MÉXICO.

MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 2013
Escenario de represión para defensoras de los Derechos Humanos 
Por Anayeli García Martínez (CIMAC) 
Activistas alertan que el regreso del PRI a la Presidencia representa “inseguridad” para las personas que defienden los Derechos Humanos. 

Activistas congregadas en la Ciudad de México para analizar el impacto del actual contexto socio-político en su trabajo afirman que los cuerpos de seguridad, a nivel federal y estatal, lejos de respetar y proteger los Derechos Humanos (DH) intimidan a quienes los defienden. 

A decir de las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el cambio de administración y la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República no significa seguridad para ellas, toda vez que el PRI -aseguran- ha hecho de “la corrupción, la impunidad y el autoritarismo” una política de Estado. 

América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y exiliada política durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México debido a la represión en San Salvador Atenco, sostiene que los movimientos sociales deben estar alertas ante el posible hostigamiento contra ellos.

“Todos sabemos que en el Estado de México (Peña Nieto) ensayó”, dice la joven activista acusada de secuestro equiparado durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas, 26 de ellas agredidas sexualmente. 

Como parte de las víctimas de la represión de hace más de seis años, Del Valle señala que no se puede esperar nada diferente durante este sexenio. La prueba -a su parecer- es que los conflictos sociales y los enfrentamientos criminales siguen presentes en el país. 

Desde su perspectiva esto significa que las agresiones contra las defensoras serán una constate, por ello asegura que las mujeres deben tener claro cómo van a protegerse ante las posibles amenazas e intimidaciones de agentes estatales. 

En ello coincide Marusia López, coordinadora de la agrupación Asociadas por lo Justo, quien agrega que el actual partido en el gobierno ha estado en el poder en los estados donde se han registrado más agresiones contra defensoras en años recientes. 

Zonas de riesgo
Un informe elaborado por la Red Nacional sobre las condiciones y riesgos de su trabajo en el periodo 2010-2011, revela que en el 55 por ciento de los casos de agresiones se puede señalar que hubo responsabilidad de funcionarios.

Desde entonces la violencia ha cobrado la vida de al menos 25 defensoras y el año pasado 69 defensoras fueron agredidas en México, de donde destacan Oaxaca, Chihuahua y Guerrero como estados donde las activistas son más vulnerables.

Marusia López sostiene que hasta el momento no hay cambios significativos en los estados donde existe una estructura de impunidad y corrupción, que ha hecho que ningún caso de agresión contra defensoras se haya resuelto.

En opinión de esta activista, el autoritarismo, la represión y la cooptación son las características de los gobiernos caciquiles que continúan operando en las entidades. 

Silvia Vázquez Camacho, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, agrega que la situación de violencia no está controlada como para que ellas puedan ejercer su trabajo como defensoras. 

“El cambio de una administración no significa que nos quedemos sentadas y no tomamos medidas; nuestros agresores, en muchos casos, no son necesariamente del ámbito federal”, dice la activista originaria de Baja California y exiliada desde 2010. 

Por ello afirma que una medida precautoria es mantenerse alerta porque cambian los actores políticos, pero la impunidad persiste y si bien no puede asegurar que los ataques pueden arreciar sostiene que es momento de evaluar el contexto social y político. 

Puro discurso
Para estas defensoras, la Ley General de Víctimas y la entrada en operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una muestra del discurso a favor de los DH, sin embargo no hay que confiarse.

Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, considera que no es hora de bajar la guardia, toda vez que en entidades como Chihuahua los abusos policiales continúan y alcanzan a las activistas que se solidarizan con la gente agredida. 

Lo mismo sucede en Guerrero, explica Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, donde surgieron grupos civiles que dicen ser policías comunitarios, pero que están poniendo en jaque a las comunidades indígenas donde trabajan las defensoras. 

Con todo esto agrega que las activistas enfrentan nuevos contextos para ejercer su labor y por tanto es necesario buscar sus mecanismos de protección y autocuidado, a fin de continuar con sus luchas y mantener vivos sus movimientos sociales. 

MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 2013 
El costo de la duda 
Por Teodoro Rentería Arróyave 
La desconfianza es inherente al ser humano, basta una falla o una tardanza en declaraciones o en información sobre los motivos de algún sucedido, para que el grueso de la población cuando menos dude de lo que afirman los funcionarios. 

Esto es lo que acontece con respecto al resultado de los peritajes que se llevaron a cabo en la torre B-2 del Complejo Central de Petróleos Mexicanos, PEMEX de la ciudad de México, en la que ocurrió la explosión, el pasado jueves y que dejo un saldo doloroso hasta ahora de 37 muertos y más de un centenar de heridos. 

Según indicó, en conferencia de prensa, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se trató de un accidente provocado por la acumulación de gas metano o de otra naturaleza, sin precisar cómo y por medio de cual conducto se produjo dicha acumulación. 

Acompañado del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el director general de PEMEX, Emilio Lozoya Tamiz, descartó que el trágico suceso se haya debido a un atentado, puesto que no hay absolutamente ninguna señal que así lo indique, como son entre otras, que no existió un cráter que es propio que se produzca al explotar una bomba y tampoco hubo desmembramiento de cuerpos, quemaduras en las victimas, salvo en los cadáveres de los tres trabajadores que daban mantenimiento en la parte del sótano, donde se supone que se produjo la chispa que provoco la explosión. Tampoco hubo roturas de cristales ni desintegración de las trabes de acero.

El funcionario se reservó, según dijo, hasta no tener las evidencias correspondientes si se trató de un accidente o de actos de negligencia por parte de las autoridades de PEMEX. 

El problema de la duda, se dimensiona porque no es la primera vez que suceden estos incidentes trágicos en instalaciones de la paraestatal, además se ha señalado insistentemente, la negligencia en el mantenimiento durante toda la docena trágica del panismo. 

También, para nadie es un secreto el señalamiento continuo en el trayecto de estos doce años de la mezquindad en cuanto a ejercer presupuestos de mantenimiento. Los panistas se negaron a cambiar el régimen tributario y en esas condiciones los billones de pesos que deja la primera industria del país se destinaron al gasto corriente del gobierno, más todavía, endeudaron a PEMEX, para comprar acciones para invertir en unos barquitos españoles, y claro nada de mantenimiento.

No tenemos elementos, por nuestra parte, de dudar del peritaje, máxime, si está avalado por peritos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; del gobierno de izquierda del Distrito Federal, y por expertos internacionales. 

Sin embargo, urge que se aclare cuál fue el conducto y los motivos de la acumulación de gas en el sótano de la torre del complejo mencionado, y también, que se fije en forma prístina si fue un simple accidente o se debió a la negligencia de funcionarios. Si así fuera el caso, es necesario que se aplique la ley, para evitar sucesos de esta naturaleza que enlutan a toda la nación y no exponerse al costo de la duda.
Fuente:Argenpress