05.02.2013
Nuevo llamado a indagatoria para el juez Pedro Hooft Hooft será llamado a declarar en calidad de imputado
El miércoles 13 de marzo a las 10 de la mañana el juez Pedro Federico Hooft deberá presentarse ante la Justicia para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Es la segunda vez que el juez a cargo de la causa lo cita. En aquel entonces el imputado presentó una recusación para evitar declarar.
El llamado a indagatoria fue realizado por el juez federal Martín Bava, designado el año pasado al frente de la causa, luego del sucesivo apartamiento por recusaciones y excusaciones de otros seis magistrados.
El magistrado entendió que a pesar de la recusación presentada por Hooft, la causa debe seguir su curso y volvió a citarlo a indagatoria.
En octubre del 2011 la fiscalía federal a cargo de Claudio Kishimoto había solicitado el pedido de indagatoria para el magistrado por una serie de delitos cometidos en el marco de la tristemente celebre “Noche de las Corbatas” en la que el aparato represivo de la subzona militar 15 secuestró a un grupo de abogados laboralistas, entre los que se encontraban Jorge Candeloro y su esposa Marta García, Norberto Centeno, Raúl Hugo Alais y Salvador Arestín, junto a Tomás Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz de Fresneda.
El primer llamado a indagatoria fue para agosto de 2012 pero Hooft logró sortear el llamado con un nuevo artilugio dilatorio. Hooft, quien se desempeña actualmente como titular del juzgado en lo correccional Nº 4 de esta ciudad enfrenta una causa iniciada en 2006 por las secretarías de Derechos Humanos de Nación en la que se lo acusa de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas (19 casos), imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos (16 casos) y homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o más partícipes (14 casos).
Además se le suman por su condición de juez en el momento de los hechos, los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y sustracción de medios de prueba, dada la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en el juzgado a su cargo, y que constituyen prueba fundamental acerca de los delitos denunciados durante la dictadura cívico militar.
La denuncia contra el magistrado marplatense fue presentada el 7 de marzo por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo Luis Duhalde.
En el extenso escrito se pedía al titular del juzgado federal 1 de Mar del Plata la investigación del doctor Hooft por su presunta responsabilidad en distintos hechos que lo incluyen como parte del aparato represivo durante los años de plomo. Una semana después, el 13 de marzo, una comisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia solicitó ser parte del expediente.
Por otro lado se lo acusa de haber dado plena impunidad al funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Cueva -que funcionaba en la Base Aérea local- y comisaría Cuarta donde se torturaba, se mataba y se violaba a mujeres.
El 28 de septiembre de 2006 se presentó ante la Secretaria de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político contra Hooft.
En el 2007 y 2008 el pedido de juicio político fue ampliado con nuevas denuncias contra el magistrado por su actuación durante la dictadura cívico militar.
En marzo de 2009, el Jurado decidió llevar adelante el jury contra Hooft. El próximo 13 de marzo, Hooft podrá negarse a declarar y en caso de quedar procesado por los delitos que se le imputan, no podrá ser detenido por contar con los fueros que su condición de juez le otorga.
Fuente:ElAtlántico
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