Álvaro Zarandón, de 16 años, asesinado en un operativo policial
COMUNICADO DE PRENSA DE “UNIDOS Y ORGANIZADOS”
Expresamos el más enérgico repudio frente a este nuevo acto de abuso policial, que se suma a una serie de hechos protagonizados por la policía de la provincia de Córdoba en los últimos meses. El día de ayer, a la madrugada y en un operativo policial en la ciudad de Laboulaye, fue muerto el adolescente Álvaro Zarandón. Sucedió en el barrio Mataderos, cuando cerca de las 4 una comisión policial de la Departamental Roque Sáenz Peña llegó hasta el barrio en busca de un hombre que tendría pedido de captura.
El caso de Álvaro se agrega a una larga lista de abusos policiales en la provincia de Córdoba, en consonancia con una política de seguridad de “mano dura” y que día a día se ve fortalecida por las declaraciones publicas de las autoridades, además de las claras definiciones del nuevo jefe de la policía, comisario Ramón Frías, en cuando a la irrestricta defensa del Código de Faltas y las políticas represivas en general.
La política de seguridad que defiende el gobierno de Córdoba encabezado por José Manuel De la Sota, quedó definida cuando se nombró al frente del Ministerio de Seguridad a un policía, para el caso el ex jefe de la fuerza Alejo Paredes. Esta política, defendida con tanto ahínco por el poder político provincial, con la excusa de combatir el delito no hace más que reprimir a los jóvenes de los sectores más humildes de la sociedad, llevándolos a la marginación, exclusión y criminalización. Las consecuencias: la pérdida o imposibilidad de acceder a empleos formales (producto de las detenciones arbitrarias y los antecedentes que éstas generan); persecución sistemática a través de la aplicación del Código de Faltas y lo irremediable, cual es la pérdida de la vida de una persona.
Días atrás se conoció la denuncia de un testigo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Julio Giménez aseguró que sufrió un apriete en la calle, el mismo día que asumió la conducción de la policía Farias. Giménez está dentro del Programa de Protección a testigos en virtud de sus denuncias contra la Dirección de Inteligencia Provincial, la D2.
También el Movimiento Evita denunció hace una semana que militantes de ese espacio fueron amenazados de muerte por cinco agentes de la policía de la provincia que los interceptaron en Avenida Vélez Sarsfield cerca de Circunvalación cuando regresaban a sus domicilios en barrio Comercial en un taxi.
El 14 de diciembre pasado, en Río Tercero, Lucas Funes, de 24 años, fue asesinado de un disparo policial. Sucedió en barrio Monte Grande de la ciudad de Río Tercero, cuando tras una persecución de varias cuadras es abatido por la policía de la Departamental Tercero Arriba. Había sido denunciado por robo y esa fue la justificación para la persecución; de ahí a la muerte violenta con disparos policiales hay, al menos, muchas dudas dando vueltas en particular por la eventualidad de encontrarnos frente a un abuso de las fuerzas, otro caso de “violencia institucional” o “gatillo fácil”.
Reclamamos la separación de la fuerza policial de todos quienes puedan tener responsabilidad por la muerte, esta vez, del adolescente Álvaro Sarandón. Asimismo reclamamos de la Justicia la necesaria celeridad en las investigaciones para así determinar todas las responsabilidades y el consecuente castigo de los culpables.
"UNIDOS Y ORGANIZADOS" unidosyorganizadoscba@gmail.com
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