Por Sonia Tessa
FISCALES SEñALARON QUE EL JUEZ BAILAQUE BENEFICIA LA FRAGMENTACION DE LAS CAUSAS POR NARCOTRAFICO
Sobre la imposibilidad de avanzar hacia arriba
Los fiscales Murray y Solari consideran que tienen atribuciones para plantear la acumulación de causas -planteo rechazado por el magistrado-, "máxime cuando los dos juzgados federales (de Rosario) han renunciado a actuar como investigadores".
Por Sonia Tessa
Murray fue designado fiscal subrogante en Rosario por la Procuradora General de la Nación.
En durísimos términos, los fiscales federales subrogantes Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari respondieron al juez federal Marcelo Bailaque que beneficia "la constante fragmentación" de las causas por narcotráfico, "con la imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada". Rechazaron así su consideración de "no aptos" para acumular cuatro causas hasta ahora sin imputados que se tramitan en ese fuero. En cambio, el Ministerio Público Fiscal considera que tienen "conexidad objetiva y subjetiva de diversos expedientes que se encuentran en instrucción". El escrito dice que la propuesta de Bailaque "significa desconocer la autonomía del Ministerio que representamos, titular de la acción penal pública y que se encuentra a cargo de la dirección de estas investigaciones". Y va más allá, al plantear: "Pareciera que Su Señoría no toma cabal dimensión de la problemática existente en nuestra provincia, y particularmente en la ciudad de Rosario acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalizacíon del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del estado".
El escrito firmado por Murray y Reynares Solari puntualiza primero una cuestión bien jurídica: "La aptitud o ineptitud resulta ser una categoría procesal inexistente dentro de la ley y de la doctrina para catalogar a una resolución judicial en sentido genérico".
Por eso mismo, rechazan la decisión de Bailaque, porque significa "atrasar las agujas del reloj a favor de la lentitud, ineficiencia y burocratización del servicio de justicia". Los fiscales consideran que tienen atribuciones para plantear la acumulación de causas, "máxime cuando los dos juzgados federales con competencia en materia criminal de instrucción y correccional han renunciado a actuar como investigadores, delegando a las fiscalías de la circunscripción prácticamente la totalidad de las causas que ingresan" para que las investiguen.
En ese punto, los representantes del Ministerio Público Fiscal le recuerdan a Bailaque que "los dos señores jueces federales actúan solamente como jueces de garantías de los derechos de las demás partes (imputados, querellas, etc.) de la investigación en manos de la Fiscalía".
El escrito -que incluye un pedido de pronto despacho de medidas solicitadas por la Fiscalía- tiene un tono inusualmente duro en los documentos judiciales: "No puede entonces Su Señoría erigirse en querer diseñar las estrategias de investigación criminal del Ministerio Fiscal, beneficiando con ello la constante fragmentación de las mismas, con la imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada". De este modo, los fiscales apuntan que no acumular causas beneficia a los eslabones más encumbrados del narcotráfico. De hecho, el 70 por ciento de las causas por droga se inician por la tenencia de pequeñas cantidades.
Para Murray y Reynares Solari, "lo que carece totalmente de aptitud" es la pretensión de Bailaque de "fulminar la acumulación de investigaciones dispuesta por este Ministerio Fiscal en su carácter de director de la investigación, titular de la acción penal pública y diagramador de la estrategia de persecución criminal".
Desde la óptica de los fiscales, "el sistema de justicia debe ser una instancia de solución y no parte del problema. Sino seguiremos abonando el pensamiento existente en el hombre común de que la corrupción también ha corroído a la agencia judicial".
El escrito de los fiscales adelanta una nueva forma de investigar las causas de narcotráfico. No tiene ninguna referencia concreta a expedientes en trámites, y tampoco trascendió cuáles son las causas que los fiscales acumularon.
Murray fue designado fiscal subrogante en Rosario a principios de diciembre, por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Su desembarco tuvo como objetivo agilizar las investigaciones por narcotráfico, después del desplazamiento de la anterior fiscal, Liliana Bettiolo, por su inacción en la causa que involucraba al ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli.
Otros antecedentes en causas de narcotráfico dan carnadura al planteo de los fiscales. Por un lado, la excarcelación de Carlos Ascaini, después de que el kilo de cocaína que le secuestraron al momento de su detención se hubiera convertido en azúcar. Ascaini había sido detenido en mayo del año pasado en Villa Cañás y en noviembre, Bailaque lo excarceló tras los peritajes que demostraron la presencia de una sustancia inocua. Justamente, a Tognoli lo acusaban de complicidad con Ascaini, pero el juez federal Carlos Vera Barros le dictó falta de mérito. Es decir, que no había pruebas en su contra.
También César "Totola" Orozco fue detenido el 27 de junio pasado, en Firmat, y más tarde, por fallas en el procedimiento policial, Vera Barros lo excarceló. Sin embargo, a fin del año pasado, el 22 de diciembre, la Cámara de Apelaciones ratificó la validez del operativo policial y dispuso su detención.
VICIADA
"No se puede hacer políticas en materia de seguridad sin contar con buena información. Hoy la única información que tiene el Gobierno Provincial es la que le da la Fuerza de Seguridad, y si la Fuerza de Seguridad tiene connivencia con el delito esa información está viciada. Entonces las decisiones que tome el gobierno van a estar equivocadas".
(Diputado Agustín Rossi, quien ayer participó de un encuentro con vecinos de Sorrento y Casiano Casas donde se debatió sobre inseguridad en el barrio).
La comisión de Seguridad está presidida por el diputado Héctor Acuña.Imagen: Sebastián Granata
Las sospechas que levantó Carlos Del Frade sobre el ex secretario de Seguridad Pública de la provincia, Marcos Escajadillo, tendrán esta semana otra resonancia en la Legislatura. La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados invitará al periodista para que amplíe sus denuncias y le pedirá una entrevista al juez federal de San Isidro, Sergio Torres, para tener certezas de una investigación sobre el narcotráfico en Rosario, en la que ?según el colega? estaría mencionado Escajadillo. "La comisión se reunirá el miércoles a la tarde y vamos a tomar decisiones", dijo su presidente, Héctor Acuña, a Rosario/12. Y adelantó que es probable que Del Frade sea recibido por la comisión el martes 19, a la espera de que el juez Torres acepte el pedido de audiencia y formalice una fecha. Escajadillo está en la mira de los diputados justicialistas desde el año pasado -cuando fue citado tres veces y nunca concurrió-, así que ahora Acuña y otros de sus colegas del interbloque del PJ pedirán que sea convocado al despacho del presidente de la Cámara, Luis Rubeo, igual que el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, para pedirles explicaciones sobre la crisis de seguridad y la avance del narcotráfico en Rosario.
Acuña dijo que la comisión de Seguridad se reunirá el miércoles a la tarde. "Ya le anticipé a todos sus miembros que voy a pedir que se invite a Del Frade para que amplíe su investigación periodística", explicó el legislador. "Me comuniqué con el periodista y me dijo que podía venir en una semana, así que esperamos recibirlo el martes 19 para que nos cuente la información que tiene sobre los supuestos vínculos de Escajadillo con el narcotráfico".
Del Frade citó como fuente "una denuncia presentada por una Secretaría nacional" en el Juzgado Federal N° 12 de San Isidro con "un pormenorizado diagnóstico de la situación del narcotráfico en Rosario" y en la que "existen escuchas telefónicas en donde aparece en repetidas oportunidades el nombre del doctor Escajadillo". Por lo que el diputado Acuña, propondrá que "la comisión de Seguridad le pida también una audiencia al juez Torres, que entiende en la causa. Nosotros viajaríamos a San Isidro para entrevistarnos con el magistrado y conocer detalles del caso, que obviamente, no estén sujetos a las restricciones de la investigación judicial", explicó.
Escajadillo ya fue convocado por la Legislatura tres veces, pero nunca concurrió. La primera, a principios de mayo, cuando debía acompañar al entonces ministro de Seguridad, Leandro Corti, pero éste renunció a su cargo horas antes de comparecer en la Cámara de Diputados. La segunda, el 25 de octubre, cuando lo esperaban junto con el nuevo ministro, Raúl Lamberto, a una reunión a puertas cerradas en el despacho de Rubeo, pero 48 horas antes Lamberto le pidió la renuncia y designó en su reemplazo al actual secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet. "No vino porque ya no es más funcionario del área", lo justificó el ministro. Escajadillo volvió entonces a su anterior cargo de secretario de Protección Civil, que pasó a la órbita del ministro Galassi. Y la tercera, el 31 de octubre, cuando la comisión de Seguridad insistió en citarlo, aunque sin éxito: el gobierno excusó a Escajadillo en una nota firmada por el secretario de Asuntos Legislativos, Pablo Farías, con el mismo argumento que esgrimió Lamberto, que había pasado a otra área del gabinete. El tercer faltazo ?dos en menos de una semana? fue interpretado en la Legislatura como una protección política de la Casa Gris a uno de los funcionarios de más confianza de Bonfatti y de su antecesor, Hermes Binner.
"Desde octubre del año pasado pedimos la presencia de Escajadillo en la comisión de Seguridad, pero fue negada por el ministro Galassi. El propio gobierno le negó a Escajadillo que venga a dar explicaciones a la Legislatura", señaló Acuña. "Por lo que ahora plantemos que Escajadillo, igual que Galassi, vengan a la Presidencia de la Cámara, por separado. Entiendo que Galassi es el ministro político del gobierno y que estamos inmersos en una crisis de seguridad, que también es política, por lo que seguramente tendrá algo para decir", agregó el legislador.
Acuña coincidió también con el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le pidió al gobernador Antonio Bonfatti que le conceda una licencia a Escajadillo. "Nos parece prudente que por estas horas Escadillo sea separado provisoriamente del cargo que ocupa en el gabinete. Hay que ser respetuoso de la investigación judicial, nunca dije que el proceso causa estado ni lo voy decir. Escajadillo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".
Fuente:Rosario12
El Presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, participó de un encuentro con vecinos de Sorrento y Casiano Casas que se desarrolló en la Vecinal del Barrio Parque Casas donde se debatió sobre inseguridad en la zona. “La policía de Santa Fe hoy se encuentra en una
situación de autogobierno donde no se reconocen jerarquías”, diagnosticó el legislador.
“No queremos un gobierno que pacte con la policía. Queremos un gobierno que conduzca a la policía. Y no queremos una policía que negocie con los delincuentes. Queremos una policía que combata a los delincuentes”, manifestó Rossi.
Además, expresó que “no se puede hacer políticas en materia de seguridad sin contar con buena información”. Y agregó: “Hoy la única información que tiene el Gobierno Provincial es la que le da la Fuerza de Seguridad, y si la Fuerza de Seguridad tiene connivencia con el delito esa información está viciada.
Entonces las decisiones que tome el gobierno van a estar equivocadas”.
“El crecimiento del delito narco en Santa Fe tiene directa relación con el nivel de connivencia de las Fuerzas de Seguridad con las organizaciones delictivas”, concluyó.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
COMISION DE SEGURIDAD CITARA A DEL FRADE POR EL CASO ESCAJADILLO
Diputados quiere saber
La comisión de Seguridad, que se reúne el próximo miércoles, invitará al periodista para que amplíe sus denuncias contra Escajadillo y pedirá una entrevista al juez federal Sergio Torres para tener certezas de una investigación sobre el narcotráfico en Rosario.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Las sospechas que levantó Carlos Del Frade sobre el ex secretario de Seguridad Pública de la provincia, Marcos Escajadillo, tendrán esta semana otra resonancia en la Legislatura. La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados invitará al periodista para que amplíe sus denuncias y le pedirá una entrevista al juez federal de San Isidro, Sergio Torres, para tener certezas de una investigación sobre el narcotráfico en Rosario, en la que ?según el colega? estaría mencionado Escajadillo. "La comisión se reunirá el miércoles a la tarde y vamos a tomar decisiones", dijo su presidente, Héctor Acuña, a Rosario/12. Y adelantó que es probable que Del Frade sea recibido por la comisión el martes 19, a la espera de que el juez Torres acepte el pedido de audiencia y formalice una fecha. Escajadillo está en la mira de los diputados justicialistas desde el año pasado -cuando fue citado tres veces y nunca concurrió-, así que ahora Acuña y otros de sus colegas del interbloque del PJ pedirán que sea convocado al despacho del presidente de la Cámara, Luis Rubeo, igual que el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, para pedirles explicaciones sobre la crisis de seguridad y la avance del narcotráfico en Rosario.
Acuña dijo que la comisión de Seguridad se reunirá el miércoles a la tarde. "Ya le anticipé a todos sus miembros que voy a pedir que se invite a Del Frade para que amplíe su investigación periodística", explicó el legislador. "Me comuniqué con el periodista y me dijo que podía venir en una semana, así que esperamos recibirlo el martes 19 para que nos cuente la información que tiene sobre los supuestos vínculos de Escajadillo con el narcotráfico".
Del Frade citó como fuente "una denuncia presentada por una Secretaría nacional" en el Juzgado Federal N° 12 de San Isidro con "un pormenorizado diagnóstico de la situación del narcotráfico en Rosario" y en la que "existen escuchas telefónicas en donde aparece en repetidas oportunidades el nombre del doctor Escajadillo". Por lo que el diputado Acuña, propondrá que "la comisión de Seguridad le pida también una audiencia al juez Torres, que entiende en la causa. Nosotros viajaríamos a San Isidro para entrevistarnos con el magistrado y conocer detalles del caso, que obviamente, no estén sujetos a las restricciones de la investigación judicial", explicó.
Escajadillo ya fue convocado por la Legislatura tres veces, pero nunca concurrió. La primera, a principios de mayo, cuando debía acompañar al entonces ministro de Seguridad, Leandro Corti, pero éste renunció a su cargo horas antes de comparecer en la Cámara de Diputados. La segunda, el 25 de octubre, cuando lo esperaban junto con el nuevo ministro, Raúl Lamberto, a una reunión a puertas cerradas en el despacho de Rubeo, pero 48 horas antes Lamberto le pidió la renuncia y designó en su reemplazo al actual secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet. "No vino porque ya no es más funcionario del área", lo justificó el ministro. Escajadillo volvió entonces a su anterior cargo de secretario de Protección Civil, que pasó a la órbita del ministro Galassi. Y la tercera, el 31 de octubre, cuando la comisión de Seguridad insistió en citarlo, aunque sin éxito: el gobierno excusó a Escajadillo en una nota firmada por el secretario de Asuntos Legislativos, Pablo Farías, con el mismo argumento que esgrimió Lamberto, que había pasado a otra área del gabinete. El tercer faltazo ?dos en menos de una semana? fue interpretado en la Legislatura como una protección política de la Casa Gris a uno de los funcionarios de más confianza de Bonfatti y de su antecesor, Hermes Binner.
"Desde octubre del año pasado pedimos la presencia de Escajadillo en la comisión de Seguridad, pero fue negada por el ministro Galassi. El propio gobierno le negó a Escajadillo que venga a dar explicaciones a la Legislatura", señaló Acuña. "Por lo que ahora plantemos que Escajadillo, igual que Galassi, vengan a la Presidencia de la Cámara, por separado. Entiendo que Galassi es el ministro político del gobierno y que estamos inmersos en una crisis de seguridad, que también es política, por lo que seguramente tendrá algo para decir", agregó el legislador.
Acuña coincidió también con el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le pidió al gobernador Antonio Bonfatti que le conceda una licencia a Escajadillo. "Nos parece prudente que por estas horas Escadillo sea separado provisoriamente del cargo que ocupa en el gabinete. Hay que ser respetuoso de la investigación judicial, nunca dije que el proceso causa estado ni lo voy decir. Escajadillo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".
Fuente:Rosario12
Rossi: “No queremos un gobierno que pacte con la policía”
El Presidente del bloque de diputados del FpV apuntó cuestionó la gestión de Bonfatti en materia de seguridad y manifestó que “el crecimiento del delito narco en Santa Fe tiene directa relación con el nivel de connivencia de las Fuerzas de Seguridad con las organizaciones delictivas”.
9 feb, 2013
9 feb, 2013
El Presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, participó de un encuentro con vecinos de Sorrento y Casiano Casas que se desarrolló en la Vecinal del Barrio Parque Casas donde se debatió sobre inseguridad en la zona. “La policía de Santa Fe hoy se encuentra en una
situación de autogobierno donde no se reconocen jerarquías”, diagnosticó el legislador.
“No queremos un gobierno que pacte con la policía. Queremos un gobierno que conduzca a la policía. Y no queremos una policía que negocie con los delincuentes. Queremos una policía que combata a los delincuentes”, manifestó Rossi.
Además, expresó que “no se puede hacer políticas en materia de seguridad sin contar con buena información”. Y agregó: “Hoy la única información que tiene el Gobierno Provincial es la que le da la Fuerza de Seguridad, y si la Fuerza de Seguridad tiene connivencia con el delito esa información está viciada.
Entonces las decisiones que tome el gobierno van a estar equivocadas”.
“El crecimiento del delito narco en Santa Fe tiene directa relación con el nivel de connivencia de las Fuerzas de Seguridad con las organizaciones delictivas”, concluyó.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
Fiscales federales advierten a un juez sobre la demora investigativa en causas vinculadas al narcotráfico
Señalan que no recibir respuesta inmediata contribuye a la pérdida de pruebas necesarias "para poder avanzar en la investigación contra las organizaciones de narcotráfico que asuelan a nuestra ciudad".
Dos fiscales federales que conectaron distintas causas penales relacionadas con el narcotráfico en Rosario, con la aspiración de detectar lógicas y nombres recurrentes a fin de esclarecerlas, cuestionaron en duros términos a un juez federal que les negó medidas procesales requeridas y desconoció atribuciones para investigar de ese modo.
En un escrito de inusual dureza, y en tiempos de polémica política sobre el narcotráfico en la ciudad, los fiscales reivindican su autonomía para entrelazar esos expedientes, acción que ubican como el único modo de avanzar con eficacia en la persecución de los estamentos superiores de la criminalidad organizada, cuyos movimientos dejan como rastro la creciente violencia desplegada en Rosario. Y le enrostran al juez que su acción juega a favor de la lentitud, la burocratización y el desprestigio de la Justicia.
Tras rechazar lo dicho por el magistrado, los fiscales elevaron un pedido de "pronto despacho" para que les concedan con urgencia las medidas investigativas que requieren. Señalan que no recibir respuesta inmediata contribuye a la pérdida de pruebas necesarias "para poder avanzar en la investigación contra las organizaciones de narcotráfico que asuelan a nuestra ciudad".
Frente a este reclamo, el juez finalmente autorizó el viernes las medidas requeridas, pero manteniendo el criterio de que los fiscales no pueden, por las suyas, investigar de esa manera.
El contrapunto sobreviene en un momento en el cual se instalan en la esfera social las responsabilidades del Poder Judicial, tanto federal como provincial, por la morosidad o incapacidad de definir criterios de persecución a un tipo de delincuencia que, con sus cruentas formas de avance, produce una inédita perturbación del orden público y un serio factor de inestabilidad política.
Sorpresa. Los fiscales federales subrogantes Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari reaccionaron "con sorpresa" ante una resolución del juez federal Marcelo Bailaque. Este había rechazado la decisión de otro fiscal, Marcelo Degiovani, de acumular diversos expedientes vinculados al tráfico de drogas por "conexidad objetiva y subjetiva", es decir, porque en ellos se repetían acciones criminales y nombres de presuntos ejecutores.
Bailaque entendió que enlazar esas investigaciones era algo "no apto" porque, a su criterio, sólo un juez puede disponer tal cosa. Eso impulsó la respuesta de los fiscales, que expresa aspectos de un debate público, generalizado y crítico sobre el rol de la Justicia penal.
"Pareciera que V.S. (vuestra señoría) no toma cabal dimensión de la problemática insistente en nuestra provincia y particularmente en esta ciudad de Rosario acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalización del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del Estado", dicen los fiscales al juez.
Le desconocen al magistrado la pretensión de diseñar las estrategias de investigación de los fiscales, "beneficiando con ello la constante fragmentación de las mismas con imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada".
En el texto de los fiscales Murray y Reynares hay varias líneas de argumentos. La primera es que el juez rechaza las medidas pedidas a partir de la acumulación de expedientes con una categoría procesal "no aptos" que es para ellos inexistente dentro de la ley o la doctrina.
La segunda es que con ello desconoce la autonomía del Ministerio Público (fiscalías) para encaminar las investigaciones en base a criterios propios que las normas procesales les reconocen.
Otro reproche al juez es de índole funcional. Murray y Reynares sostienen que a la vez que les niegan la potestad de trazar estrategias de investigación criminal, los dos juzgados penales de la ciudad renuncian sistemáticamente a investigar, trasladando este cometido a los fiscales. Lo consideran un contrasentido.
Criterios. ¿Por qué se produce esta colisión? Porque los fiscales necesitan, para sus investigaciones, medidas del juez. Sólo estos pueden adoptar decisiones que implican suspender momentáneamente derechos y garantías, como puede ser una requisa domiciliaria, la escucha a un teléfono o una detención.
Por eso le espetan al juez que no puede tomarse de un código procesal vetusto para reivindicar que solo el tribunal puede decidir acumular expedientes con hilos comunes. Hacer eso, sostienen, "significa atrasar las agujas del reloj a favor de la lentitud, ineficacia y burocratización del servicio de justicia".
"El sistema de justicia debe ser una instancia de la solución y no parte del problema", sostienen. "Sino seguiremos abonando el pensamiento existente en el hombre común de que la corrupción también ha corroído a la agencia judicial".
Domingo, 10 de febrero de 2013
Un tiempo que parece llegar a su fin
Durante mucho tiempo la Justicia, el menos visible de los poderes republicanos, pudo sustraer de la mirada pública el escrutinio sobre su accionar y sus resultados.
Por Hernán Lascano
Durante mucho tiempo la Justicia, el menos visible de los poderes republicanos, pudo sustraer de la mirada pública el escrutinio sobre su accionar y sus resultados. Esta larga etapa de no rendir cuentas, con la contribución que trae la preocupación general por la violencia, parece estar agotada. En ese marco se inscribe la discusión que mantienen en la Justicia Federal los fiscales y los magistrados penales de primera instancia.
En la Justicia provincial pasa lo mismo y por los mismos temas. Algo es notorio hace mucho tiempo: los nombres vinculasos a los hechos delictivos de mayor resonancia reaparecen en expedientes judiciales sin que asome una estrategia de persecución penal coherente que cruce y agrupe toda la información sobradamente disponible para luego, en base a análisis de cierta calidad, ir por resultados.
Los actores del triple crimen de villa Moreno se cruzan con la violencia en la barra brava de Newell's; estos se entremezclan con decenas de causas por tráfico de drogas con evidencias en escuchas telefónicas; y estos con eventos criminales notorios como los asesinatos de Martín El fantasma Paz, ocurrido en septiembre pasado, o de Maximiliano Quemadito Rodríguez, el martes último. Hechos que además de gritar sus interconexiones acorralan al poder administrador por su indiferente desfachatez y por desplegar sangre a raudales en espacios urbanos visibles y concurridos.
Jueces, fiscales y sus instancias superiores se encuentran también frente a la exigencia comunitaria de explicar por qué no hay resultados. En el hecho de estar caminando sobre ese filo parecen conscientes los fiscales Murray y Reynares cuando plantean en forma explícita los riesgos del descrédito.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acaba de proponer la creación de un cuerpo especial de fiscales para que trabajen con dedicación exclusiva sobre las redes del narcotráfico. Lo hace por saber que allí hay un histórico cajón de impunidad, al igual que en el intocable rubro de la criminalidad económica que esta actividad produce en el lavado de dinero, y que la Justicia siguió a un ritmo indolente sin modificar hábitos la escalada de criminalidad. El desafío requiere lo que no se hizo nunca: análisis criminal profundo de la información judicial, trabajo asociado entre juzgados federales y provinciales además de los ministerios del gobierno, estrategias sobre los actores que aparecen de manera recurrente en las causas judiciales. El momento aprieta y a la vez da una ocasión de cambio.
Fuente:LaCapital
09.02.2013
Cinco muertos por la inseguridad en Rosario en las últimas 24 horas
Cinco hombres murieron en las últimas 24 horas, de los cuales dos fueron ultimados a balazos, un tercero resultó apuñalado y otros dos murieron al chocar la motocicleta en la que huían tras robarle la cartera a una mujer.
El total de víctimas por homicidios en el departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe, asciende a 30 personas en lo que va de este año, y en relación a los últimos asesinatos, hasta esta tarde no había detenidos.
El primero de los hechos ocurrió en la tarde de ayer en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez, donde un joven de 24 años que viajaba en una moto junto a otro de 23, fue asesinado a balazos.
La víctima fatal fue identificada por la Policía como Ezequiel Elías Martínez y su acompañante fue alcanzado por los proyectiles y permanecía internado en grave estado en el Hospital Centenario. Según fuentes policiales, ambos cuentan con frondosos antecedentes penales.
En tanto, en Perú al 3800 de Rosario, otro joven de 25 años -por causas que se investigan- fue herido con un cuchillo en el abdomen y murió casi en el acto. Fue identificado como Miguel Ángel Canteros.
Un tercer hecho sucedió esta madrugada en Pasaje Ibáñez al 400, donde Jonatan Ezequiel Retamozo (19) fue asesinado a balazos y la Policía determinó que los proyectiles que impactaron en el cuerpo de la víctima son de calibre 9 milímetros.
Por su parte, esta madrugada, dos ladrones que minutos antes le habían robado la cartera a una mujer murieron al colisionar la moto en la que huían contra un colectivo de transporte urbano de la línea 129, en la esquina de Salta y Moreno. Los motochorros circulaban a gran velocidad y en contramano, y ambos perdieron la vida en el acto, según informaron fuentes de la seccional 3ra de Rosario.
Fuente:Telam
Rossi criticó a Bonfatti
“Queremos un gobierno provincial que conduzca a la policía y no que negocie con ella”, pidió el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, en una crítica a la política de seguridad del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. También señaló que el incremento de asesinatos vinculados con el narcotráfico tiene relación con la “situación de autogobierno” de las fuerzas de seguridad santafesinas, “donde no se reconocen jerarquías”, y se refleja con “el nivel de connivencia de las fuerzas de seguridad con las organizaciones delictivas”.
Fuente:Pagina12
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