La única forma de ir arriba
Tras el escrito de los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari, quienes señalaron que la fragmentación de causas beneficia al narcotráfico, el ministro de Seguridad provincial se sumó al pedido de acumulación de pesquisas.
Raúl Lamberto solicitó un trabajo conjunto entre los fueros provincial y federal.
En ese escrito, los fiscales cuestionaron que Bailaque haya considerado "no aptas" para acumularse cuatro causas hasta ahora sin imputados que se tramitan en ese fuero. Los representantes del Ministerio Público consideraron que tienen atribuciones para plantear la acumulación de causas, máxime cuando los dos juzgados federales (de Rosario) han renunciado a actuar como investigadores.
"Tienen una certeza absoluta", resumió el ministro de Seguridad en contacto con Radio 2, acerca de los pedidos de unificar causas e investigaciones. "No se puede pensar a los jueces en compartimentos estancos. Necesitamos que no sean investigaciones aisladas, los tiempos exigen cruzar información y actores que nos van a permitir esclarecer hechos que nos trajeron tantos inconvenientes a los santafesinos", completó. Luego de la reunión que el viernes pasado mantuvo el gobernador Antonio Bonfatti con la intendenta Mónica Fein y los presentantes de los bloques del Concejo Municipal, Lamberto sostuvo que "se está frente a un gran debate que se ve saludable".
Además, ayer Rosario/12 publicó la decisión del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, quien ordenó "mayor rigor investigativo". Para ello, plantea un mayor control de los fiscales hacia las fuerzas de seguridad, así como un seguimiento más detenido de las causas con un mismo imputado.
"Hay que tener en cuenta a todas las instancias que inciden en una política de seguridad, como la Justicia provincial y la federal que deben empezar a actuar en consonancia y tener miradas de coordinación", aportó por su parte Lamberto, quien pidió que desde la Justicia se avance en los delitos más radicalizados.
En tanto, consultado acerca de las modificaciones en la policía, el funcionario ratificó que en febrero seguirán los cambios a nivel de la policía. Lamberto manifestó que esos movimientos son típicos dentro de la institución cada mes de febrero y por ende continuarán en las próximas semanas. "Se renovarán los jefes que conducen las distintas unidades de toda la provincia", sostuvo y advirtió que los cambios apuntan a una renovación de la fuerza.
En tanto, en el marco de las denuncias contra el Secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, el ministro de Seguridad reiteró la decisión del funcionario de presentarse ante el juez. "Mencionar a alguien puede marcarle un destino en su vida sin darle oportunidad de defenderse. Siempre fuimos muy respetuosos de la Justicia y que la gente se pueda defender. Por eso lo mejor es ponerse a disposición de la Justicia", dijo Lamberto.
FEIN SE REUNE CON JUECES FEDERALES Y PROVINCIALES
La intendenta irá a los Tribunales 
Fein y los concejales se reunieron con Bonfatti el viernes.
"Es necesario armar una mesa de trabajo donde cada uno asuma su responsabilidad y se emprenda una acción conjunta", sostuvo Fein en declaraciones a Radio 2. Asimismo pidió que "se investigue hasta el final de todas las causas". Además, defendió los reclamos de los fiscales federales para evitar la fragmentación de las causas y del Procurador de la Corte Suprema, que pidió "mayor rigor investigativo".
En tanto, la intendenta anticipó que será una semana muy importante para Rosario ya que junto a los presidentes de los bloques del Concejo la intendenta se reunirá con la Justicia federal y provincial. "La intención es abarcar la problemática de la violencia y la inseguridad que nos preocupa a todos", expresó.
Asimismo, remarcó que Rosario es la primera ciudad que se acogió voluntariamente a la Unidad de Informacíón Financiera (UIF) que tiene por objetivo investigar el lavado de dinero. "Si bien hay instituciones y personas que tienen obligación de informar, somos el primer municipio incorporado como sujetos voluntario. Es decir, que pedimos informar aquello que nos parezca dudoso o que se investigue el origen de ciertos enriquecimientos que no conocemos", dijo Fein y resumió: "La búsqueda del origen del dinero es el camino".
UNAS 50 DENUNCIAS MENSUALES ANONIMAS EN LOS BUZONES DE LA VIDA
Una forma de detectar los kioscos en los barrios
En Entre Ríos al 700 hay un buzón para depositar denuncias.Imagen: Andrés Macera
Un promedio de 50 denuncias anónimas por venta de droga se reciben cada mes en los buzones de la vida ubicados en los centros municipales de distrito. Se trata del dispositivo que la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial implementaron en abril del año pasado, luego de que el Concejo aprobara la extensión del mecanismo que ya estaba funcionando en los Tribunales Federales.
El secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia, Angel Ruani, detalló que en los primeros meses se recolectaban unas 70 denuncias mensuales. "Hoy tenemos un promedio de entre 40 y 50 denuncias mensuales entre todos los centros municipales de distrito. Se han reducido un poco pero están mejor hechas, son más objetivas, ahora hasta vienen ensobradas", indicó el funcionario en declaraciones a Radio 2.
Ruani explicó que una vez abiertas las urnas de los distritos, se ponen todas las denuncias en sobres separados que luego son cerrados y derivados a la Justicia federal. El funcionario provincial agregó que muchos de los puntos de venta de droga fueron investigados y allanados. Además, recomendó a la ciudadanía depositar la denuncia o usar otros mecanismos como ir a la fiscalía (Entre Ríos al 700).
El secretario de Seguridad Comunitaria defendió los buzones de la vida y la política provincial de demoler búnkers en terrenos fiscales. "Es una decisión del gobierno de Antonio Bonfatti. Los que no estén de acuerdo, cuando formen parte de otro gobierno lo harán de otra manera", concluyó, en alusión a las críticas realizadas por su antecesor, Enrique Font, respecto de esa política, que el criminólogo considera distractiva, ya que ataca sólo los eslabones más vulnerables de la cadena.
Fuente:Rosario12
Narcotráfico en Rosario
Posiciones que obstaculizan11/02/2013
“Debe terminarse con fragmentar las causas, con investigar a los pequeños vendedores”.
En una entrevista que el fiscal federal Murray concedió al programa radial Pone la Pava afirmó: “Nosotros reivindicamos para el ministerio público Fiscal como titular de la acción penal pública, como órgano autónomo la potestad de tomar la decisión de acumular investigaciones para lograr un resultado eficiente de la misma. Entendemos que esta posición del poder judicial, en este caso los dos jueces federales de Rosario, obstaculizan e imposibilitan un adecuado desarrollo de la investigación.
Los fiscales subrogantes Juan Patricio Murray y Federíco Reynares Solari elevaron un pedido de Pronto despacho ante las negativas de los jueces Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros a la disposición del Ministerio Fiscal de la Nación de acumular las causas vinculados al tráfico de drogas por conexidad, objetiva y subjetiva, decisión tomada por el doctor Marcelo Digiovani de la Fiscalia Federal número I
Al respecto Murray afirmó que “debe terminarse con la fragmentación de las causas, debe terminarse con investigar y atacar a los pequeños vendedores de drogas sino que debe hacerse un relacionamiento de las causas y con eso poder avanzar hacía estamentos más encumbrados de las redes del narcotráfico y creemos que como fiscales tenemos la obligación legal y constitucional de eso. Y es lo que estamos desarrollando”
En cuanto al sistema judicial el fiscal consideró que “atrasa las agujas del reloj, mientras las organizaciones criminales van en avión, nosotros vamos a pie, si bien existe un sistema procesal vetusto no tenemos que contribuir con nuestras actitudes personales a que el andamiaje procesal impida la investigación de las causas”.
Y agregó: “Obviamente respetando todos los derechos constitucionales de las personas que sean sometidas a investigación, pero para alimentar las investigaciones: Fragmentarlas, no acumularla, no relacionarla, no contar con propia información, más allá de la información que brindan las agencias policiales para poder controlar y contrarrestar beneficia terriblemente a las organizaciones criminales”.
Fuente:RedaccionRosario
Lamberto se mostró a favor de unificar causas por narcotráfico
El ministro de Seguridad provincial le pidió a la Justicia que “no realice investigaciones aisladas” y que cruce información.
12 feb, 2013
12 feb, 2013
La fragmentación de causas judiciales vinculadas con el narcotráfico u otros delitos complejos entorpece la investigación de fondo. La observación la hicieron en los últimos días los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari. También el procurador de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre, se pronunció en la misma sintonía. Ayer, el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, se mostró de acuerdo con el planteo de unificación de expedientes y le pidió a la Justicia que “no realice investigaciones aisladas”. Las opiniones y requerimientos al Poder Judicial se dan en un contexto de episodios de violencia ligados al narcotráfico que muestran un crecimiento exponencial en la provincia, y en particular en Rosario.
“No se puede pensar a los jueces en compartimentos estancos”, sostuvo ayer Lamberto, al tiempo que solicitó a la Justicia provincial y federal un trabajo mancomunado con el objetivo final de atacar la problemática del avance de las economías delictivas y del crimen organizado.
“Necesitamos que no sean investigaciones aisladas; los tiempos exigen cruzar información y actores que nos van a permitir esclarecer hechos que nos trajeron tantos inconvenientes a los santafesinos”, indicó Lamberto en declaraciones formuladas a Radio Dos. El funcionario de la administración Bonfatti dijo que las observaciones que hicieron los fiscales federales y el procurador de la Corte santafesina “tienen una certeza absoluta”.
Lamberto dijo: “Hay que tener en cuenta a todas las instancias que inciden en una política de seguridad, como la Justicia provincial y la federal, que deben empezar a actuar en consonancia y tener miradas de coordinación”. En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad reclamó que la Justicia desarrolle las investigaciones de rigor para desarticular los delitos más radicalizados.
Al ser consultado sobre los recientes relevos en la cúpula policial, Lamberto adelantó que este mes habrá “más cambios” en la fuerza, aunque volvió a atribuir los mismos a una cuestión estacional. Según Lamberto, son movimientos típicos dentro de la institución cada mes de febrero. “Se renovarán los jefes que conducen las distintas unidades de toda la provincia”, informó el funcionario y señaló que los cambios apuntan a la renovación de la fuerza.
La palabra de Murray
Por su lado, Murray, fiscal subrogante en Rosario designado en diciembre pasado por la Procuración General de la Nación, insistió ayer con la idea de la acumulación de causas por narcotráfico. “Debe terminarse con la fragmentación de las causas, con investigar y atacar solamente a los pequeños vendedores de drogas. Deben relacionarse todas las causas y con eso poder avanzar hacia estamentos más encumbrados de las organizaciones del narcotráfico. Siempre terminamos procesando o imputando a consumidores o a pequeños vendedores de drogas sin poder avanzar hacia eslabones más encumbrados de ese tipo de organizaciones criminales. Creemos que como fiscales y titulares de la acción pública tenemos la obligación legal y constitucional de hacer esta solicitud”, sostuvo a FM Frecuencia Mutual.
“Reivindicamos al Ministerio Público Fiscal como órgano autónomo para dirigir las estrategias de persecución criminal y, en ese sentido, la potestad de tomar la decisión en qué casos es necesario acumular investigaciones para lograr un resultado eficiente de la misma”, continuó el fiscal federal, y agregó: “Todo acto procesal que signifique interferir en derechos o garantías constitucionales tiene que ser ordenado por un juez. En el caso de la acumulación de expedientes es una diligencia que puede ser dispuesta por los fiscales porque somos quienes tenemos a cargo las investigaciones y debemos definir las estrategias de persecución criminal; eso es lo que está en discusión”.
“Entendemos que la posición de los dos juzgados federales de Rosario obstaculiza e imposibilita un adecuado desarrollo de las investigaciones”, opinó, y completó: “Tenemos un sistema judicial que atrasa las agujas del reloj. Mientras las organizaciones criminales van en avión, nosotros vamos en parihuelas. Si bien existe un ordenamiento procesal vetusto no tenemos que contribuir con nuestras actitudes personales a que ese andamiaje procesal impida la investigación de las causas. Fragmentar las investigaciones, no acumularlas, no relacionarlas, no tener una política de persecución criminal, no contar con información propia, beneficia a las organizaciones criminales”.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
Para el juez la novia del "Quemadito" era cobradora en una banda de narcos
La resolución judicial. El magistrado le adjudica ese rol y recuerda que hay escuchas telefónicas que implican a un barra brava de Newell's en el grupo y en esa actividad.
Por Hernán Lascano
El juez de Instrucción Javier Beltramone estimó que Sofía L., la novia del asesinado Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, integraba con él una asociación dedicada a comercializar drogas. "Era, y por citar una derivación menor, la encargada de cobrar la venta de drogas ilegales", indicó en la resolución que dictó el viernes pasado, donde consigna su determinación de remitir copias de lo actuado a un tribunal federal, competente para investigar delitos ligados al narcotráfico.
Sofía L, de 24 años, presenció el martes pasado la ejecución de un tiro en la cabeza de su novio, de 25, en Pellegrini y Corrientes, a metros del edificio donde ambos estaban viviendo hacía menos de un mes. El juez la convocó a declarar esa misma tarde de hace una semana como testigo. Pero al advertir que la joven eludía hacer los aportes necesarios para entender el crimen le imputó encubrimiento agravado del homicidio. Ordenó que quedara detenida desde entonces y hasta ahora.
Indicios. Lo que llevó al juez a la conclusión de que Sofía conoce en profundidad algo que calla es la documentación hallada en el departamento que Maxi y ella compartían en el piso 11 de Pellegrini 1425. Estos elementos indican, para el magistrado con elocuencia, que quienes allí estaban se dedicaban al comercio de drogas y otros delitos. Esa circunstancia sumada a la concreción de una ejecución de tipo mafioso convencieron a Beltramone de que este fue un homicidio distintivo del narcotráfico.
Las escuchas. El magistrado recordó en su resolución la existencia de unas copias de transcripciones de escuchas telefónicas, tomadas el 9 de diciembre de 2011, que ya están en poder de la Justicia federal.
"En ellas se ha establecido la vinculación directa, clara y palmaria entre Maximiliano Rodríguez y un tal Matías Pera, en orden a la fabricación, distribución y comercialización de estupefacientes", indica la resolución.
Matías Pera es un joven de 27 años que junto a Maxi Rodríguez integraron la barra brava de Newell's. En septiembre de 2010 ambos participaron de una violenta disputa en la tribuna para desplazar a Diego "Panadero" Ochoa como jefe de la hinchada rojinegra. Dos meses después Pera recibió cinco balazos por la espalda en la zona sudoeste de la ciudad.
El alevoso asesinato del "Quemadito" ante numerosos peatones, el hallazgo de documentación en la casa que compartía con Sofía y un desahogado tren de vida con ingresos de origen indemostrable implican para Beltramone un nudo de ilegalidad. "Estamos en presencia de criminalidad organizada y diversificada cuyo origen esencial y motivador es el narcotráfico".
A Maxi Rodríguez lo asesinaron el martes pasado. Al día siguiente fue allanado el departamento donde vivía con Sofía en una medida de la que participó el propio juez. Allí se encontraron un arma calibre 22 con cinco cartuchos intactos, documentación que "inequívocamente demuestra y muestra" que en dicho domicilio se comercializaban drogas y 1.455 pesos en billetes de muy baja denominación que avala la idea de actividad referida.
El juez señaló que los agentes inmobiliarios que actuaron como testigos revelaron, con papeles idóneos, que el departamento era de alquiler temporario por un costo de 5.700 pesos mensuales, más mil pesos de gastos de expensas. Un empleado de maestranza hizo saber que el Quemadito se movilizaba en un Chevrolet Astra nuevo.
Un año en prisión. Toda esa información agrupada demuestra para el juez que la vida de Maximiliano y su novia no se sustentaba en ingresos legales. "Debemos recordar que Rodríguez había estado en prisión preventiva un año y recuperado su libertad hace solo un mes y días, siendo que el mismo no poseía trabajo alguno conocido ni antes de su detención ni nunca lo tuvo después".
Como Sofía no dio ninguna precisión respecto a algo que debía saber por su intimidad con el Quemadito el juez mantuvo su estado de prisión. Transfirió las actuaciones al juzgado federal de turno en Oroño al 900 e invitó a su titular a mantener "una activa cooperación" a fin de lograr un mejor resultado en las investigaciones, dado que será un magistrado de aquella órbita el que tendrá que determinar si Sofía integra una organización ilícita dedicada al narcotráfico.
Beltramone sí la imputó en delitos presuntos que sí son de su competencia: encubrimiento agravado del homicidio de su novio, tenencia ilegal de arma de uso civil condicional y participación necesaria de una banda dedicada a cometer delitos indeterminados.
Singularidad de una ejecución La ampulosidad del crimen de Maximiliano Rodríguez del martes pasado fue para el juez un evento distintivo de la actividad narco. “Dada su forma de ejecución, lugar y hora en pleno microcentro, contando con logística (vehículos y tecnología), planificación preparación y organización, hechos estos que exceden el mero marco de un móvil personal, y en donde el sustrato final es siempre la organización criminal en base al narcotráfico”.
Lunes, 11 de febrero de 2013
El procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre pide enfocar casos como los incidentes del clásico frustrado, los saqueos y las secuelas del triple crimen de Villa Moreno.
Por Hernán Lascano
El procurador general de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, impartirá una variedad de instrucciones destinadas a aportar al esclarecimiento en causas penales de sensible interés público y a que la comunidad pueda ir conociendo los avances que se produzcan en el trámite de las mismas. Frente a la sucesión de episodios de criminalidad, especialmente en Rosario, el funcionario apunta a una iniciativa de consenso con algunos ministros del máximo tribunal, con fiscales de Cámara y Defensores de Cámara, con la expectativa de romper una tradición judicial que investiga casos penales sin conectarlos, aún cuando aparecen los mismos actores yendo y viniendo en tramas delictivas comunes.
La menguada eficacia del Poder Judicial en perseguir penalmente a sujetos conocidos, que merced a la impunidad reaparecen en dinámicas de ilegalidad y violencia, es un problema sistémico de la seguridad pública en Santa Fe. Las causas que implican a personas en delitos recurrentes hoy se investigan de modo desvinculado y fragmentario, lo que imposibilita llegar a la verdad de los hechos e imponer sanciones, resultado que desacredita a la institución.
Frente a ese diagnóstico, según indicaron fuentes cercanas a la Procuración, Barraguirre analiza bajar directivas en varios sentidos, consideradas de coyuntura, dado que los criterios de persecución del delito corresponderán al Fiscal General Julio de Olazábal cuando impere en forma plena el sistema penal acusatorio. Entre estas directivas, a difundirse la semana próxima, se contarían:
• Que los fiscales de grado se apliquen a un trabajo de mayor presencia en la calle durante los hechos de su competencia, aún cuando no rige el nuevo sistema procesal a pleno. Que para ello se constituyan de modo inmediato en el lugar de los hechos con el debido acompañamiento y supervisión de los fiscales de Cámara. Se intentará una suerte de reglamentación del artículo 189 del Código Procesal para que, por vía del Ministerio de Seguridad o el de Justicia, se garantice la presencia conjunta de fiscales y policía prevencional en la escena del delito.
• Imponer un trabajo más intenso a todo el Ministerio Público (fiscalías) en hechos emblemáticos por los delitos investigados bajo la prioridad asignada por los fiscales de Cámara. Se trata de las causas de interés público, con trascedencia social, que puedan provocar zozobra, alarma o contribuir a un estado de conmoción a la comunidad. Los fiscales de Cámara seleccionarán con el procurador cuáles son esos expedientes en una dinámica en la cual los fiscales deberán estar más aplicados al trabajo de calle.
• Entre los expedientes a los que se le dará prioridad en Rosario se cuentan los recientes incidentes previos y del mismo día del clásico frustrado en inmediaciones del Estadio de Newell's; los hechos de saqueos a supermercados de fin de año; el enfrentamiento de Nuevo Alberdi con tres militantes baleados; el enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales; las circunstancias de competencia provincial en la investigación del acusado de narcotraficante Andrés Ascaíní; los incidentes múltiples en el contexto del triple crimen de la Villa Moreno y, como uno de sus posibles hechos derivados, la ejecución de Maximiliano "Quemadito" Rodríguez; el asesinato de la voluntaria Mercedes Delgado en Ludueña; en Santa Fe, el caso conocido como causa Bolsafé, que investiga una estafa a decenas de inversores que supera los cien millones de pesos.
• Poner bajo una estricta vigilancia el accionar investigativo de la policía. Se recogieron de parte de la Procuración quejas abundantes, comunes a todos los fiscales de distrito, por sumarios trabajados en forma negligente o dolosa, por demoras inaceptables en las comunicaciones de los hechos delictivos a Tribunales. Frente a estos hechos de mala praxis, recientemente señaladas en forma crítica por el ministro de la Corte Daniel Erbetta, se aplicará el artículo 274 del Código Penal, que las penaliza.
• Reforzamiento del accionar de las oficinas de Causas con imputados no individualizados (NN) y de Atención a la víctimas, tanto en Santa Fe como en Rosario. Esto porque a partir del trabajo de estas unidades se verificó el acopio de información útil para el esclarecimiento de delitos. Se encomendará a esas oficinas concentrarse en el análisis y desarticulación de redes de criminalidad económica, en coordinación con dependencias de otros poderes de la provincia y de la Nación. Las oficinas de Atención a la Víctima se concentrarán en delitos institucionales (violencia policial) y trata de personas.
• Se requerirán herramientas de organización como modificación de sistemas informáticos, espacios y más personal para el Ministerio Público, que puedan provenir de juzgados de Instrucción y Correccionales hacia las fiscalías.
El procurador de la Corte cederá, cuando prevalezca de modo plena el nuevo sistema de enjuiciamiento de delitos, las competencias que tiene en materia de persecución como de defensa penal, en favor de los jefes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de Defensa.
Lunes, 11 de febrero de 2013
Un diputado analiza una denuncia a jueces federales
Tras la publicación de los duros reclamos de dos fiscales federales al juez Marcelo Bailaque, quien les negó medidas procesales requeridas para avanzar en la investigación de causas vinculadas con el narcotráfico, el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR) no descartó ayer radicar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Tras la publicación de los duros reclamos de dos fiscales federales al juez Marcelo Bailaque, quien les negó medidas procesales requeridas para avanzar en la investigación de causas vinculadas con el narcotráfico, el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR) no descartó ayer radicar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
"Evaluamos denunciar a los jueces federales ante el Consejo de la Magistratura", afirmó Pullaro, quien enfatizó: "Comparto las apreciaciones de los fiscales. Incluso lo conversé con algunos de ellos y lo planteamos públicamente cada vez que un reconocido narco logra la libertad tras ser aprehendido".
En ese sentido, el legislador recordó que "los cuestionamientos a algunos sectores de la Justicia federal llevan mucho tiempo".
"Lo comenzamos a decir con insistencia en agosto de 2012, cuando advertimos una clara falta de compromiso de los mismos en la lucha contra el narcotráfico", indicó Pullaro.
La semana pasada, los fiscales subrogantes Juan Murray y Federico Reynares Solari objetaron al juez Bailaque, quien no les reconoció atribuciones para conectar distintos expedientes donde aparecían individuos implicados en los mismos delitos, y les denegó medidas requeridas (que luego concedió).
Los fiscales señalaron en duros términos que eso significaba demorar el trabajo de esclarecimiento y que el modo fragmentario de investigar redunda en la impunidad.
Frente a ello, el diputado Pullaro consideró "central avanzar con el cruzamiento de información que pueda surgir de las investigaciones judiciales que existen sobre la narcocriminalidad y que, en caso de ser necesario, implementen las acumulaciones de los procesos conexos entre si (como solicitan los fiscales) para poder profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades de los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico en la provincial y el país".
Demoras. Asimismo, cuestionó las "reiteradas denegaciones a las solicitudes de ordenes de allanamiento de la policía provincial, que en los pocos casos a los que se les hizo lugar muchas veces la fuerza llegó con enormes demoras que las convirtió en ineficaces".
"Si un juez o un fiscal no cumplen adecuadamente su labor, deberán responder por sus faltas ante los órganos constitucionalmente establecidos al efecto", sentenció.
Fuente:LaCapital
lunes, 11 de febrero de 2013
Unas 50 denuncias anónimas mensuales por venta de droga
Es el balance del funcionamiento de los buzones de la vida instalados en los centros municipales de distrito para que vecinos dejen constancia de lugares donde se venden estupefacientes. Los escritos se remiten a la Justicia federal una vez al mes para ser investigados. La provincia defendió el mecanismo junto con la demolición de búnkers
Un promedio de 50 denuncias anónimas por venta de droga se reciben cada mes en los buzones de la vida ubicados en los centros municipales de distrito. Se trata del dispositivo que la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial implementaron en abril del año pasado, luego de que el Concejo aprobara la extensión del mecanismo que ya estaba funcionando en los Tribunales Federales.
El secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia, Ángel Ruani, explicó que en el último tiempo se redujo apenas la cantidad de denuncias ya que en los primeros meses se recolectaban unas 70 denuncias mensuales.
“Hoy tenemos un promedio de entre 40 y 50 denuncias mensuales entre todos los centros municipales de distrito. Se han reducido un poco pero están mejor hechas, son más objetivas, ahora hasta vienen ensobradas”, indicó el funcionario en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2).
Ruani explicó que una vez abiertas las urnas de los distritos, se ponen todas las denuncias en sobres separados que luego son cerrados y derivados a la Justicia federal.
Nosotros retiramos las denuncias a principios de mes y luego las enviamos a la fiscalía general que las recibe el día 15 junto a la de otros lugares de la provincia”, dijo Ruani.
Agregó que muchos de los puntos de venta de droga fueron investigados y allanados. Además, recomendó a la ciudadanía depositar la denuncia o usar otros mecanismos como ir a la fiscalía (Entre Ríos 730) de manera anónima o acercarse a las oficinas del Ministerio de Seguridad.
El secretario de Seguridad Comunitaria defendió el funcionamiento de los buzones de la vida y de la política provincial de demoler búnkers en terrenos fiscales. “Es una decisión política del gobierno de Antonio Bonfatti. Los que no estén de acuerdo, cuando formen parte de otro gobierno lo harán de otra manera”, concluyó.
Informes
El concejal Alberto Cortés, autor del proyecto para extender los buzones de la vida a los centros municipales de distrito, había pedido informes a mediados del año pasado sobre el funcionamiento del dispositivo.
El edil pedía “transparentar el funcionamiento del sistema” al no confiar en que la policía pueda estar encargada de manipular las denuncias.
“El pedido de informe nunca fue contestado pero desde el Ministerio de Seguridad nos aseguraron que los buzones son abiertos por personal civil del gobierno”, expresó Cortés.
Sobre las denuncias anónimas dijo: “No es la panacea ni mucho menos pero fueron aparecido cosas interesantes. Nada de lo que se haya hecho es superefectivo porque si no, no estaríamos como estamos”.
Los buzones
La forma de denunciar en los buzones de la vida es anónima. El vecino o vecina que lo haga, debe escribir la dirección exacta o referencias para llegar al lugar que se presume hay venta de droga, horarios en que se advierte el presunto accionar delictivo y una descripción del hecho.
Fuente:Rosario3
No hay comentarios:
Publicar un comentario