en el juicio, nos hacen saber que el bombardeo a La Moneda no fue un acto casual, ni improvisado. Fue preparado minuciosamente con varios meses de anticipación. En su momento, saltarán a la luz interesantes nombres de personajes vinculados a ese operativo que es parte de los ilícitos denunciados en la querella del 14 de diciembre pasado.
En cuanto al Parlamento, del que el autor de esta nota formaba parte, no sólo se clausuró y cerró el Congreso sino que además se ordenó “disolverlo”.
Son de sobra conocidos además los delitos que los conjurados perpetraron con anterioridad, pero encaminados al objetivo golpista. Algunos incluso juzgados en tribunales, como el asesinato del general Schneider y la actividad criminal del grupo terrorista “Patria y Libertad” entre cuyos fundadores figura el ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán y que, paradojalmente, tuvo como líder al actual Decano de Derecho de una Universidad, el abogado Pablo Rodríguez. No por nada este individuo se asiló en la embajada ecuatoriana a mediados del 73 cuando el frustrado golpe denominado “el tancazo” del que su grupo era parte.
La querella no se dirige contra ninguna persona en particular, pero aporta antecedentes calificados que han de servir al juez para sus determinaciones. Se cita investigaciones periodísticas valiosas por su rigurosidad y seriedad como es el caso del libro “La Conjura, los mil y un días del golpe” de la periodista Mónica González, entre otros.
Pero la principal fuente es sin duda el llamado “Informe Church” del Senado norteamericano, que es resultado de la comisión investigadora presidida por el senador republicano por Idaho Franck Church dado a conocer el 18 de diciembre de 1975 y que investigó la participación de la Casa Blanca, la CIA, las Corporaciones Multinacionales y el Pentágono en las acciones encubiertas realizadas en Chile entre 1963 y 1973. Se trata de documentos, testimonios y declaraciones indubitables y es larga la lista de personajes chilenos involucrados, entre militares, civiles, empresarios, políticos y periodistas.
Por cierto Agustin Edwards, de El Mercurio, la CIA y la Coca Cola, el citado Pablo Rodríguez, Onofre Jarpa, y diversos líderes del sector más reaccionario de la Democracia Cristiana entre ellos los ex presidentes Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin.
¿Es posible imaginar que a 40 años desde el golpe se pueda juzgar legalmente tanto tiempo después a quienes lo fraguaron y ejecutaron?
La respuesta es que el tiempo no es una excusa que salve a los culpables cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Un ejemplo acaba de llegarnos desde España.
La Audiencia Provincial de Barcelona aceptó a trámite la semana pasada una querella presentada por el jurista italiano Newton Bozzi y el abogado catalán Jaume Asens para que se castigue a los 21 pilotos de guerra fascistas italianos que entre el 16 y el 18 de marzo de 1938, hace 75 años, bombardearon la bella ciudad de Barcelona causando un elevado número de víctimas.
¿Es posible considerar el alzamiento armado contra un gobierno constitucional como delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible? Por supuesto que sí, perfectamente, y es más: hay un importante precedente.
Se trata de la sentencia de la juez Mariana Mota dictada en Montevideo con fecha 9 de febrero de 2010 que condena al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry a 30 años de presidio efectivo por el golpe en su país el mismo año 1973. Se trata de situaciones similares y con fundamentos que igualmente existen en el caso chileno, por lo que podemos sostener sin equivocarnos que es procedente en nuestro caso que se juzgue a quienes resulten responsables. La querella es perfectamente viable, además de necesaria.
En la medida que se desarrolle el proceso se irá rompiendo además el muro del silencio levantado por aquellos a quienes no les conviene que se sancione en tribunales una verdad conocida y que afecta directamente los intereses de los sectores hasta ahora dominantes de la sociedad chilena.
Corresponde esperar que nada ni nadie perturbe el avance de esta iniciativa procesal de los familiares de las víctimas. ¿Seremos capaces los chilenos de llegar hasta el final? No será por falta de empeño de los demócratas auténticos.
Fuente:Argenpress
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