Se reanudan los debates a los genocidas de la dictadura San Juan.
Se investigan más de 60 casos de secuestros, torturas, vejaciones y desapariciones. Quieren que termine a mediados de año. Quedan muchos testigos por escuchar, pero desistirían de la mayoría.
El mega juicio que investiga los casos de entre 60 y 65 personas, que fueron secuestradas, torturadas, vejadas y algunas de ellas hasta desaparecidas en San Juan, por un grupo de operaciones comandado por el teniente de inteligencia Jorge Olivera y secundado por colegas suyos y suboficiales del Ejército, además de algunos policías de la provincia y de la Federal.
En el proceso oral que se inició el 9 de noviembre de 2011 y que ya cumplió más de un año de audiencias en la sede del Tribunal Oral de la esquina de Rioja y Mitre y en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, se identificaron como centros clandestinos de detención a la vieja Legislatura Provincial que funcionaba bajo las tribunas oficiales del Estadio del Parque de Mayo, el RIM 22, el Penal de Chimbas, el campo de deportes de suboficiales del Ejército Sargento Cabral que funciona en Marquesado, conocido como “La Marquesita” y el Departamento de Inteligencia “D2” de la Policía Provincial.
Testimonios
En el juicio que durante varios años transitó la etapa escrita y que ahora entró en una etapa definitiva con las declaraciones testimoniales, estaba previsto que se escuchara a cerca de 300 personas, pero con el correr de los meses, varias fueron desistidas o se excusaron por problemas de salud.
Lo mismo se espera que pase este año, en el que oficialmente resta por escuchar una lista de casi 200 testimonios, pero de los cuales, como la parte de contexto de la época ya finalizó y se están analizando las cuatro causas que componen el proceso, se estima que podría reducirse bastante la nómina de testigos que se sienten frente a los jueces.
Así se desprende de una compulsa realizada entre el fiscal, Mateo Bermejo, los querellantes María Julia y Margarita Camus y los defensores Marcelo Fernández y Eduardo San Emeterio que son quienes avivan los debates en todas las audiencias ante los magistrados Héctor Cortés, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita, tormentos agravados y desaparición de personas”, que tienen condenas previstas de prisión o reclusión de entre 8 a 25 años y de inhabilitación absoluta y perpetua para los que sean encontrados culpables.
Fuente:TresLineas
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