Bonfatti y varios ministros recibieron a la intendenta y concejales. A fin de 2013 habrá 1.200 policías más.
9 feb, 2013
En el marco del plan que busca avanzar en acciones concretas en materia de seguridad pública acordado entre la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, y los presidentes de los distintos bloques del Concejo, se llevó a cabo ayer uno de los encuentros más importantes de todos los previstos. Los representantes de los dos poderes políticos locales fueron recibidos por el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y varios de sus ministros. Tras el cónclave, Raúl Lamberto, a cargo de la cartera de Seguridad, recordó que este año se incorporarán a la fuerza policial unos 1.200 agentes, hecho que calificó como “casi inédito” en la historia de esa institución.
Se bien la reunión estaba pactada para las cuatro de la tarde, todo comenzó media hora después. Del encuentro formaron parte, además del gobernador y Lamberto, los ministros de Justicia, Juan Lewis; de Gobierno, Rubén Galassi, y la titular de Desarrollo Social, Mónica Bifarello.
Según pudo saber este medio, el grueso del tiempo que duró la reunión (unas dos horas) fue utilizado por los funcionarios del Ejecutivo provincial. Allí, Lamberto hizo un minucioso repaso de las políticas de su gestión y los ediles sólo realizaron algunas consultas e hicieron planteos.
Al salir del cónclave y ante una maraña de micrófonos, cámaras y grabadores, Lamberto señaló que para este año la provincia prevé la incorporación de 1.200 nuevos agentes policiales. De ese total, dijo, 600 irán directamente a “seguridad pública”, 250 irán al control de rutas en el área de Seguridad Vial y 150 trabajarán en “la policía rural denominada Los Pumas”. Además, señaló que ya a mediados de 2013 también habrá 100 nuevos bomberos trabajando en Santa Fe luego de que realicen un “breve curso”, lo cual permitiría “recuperar” policías que hoy están haciendo tareas en ese lugar.
“Además estamos terminando el concurso ya anunciado de incorporación de agentes para el 911. O sea 180 actuales policías de seguridad pública que están desempeñándose allí volverán a su lugar y allí irán los nuevos policías de comunicaciones. Esto se dará a mediados de marzo”, explicó luego Lamberto.
Con todos esos números en la mano el funcionario cerró su exposición señalando que “a fin de año habrá 1.200 policías más patrullando la provincia. En incorporaciones esto es casi inédito”, se jactó Lamberto.
Tras eso, explicó que con la llegada de nuevos agentes se está “tratando de revertir una tendencia. Antes estábamos reemplazando uno a uno. Con esto se incorporarán dos policías por cada retiro”.
Obras edilicias
En tanto, y en torno a cuestiones edilicias, Lamberto señaló dos cuestiones que calificó “importantes” en las que también habrá avances este año. Por un lado, dijo que además de las cinco comisaría que están en construcción, otras seccionales que cubren áreas muy grandes (como la décima, la catorce y la diecinueve) se van a desdoblar. “Eso va a permitir tener más de una comisaría en esas zonas al efecto de lograr una mejor territorialización y más próxima al vecino”, dijo, sin dar más detalles.
Con todo y entre otra de las cuestiones más novedosas, Lamberto también anunció la incorporación de seis nuevos centros de denuncias en igual cantidad de barrios de la ciudad y cuatro en la capital provincial. En breve, dijo, comenzarán a buscarse los inmuebles (la idea es comprarlos) para instalarlas. “El hecho central es lograr que obtengamos los edificios funcionales.
Nosotros ya tenemos un programa de denuncia on line, lo que nos va permitir automáticamente estar conectados efectuada la denuncia con los fiscales intervinientes y la Justicia. O sea, lo que nosotros necesitamos ahora es tener los espacios físicos y adaptarlos para que la gente pueda tener un lugar amigable, con gente preparada”, señaló el funcionario.
Policía comunitaria
Para el final, Lamberto también señaló que este año se darán “pasos adelante” en la conformación de lo que se denomina la policía comunitaria.
“Vamos a llevar adelante en dos o tres barrios de la ciudad de Rosario y uno o dos de la ciudad de Santa Fe una experiencia piloto. La idea es tener una nueva policía de cercanía encargada de tener contacto directo con los vecinos. Y que éstos tengan el celular de los agentes que la componen”, explicó el funcionario
Tras eso, Lamberto indicó que la policía comunitaria va a formar parte de la estructura policial, pero dijo que la idea es preparar “cuerpos especiales” con formaciones específicas. “Serán policías destinados a solucionar conflicto barriales, de vecinos, problemas de convivencia, de mediaciones. O sea sacarle a la policía de seguridad una gran cantidad de conflictos que muchas veces le impiden generar otras tareas preventivas”, expuso el Ministro de Seguridad.
Fuente:ElCiudadanoYlaGente
UNA SEÑAL
Por Claudio Socolsky
PLAN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD
La reestructuración de la policía
El ministro Lamberto anunció una serie de medidas como nuevas comisarías, más policías, más móviles y la Policía Comunitaria. Para la intendenta, son "medidas de fondo muy importantes que plantean una gran perspectiva para la ciudad".
Por Claudio Socolsky
Bonfatti, Fein, ministros y ediles se reunieron ayer.
El gobernador Antonio Bonfatti, junto a los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto, de Gobierno, Rubén Galassi, de Justicia, Juan Lewis, y de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, recibieron ayer a la intendenta Mónica Fein y a los presidentes de los bloques del Concejo Municipal para abordar la problemática de seguridad en la ciudad. Durante el encuentro, que se prolongó durante tres horas, el ministro Lamberto anunció una serie de medidas; entre ellas, la creación de nuevas comisarías, centros de denuncias en los distritos municipales, y la conformación de una policía comunitaria "de cercanía". Fein desmintió que en la ciudad se esté viviendo una "guerra narco; en todo caso, nuestro país, como Uruguay, como Chile, como Brasil, tiene, entre otros problemas unido al de la seguridad, el tema del narcotráfico". Por eso aplaudo la decisión del gobierno provincial, y vamos a ir junto a todos los concejales a la Justicia y al Gobierno Nacional para sentarnos en una mesa y poder resolver los problemas que está causando el narcotráfico". En tanto, varios concejales opositores reiteraron sus críticas y objetaron las acciones del gobierno provincial.
La reunión realizada ayer en la sede local de la Gobernación fue la primera de una serie de encuentros que continuarán la semana próxima entre la intendenta y los presidentes de los bloques del Concejo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, María Angélica Gastaldi, y el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Edgardo Bello.
Luego de la reunión con Bonfatti y sus ministros; la intendenta Fein, que estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, dijo que fueron a ratificar "el compromiso del gobernador en un trabajo conjunto con el Municipio para disminuir la violencia y para garantizar la seguridad en la ciudad". La intendenta consideró que el ministro de Seguridad aportó durante el encuentro "una serie de medidas de fondo muy importantes que plantean una gran perspectiva para la ciudad vinculadas al área de comunicación, de móviles, de la reforma policial, y de la Policía Comunitaria; son medidas que creemos que van a aportar a la seguridad".
Fein agregó que el ministro de Justicia planteó que en el primer semestre estaría en funcionamiento la nueva Justicia Procesal Penal. "Esto será muy importante porque serían fiscales los que vayan a los lugares del delito", destacó la mandataria, para luego agregar que en la reunión se mencionó generar "un lugar de denuncias, uno por distrito, tomado por abogados civiles que puedan recibir denuncias de los ciudadanos, no ya en la policía, si no en un espacio que creará la Provincia". Según la intendenta, el gobernador planteó implementarlo "en el menor tiempo posible, alquilando lugares en una primera instancia para que estos equipos puedan estar las 24 horas los 365 días del año". Consultada sobre las críticas de la oposición que denunció que no hay medidas para el corto plazo, la intendenta señaló que "el tema de la violencia es un tema que requiere de medidas en el corto, mediano y largo plazo. Esto lo han firmado todos los partidos políticos en el Acuerdo de Seguridad Democrática, donde sabemos que los temas de seguridad requieren de acciones que modifican la estructura de la policía, las estructuras de la justicia, y que generan acciones de inclusión social. El gobierno provincial se ha comprometido a tomarlas".
La intendenta insistió en la necesidad de sumar a la Justicia, los gobiernos Nacional y Provincial. "Más que ayuda necesitamos coordinación de acciones. En ese sentido, el ministro ha dado cifras importantes de allanamientos que está solicitando y eso le corresponde a la Justicia Federal, así que vamos a ir a hablar con el gobierno nacional también sobre la posibilidad de generar más juzgados en la ciudad de Rosario", precisó Fein. "También vamos hablar sobre la ruta del dinero, que creemos es muy importante, y la necesidad de la inteligencia, que es un área que le corresponde exclusivamente al gobierno nacional, para poder abordar los temas de delitos complejos que hay en la ciudad".
Más tarde, el encargado de anunciar las medidas que implementará el gobierno provincial para abordar la problemática de seguridad fue el ministro Lamberto. El funcionario, luego de destacar que es "muy valioso que haya un diálogo entre el Concejo Municipal, la intendenta, el gobernador y los ministros en un tema que nos preocupa a todos", informó que se expusieron algunas de las medidas que vienen realizando en el marco del Plan de Seguridad Democrática.
Puntualmente, el ministro Lamberto se refirió a "la capacitación del personal, la incorporación del personal, el equipamiento de la fuerza, la adquisición de vehículos, el proyecto de cámaras de seguridad para toda la ciudad. Hemos anunciado la incorporación de centros de denuncias en 6 barrios de Rosario y 4 de Santa Fe, y hemos planteado la conformación de la Policía Comunitaria con la idea de tener una nueva policía de cercanía encargada de tener un contacto directo con los vecinos para solucionar problemas de convivencia y mediaciones".
Además, el titular de la cartera de Seguridad mencionó la construcción de cinco nuevas comisarías, lo que posibilitará contar "con nuevas unidades edilicias con otro tipo de impronta desde el punto de vista funcional, pero a su vez dividir seccional grandes como la 10ª, la 14ª, la 19ª, a los efectos de tener una territorialidad más próxima".
Por otra parte, el funcionario anunció el proyecto de traspasar la Alcaidía de la Unidad Regional II al Servicio Penitenciario, "lo que nos permitiría contar con 300 policías que están cuidando presos que pueden ser incorporados a la Seguridad Pública. En este marco, Lamberto anunció la incorporación para este año de 1200 nuevos agentes, "un hecho casi inédito en la provincia".
Según el funcionario, el de la violencia es "un tema complicado, creemos que la violencia no está simplemente vinculada a un tema de la inseguridad, está en conductas que se van agudizando, uno lo ve en el fútbol, en la escuela. De los hechos de los últimos tres años, tenemos que los hechos vinculados a robos o actos de violencia previos están en un 13 por ciento, los demás son conflictos interpersonales".
La reacción de los concejales
Diego Giuliano (Encuentro por Rosario): "Hemos escuchado largamente la posición del gobierno provincial. Creo que la cuestión viene muy lenta, pero realmente estamos en una situación que amerita respuestas muy directas. En realidad, lo que nos han contado es lo que vienen haciendo, lo que ya se conoce, no hay nuevas noticias. De todas maneras, valoramos que se nos convoque, pero también estamos reclamando cuestiones muy concretas que no aparecen en lo inmediato. A mi entender, el pronóstico es muy reservado, y la respuesta está muy atrasada". Jorge Boasso (UCR): "Hay una señal, por lo menos un mensaje: en la lucha contra el delito estamos todos juntos. Más allá de las diferencias políticas que tenemos con el socialismo, en esta vamos a apoyar todas las medidas que creemos que son convenientes. Pero a la vez vamos a hacer fiscales para que se cumplan las medidas y las acciones que se van a llevar adelante, algunas pueden producir un cimbronazo importante, como la modificación de la estructura policial que es imprescindible y urgente".
HOY
"Estamos realmente preocupados porque tras participar del encuentro nos dimos cuenta que el gobierno provincial no ha tomado ninguna medida concreta para combatir la inseguridad. Nos detallaron los planes que llevan adelante en materia social, educativa, nos explicaron cómo está compuesta la fuerza policial y el trabajo realizado para implementar la Reforma Procesal Penal. Lamentablemente de todas las medidas que nos plantearon están pensadas para el segundo semestre, da la sensación que empezaron a gobernar hoy".
(Concejala kirchnerista, Norma López)
OPINIÓN
Políticas sustentables
Lo hicimos en el marco de la reunión de trabajo con una quincena de entidades profesionales realizada el 7 de febrero en el Palacio Municipal, en la que Fein solicitó la adhesión al "acuerdo de convivencia ciudadana" alcanzado con los presidentes de bloques del Concejo Municipal tras los últimos hechos de inseguridad y expuso las acciones que se desarrollan desde el municipio en materia económico?social.
El proyecto apunta a evitar reunirnos "cuando el agua nos llega al cuello" (en referencia a la ola de crímenes que se desató en enero) y en aprovechar nuestra condición de representantes sectoriales y nuestro rol de control de las matrículas profesionales para comprometernos en acciones concretas que no sean percibidas por la población como intereses político?partidarios.
Firmar el acuerdo de convivencia ciudadana está bien, pero es necesario avanzar hacia cuestiones operativas. Por eso desde el Colegio de Abogados proponemos, para no diluirnos en demasiados frentes, abocarnos a tres temas concretos:
1) estudiar y combatir el blanqueo de fondos del narcotráfico.
2) propiciar la municipalización de las fuerzas de seguridad, lo cual requiere una reforma constitucional provincial.
3) lejos de todo descreimiento o escepticismo, exigir el cumplimiento del acuerdo entre los bloques y la intendencia para dar sustentabilidad tanto al Consejo Económico y Social existente como al de profesionales que proyectamos.
Como conclusión, quedó firme la decisión de concretar una nueva convocatoria a los presidentes de los colegios profesionales para avanzar en la articulación del nuevo Consejo con los aportes que pueda formular cada una de las profesiones involucradas y coordinar acciones que contribuyan al desarrollo social y a la seguridad ciudadana.
Presidente del Colegio de Abogados de Rosario
Del Vecchio tomó la palabra una vez concluida la exposición inicial de la intendenta y abrió un debate en el cual se sucedieron expresiones de apoyo a su iniciativa, la que se concretó en la organización de un nuevo encuentro de dirigentes colegiados para los próximos días a los efectos de darle forma al Consejo.
LA MINISTRA GARRE SE SUMO A LAS CRITICAS A BONFATTI
"No controla a la policía"
La escalada comenzó a mitad de semana -tras la ejecución del "Quemadito" Maxi Rodríguez?, cuando Berni le reclamó a Bonfattiá que "se haga cargo y responsable" del combate contra el narcotráfico en Rosario y le pidió que salga "a la calle" porque la lucha contra este delito "no se da en los medios de comunicación".
Bonfatti le contestó con una ironía: "'Miente, miente que algo queda'. Eso decía la propaganda nazi. Parece que hay algunos que encarnizadamente eligen a Santa Fe para estigmatizarla", replicó el mandatario. Y después, propuso -como una de las medidas para detener el avance de la droga? la legalización de la marihuana.
Berni consideró la respuesta de Bonfatti como "muy liviana e irresponsable". "Un hombre que no ha podido o no ha querido luchar contra el narcotráfico en los últimos años no puede hablar sobre la legalización de la droga como una manera de combatir al narcotráfico", lo acusó. "Si hay alguien que no puede hablar sobre cómo luchar contra el narcotráfico es el gobernador de Santa Fe", agregó.
Ayer, la ministra Garré coincidió con Berni al responsabilizar a Bonfatti por el avance del narcotráfico y la ola de asesinatos en Rosario, al advertir que "no controla a su Policía". "Acá hay un tema que es muy claro: el gobierno nacional tiene la máxima vocación de colaborar, pero la seguridad pública es un tema de responsabilidad provincial. Esto lo dice la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y las leyes de la provincia", explicó la ministra.
"Si usted no controla su Policía, no hace un gobierno político serio de su Policía, la deja autonomizarse, tiende a agravarse la situación del delito en la provincia, sobre todo el delito organizado", dijo Garré. Y recordó que el primer jefe de Policía de la provincia designado por Bonfatti, Hugo Tognoli, fue el jefe de Drogas Peligrosas durante la gestión de Hermes Binner. Y el sucesor de Tognoli, Cristian Sola -desplazado del cargo la semana pasada? también quedó a cargo de Drogas Peligrosas mientras era el subjefe de Policía.
Garré negó que hubiera ordenado el retiro de efectivos de la Gendarmería en la provincia. "No se ha retirado a absolutamente nadie de las fuerzas federales", explicó. Y remarcó que el gobierno de Santa Fe tiene "toda la tarea de prevención y conjuración de todos los delitos, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas conjuntas" con la Nación, pero "la responsabilidad es provincial".
Rossi consideró que Bonfatti debería concederle una licencia a Escajadillo "por ser el primer funcionario del país investigado en una causa federal" por presunta vinculación al narcotráfico. "Bonfatti tiene que tener en cuenta la denuncia del periodista (Carlos) Del Frade, separar preventivamente a Escajadillo y poner el gobierno a disposición de la justicia", dijo.
"El gobierno también tiene que involucrase en la causa y dejar de descalificar y enojarse con los que denuncian estas investigaciones. Me parece que la dimensión del tema amerita la separación del cargo, máxime cuando se trata del primer funcionario del país que aparece mencionado en una denuncia federal", agregó.
"Si hay una investigación de la justicia federal que pueda involucrar a funcionarios santafesinos, el gobierno provincial tiene que ser el primer interesado en conocerla e incentivarla. Y si algún funcionario está mencionado en una investigación, no alcanza con que el involucrado se presente ante la justicia. Bonfatti tiene que poner a todo el gobierno a disposición de la justicia porque debe ser el más interesado en saber la verdad", agregó Rossi.
Sin embargo, el vicegobernador Henn consideró las "especulaciones políticas" sobre la situación de Escajadillo como "un debate pedorro". "No quiero hablar de algo que no existe", dijo ayer cuando le preguntaron por el tema. "Una cuestión es el debate pedorro que tiene que ver con la especulación política y otra es el tema real y concreto que hay que solucionar. Y en función de esto, vamos a utilizar instrumentos como la ley de emergencia en seguridad para llevar adelante algunas modificaciones".
El viaje a Buenos Aires
OPINIÓN
Políticas sustentables
Por Ignacio Del Vecchio
Junto a colegas de otras profesiones hemos propuesto a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, la creación del Consejo Profesional y Social para Políticas Públicas Sustentables, conformado por las entidades representativas del sector.
Lo hicimos en el marco de la reunión de trabajo con una quincena de entidades profesionales realizada el 7 de febrero en el Palacio Municipal, en la que Fein solicitó la adhesión al "acuerdo de convivencia ciudadana" alcanzado con los presidentes de bloques del Concejo Municipal tras los últimos hechos de inseguridad y expuso las acciones que se desarrollan desde el municipio en materia económico?social.
El proyecto apunta a evitar reunirnos "cuando el agua nos llega al cuello" (en referencia a la ola de crímenes que se desató en enero) y en aprovechar nuestra condición de representantes sectoriales y nuestro rol de control de las matrículas profesionales para comprometernos en acciones concretas que no sean percibidas por la población como intereses político?partidarios.
Firmar el acuerdo de convivencia ciudadana está bien, pero es necesario avanzar hacia cuestiones operativas. Por eso desde el Colegio de Abogados proponemos, para no diluirnos en demasiados frentes, abocarnos a tres temas concretos:
1) estudiar y combatir el blanqueo de fondos del narcotráfico.
2) propiciar la municipalización de las fuerzas de seguridad, lo cual requiere una reforma constitucional provincial.
3) lejos de todo descreimiento o escepticismo, exigir el cumplimiento del acuerdo entre los bloques y la intendencia para dar sustentabilidad tanto al Consejo Económico y Social existente como al de profesionales que proyectamos.
Como conclusión, quedó firme la decisión de concretar una nueva convocatoria a los presidentes de los colegios profesionales para avanzar en la articulación del nuevo Consejo con los aportes que pueda formular cada una de las profesiones involucradas y coordinar acciones que contribuyan al desarrollo social y a la seguridad ciudadana.
Presidente del Colegio de Abogados de Rosario
Del Vecchio tomó la palabra una vez concluida la exposición inicial de la intendenta y abrió un debate en el cual se sucedieron expresiones de apoyo a su iniciativa, la que se concretó en la organización de un nuevo encuentro de dirigentes colegiados para los próximos días a los efectos de darle forma al Consejo.
LA MINISTRA GARRE SE SUMO A LAS CRITICAS A BONFATTI
"No controla a la policía"
Garré negó que hubiera ordenado retirar de Santa Fe a efectivos de la Gendarmería. "La seguridad pública es un tema de responsabilidad provincial", dijo la ministra y advirtió que puede "agravarse la situación del delito organizado en la provincia.
Garré aclaró que "el gobierno nacional tiene la máxima vocación de colaborar".
La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, ratificó ayer las acusaciones del segundo de su cartera, Sergio Berni, contra el gobernador Antonio Bonfatti, a quien responsabilizó por la crisis de seguridad y el avance del narcotráfico en Rosario. "Uno de los problemas es que Bonfatti no controla a la Policía", advirtió Garré y negó que hubiera ordenado retirar de Santa Fe a efectivos de la Gendarmería que luchan contra el flagelo. "El gobierno nacional tiene la máxima vocación de colaborar, pero la seguridad pública es un tema de responsabilidad provincial", insistió.
La escalada comenzó a mitad de semana -tras la ejecución del "Quemadito" Maxi Rodríguez?, cuando Berni le reclamó a Bonfattiá que "se haga cargo y responsable" del combate contra el narcotráfico en Rosario y le pidió que salga "a la calle" porque la lucha contra este delito "no se da en los medios de comunicación".
Bonfatti le contestó con una ironía: "'Miente, miente que algo queda'. Eso decía la propaganda nazi. Parece que hay algunos que encarnizadamente eligen a Santa Fe para estigmatizarla", replicó el mandatario. Y después, propuso -como una de las medidas para detener el avance de la droga? la legalización de la marihuana.
Berni consideró la respuesta de Bonfatti como "muy liviana e irresponsable". "Un hombre que no ha podido o no ha querido luchar contra el narcotráfico en los últimos años no puede hablar sobre la legalización de la droga como una manera de combatir al narcotráfico", lo acusó. "Si hay alguien que no puede hablar sobre cómo luchar contra el narcotráfico es el gobernador de Santa Fe", agregó.
Ayer, la ministra Garré coincidió con Berni al responsabilizar a Bonfatti por el avance del narcotráfico y la ola de asesinatos en Rosario, al advertir que "no controla a su Policía". "Acá hay un tema que es muy claro: el gobierno nacional tiene la máxima vocación de colaborar, pero la seguridad pública es un tema de responsabilidad provincial. Esto lo dice la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y las leyes de la provincia", explicó la ministra.
"Si usted no controla su Policía, no hace un gobierno político serio de su Policía, la deja autonomizarse, tiende a agravarse la situación del delito en la provincia, sobre todo el delito organizado", dijo Garré. Y recordó que el primer jefe de Policía de la provincia designado por Bonfatti, Hugo Tognoli, fue el jefe de Drogas Peligrosas durante la gestión de Hermes Binner. Y el sucesor de Tognoli, Cristian Sola -desplazado del cargo la semana pasada? también quedó a cargo de Drogas Peligrosas mientras era el subjefe de Policía.
Garré negó que hubiera ordenado el retiro de efectivos de la Gendarmería en la provincia. "No se ha retirado a absolutamente nadie de las fuerzas federales", explicó. Y remarcó que el gobierno de Santa Fe tiene "toda la tarea de prevención y conjuración de todos los delitos, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas conjuntas" con la Nación, pero "la responsabilidad es provincial".
PARA EL VICEGOBERNADOR HEN "ES UN DEBATE PEDORRO"
Rossi pidió separar del cargo a Escajadillo
El gobierno de Antonio Bonfatti volvió a reaccionar ayer con enojo ante las acusaciones públicas al ex secretario de Seguridad Pública de la provincia, Marcos Escajadillo. El jefe de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, le pidió al gobernador Bonfatti, que separe "preventivamente" a Escajadillo de su actual cargo en el gabinete ?secretario de Protección Civil?, hasta tanto se aclare su situación en la justicia. Pero el vicegobernador Jorge Henn le respondió que no se puede actuar sobre "algo que no existe" y consideró las "especulaciones políticas" sobre la situación de Escajadillo como "un debate pedorro".
Rossi consideró que Bonfatti debería concederle una licencia a Escajadillo "por ser el primer funcionario del país investigado en una causa federal" por presunta vinculación al narcotráfico. "Bonfatti tiene que tener en cuenta la denuncia del periodista (Carlos) Del Frade, separar preventivamente a Escajadillo y poner el gobierno a disposición de la justicia", dijo.
"El gobierno también tiene que involucrase en la causa y dejar de descalificar y enojarse con los que denuncian estas investigaciones. Me parece que la dimensión del tema amerita la separación del cargo, máxime cuando se trata del primer funcionario del país que aparece mencionado en una denuncia federal", agregó.
"Si hay una investigación de la justicia federal que pueda involucrar a funcionarios santafesinos, el gobierno provincial tiene que ser el primer interesado en conocerla e incentivarla. Y si algún funcionario está mencionado en una investigación, no alcanza con que el involucrado se presente ante la justicia. Bonfatti tiene que poner a todo el gobierno a disposición de la justicia porque debe ser el más interesado en saber la verdad", agregó Rossi.
Sin embargo, el vicegobernador Henn consideró las "especulaciones políticas" sobre la situación de Escajadillo como "un debate pedorro". "No quiero hablar de algo que no existe", dijo ayer cuando le preguntaron por el tema. "Una cuestión es el debate pedorro que tiene que ver con la especulación política y otra es el tema real y concreto que hay que solucionar. Y en función de esto, vamos a utilizar instrumentos como la ley de emergencia en seguridad para llevar adelante algunas modificaciones".
El viaje a Buenos Aires
"Escajadillo va a hacer su presentación en Buenos Aires ante el eventual juez que tendría una megacausa que nosotros no lo sabemos, y también el Fiscal de la provincia realizará su presentación porque nos interesa saber. Pero nos parece que las denuncias hechas a través de medios no son suficientes como para involucrar a personas en temas tan complejos. Escajadillo ha sido muy claro y ha desmentido todo tipo de vinculación, y nosotros compartimos lo que expresó", dijo el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.
Fuente:Rosario12
La ministra recordó que el gobernador de Santa Fe no firmó protocolos que unifican criterios de acción en seguridad
Garré acusó a Bonfatti de no ir a fondo con la depuración policial
Atribuyó la situación provincial a cambios permanentes en la conducción del ministerio. Negó que el gobierno nacional haya disminido la presencia de fuerzas federales en el distrito.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, volvió a advertir que el gobierno provincial de Santa Fe "no hace un control serio de su policía" y aseguró que la administración socialista, que encabeza Antonio Bonfatti, no firmó los protocolos propuestos por la Nación para unificar criterios de acción en materia de seguridad. "Lo que quiero destacar es que no hay continuidad (en la designación de los ministros de Seguridad de Santa Fe) y no se va a fondo en la depuración de la policía. Cuando existe este control territorial por parte de las bandas, sobre todo en Rosario y en el Gran Rosario, es porque ha habido una connivencia expresa de la policía", subrayó en declaraciones radiales. La ministra también señaló que el Estado Nacional no disminuyó su presencia en Santa Fe y brindó detalles sobre la acción de las fuerzas federales en el distrito. Dijo que en la provincia hay 650 efectivos de Gendarmería, 797 miembros de Prefectura, 267 policías de la Federal y alrededor de 100 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. "Son 1764 hombres. Así que no se ha retirado absolutamente a nadie", remarcó.
Los dichos de Garré fueron una nueva respuesta a las declaraciones del gobernador Bonfatti, quien en más de una ocasión acusó al Ejecutivo de abandonar a su provincia en materia de seguridad y, más concretamente, de retirar un cuerpo móvil de Gendarmería que tiene asiento en la ciudad de Rosario. Ayer, en referencia a este punto, la ministra contestó que ese destacamento de gendarmes es, como su nombre lo indica, "móvil" y que "siempre está en espera de cualquier emergencia o necesidad que se pueda presentar en otro lugar del país".
Los protocolos que mencionó Garré establecen un procedimiento a seguir ante manifestaciones y protestas callejeras, crean una base de datos específica para actuar ante la trata de personas (Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, conocido por la sigla SISTRATA) e instauran otra base de datos, también de alcance nacional, para reunir las huellas digitales de los 40 millones de argentinos. Esos tres convenios, que fueron puestos a consideración de las provincias en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad, no fueron firmados por la gobernación santafesina que, en cambio, sí firmó otros dos protocolos, uno vinculado a la evaluación psicológica para el ingreso del personal de seguridad y el otro a la preservación de la escena del crimen.
Con sus declaraciones, la ministra volvió a meterse de lleno en el debate con las autoridades de Santa Fe, que atraviesa una situación muy compleja a partir de la ola de asesinatos producidos por las bandas de narcotraficantes que operan en los barrios del Gran Rosario. Garré incluso cuestionó las designaciones, renuncias y cambios permanentes que caracterizaron a la cartera de Seguridad santafesina desde el último tramo de la gestión de Hermes Binner y la asunción de Bonfatti como gobernador. Por ese ministerio pasaron, desde mediados de 2011 a la fecha, Alvaro Gaviola, el ex secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Leandro Corti, y el ex titular del bloque de diputados provinciales del Frente Progresista Cívico y Social, Raúl Lamberto, quien aún está en funciones. También estuvo provisoriamente al frente, aunque su cargo era el de secretario de Seguridad Pública, el actual secretario de Protección Civil de la gobernación, Marcos Escajadillo. El jueves, Escajadillo –quien fue denunciado por supuestos nexos con el narcotráfico– se presentó espontáneamente ante el Juzgado Federal Nº 4 para "ponerse a disposición" de la justicia. «
ordenan la separación de tres policías de tucumán
Las autoridades policiales de Tucumán ordenaron la separación administrativa de tres efectivos debido a la denuncia por abuso sexual y apremios ilegales radicada por una pareja de militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Franco Massian y Patricia Salas denunciaron que los policías los detuvieron el domingo sin motivos y los llevaron a la comisaría 13 donde aseguraron que golpearon al hombre, intentaron abusar de la mujer y les exigieron la entrega de dinero para liberarlos. "Recibimos la denuncia y ordenamos la separación administrativa del personal hasta que se complete la investigación", le dijo ayer el jefe de la Policía, comisario Jorge Racedo. Los militantes denunciaron que tocaron a la mujer y quisieron llevarla a un cuarto, pero que ella se resistió, mientras que golpearon al hombre a la vez que le advertían que le iban a iniciar una causa por drogas o cualquier otro delito.
Cuando los padres de Massian llegaron a la comisaría, uno de los jefes, de acuerdo a lo que consta en la presentación que hicieron en tribunales, le exigió 1000 pesos para liberarlos.
Luego del pago del dinero, le entregaron la billetera vacía, en la que según la víctima de los apremios tenía 1200 pesos, y sólo uno de los dos teléfonos celulares que les habían secuestrado. Cuando recuperaron la libertad, Massian y Salas fueron a un hospital de la capital tucumana para que los médicos constataran las lesiones que tenían y posteriormente hicieron la denuncia.
A raíz de esta detención ilegal, golpes, robo y abuso policial contra los jóvenes del MST de Tucumán, la dirigente provincial de ese partido, Lita Alberstein, fue recibida ayer por el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Alfredo Hofer. "Pasaron a disponibilidad al subcomisario, al jefe del turno noche y a cuatro suboficiales implicados. Es un paso contra la impunidad, que le pedimos ayer al ministro de Seguridad, pero hace falta ir más allá. No bastan purgas parciales: se necesita un cambio de raíz. Para que las comisarías dejen de funcionar como cajas de recaudación y apremios ilegales, los comisarios deben ser elegidos por voto popular", dijo Alberstein.
"fue una ejecución mafiosa"
El juez que investiga el asesinato de Maximiliano Rodríguez, hijo del principal imputado por el triple crimen de militantes en Rosario cometido en Año Nuevo de 2012, aseguró ayer que el homicidio del joven fue "una ejecución mafiosa" y confirmó que la víctima comercializaba drogas, por lo que dio intervención a la justicia federal local.
El juez de instrucción Javier Beltramone brindó detalles en conferencia de prensa sobre la investigación del crimen de Maximiliano "El Quemadito" Rodríguez (26), ejecutado de un balazo en la cabeza el miércoles en pleno centro de Rosario.
"Estamos hablando de una ejecución mafiosa, de personas que han contado con información, tecnología, capacidad operativa que a prima facie demuestra que se trata de criminalidad organizada", sostuvo el magistrado sobre los autores del hecho que, añadió, aún no fueron identificados.
"Un homicidio de estas características, ocurrido en pleno microcentro de la ciudad y a cara descubierta, habla claramente de un mensaje mafioso. Dirigido a quién, no sé", dijo Beltramone.
Además, el juez reveló que al momento del crimen "El Quemadito", cuyo padre está procesado como coautor de los homicidios de tres militantes sociales el 1º de enero de 2012, vivía en un departamento cuyo alquiler ascendía a los 7000 pesos y se movía en un auto caro, por lo que existen elementos en la causa para determinar que se dedicaba a la venta de drogas.
El dato
Reforma
Bonfatti, anunció ayer que llevará a cabo una "profunda" reforma policial.
Fuente:TiempoArgentino
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