CÓRDOBA: Policía denunciada por amenazas de muerte y encubrimiento de los crímenes de la dictadura.

05.02.2013
Diputados bonaerenses responsabilizan al gobierno provincial 

Policía de Córdoba denunciada por amenazas de muerte y encubrimiento de los crímenes de la dictadura

• 

La Policía cordobesa quedó en el centro de la atención pública luego de que en cosa de escasas horas un comisario retirado denunciara al mismísimo jefe de la repartición por amenazarlo de muerte si sigue investigando la muerte de su padre sindicalista, asesinado por el siniestro D-2 (Departamento de Informaciones) de la propia policía; un reconocido experto en seguridad responsabilizara al gobierno provincial de obstruir las investigaciones sobre dicho D-2 (responsable de centenares de desapariciones, torturas y asesinatos antes y durante la última dictadura militar) y, por fin, un dirigente del Movimiento Evita denunciara que militantes del mismo fueron amenazados de muerte por cinco oficiales de la policía cordobesa, a la que acusó de "obstaculizar" las investigaciones sobre el narcotráfico.

El comisario retirado Julio Giménez ratificó hoy que denunció en 2009 al actual jefe de la policía de Córdoba, Ramón Frías, por amenazas, y reveló que en diciembre pasado realizó una nueva denuncia por la misma causa. Giménez relató a Télam que Frías lo citó en esa oportunidad en su despacho "y me dijo que me iba a pasar a retiro si seguía investigando al D-2, responsable del asesinato de mi padre, (el gremialista pastelero Alberto "El Oso" Giménez) en 1976".

"Le dije que ésa era una de las razones por las que había entrado a la policía, entonces me dijo que si seguía con esa actitud me iba a pasar lo mismo que a mi padre", afirmó el comisario retirado.

El comisario Giménez precisó que la denuncia de ese hecho recayó sobre el entonces fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, que no hizo nada, y que luego la causa pasó a la fiscal Graciela López de Filoñuk, que se dedica específicamente a las causas de lesa humanidad.

A fines de 2010 y comienzos de 2011, agregó Giménez, obtuvo protección del gobierno nacional al ingresar al Programa de Protección a testigos de delitos de lesa humanidad.

"En octubre le envié una carta al gobernador (José Manuel De la Sota) solicitándole una audiencia y contándole el motivo de la misma y no obtuve respuesta. En noviembre le envié otra carta haciéndolo responsable de la seguridad de mi familia y mía", indicó Giménez. "Ni de la policía ni del gobierno se comunicaron conmigo", remató.

Giménez también comentó que el 28 de diciembre pasado, día en que Frías asumió la jefatura de la policía cordobesa, lo siguieron hasta su casa "dos motos de la policía con personal uniformado. Estaba en mi auto con mi mujer y mi hijo. Mi hijo me dijo: 'Nos están siguiendo'. Paré en casa, mi mujer bajó a buscar algo y cuando volvimos a retomar la marcha una de las motos se nos cruzó".

"Pensé que era un operativo de control, pero cuando me bajé, las motos se fueron", siguió narrando el comisario retirado, que a raíz del hecho presentó una nueva denuncia ante el fiscal federal Enrique Senestrari.

"Ahora tengo custodia de la Policía Federal las 24 horas en mi casa", indicó el denunciante, que aclaró que "nunca" antes había tenido custodia.

Por su parte, en Buenos Aires, el diputado provincial bonaerense por Nuevo Encuentro Marcelo Sain, cofundador e interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció que el gobierno de Córdoba "tiene la actitud de obstruir todo tipo de investigación sobre la D-2".

Sain le dijo a Télam que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, el comisario general retirado Alejo Paredes "tiene estrechas vinculaciones con los viejos jefes de la D-2" y destacó que la policía de Córdoba "es una de las más retrógradas y miltarizadas de la Argentina".

"A diferencia de otras policías, la de Córdoba no fue depurada en forma inmediata después de la última dictadura militar y el grupo que conducía la fuerza continuó durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín", explicó el ex interventor de la PSA.

Saín enfatizó que es por este motivo que "los oficiales que hoy son jefes se formaron con ese grupo que viene de la última dictadura" y recordó que cuando conducía la PSA y Paredes era jefe de la Policía de Córdoba, efectivos de ambas fuerzas tuvieron un enfrentamiento  al participar conjuntamente en un allanamiento al domicilio de un  ex jefe de la repartición en el que se procuraba incautar documentación relativa a delitos de lesa humanidad.

"Cuando estábamos por entrar en la casa del comisario (Américo Domingo) Argüello (que fue jefe de la Policía de Córdoba en 1974, año en  que la sede de la D-2 comenzó a funcionar como sede del 'Comando Libertadores de América', versión cordobesa de la Triple A que dependía del Destacamento 141 de Inteligencia del Ejército), rápidamente se presentaron varios patrulleros y quedó absolutamente claro que su objetivo era obstaculizar la investigación", relató Saín.

El ex jefe de la PSA y actual legislador recordó que Paredes "empezó como jefe de la custodia de De la Sota y continuó como jefe de la policía de Córdoba durante el gobierno de (Juan) Schiaretti", y destacó que es muy raro que un ex jefe de policía llegue a ministro.

"El de Paredes es uno de los pocos casos en que un policía se desempeña como ministro de Seguridad", comentó, y señaló seguidamente que la policía de Córdoba está "muy vinculada a la DEA (Drugs Enforcement Agency) estadounidense, y, por lo tanto al tráfico de drogas".

"La DEA tiene lazos muy fuertes con algunas policias y en el 2006 su primera base en la Argentina la quiso instalar en Córdoba", agregó.

En el mismo sentido,  otro diputado bonaerense, Fernando "Chino" Navarro, del Frente para la Victoria, dijo que la policía cordobesa también "obstaculizó" investigaciones vinculadas con el narcotráfico llevadas a cabo por la PSA  y que oficales de esa repartición amenazaron a militantes del Movimiento Evita.

Navarro, referente nacional de dicho movimiento, destacó que "esto no hace más que comprobar el accionar de la policía de Córdoba, que suma antecedentes de violencia y represión".

"Nosotros pedimos la renuncia del jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, luego de que se hiciera pública en el diario Tiempo Argentino la denuncia por intimidaciones al hijo de una víctima de la dictadura", aseveró Navarro, en  referencia a Giménez.

"Este sábado realizamos una denuncia desde el Movimiento Evita porque cinco oficiales de la Policía de Córdoba apuntaron con armas a tres jóvenes militantes de la JP Evita, dos de ellos menores de edad,  los agredieron y amenazaron con matarlos y desaparecerlos".

Navarro dijo que ello sucedió cuando los jóvenes regresaban de las jornadas solidarias que se realizaron en la ciudad de Rosario, los días 26 y 27 de enero, para repudiar el ataque a tres jóvenes de esa organización por parte de "soldados del narco" en el barrio Nuevo Alberdi de esa ciudad, ocurrido días atrás.

Asimismo, Navarro destacó: "Las fuerzas policiales no han sido recuperadas luego de la dictadura, estas prácticas demuestran que no nos defienden, por lo que es una asignatura pendiente de la democracia, revisar el rol de las fuerzas de seguridad".

Recordó que "el 19 de febrero se cumple un año de la desaparición de Facundo Rivera Indarte, un joven de 20 años que asistió a un recital de cuartetos en el Estadio del Centro de la capital provincial" y que hay "fuertes sospechas" sobre la policía, que anteriormente "lo había detenido sin motivo varias veces".

Subrayó por último que "la serie de jornadas solidarias que se vienen desarrollando demuestran que el pueblo, en sus distintas expresiones, desde la militancia política o social hasta la Iglesia, termina siendo el paragolpe de los excesos de la policía".

Fuente:Telam

 Martes 05 de Febrero de 2013

“El Gobierno de Córdoba obstruye la investigación sobre la D2”

Lo aseguró el diputado provincial bonaerense por el Nuevo Encuentro y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Sain, quien agregó que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, "Alejo Paredes tiene estrechas vinculaciones con los viejos jefes de la D2" y remarcó que la Policía de Córdoba "es una de las más retrógradas y miltarizadas de la Argentina".

Marcelo Sain, diputado provincial bonaerense por el Nuevo Encuentro y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció hoy que el gobierno de Córdoba "tiene la actitud de obstruir todo tipo de investigación sobre la D2 (Dirección de Inteligencia Provincial)", acusada de asesinatos durante la última dictadura militar.

El último fin de semana, el jefe de la Policía de la provincia de Córdoba, Ramón Frías, fue denunciado por amenazar de muerte a Julio Giménez, comisario retirado que investiga el asesinato de su padre por parte de la D2 en 1976.

En este marco, Sain también aseguró que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, "Alejo Paredes tiene estrechas vinculaciones con los viejos jefes de la D2" y remarcó que la Policía de Córdoba "es una de las más retrógradas y miltarizadas de la Argentina".
"A diferencia de otras policías, la de Córdoba no fue depurada en forma inmediata después de la última dictadura militar y el grupo que conducía la fuerza continuó durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín", explicó el ex interventor de la PSA.

Sain también recordó que cuando conducía la PSA y Alejo Paredes era jefe de la Policía de Córdoba, en el marco de un allanamiento a un domicilio con documentación vinculada a delitos de lesa humanidad, "se produjo un enfrentamiento" entre ambas fuerzas.

También, Sain cuestionó que "el de Paredes es uno de los pocos casos en que un policía se desempeña como ministro de Seguridad", a la vez que señaló que la Policía de Córdoba está "muy vinculada a la DEA (agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas) y, por ende, al tráfico de drogas".

"La DEA tiene lazos muy fuertes con algunas policías y en el 2006 su primera base en la Argentina la quiso instalar en Córdoba", agregó al respecto.
Fuente:Télam