VIERNES 15 DE FEBRERO
Ante el traslado de la jueza Mariana Mota, una nueva señal de debilitamiento de los avances en las causas vinculadas a enjuiciar a los criminales del terrorismo de Estado, nos pronunciamos: es un nuevo atropello a la Justicia, la lucha contra la impunidad continúa! ...
Por MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS.
Convocan:
MadresyFamiliares de DetenidosDesaparecidos
Hijos Uruguay
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
CRYSOL
Colectivo denunciantes octubre 2011
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En el día de ayer, miércoles 13 de febrero, se dio a conocer la intempestiva decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el juzgado penal. Esta sede tiene más de de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante el terrorismo de Estado que han sido diligenciadas con rigor, seriedad y respeto.
Resultan de público conocimiento los obstáculos que debió enfrentar por parte del propio Estado y de autoridades del gobierno para llevar adelante estas investigaciones, así como los múltiples cuestionamientos y advertencias recibidas por parte de la corporación ante expresiones vertidas respecto del sistema judicial así como a su participación en eventos tanto sociales como académicos.
Despersonalizando esta situación concreta, denunciamos esta práctica que se manifiesta de forma reiterada e inequívoca a lo largo de estos años, que evidencia la intención de mantener intacta la impunidad. Una de las mayores fortalezas de un estado democrático es contar con un sistema jurídico que otorgue las mayores garantías a sus ciudadanos, mediante un conjunto de normas que asegure plenamente la defensa y protección de todos y cada uno de sus derechos fundamentales.
La consolidación de lo antes expuesto supone, rigurosamente, la independencia de sus magistrados de forma tal, que fortalezca el desarrollo de las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la normativa legal y su Constitución como eje primordial de un Estado y en consonancia y armonía con las normativas supra nacionales.
El órgano supremo del Poder Judicial debe a su vez garantizar de manera categórica, a sus magistrados y funcionarios, el ejercicio pleno de las facultades por él concedidas sin tener que estar expuestos a la voluntad o presión de otros poderes públicos o a cualquier opinión, sea cual fuere el lugar de donde provengan.
El requisito de la permanencia de los/as jueces/as en sus cargos refuerza, indiscutiblemente, el desarrollo fluido y permanente de las etapas procesales garantizando el cumplimiento del debido proceso y por ende, la fortaleza de cualquier sistema judicial.
Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia debido a que no se trata del primer desplazamiento de un magistrado que tiene a su cargo causas vinculadas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos de nuestro pasado reciente cometidas por el Estado.
Cada denunciante, cada familiar, cada víctima sigue viendo afectado su derecho a acceder a la justicia y la verdad, mientras un nuevo magistrado toma conocimiento de cada expediente para reconstruir nuevamente las pruebas, dilatando los procesos por años.
Esta decisión obstaculiza y enlentece el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, referido a delitos de tortura, secuestro, desaparición forzada, violación y prisión prolongada entre otros, lesionando la integridad de un estado democrático y la imprescindible construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las garantías de cualquier colectivo social.
Constituye también un nocivo mensaje de falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recae sobre nuestro país. Perpetuar la impunidad es la garantía para denigrar a la condición humana en todas sus expresiones y la certeza de construir sociedades cada vez más injustas y violentas para las generaciones venideras.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Hijos Uruguay
Asociación de ex pres@s políticos
Crysol
Servicio Paz y Justicia de Uruguay
CARTA ABIERTA SOBRE EL TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA DE UN JUZGADO PENAL A UN JUZGADO CIVIL
Como académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina, y con especial preocupación por el Uruguay, nos dirigimos a Ud. en relación al anuncio del traslado de la Juez Penal Mariana Mota del juzgado penal 7 al juzgado civil uno.
La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. En 2010, la Juez condenó a prisión al ex dictador Juan Maria Bordaberry por su papel en llevar a cabo el golpe de estado de 1973.
El miércoles 13 de febrero la Juez Mota fue informada de la decisión de la Suprema Corte de su traslado a juzgado civil. Se desconoce la razón detrás de esta decisión. Aunque la ley uruguaya permite a la Corte llevar a cabo este tipo de acción, la falta de fundamento público de esa decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo.
En nuestra opinión como académicos, resulta extraño que se decida el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta. Mucho más grave en este caso específico es que, debido a la naturaleza y el alto número de causas de terrorismo de estado que la Juez tenía a su cargo, es altamente probable que estas causas se vayan a trancar y demorar muchísimo. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el parlamento uruguayo ratificara la imprescritibilidad de los delitos de lessa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución de la Suprema Corte y a pesar de la condena de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay, nuevamente se facilita la impunidad de los criminales. Aún mas grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia que debería tener la responsabilidad de avanzar las causas y no entorpecerlas.
Es entonces de alta preocupación para los abajo firmantes, y para la comunidad internacional en general, que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos. Además es altamente preocupante que se quiera alejar a una Juez competente, formada, y eficiente desde su juzgado, y de reconocida trayectoria.
Es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado.
Exigimos que la Corte Suprema de Justicia fundamente las razones del traslado de la Juez Mota. De no existir fundamentos válidos consideramos que debería continuar en su juzgado para permitir que siga investigando las causas de derechos humanos que hasta ahora permanezcan en la impunidad.
Atentemante,
Dra Francesca Lessa, Latin American Centre Universidad de Oxford (UK) Dra Jo-Marie Burt, Profesora de Ciencias Políticas y Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos, George Mason University (USA)
Dra Gabriela Fried Amilivia, Department of Sociology/ Latin American Studies Program, California State University. Los Angeles (EE.UU); Investigadora Asociada, Agencia Nacional de Investigacion (ANII) -Uruguay (USA/Uruguay)
Dra. Naomi Roht-Arriaza, Professor of Law, University of California, Hastings College of Law (USA) Dra Mariana Achugar, Associate Professor of Hispanic Studies and SLA, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University (USA)
Dra Victoria Ruétalo, Associate Professor of Spanish and Latin American Studies, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta (Canada) Dr. Henry Frank Carey, Dept. of Political Science. Georgia State University (USA)
Fabiana Larrobla, Lic. en Ciencia Política. Universidad de la República (Uruguay)
Francisco Soberón, Director-Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Presidente de la Asociacion Nacional de Centros (Perú) Dra. Katherine Hite, Frederick Ferris Thompson Chair of Political Science, Vassar College (USA)
Dra Elin Skaar, Profesora de Ciencias Políticas y Investigadora, Chr. Michelsen Institute (Bergen, Noruega)
Dra. Victoria Sanford, Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College & the Graduate Center at City University of New York (USA) Dr Cara Levey, Teaching Fellow in Latin American Studies,Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, School of Modern Languages and Cultures, University of Leeds (UK)
Dr María Soledad Montañez, Lecturer in Spanish and Latin American Studies, Division of Literature and Languages, University of Stirling (Scotland, UK) Dr David Martin-Jones, Senior Lecturer in Film Studies, Director of the Centre for Film Studies, University of St Andrews (UK)
Dr. Julio Ríos Figueroa, Profesor Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE (Mexico) Dra. Karina Ansolabehere, Profesora-Investigadora,FLACSO-México
Dra. J. Patrice McSherry, Professor of Political Science and Director, Latin America and Caribbean Studies Program, Long Island University
Dr. Raul Molina, Adjunct Professor of History, Long Island University Dra. Louise Mallinder, Transitional Justice Institute, University of Ulster, Northern Ireland (UK)
Julie Guillerot, consultora internacional en temas de justicia transicional (Francia/Peru)
Nacional - TRASLADO
Jueza Mota: "No tengo ningún sumario abierto"
La magistrada fue transferida a la Justicia Civil, aseguró estar "sorprendida" por la decisión de la Suprema Corte
© J. ZUBILLAGA
La jueza Mariana Mota habló, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de alejarla del juzgado penal en el que se desempeñaba y transferirla a uno de materia civil. En declaraciones hechas a Telenoche, aseguró que no tiene ningún sumario abierto y que se puede acceder a su foja de servicios en la página web del Poder Judicial.
En cuanto a la decisión, aseguró que no la esperaba y que se siente "sorprendida". Dijo que no sabe si el hecho de su roce con el ministro de Defensa, Eleuterior Fernández Huidobro, influyó en la decisión.
"Eso hay que preguntárselo a la Corte, yo no hago la decisión del traslado. Yo no estoy para sacar esas conclusiones", sentenció.
De todos modos, cree que esto no afectará al caso del avión de Air Class que se hundió en las aguas del Río de la Plata.
"Supongo que no. (El nuevo juez) Tendrá que hacerse cargo del asunto, estudiarlo y seguir adelante", estimó.
Mota, que en principio va a asumir su cargo como jueza civil, aseguró estar "al tanto" de la puerta del avión que fue hallada recientemente.
"Es una pieza importante. Que sea clave lo va a decir la investigación que se sigue adelante. Es parte de lo que se pretendía: continuar sacando partes del avión para poder periciarlo y poder llegar a una determinación de cuál fue la causa del accidente", dijo.
Fuente www.elobservador.com.uy
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