24 de febrero de 2013

HISTORIA DE LA ARGENTINA SECRETA.

Historia de la Argentina secreta 
Año 6. Edición número 249. Domingo 24 de febrero de 2013
Por Eduardo Anguita 
eanguita@miradasalsur.com

F. Fabio:“En los últimos años hay un avance del trabajo transitorio sobre el permanente” / M. Bachur: “Las empresas de empleo eventual incursionan en el trabajo rural” / Peón golondrina sin tierra. La definición que acuñó Rodolfo Walsh sobre los yerbateros.



A falta de datos precisos, Bachur y Fabio dicen que algunas fuentes hablan de un millón de trabajadores rurales mientras que otras estiman que es el doble. La gran mayoría está en negro. Dos tercios de las exportaciones argentinas proceden de actividades agrícola-ganaderas. Contrastes de un país poco conocido: la Argentina oculta.
Francisco Fabio nació en Oberá y es sociólogo, mientras que Marcelo Bachur es porteño e ingeniero agrónomo. Ambos trabajan en el Área de Investigaciones del recientemente creado Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios. La Argentina, según el mito, es el granero del mundo y aquí se comen los mejores cortes de carne vacuna, supuestamente codiciados en el mundo. Fuera del mito, los números indican que dos tercios de las exportaciones son de origen agropecuario, algunas salidas del puerto sin valor agregado y otras con algún grado de industrialización. Esos productos exportables no son alimentos para consumo humano sino que un alto componente es de oleaginosas destinadas al alimento animal. Junto al proceso de sojización, que desplaza otras producciones e impulsa la desforestación, hay cientos de miles de argentinos y habitantes de países limítrofes que trabajan en actividades rurales. Un porcentaje altísimo de esas personas no tiene un trabajo formal, registrado. La agenda periodística lo ignora casi olímpicamente. La supuesta prensa especializada en temas rurales está capturada por los intereses del complejo agrosojero y desconoce la realidad social y ambiental. A casi 70 años del Estatuto del Peón Rural, se asoma otra instancia que puede ser el punto de partida para dignificar la condición de la vida de estos ciudadanos, en cuyas espaldas descansa la punta del ovillo del superávit comercial argentino y la potencial riqueza del país.


–Ustedes trabajan, investigan, se aplican sobre una realidad que, para muchos, es completamente desconocida: la contratación en el trabajo agrario. Cuando se reflexiona sobre la población rural, sobre la producción agropecuaria y en las grandes cuentas de la Argentina; cuando se piensa qué porcentaje del PBI argentino procede de productos agropecuarios, y en el coeficiente de las exportaciones de origen agropecuario, estamos hablando de cifras importantísimas. Pero cuando hablamos de la modalidad de trabajo rural, los que vivimos en las ciudades sabemos poco. Ustedes, especialistas en esto, trabajan en el Renatea, un organismo autárquico que tiene el nuevo régimen de trabajo agrario. ¿Cuántos trabajadores rurales hay en Argentina y en qué condiciones están?
Francisco Fabio: –Como miembros de la Unidad de Estudios del Renatea venimos a hacernos cargo de esas preguntas, y a reconstruir lo poco y malo que hay de información sobre el sector agrario. Los datos con los que contamos, a partir de lo que universidades y el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) intentaron reconstruir, son parciales y no nos dan una mirada integral y holística del sector. Desde la Unidad de Estudios venimos a reconstruir ese escenario. Hay algunas fuentes que hablan de un millón de trabajadores. Otras, de casi el doble. Son aproximaciones muy poco precisas. Lo que sí está claro es que la tendencia de los últimos años es un aumento del trabajo transitorio sobre el permanente. Las ocupaciones transitorias tienen menos cobertura social y sindical, lo que aumenta la precariedad laboral. Los trabajadores agrarios acceden, cada vez más, a puestos de trabajo a través de intermediarios. En muchos procesos productivos que sufrió la Argentina, los motores de trabajo se modificaron bastante. En parte debido a la agriculturización y el avance de la frontera agraria en base a la soja, que es el cultivo emblemático que transforma la manera en la que se emplea a los trabajadores. A la par, otros cultivos y complejos industriales vinculados a demandas intensivas de mano de obra, sobre todo relacionadas con el mercado interno y a la exportación de frutas, sufrieron procesos de innovación tecnológica que cambiaron mucho la demanda de trabajo: provocaron el declive del empleo permanente frente a una mayor importancia del trabajo transitorio.


–Marcelo, hace pocas semanas te incorporaste al Renatea, que reemplaza al que era antes el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores). Este organismo estaba constituido por la misma gente que maneja la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) cuyo líder sindical es Gerónimo el Momo Venegas. Al recordar Río Oscuro, la novela de Alfredo Varela, en que la gente del norte (Formosa, Misiones) iba a trabajar y cobraba en vales, los llamados mensúes, uno pensaba en un puntero, en el hijo de algún estanciero, en algún intendente, en un comisario. Pero ahora es mucho más sofisticado. Se trata de transnacionales, empresas con personas en maestrías en recursos humanos y que tienen una frialdad de cirujano.
Marcelo Bachur: –Sí, se profesionalizó muchísimo. Las empresas más grandes que se dedican a contratar empleo eventual incursionan también, con otros nombres, en lo rural. La legislación rural prohíbe el trabajo eventual. Las empresas se constituyen entonces con otro nombre, aunque sigan en el mismo edificio, y administran trayectorias laborales de trabajadores que son no permanentes durante 12 meses del año en diferentes lugares. Una persona puede trabajar todo el año en una condición temporaria, lo hace durante un tiempo en una actividad, con un empleador. Luego entra en otra actividad, con otro empleador. Pero siempre en relación con una misma empresa.


–Estas compañías, dedicadas a lo que pomposamente se llaman recursos humanos, tienen censos y registros que no deben de tener ni el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) ni el Ministerio de Trabajo. Si es así, optimizan a quienes contratan y hacen rotar a los trabajadores temporarios. ¿Qué ventajas puede tener un trabajador para sentirse maltratado o en condiciones de trabajo precario?
M.B.: –Esas empresas registran y dan libretas. Tienen la estructura para cumplir con todos los requisitos que pide la legislación en cuanto a registración. Pero la Argentina es muy heterogénea. Tienes una realidad en la pampa húmeda, con una determinada organización de la producción y con algunos cultivos, que representan una gran parte de las exportaciones y del PIB; pero hay otras realidades en el país. Estas empresas también están en Mendoza, en la producción de uva fina o para vino, por ejemplo. Siempre depende de que haya un productor que lo pague. El manejo de la mano de obra en algunos lugares es muy complicado.


F.F.: –La nueva ley, la 26.727, votada en diciembre de 2011, prohíbe la intermediación laboral privada, ya sea de las figuras más tradicionales –las que encontrás en el libro de Varela y que dio lugar a la película Las aguas bajan turbias– hasta las más modernas. Esta ley asigna a la Secretaría de Empleo la función de servicio público de empleo para resolver este tipo de contingencias del mercado de trabajo, como la eventualidad.


–El porcentaje de trabajadores no registrados es impactante, aunque no tengamos cifras exactas, lo que habla del desconocimiento que tenemos como sociedad y como Estado. No se trata sólo de un desconocimiento cultural sobre nuestra mayor capacidad de generar recursos, vía las retenciones y vía la balanza comercial. El sobrante de exportaciones nos permite tener un banco central con dólares, y las retenciones nos permiten tener programas universales como la Asignación Universal por Hijo, que son universales, no prebendarios, pero que están dados en parte por el sudor de estos trabajadores que no sabemos cuántos son. Ahora, ¿qué ordenamiento normativo reemplaza la ley 26.727?
M.B.: –Durante muchos años del siglo XX no hubo ninguna legislación para el sector rural, hasta que en 1944, la Secretaría de Trabajo de Perón aprobó el Primer Estatuto del Peón Rural con el fin de regular las relaciones de trabajo en el campo. Todavía no estaba legislado el trabajo de temporada o transitorio porque no entraba en ese paquete. En la década del ’70 (durante el tercer gobierno peronista) salió la Ley de Contrato de Trabajo, que en cuestiones de derechos abarcaba a todos los trabajadores. Esta legislación rigió hasta 1980, cuando se aprobó el Régimen Nacional de Trabajo Agrario…
/b>–Fue cuando Martínez de Hoz estaba en el Ministerio de Economía. Firmaron esta ley Videla, Martínez de Hoz y Albano Arguindeguy. Estos dos últimos se iban de cacería a África, y Martínez de Hoz era descendiente del primer presidente de la Sociedad Rural. En 1946, cuando Perón era presidente, la Sociedad Rural eligió a otro Martínez de Hoz para presidirla. Era el padre del que derogó el Estatuto del Peón Rural. Estas historias son una especie de saga familiar que conduce don Corleone. Y el último Martínez de Hoz es el que establece esta modalidad de liberalización, que en realidad es esclavización. Antes de dejar el Ministerio de Economía quiso dejar esto para las generaciones futuras.


F.F.: –Un dato simbólico que se desprende de esto es la separación del empleo rural de otras situaciones, naturalizando cuestiones como que se trabaja de sol a sol, o que el patrón necesita a disposición a sus trabajadores, de modo que las horas extra o los trabajos en sábado o el domingo dependían de las necesidades del patrón. Esta separación de un segmento de trabajadores está invisibilizada, relegada a un segundo nivel, naturalizada social y culturalmente: como “es lo que les queda”. “Porque les damos casa y comida podemos pagarles menos que al resto de los trabajadores”, o “porque viven en nuestro campo y pueden tener sus plantitas, que se queden trabajando todo el día”.


–Ustedes seguramente deberán ponderar esta situación con la diversidad que hay y con los planes sociales, que permiten a buena parte de las personas con trabajo no declarado realizar una mezcla un tanto perversa de lo que le paga el Estado y el patrón. En vez de tener conciencia de trabajador, se está actuando de una manera rara.
M.B.: –El funcionamiento de la economía no se cambia con una ley ni con una normativa. Modificar el funcionamiento de la sociedad, la manera de hacer contratos o las formas de relacionarse con el Estado, lleva un trabajo de desarrollo. Son atributos de la sociedad entera, no de un grupo. El hecho de tener trabajadores en negro no es sólo algo de la agricultura. La agricultura es la que alberga, seguramente, mayor cantidad de trabajadores en negro, pero hay muchos otros rubros que actúan igual. Ahí es donde aparece la falta de desarrollo como sociedad. Aquí todos trabajamos. La cuestión es en qué condiciones. El productor agropecuario no siempre es el que contrata, pero además también tiene problemas para cumplir con todo. Porque no puede competir en precio con los que están delante de él en la cadena, una cadena que está en negro. Entonces tiene un tope, y a partir de ahí, reparte.


–¿Cuántos hechos culturales no sabemos sobre nuestros compatriotas que trabajan ahí y sobre las cadenas de producción?
F.F.: –Uno de los aspectos más invisibilizados es el trabajo incorporado que tienen los productos rurales. Muchas veces pensamos que el campo produce esos productos directamente, pero en cada una de las etapas hay trabajo incorporado, y generalmente ese trabajo es precario y es no registrado. Frente a eso, la ley intenta revertir esa situación y también hacer visible la problemática del empleo en el campo argentino.


–¿Qué funciones tiene el Renatea? ¿Qué puede hacer este organismo para que finalmente estas empresas que no cumplen con la ley tengan sanciones o respondan ante un juzgado?
M.B.: –El Renatea se va a encargar de la fiscalización y de la inspección a nivel nacional, y hay que acomodar esas metodologías en torno de lo rural y también de lo regional. El diálogo para el cambio es arduo. Las cuestiones se deben cambiar cara a cara, no sólo con la reglamentación. Hay que tener una tremenda cobertura territorial, saber cuál es la base imponible que está en discusión, cuánto trabajo está incorporado. Y ahora mismo es como un tiro de escopeta, no sabemos si son un millón o dos millones los trabajadores rurales. La cuestión es no mirar para otro lado y ver cómo está organizada la producción; reconocer a los actores, y ver cómo se relacionan los trabajadores con su trabajo, que suele ser a través de un actor crucial. Tenemos que tratar de que esto funcione sin limar ninguna de las piezas. Y puede hacerse: hay muchos elementos técnicos y una decisión política. Hay que asumir todos los recursos de Argentina y ver cómo se reparten. El Renatea tiene que dar datos objetivos de cómo es el mercado de trabajo en cada una de las producciones, y que eso sirva como elemento de prueba para administrar estos conflictos.


–Francisco, vos trabajaste en el Conicet. ¿Cuántos dispositivos institucionales hay? Hay una gran cantidad de información y especialistas que si trabajaran de manera conjunta, se podría avanzar muchísimo. Lo del “trabajo de sol a sol” se sigue diciendo en el campo. Pero otra cosa son los puertos en las riberas del Paraná, en Rosario, donde hay multinacionales cerealeras que exportan, que cotizan en la Bolsa de Chicago, que incluso pueden valerse de doble facturación. Acá estamos hablando de una Argentina que no conocemos, que está invisibilizada, pero que además tiene factores de lobby y de poder.
F.F.: –Respecto de lo primero, es uno de los grandes desafíos ordenar los datos que se están produciendo en el Inta, en el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), y en distintos organismos provinciales. Eso requiere una articulación y una conducción política para resolver un problema de fondo que es la registración. Estamos hablando de salir a registrar al 70% de los trabajadores que están en negro. Por más que haya trabajadores registrados que no tienen las mejores condiciones de trabajo, un trabajo registrado es mucho mejor que uno no registrado, y se pueden empezar a saldar ciertas cuestiones cuando el trabajo está legalmente constituido. El Renatea viene a cumplir una función central: generar las condiciones legales par que otras cuestiones vinculadas a las jornadas laborales, a los accidentes de trabajo, a la intermediación y a las demandas transitorias, encuentren un marco institucional en el cual puedan resolverse.


–No hablaremos del Renatre porque es fácil decir que el Momo Venegas es el malo de la película. Llevamos diez años en una Argentina que está cambiando. Basta mirar las cosas que se están transformando para ver cómo podemos mejorar.
M.B.: –Los procesos de producción van cambiando en la agricultura. Y también hay una tendencia a que baje la ocupación permanente y que suba la relación por tiempo de trabajo.


F.F.: –Hay modificaciones tecnológicas. También hay reemplazos de cultivos, pero la demanda de trabajo también cambia por estrategias empresariales. Uno cree que en el campo se contrata cuando hay cosechas, y que como hay que esperar un par de meses para las nuevas tareas, no queda otra que mantenerse desempleado. Pero eso no pasa en todas las producciones. En muchos casos hay una demanda continua de trabajo, y aun así, los empresarios eligen contrataciones transitorias que son más económicas y generan menos cobertura social.


–Cuando se piensa en la demanda que tiene China de soja o maíz, hay que entender que Monsanto no llega a la Argentina de casualidad, sino que hay un entretejido transnacional. Monsanto va modificando permanentemente, en sus laboratorios, los productos que luego, cuando le conviene, lanza al mercado. Las semillas de siembra directa son resistentes al frío o a las plagas pero también tienen infinidad de interrogantes para la salud humana y animal. Ahora se viene el debate sobre la Ley de Semillas en el Congreso. Monsanto, curiosamente, está bastante a favor del proyecto del Ejecutivo. Es complejo el armado de un país. Monsanto va a poner una planta en la provincia de Córdoba, y no sólo tiene el aval de las otras empresas, sino también de las autoridades nacionales. Si vamos a pensar la cadena de valor, deberíamos empezar por el eslabón de más abajo, el del laburante.
M.B.: –Todo el arco que existe en la sociedad, existe también en los trabajos de investigación. Si le preguntás a un gremialista de la yerba mate cuántos kilos puede cosechar un trabajador por día, te va a decir que son alrededor de 500. Cuando vos hacés esa cuenta en relación con los trabajadores, de acuerdo con los estudios realizados por el ingeniero del INTA Guillermo Neiman, no te cierran las cuentas. Hay muchas versiones de la misma historia.


–Neiman, en sus investigaciones, aclara que el trabajo estadístico sobre trabajo rural se hace en base a la información brindada por los empleadores. Es difícil pensar que los dueños o ejecutivos van a permitir que el investigador hable con el peón. Es decir, la información la da la empresa. Así que si hay un 70% de trabajo en negro, es de suponer que muchas empresas brindan los números que, a priori, un periodista mal pensado podría pensar que son un dibujo. Ustedes ahora están en el desafío de mejorar la calidad de la información para mejorar la realidad social de los trabajares rurales. ¿Cómo se involucraron en esto?
F.F.: –Soy de Oberá, Misiones. El ritmo, el tono y el funcionamiento de la provincia están marcados por la producción yerbatera. Cuando, de chico, salía a la ruta, veía los camiones cargados de tareferos (peón de la cosecha de la yerba mate) sentados arriba de las ponchadas. Más tarde o más temprano nos preguntábamos por qué pasaba eso en esa actividad mientras que en otras los trabajadores van en una Traffic o en transporte público. A mí eso me provoca una rebeldía que canalicé desde el lado académico. Hay situaciones en las que no hace falta ser un investigador para darse cuenta de las condiciones de trabajo de un amplio sector de esta provincia, allí donde crecí. Los que conocemos el interior sabemos que la cuestión del trabajo agrario, por más que salga poco en los medios, atraviesa la dinámica y el funcionamiento de las sociedades.


M,B.: –Yo estudié Agronomía en la UBA porque mi viejo quería que fuera ingeniero. Después trabajé en el Ministerio de Trabajo en torno de la horticultura comunitaria. Y en ese momento había programas para hacer huertas en los municipios. Casi en seguida pasé a trabajar en un programa que transfiere fondos a trabajadores rurales de temporada, del azúcar y del limón, por ejemplo, en las temporadas que no trabajan, y hoy por hoy es un proyecto que sigue creciendo. Está todo por hacer, y todos tenemos posibilidades de vivir muy bien.
Fuente:MiradasalSur

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