URUGUAY: CRYSOL - OPINANDO.

40 años: Nunca Más terrorismo de Estado

El 27 junio se cumplen 40 años de la disolución del Parlamento  y del inicio de la huelga general con la cual los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares democráticos enfrentaron y resistieron la medida que conduciría al terrorismo de Estado.

Las FFAA promovidas al escenario político desde el 13 de junio de 1968 cuando el presidente Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios de los trabajadores y militarizar a los bancarios y otros gremios, ya eran un factor de poder al servicio de un proyecto político que pretendía descargar los efectos de la crisis económica en las espaldas de los sectores populares.

La dictadura cívico militar no fue un producto autóctono de los sectores conservadores y privilegiados del país. Tampoco fue el resultado, directo o indirecto, del accionar de un grupo de jóvenes radicalizados que en el invierno de 1963 robaron armas en el Tiro Suizo de Colonia en una interpretación histórica simplista e interesada políticamente. Ya en esa época el Gral. Aguerrondo y el Gral. Ballestrino estaqueaban trabajadores en el Cerro y comenzaban a esbozar sus planes golpistas copiando el modelo brasileño que destituyó a Joao Goulart.

Las dictaduras que en las décadas de los 60 y de los 70 sacudieron a todo el continente latinoamericano, algunas con intervenciones directas de tropas estadounidenses como en Santo Domingo, fueron la estrategia diseñada por el Departamento de Estado para hacer frente a las movilizaciones y reclamos de independencia, soberanía, libertad y transformaciones radicales en las estructuras sociales para poner punto final al hambre, la miseria generalizada, la pobreza y las indignas condiciones de vida que afectaban a la mayoría de la población del continente.

La dictadura cívico militar, el proceso, que tuvo como presidentes a Juan María Bordaberry, el Dr. Aparicio Méndez y al Tte. Gral. Gregorio Alvarez, fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad. La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza.

El modelo de Vegh Villegas y las violaciones a los DDHH.

Para aplicar el modelo económico del Ing. Vegh Villegas se suprimieron todas las libertades y se reprimió salvajemente toda oposición. La tortura, abyecta, degradante, con secuelas perdurables y sostenidas a largo plazo, junto con la prisión masiva y prolongada fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a sus opositores, aterrorizar a la población y mantenerse en el poder. Decenas y centenares de los integrantes de los aparatos represivos estuvieron directamente involucrados en ellas, mientras  El país y los grandes medios, radiales y televisivos, proveían la cobertura publicitaria que presentaba como salvadores de la nación a quienes la ejecutaban.

En el marco del Plan Cóndor centenares de uruguayos fueron detenidos-desaparecidos dentro y fuera de las fronteras nacionales. Centenares fueron asesinados extrajudicialmente en hechos presentados como enfrentamientos. Decenas murieron en la tortura, en los campos de concentración como Punta de Rieles o el Penal de Libertad o fallecieron como resultado directo de ella. Miles de niños y adolescentes, familiares directos de los presos políticos fueron víctimas de un trato inhumano y degradante que marcó sus vidas para siempre.

Por razones políticas, gremiales, culturales o ideológicas, miles de uruguayos fueron despedidos del Estado y de la actividad privada. Para preservar su vida y su libertad, miles de uruguayos debieron emigrar del país y exiliarse.

Una transición democrática inconclusa.

La resistencia de los trabajadores y el pueblo, dentro y fuera del país, incluso dentro de las cárceles, hirió de muerte a la dictadura. La gesta épica del pueblo uruguayo, expresión de la cual fue la huelga general del año 1973 y el triunfo del NO en el año 1980, condujo a que el 1° de marzo de 1985 asumiera el Dr. Julio María Sanguinetti, resultado de un acto electoral en el cual se prohibió la participación del Gral. Líber Seregni y de Wilson Ferreira Aldunate. Se inició la transición democrática que restableció la libertad y la plena vigencia de las garantías constitucionales y legales, indispensables para una convivencia democrática.

A lo largo de estas décadas se han dado pasos constantes, en un proceso complejo y de grandes obstáculos, con pronunciamientos militares amenazantes de por medio, para erradicar el legado, traumas y secuelas del pasado dictatorial. La transición como tal, desde la perspectiva de las normas de DDHH que Uruguay ha ratificado,  no plenamente vigentes en cuanto al terrorismo de Estado,  permanece inconclusa y con desafíos pendientes de implementar.

La investigación y el esclarecimiento  de todas  las graves violaciones a los derechos humanos, la identificación de los responsables de ellas, tanto materiales como intelectuales, y la sanción penal y administrativa con las garantías del debido proceso, es la única manera de evitar que ellas vuelvan a repetirse.

El cumplimiento de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de la calidad institucional al respecto junto con la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay.

El Estado uruguayo aún no ha expresado sus disculpas públicas y oficiales a todas las víctimas ni ha establecido un día de homenaje y recordación a ellas condenando y repudiando a los terroristas estatales. Las circunstancias de los detenidos-desaparecidos aún están pendientes de esclarecimiento. Con cárceles abarrotadas por delitos menores, solo un puñado de criminales han sido juzgados y condenados penalmente aunque continúan integrando los cuerpos de las FFAA por no haber sido sometidos a los correspondientes Tribunales de Honor. La debida reparación a las víctimas sigue pendiente de resolución como lo ha manifestado recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo en mensaje enviado al Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, ante las presiones explícitas y las encubiertas de los golpistas de ayer y de los partidarios de la impunidad hoy, el sistema judicial no ha cumplido, salvo excepciones, con su obligación de investigar, esclarecer y sancionar los crímenes de Lesa Humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables. Ha tolerado incluso que puedan gozar de beneficios extraordinarios como la prisión domiciliaria, cuando tienen todas las condiciones necesarias para preservar sus vidas adecuadamente y recibir el tratamiento humanitario que  merecen en el Hospital Militar aunque sean asesinos seriales.

Afirmar y profundizar la transición democrática iniciada en 1985 con la plena vigencia de las normas de DDHH, asumiendo y cumpliendo con las recomendaciones de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo es la mayor garantía de que Uruguay podrá continuar el camino del progreso, del desarrollo de la soberanía, de la justicia y de la liberación nacional con desarrollo en infraestructura, con educación y convivencia civilizada y plena en el marco de las normas de DDHH.

La incorporación de la profundización democrática es un punto básico e imprescindible en el orden del día de una verdadera agenda hacia el desarrollo del país, que entusiasme y convoque a la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos. Declarar el 27 de junio de cada año Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, feriado no laborable, repudiando el terrorismo de Estado, en homenaje a las víctimas del mismo, afirmando y promoviendo las normas de DDHH, es una medida legislativa impostergable y afirmativa cuando se cumplen 40 años.

Opinando N° 29 – Año 2 – Jueves 31 de enero de 2013 -          

Saludando a la bandera

Brecha – 25.1.13 – Por Samuel Blixen

La demora del Ministerio del Interior en la instalación de una unidad que investigue delitos cometidos por el terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer desconocimiento del gobierno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese organismo autónomo creado por el Parlamento cuya integración fue tan debatida y negociada. El Observatorio Luz Ibarburu formuló una denuncia; había recabado un consenso de aceptación generalizada que no se concreta en los hechos.

 

EL GATOPARDISMO, CONCEPTO popularizado a partir del libro de Guisseppe Tomasi de Lampedusa, expresa la idea de que en determinados momentos  históricos  se  impone la voluntad de crear una apariencia de cambio con el fin último de que la base, el núcleo  del  sistema,  permanezca inalterado.

 

Eso  es  exactamente  lo que pasa en Uruguay con la impunidad de que gozan los criminales del terrorismo de Estado.  Ningún  rebuscado argumento   formal,   ningún sofisma sobre tiempos políticos, ninguna excusa sobre la diferencia entre voluntad y  posibilidad  podrán  justificar la inacción, cuando no el  retroceso,  respecto  de  la obligación de investigar los delitos y castigar a los culpables.

 

La   responsabilidad   es compartida  entre    magistrados  de  la  Suprema  Corte, jueces, ministros y altos funcionarios de la administración. Al finalizar 2012 en los juzgados de Montevideo estaban  radicadas  138  causas  por  denuncias  relacionadas con violaciones a los derechos  humanos  durante el terrorismo de Estado: sólo dos tienen sentencia firme y el 71 por ciento permanece   en   presumario.   Había, además, otras 89 denuncias ingresadas   en   seccionales policiales  que  no  están  registradas en los juzgados.

 

Algunas situaciones que expresan   el   gatopardismo del discurso oficial uruguayo –que dice eliminar la impunidad pero la tolera– tienen  que  ver  con  el  mirar para el costado de una justicia penal que –salvo honrosas excepciones– no investiga y espera que las propias víctimas  averigüen  para  en todo caso entonces actuar; o con las presiones de un ministro  sobre  jueces  y  fiscales,  o  con  las  afirmaciones lanzadas  a  la  prensa  para generar  opinión  y  denostar a los denunciantes; o con el infalible método, tan caro a los ministros de la Suprema Corte, de plegarse a las chicanas de abogados vinculados  a  los  centros  de  poder de  la  derecha,  de  dejar  correr los plazos ante recursos inconsistentes y aun ilegales cuando el acusado (en este caso un general) es agarrado con las manos en la masa, como quien dice; o con la inquebrantable postura de oponer recursos legales para evitar el pago de indemnizaciones; o con el manejo discrecional de la información reservada   y   el   secretismo sobre los archivos de la represión. Y todo eso cuando, simultáneamente,  se  reitera que  estamos  en  un  Estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley; y se desarchivan denuncias y se elimina la caducidad y se anuncia que se aplicarán los criterios internacionales en materia de genocidio, desaparición forzada, prácticas sistemáticas de torturas, robo de niños, violaciones, y se promete finalmente que se concretará una reparación integral.

 

Una última muestra del gatopardismo uruguayo está registrada  en  una  denuncia que  formula  el  Observatorio Luz Ibarburu para el seguimiento de las denuncias penales  por  violaciones  de los  derechos  humanos.  Dicha denuncia se refiere a la dilatoria   para   instalar   una Unidad  Especial  de  Investigación y Apoyo al Sistema Judicial, en la órbita del Ministerio del Interior.

 

En   los   últimos   meses del  año  pasado  el  Observatorio   había   formalizado un  reclamo  sobre  la  instalación  de  esa  unidad  ante los organismos que integran la    comisión    interministerial  encargada  de  supervisar  el  cumplimiento  de  la sentencia que, sobre el llamado “caso Gelman”, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En opinión   del   Observatorio, una dilatoria en ese sentido podría  implicar  que  “Uruguay cayera nuevamente en responsabilidad internacional por la persistencia de la impunidad  ante  la  falta  de un  proceso  eficaz  de  justicia”.

 

El reclamo se realizó no sólo ante los ministerios y  la  Secretaría  de  Seguimiento de la Comisión para la  Paz,  que  integran  la  comisión interministerial, sino también  ante  otras  autoridades estatales con responsabilidad específica en materia de derechos humanos, como lo son las direcciones de  Derechos  Humanos  del Ministerio  de  Educación  y Cultura y del Ministerio de Relaciones    Exteriores,    y autoridades  del  sistema  judicial   (magistrados,   fiscales,  abogados  y  funcionarios judiciales). La idea era “construir  consensos  para enfrentar   y   resolver   adecuadamente  los  hechos  de nuestro    pasado    reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional”.

 

GENERAR    CAPACIDADES.

 

Todos  los  consultados  estuvieron    de    acuerdo    –al menos  de  palabra–  en  implementar   esa   unidad   de investigación. Y a ese consenso se sumó la recomendación   que   la   Institución Nacional  de  Derechos  Humanos (INDH) formuló al ministro  del  Interior,  Eduardo Bonomi, el 14 de diciembre, a raíz del planteo del Observatorio Luz Ibarburu. La recomendación de la INDH recuerda  que  la  Convención  Americana   sobre Derechos   Humanos   establece  “el  deber  de  los  estados   parte   de   organizar todo  el  aparato  gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las  cuales  se  manifiesta  el ejercicio  del  poder  público, de manera tal que sean capaces  de  asegurar  jurídicamente  el  libre  y  pleno ejercicio   de   los   derechos humanos”.

 

El texto enviado al ministro    Bonomi    recuerda, asimismo, que la sentencia de  la  Corte  Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay, de febrero de 2011,  “impone  claramente  al  Estado  uruguayo  la obligación  de  generar  las capacidades    técnico-operativas  necesarias  para  la investigación  de  violaciones  a  los  derechos  humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado”.

 

Puesto que la propuesta del Observatorio es funcional  a  la  obligación  señalada   por   la   Corte,   la dirección de la INDH resolvió recomendar “que en el plazo   más   breve   posible, preferentemente   antes   de la  finalización  de  la  Feria Judicial Mayor (el 1 de febrero)   se   constituya   una unidad especial para auxiliar al Poder Judicial en la investigación de las denuncias”  sobre  delitos  cometidos durante el terrorismo de Estado, y que la misma funcione  en  la  órbita  del Ministerio del Interior, “integrada  por  personal  profesional  de  esa  secretaría de Estado con especialización  en  las  diferentes  disciplinas   involucradas   en investigación  criminal”,  y también por “personal especializado  en  atención  y seguimiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares”.

 

La  INDH  explica  en  su recomendación  que  la  subordinación  de  la  unidad al  Ministerio  del  Interior se  debe  a  que  ese  ministerio  cumple  una  función específica   de   auxiliar   de la justicia; pero igualmente señala que la unidad especial  “deberá  coordinar y  recibir  el  apoyo  técnico de otras instituciones y dependencias  públicas  no subordinadas   al   Ministerio del Interior”.

 

Al emitir esa recomen dación,  la  INDH  se  estaba ajustando  a  las  competencias adjudicadas por el Parlamento cuando la creó por ley y debatió extensamente la designación de sus autoridades. En su oportunidad el  debate  sobre  los  nombres  reveló  la  jerarquía  de ese organismo que, aunque en  última  instancia  es  dependiente  del  Parlamento, tiene una excepcional autonomía  para  indagar,  hacer seguimiento sobre cuestiones  de  derechos  humanos y formular las recomendaciones pertinentes.

 

Esta     recomendación sobre  la  creación  de  una unidad    de    investigación, a   partir   de   una   propuesta  del  Observatorio  (integrado   por   representantes de   Madres   y   Familiares de   Uruguayos   Detenidos Desaparecidos,    Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT,        Hijos-Uruguay, Crysol,   ONAJPU,   SERPAJ Uruguay,   IELSUR,     Mesa Permanente  contra  la  Impunidad,     Pro     Derechos, Colectivo Denunciantes de Octubre de 2011 y la Fundación   Mario   Benedetti), de hecho pone sobre el tapete la cuestión del reconocimiento  de  su  autoridad.

Sin embargo, a más de un mes  de  adoptada  la  decisión,  no  hay  reacción  conocida  del  Ministerio  del Interior. El 15 de marzo el Observatorio   emitió   un   comunicado en el que manifestaba  su  “preocupación ante  la  situación  denunciada (la ausencia de una resolución),  que  se  suma a  las  dilatorias  que  padecen muchas causas por improcedentes      recursos insólitamente   demorados ante la SCJ”.

 

Todos  están  de  acuerdo con instalar la unidad de investigación,   pero   igual marche  preso.  Si  se  concreta   el   gatopardismo   en esta cuestión no sólo se estará  contradiciendo  en  los hechos lo que se prometió en  la  Corte  Interamericana; también se revelará que la  trajinada  votación  en  el Parlamento   para   la   integración   de   la   Institución Nacional de Derechos Humanos  fue  un  saludo  a  la bandera.