Un comisario retirado dijo que Ramón Frías lo presionó para que deje de investigar a la D2, vinculada al asesinato de su padre, ocurrido en 1976
Denuncian al nuevo jefe policial de Córdoba por amenazas a un testigo
Por: Guillermo Posada
El nombramiento es toda una señal política que el gobernador José Manuel de la Sota envía, tanto hacia adentro como hacia afuera de la institución. Se trata de un alto mando policial denunciado en la justicia federal por amenazas al hijo de una víctima de delitos de lesa humanidad, cuyo caso está a punto de sumarse a la megacausa Menéndez III que se reinicia en febrero. Además, Frías tiene antecedentes de mano dura: comandó la represión a la marcha de gremios estatales del año pasado, frente a Tribunales, por el ajuste del sistema jubilatorio, y defiende con fiereza la aplicación del Código de Faltas.
El comisario retirado Julio Giménez, quien se encuentra dentro del Programa de Protección a testigos de delitos de lesa humanidad por sus denuncias contra el accionar de la Dirección de Inteligencia Provincial –la tristemente célebre D2–, presentó el 2 de enero ante la Fiscalía Federal Nº1 una denuncia por amenazas reiteradas que alcanza al flamente jefe de la fuerza. Giménez lo responsabilizó por el acoso del que fueron víctima él y su familia el mismo día en que asumía Frías, presuntamente con la intención de evitar que continúe como querellante en la causa por el asesinato de su padre –también comisario– ocurrida en la D2 en 1976.
Según este relato, que develó la revista Veintitrés en su edición cordobesa, el mismo 28 de diciembre, una hora después de la designación de Frías, Giménez manejaba su auto, junto a su esposa y su hijo de 9 años, cuando dos motos policiales comenzaron a seguirlo. La familia venía de la casa de un pariente.
Giménez se detuvo un momento en su domicilio del barrio Alta Córdoba para que su mujer buscara algo antes de seguir viaje. Las motos pararon unos metros detrás y Giménez aprovechó para sacarles algunas fotos como venía haciendo hace tiempo. Cuando el auto arrancó nuevamente uno de los motociclistas interceptó el auto y lo obligó a detenerse. El ex comisario bajó para preguntar qué sucedía pero la moto arrancó súbitamente en contramano y se perdió en el barrio junto a su compañero. "Esta es la gota que rebasó el vaso, no pueden meterse con mi familia", se dijo.
El primer día hábil del año, Giménez se presentó en la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Enrique Senestrari, para denunciar el acoso que sufre en su calidad de querellante en la causa referida al asesinato de su padre.
El caso pone en tela de juicio, una vez más, el accionar de la actual conducción de la policía de Córdoba respecto de los crímenes cometidos por la lúgubre D2 que sembró el terror durante la década del ’70, particularmente en el período '74-'76, inundando de asesinatos políticos la provincia. Entre aquellos crímenes se encuentra el del padre del comisario Giménez y secretario general del Gremio de Pasteleros, Alberto César Giménez, ultimado en Córdoba Capital el 26 de febrero de 1976 por un disparo de Itaka en la espalda, en las puertas de un hotel donde se encontraba escondido, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus.
"Yo estoy denunciando públicamente esta situación desde el 2009. Este último apriete me lo guardé para no generar mayor temor a mi familia y el sábado (siguiente) intenté contactarme con Protección de Testigos de la provincia, que está a cargo del comisario Inspector Vázquez, pero no lo logré a pesar de que mi familia se encuentra dentro de un programa de protección de testigos. Por eso el 2 de enero fui a la justicia federal", señaló el comisario, retirado desde mediados del año pasado.
Frías venía sonando hace tiempo para el cargo, pero la designación se precipitó por el aumento imparable de delitos que registraron los medios locales durante los últimos meses del año. Hasta el artista Flavio Mendoza reclamó mayor presencia policial en Villa Carlos Paz. Pero el cruce de Frías con Giménez data de tres años. Tanto el gobernador como el ministro de Seguridad están al tanto de la situación. De hecho, el jefe de Policía debió responder requisitorias periodísticas al respecto el mismo día de su asunción, aquella jornada en que Giménez lo denunció nuevamente en la justicia.
–¿Cómo fue su denuncia original sobre Frías?
–En el 2009, Frías era director general de la Departamental Sur. Me mandó a citar y después de una charla me dijo que me iba a hacer trasladar a Córdoba. Le dije que me perjudicaba porque tenía a mi familia instalada en Leones, donde tenía destino los seis años anteriores. Me respondió que no sólo haría eso, sino que me haría pasar a retiro de no abandonar mi investigación al D2, que es la responsable de asesinar a mi papá. No, le dije, estoy en la policía para investigar la muerte de mi padre y no lo dejo ni lo transo por nada ni por nadie. Frías me dijo: "Seguí con esta actitud y vas a tener el mismo fin que tu papá." Por eso lo denuncié en la justicia federal. Estas amenazas se materializaron con mi traslado a Córdoba. Además me pusieron calificaciones en mi legajo discordantes con las que me habían evaluado mis superiores inmediatos, generando una situación de pase a retiro, por más que él lo niegue públicamente. Lo único que faltaba es que, como a mi padre, me persigan y me maten.
–¿Este último amedrentamiento con las motos está relacionado con aquellas amenazas de Frías?
–Con Frías y con el Estado Mayor de la Policía. Hay otras situaciones. Pedí los dos años y medio que me debían de licencia para pasar posteriormente a retiro. Como vieron que no podían detenerme ni presionarme, el ministro Alejo Paredes firmó un decreto el 29 de junio ordenando que mi retiro sea condicionado (NdR: el retirado puede ver reducida su jubilación), aduciendo que tenía causas administrativas pendientes. Ese día presenté certificados donde quedó establecido que no tengo ningún tipo de antecedentes. La Caja de Jubilaciones primero sacó el retiro condicionado pero cuando presenté el recurso de apelación, la misma Caja se expidió en octubre dejando sin efecto la resolución del ministro y otorgándome el retiro efectivo e inamovible. Además, hay connivencia no sólo de Frías y del ministro sino también del Tribunal de Conducta Policial. El actual jefe de Policía mandó al Tribunal la orden de que me hagan una causa administrativa grave, por comprometer el decoro de la institución, ya que salió una nota en un diario donde conté lo que me estaba pasando.
Giménez radicó la denuncia sobre las amenazas de muerte de Ramón Frías en 2009 en la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, funcionario que tuvo su pico de exposición tres años antes, como fiscal general de la provincia, cuando le tocó afrontar el crimen de Nora Dalmasso, en Río Cuarto. El escándalo por los horrores en la investigación del caso lo obligó a renunciar en el verano de 2007, pero su relación con el gobernador De la Sota se mantiene incólume, ahora desde el fuero federal. "El doctor Vidal Lascano no hizo nada en dos años para investigar mi denuncia. Por eso lo denunciamos, con mi abogado Hugo Vaca Narvaja, ante el entonces procurador general, Esteban Righi. Después de eso Vidal Lascano se apartó y Righi ordenó que la causa pasara a cargo de la fiscal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, que se dedica específicamente a las causas de lesa humanidad", afirma Giménez.
–Sí. Ya la elevó a juicio y está próxima a sumarse a la causa conocida como Menéndez III.
–¿Hasta dónde cree que llegan las responsabilidades por la situación de acoso que está sufriendo?
–El gobernador De la Sota está al tanto de esta situación. En octubre le pedí por nota una audiencia tanto a él como al ministro de Seguridad, con quien compartí la misma promoción, la 33. No tuve respuesta y en noviembre volví a pedir una audiencia, ya haciéndolo responsable de mi seguridad y la de mi familia. Pero Frías fue nombrado jefe de Policía, a pesar de estar denunciado y ser investigado por la justicia federal por amenazar al hijo de una víctima del terrorismo de Estado. Esto expresa la impunidad y protección política que tiene Frías. Si esto me lo hacen a mí, que soy policía, qué le queda al ciudadano común.
–Al margen de su caso, ¿cree que la policía y el gobierno están interesados en esclarecer los crímenes de la D2 durante la década del ’70?
–Por supuesto que no. Si bien la actual conducción de la Policía no estuvo en aquellos años, evidentemente hay resabios y compromisos. Fueron instruidos y capacitados por quienes estuvieron a cargo de aquellos crímenes. Algunos de esos instructores fueron condenados por su participación en el terrorismo de Estado, como el comisario mayor Carlos Yanicheli, alias "El Tucán", el comisario mayor Yamil Yabur, alias "El Turco", los Antón, tanto Emilio como (Mirta) la "Cuca".
–¿Cree que la intención de mantener la impunidad sobre lo que hizo la Policía en los ’70 no es generalizada, sino de quienes comandan la fuerza?
–Sin duda. Yo defiendo a la Policía como institución, a los que se sacrifican o dejan su familia por el bien del servicio, al punto de ofrendar su vida. Son escasos los que se comportan mal y comprometen el trabajo de muchos policías.
–Frías rechazó su denuncia al afirmar que son falacias y que la justicia está investigando.
–¿Cuáles son las falacias? ¿Que está siendo investigado por la fiscalía de López de Filoñuk? ¿Que le presenté una nueva denuncia sobre los hechos concatenados y cronológicos que vengo sufriendo junto a mi familia? Si son falacias, lo invito, tanto al jefe de Policía como al ministro y al gobernador, que me digan cuál ha sido mi error. ¿Por qué esta persecución y la protección política que reciben?
–¿Usted teme por su vida en este momento?
–Sí. No es una sensación personal. Por eso, cuando hice la denuncia documentada el 2 de enero, el fiscal Senestrari dispuso una custodia de personal de la Policía Federal. Un fiscal federal valoró racionalmente nuestra situación y dispuso una protección que no sea de la Policía de Córdoba. Esto deja claro que existe un amedrentamiento.
Fuente:TiempoArgentino
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