Por Irina Hauser
JUSTICIA LEGITIMA CERRO AYER EL ENCUENTRO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL POR EL QUE PASARON ALREDEDOR DE DOS MIL PERSONAS
El punto de partida para una reforma de la Justicia
En el cierre del encuentro de “Justicia legítima”, la defensora general, Stella Maris Martínez, llamó a que los jueces tomen empleados por concurso. Se debatió en talleres sobre independencia, participación ciudadana, transparencia e ingreso a la Justicia.
Por Irina Hauser
“Tendremos que preguntarnos si queremos volver cada uno a su casa sin hacer nada o si queremos hacer carne el cambio”, dijo Stella Maris Martínez.Imagen: Joaquín Salguero
“Después de esto, creo que ningún juez puede tomar un empleado sin hacer un concurso”, proclamó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en un pequeño discurso de cierre del encuentro convocado por el movimiento judicial bautizado como “Justicia legítima”. El ingreso por examen para trabajar en tribunales, que elimine las prácticas nepotistas que llevaron a la construcción de la llamada familia judicial, fue quizá la propuesta más realizable a corto plazo de las que surgieron del evento que reunió en la Biblioteca Nacional a jueces, fiscales, defensores, empleados, estudiantes y gente suelta de otros ámbitos.
Fueron dos días de debates con espíritu festivo y mucha catarsis de los participantes, que se esmeraron en articular conclusiones tras deliberar, ayer, en cuatro grupos. Más que anuncios, redondearon conceptos con los que apuestan a hacer más democrática a la larga una cultura que describen como burocrática y corporativa, y que van desde instalar la oralidad en todos los procesos, redefinir la independencia, erradicar los títulos honoríficos y el lenguaje críptico, hasta dar participación a la ciudadanía en el sistema y su control.
La asistencia masiva sorprendió al grupito inicial de autoconvocados, que tuvo como una suerte de madrinas a la defensora Martínez y a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Nos van a decir que el clima ayudó. Claramente esto es viento de cola”, ironizó el fiscal Félix Crous sobre el final del encuentro, desde una mesa larga y poblada sobre el escenario. Con el mismo aire socarrón agregó que por la Biblioteca pasaron, entre ayer y el miércoles, “dos mil personas que se enamoraron de las palabras” y que hablaron “bajo la epopeya de no quedar bien con tirios y troyanos”. Era una nueva alusión tácita al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuyos discursos buscan contentar a todos los sectores. “Los que estamos acá nos tomamos en serio el decreto de supresión de honores, acá no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento”, cizañó Crous. “En el Poder Judicial todo es revolucionario”, se rió el fiscal, y con él todo el auditorio, que estaba colmado.
El primer día de encuentro de “Justicia legítima” hablaron decenas de personas que se iban pasando el micrófono cada cinco minutos, el límite establecido. En la segunda jornada se dividieron en cuatro grupos, cada uno con un tema, y escribieron algunas ideas, que los coordinadores leyeron al atardecer. El taller más concurrido fue el de “Independencia judicial” y, llamativamente, el que menos asistencia tuvo fue el de “Transparencia”. En ambos se esperaba surgiera la discusión sobre las exenciones impositivas que benefician al Poder Judicial y los ministerios públicos, pero se tocó de manera colateral. Otro grupo analizó los mecanismos de ingreso al Poder Judicial y el cuarto, las posibles formas de participación de la ciudadanía en los quehaceres judiciales y la “gestión democrática”.
Las definiciones a las que llegaron no fueron taxativas, pero sí empiezan a delinear un modelo de Justicia bien distinto del que se conoce en la actualidad. La mayoría de las reformas que por el momento plantea esta corriente judicial no son legislativas, sino que pueden realizarse desde adentro del Poder Judicial mismo. “Ahora los que tengan capacidad de decisión para implementar las reformas tendrán que hacerse cargo”, advirtió el camarista de Casación Alejandro Slokar, en alusión a los tribunales de mayor jerarquía (desde las cámaras a la Corte) facultados para, por ejemplo, modificar las reglas de ingreso o la efectiva realización de audiencias orales. Los núcleos fuertes donde el debate encontró las mayores coincidencias son éstos.
- “Para ingresar al Poder Judicial y los ministerios públicos hay que rendir examen. Es una exigencia institucional”, resumió la camarista María Laura Garrigós de Rébori ante el público presente. En relación con los jueces, explicó que se analizó la posibilidad de revalidar los cargos periódicamente y que tengan que exhibir el trabajo que realizan, aunque este punto no derivó en una idea contundente.
-Todos los procesos judiciales (no sólo los penales sino los comerciales, civiles y laborales) deberían ser orales. Debe estar a la vista lo que los jueces hacen hasta que fallan, lo que a su vez abrevia plazos en el laberinto judicial. Esto es regla en el fuero penal, pero hay jueces que no lo aplican o lo hacen a pedido de parte. Para otros fueros habría que reformar los procedimientos. De manera menos concluyente, sin entrar en detalles, se analizó implementar el juicio por jurados para que la gente de a pie participe en procedimientos judiciales; incluso se evaluó la participación ciudadana en los órganos de selección de jueces. De la lista de ideas quedó excluida la de empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias, que evidentemente no tuvo respaldo absoluto.
Hay que “suprimir el trato honorífico a los magistrados”, señaló el fiscal de Casación Javier de Luca, un punto donde hubo coincidencia plena. Todavía algunos jueces exigen que los llamen “Su Señoría” o “Vuestra Excelencia”, y no faltan abogados que usan la denominación de manera espontánea. En la misma línea, hubo propuestas con fuerte aval para implementar modos de organización horizontal en tribunales, donde no haya jerarquías sino reparto de responsabilidades.
Hubo un llamado general a erradicar el lenguaje críptico de las decisiones judiciales y buscar formas de acercar el servicio que debe prestar el aparato judicial a toda la ciudadanía, incluso instalando juzgados y defensorías en barrios carenciados.
Casi un leit motiv de la autoconvocatoria fue redefinir la “independencia judicial” o, mejor, reemplazar el eslogan que la asocia con las posibles presiones del poder político por un concepto más amplio que prevenga también sobre la incidencia de todas las corporaciones (económicas, mediáticas y eclesiásticas y la judicial misma) en el trabajo y las decisiones de los jueces.
“Hemos llegado a un momento de inflexión y tendremos que preguntarnos si queremos volver cada uno a su casa sin hacer nada, como después de innumerables congresos a los que asistimos, o si queremos hacer carne el cambio que anhelamos. Si es así, cada uno de nosotros tiene que militar por estas conclusiones”, convocó Stella Maris Martínez. “Si queremos una Justicia legítima tenemos que hacer que se cumplan en nuestro trabajo estas exigencias y sumar a la comunidad a este movimiento”, agregó. Crous anunció que el 31 de mayo habrá un nuevo encuentro asambleario en La Plata. Allí continuará la tormenta de ideas y se discutirá si “Justicia legítima” tendrá alguna forma de articulación más orgánica.
Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Portugal que es referente de Magistrados Europeos por las Libertades, un movimiento de jueces y funcionarios judiciales críticos, se despidió diciendo que había pasado por muchos acontecimientos de este tipo, pero que jamás vio “algo tan genuino”, que definió como “una especie de refundación del sistema de justicia”.
El trabajo en los talleres
Por Irina Hauser
Imagen: Joaquín Salguero
Por momentos parecían grupos de autoayuda, de a ratos tenían el clima de una clase de facultad o se transformaban en escenario de duelos verbales e ideológicos. Así funcionaron cuatro talleres en que se dividió el encuentro de “Justicia legítima” con el propósito de depurar ideas y mostrar conclusiones al final del día. Aquí, algunas instantáneas.
-En el grupo que analizaba los “mecanismos de ingreso, promoción y disciplinarios”, de pronto se hizo un silencio monacal. Fue cuando los participantes empezaron a comprender de qué estaba hablando el titular de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim: la Legislatura porteña, dijo, les impone con nombre y apellido a quiénes deben designar en ese organismo o de lo contrario no le aprueban el presupuesto. De este taller surgió la palmaria conclusión de que ya no debería ingresar nadie al Poder Judicial o los Ministerios Públicos si no es por concurso. Pero al momento de discutir los métodos surgieron algunos chispazos. Estaban ahí los representantes de la comisión interna del fuero penal, que reclamaron que la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) pueda participar de los jurados, “de lo contrario las prácticas nepotistas no se acaban”. La jueza Victoria Pérez Tognola les retrucó que –pese a que ella votó a favor– esa había sido una de las cuestiones que impidieron aprobar años atrás el ingreso por concurso en el Consejo de la Magistratura.
- En la sala donde se conversaba sobre “participación ciudadana y gestión democrática”, una mujer llevó un ejemplo vivo y del trato que brindan algunos jueces al común de la gente, cuando les hizo escuchar a todos la grabación en la que un juez de un tribunal oral de familia de Lomas de Zamora la trataba de “miserable”.
La policía se había llevado a los tres hijos de la señora. Javier de Luca contaría después que, entre otras cosas, en este taller hubo propuestas para “acercar” el sistema judicial a los sectores más vulnerables y a las víctimas. También hubo muchas voces favorables a la implementación del juicio por jurados. El fiscal Alejandro Alagia volvió a poner el dedo en la llaga al señalar el problema de que “los jueces gobiernan” sin ser elegidos por el voto popular.
- En otras de las comisiones se dieron múltiples definiciones sobre la independencia judicial. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla volvió al ejemplo que en buena medida dio origen a “Justicia legítima”: la respuesta de este grupo crítico al comunicado de la Comisión de Independencia de la Corte y la Asociación de Magistrados que denunciaba presiones políticas a la Justicia, en rigor, a la Cámara en lo Civil y Comercial que debe fallar sobre la ley de medios, denunciada por recibir (algunos de sus miembros) dádivas del Grupo Clarín. Ramos Padilla dijo que la falta de independencia se reflejaba en los manejos de una Justicia que hace cuatro años tiene parada una ley del Congreso largamente debatida. Denunció lobbies de organizaciones como Certal y Fores en los tribunales. Desde otro ángulo, el jurista Julio Maier propuso hablar de la “independencia interna” y revisar sus mecanismos de subordinación y sometimiento difíciles de resistir. La idea de una organización horizontal en tribunales causó sensación, pero todavía muchos la ven como una utopía.
- En el taller de “transparencia y rendición de cuentas” todos se miraban de reojo, pero nadie sacaba el tema del pago del Impuesto a las Ganancias. Había una resistencia implícita. Hubo voces a favor de que el Poder Judicial pague impuestos como todo el mundo, pero fue excluido del temario de conclusiones. Sin embargo, surgieron de este grupo –que coordinó el fiscal Carlos Gonella– propuestas contundentes: que los jueces muestren sus declaraciones juradas; que sean públicas sus agendas de audiencias (a quién reciben y para qué); que se publiciten sus currículum; que se implemente un mecanismo para saber cuánto gastan y en qué y otro para mediar la calidad del trabajo; y un registro que dé cuenta públicamente a quién les da la Corte Suprema los bienes decomisados por corrupción.
Próximo encuentro
El próximo 31 de mayo en La Plata, “Justicia legítima” quedará “constituida orgánicamente” como asociación. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, afirmó al realizar un balance que “nosotros no somos un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración de justicia, y estamos expresándonos”. Y agregó: “Acá no hay ningún grupo disidente, acá hay gente que le parece que hay que cambiar las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido”.
Señaló que “hay puntos que han quedado claros, como el ingreso irrestricto al sistema judicial mediante examen, la transparencia, la necesidad de participación ciudadana, de jueces que sean realmente independientes de todos los factores de poder y que se nutra del apoyo del pueblo para tener esa independencia”. “Hemos concluido dos días de encuentros, deliberaciones y conclusiones sumamente productivas; esto es un hito dentro de un proceso que comenzó hace mucho tiempo y se concretó con la publicación de nuestro primer documento”, celebró el fiscal Félix Crous.
OPINION
Tomar partido
Por Victoria Ginzberg
Imagen: Rafael Yohai
Carlos Elbert, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, contó que cuando lo nombraron frente a un tribunal en Entre Ríos y llegó a su nuevo despacho, uno de los empleados le preguntó: “¿Conoce la mesa de Pereyra?”. Como dijo que no, se la mostraron. Era una mesa de roble, gruesa, con un agujero en un costado. “Es el agujero que hizo Pereyra, que se la pasaba cosiendo expedientes, siempre en el mismo lugar”, le explicaron. “El trabajo de una vida”, dijo Elbert para ejemplificar la burocracia que reina en el día a día tribunalicio, uno de los vicios de la administración de justicia que el colectivo reunido el miércoles y ayer en la Biblioteca Nacional pretende combatir.
Algunos medios habían anunciado el encuentro de “Justicia legítima” como “un grupo de jueces K que lidera la procuradora” o como “una nueva embestida del Poder Ejecutivo contra la Justicia”. El hecho en sí, la presencia de cientos de jueces, fiscales, defensores oficiales, empleados judiciales, abogados e integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el Poder Judicial, fue tan representativo de la discusión interna que desactivó aquella intención maniquea. Quien acote este fenómeno a una disputa entre el Gobierno y “la Justicia” se perderá lo más importante. Hay mucha gente que no quiere pasarse la vida cosiendo expedientes para dejar su marca en una mesa de roble de un juzgado; quiere reflexionar sobre qué significa hacer justicia, cómo se hace, para qué, para quiénes.
Es innegable que la convocatoria de “Justicia legítima” nació en el contexto del conflicto por la aplicación de la ley de medios. Pero no surgió para defender al Gobierno, sino más bien como una reacción al comportamiento de algunos jueces que intervenían en ese expediente o, más específicamente, a la defensa que la Asociación de Magistrados y la Comisión de Independencia Judicial de la Corte Suprema hicieron de esos jueces. Por eso, en los firmantes de las solicitadas de Justicia legítima hubo críticas puntuales hacia los magistrados que pretenden hacer pasar como una “defensa de la independencia” la defensa de determinados intereses. Y hay enojo con la Corte. Pero, para que el estado de ebullición que se vio en la Biblioteca se plasme en hechos concretos, el fenómeno debe exceder esa convocatoria. En estos días se percibió heterogeneidad en los debates, aunque hay acuerdos en grandes líneas directrices, que se plasmaron ayer en los títulos de los talleres: la democratización y la participación ciudadana, los alcances del concepto de la independencia, la transparencia y rendición de cuentas y las formas de ingreso en el Poder Judicial.
Respecto del pago por parte de los funcionarios judiciales del Impuesto a las Ganancias, hay mayoría de voces que opina que la medida en sí no hace al cambio de sistema, pero también hay muchas que señalan que es una forma de terminar con un privilegio injustificable. Otro tópico que se escuchó durante los dos días del encuentro fue la preocupación por la respuesta frente a los sectores más vulnerables. “El 90 por ciento de las personas que juzgamos son pobres”, señaló un juez criminal de Mendoza, que dijo tener más simpatía por muchos de los que tiene que juzgar que por sus colegas.
No está clara la forma en que estas preocupaciones y propuestas pueden terminar en políticas públicas. En todo caso, el colectivo Justicia legítima no podrá hacerlo solo. El martes, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, destacó que si bien el tribunal había impulsado grandes cambios, no tenía facultades para realizar otros. Ambas cosas son ciertas. El Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen trabajo al respecto. Ni hablar del Consejo de la Magistratura. Pero también es verdad que la Corte todavía tiene margen para tomar medidas que implicarían interesantes reformas hacia el interior del Poder Judicial. Una es el pago de Ganancias. Como está dicho, no sería una revolución en la administración de justicia, pero constituiría un gesto que igualaría, en ese punto, a los magistrados con el resto de los ciudadanos. Lorenzetti ya dijo que él, a título personal, está de acuerdo. Está claro que en la Corte no hay consenso. La otra es el sistema de ingreso. El tribunal podría haber dispuesto el fin de la discrecionalidad para formar parte de la “familia” y haber impuesto un sistema de concursos para todos los escalafones. El juez Raúl Zaffaroni lo apoya, lo anticipó en este diario.
Lorenzetti señaló que “a algunos les llama la atención” su “posición de equilibrio, les parece ambigua”. Y explicó: “Si uno está en la lucha debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto debe tener la sabiduría de encontrar una posición equilibrada, sustentable en el tiempo”. En muchos casos la Corte ha encontrado, en su política de acercar a las partes con audiencias, un buen recurso para solucionar conflictos. Pero si hay un reclamo por “democratizar el Poder Judicial”, la Corte es parte. Si hay un sector de magistrados que busca mantener los privilegios, los viajes pagos, la distancia con los usuarios débiles del sistema y la cercanía con los poderosos y otro que quiere modificar todas esas cosas, el “máximo tribunal” no puede estar por encima, ni al costado. Porque eso sería también tomar partido.
La democratización del Poder Judicial
Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.
Afianzar la Justicia
OPINION
OPINION
Por Mariano Hernán Borinsky *
¿Qué es lo que la sociedad espera de la Justicia? Ese es el quid de la cuestión. Se espera que la Justicia tenga un contacto más cercano con la sociedad. Que el acceso a la Justicia sea un derecho palpable. Que los jueces sean personas terrenales, que paguen sus impuestos y que hagan públicas (porque son personas públicas) sus declaraciones de bienes. Que inspiren confianza producto de su independencia de criterio. Que no tengan explotaciones comerciales ni concurran a lugares de azar. Serlo y parecerlo. Que a la vez brinden un servicio (el de Justicia) a la sociedad. Y que lo hagan con un lenguaje sencillo, de fácil comprensión. Que las sentencias sean anoticiadas a los ciudadanos a través de los medios de prensa (en todas sus versiones y vertientes), para que de esta forma la comunidad pueda tener el control ciudadano de lo que hacen los jueces, todo lo cual transparenta la función judicial. También constituye un mecanismo de control ciudadano de los actos de gobierno, la realización de audiencias orales, que deben ser comunicadas por los medios oficiales, para que la ciudadanía pueda comprender cómo se dirime un expediente. Todo ello, más allá del formato de cómo se dirijan hacia los jueces: Su Señoría, Vuestra Excelencia y otras denominaciones más propias de otros tiempos que de los actuales, así como el uso (o desuso) de la toga, aún vigente en algunos países del sistema anglosajón; dichas cuestiones no hacen a la esencia de la función y desempeño del juez.Asimismo es imperioso que el Sistema de Administración de Justicia sea eficaz y eficiente en su gestión. Ello significa que los jueces resuelvan el universo de casos (detrás de los cuales hay conflictos sociales, entre particulares o de orden público) que tienen para fallar con equidad y justicia, sin distinguir si se refieren a ciudadanos de bajos recursos económicos o de alto poder adquisitivo; se trate de delitos comunes o de crímenes complejos; de un juicio contra el Estado, a favor del Estado o de una empresa; con afectación al ámbito local o con implicancias internacionales, todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso pues, fiel al adagio popular, la justicia lenta... no es justicia.
El cargo de juez (al igual que el de fiscal y defensor oficial) es de gran prestigio, y se obtiene luego de un largo y complejo camino, que implica un riguroso análisis de antecedentes profesionales, examen escrito, audiencias públicas, test psicológico, presentación de declaración jurada de bienes, consulta a la ciudadanía sobre las cualidades del candidato propuesto; todo ello con intervención de los tres poderes del Estado. La gran cantidad de escollos a superar conforme el actual diseño constitucional para la selección de magistrados no torna aconsejable que sea sustituido por uno de elección popular, que llevaría a los jueces a efectuar campaña política (con sustento económico), de la cual, precisamente, se busca la independencia.
El juez hace las veces de un director empresarial, en el ámbito público. Se tiene que especializar y capacitar para luego transmitir sus conocimientos y experiencias a sus empleados, los cuales deben ser seleccionados teniendo en cuenta distintos aspectos, la experiencia laboral, los méritos académicos, dándoles la oportunidad a todos los aspirantes, sin distinciones ni favoritismos personales o familiares. Constituye un imperativo del magistrado, efectuar un despliegue inteligente de los recursos tecnológicos, materiales, humanos y de la información. Debe establecer un plan de acción al que deben exigírsele resultados, sin que constituya un obstáculo para dichos fines, ni los horarios ni las ferias judiciales, más allá de los razonables descansos laborales. Los jueces deben rendir cuentas de sus actos y demostrar su productividad mensual, semestral y anualmente ante los organismos de control establecidos por la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias.
El Ministerio Público fiscal cumple un rol protagónico en la promoción de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad y de la legalidad del procedimiento, tendiente cada vez más hacia un sistema acusatorio, estableciéndose claramente la distinción entre la función de acusar (en cabeza del fiscal) y de juzgar (en cabeza del juez). La Procuración General de la Nación (organismo que agrupa a todos los fiscales federales) debe tener como objetivo (y de hecho ya lo está implementando) la investigación de los delitos de mayor complejidad, y desarmar redes y lógicas criminales. La defensa pública oficial constituye un pilar esencial del sistema democrático para que todas aquellas personas pobres, incapaces y ausentes puedan tener garantizado su derecho de defensa en juicio.
Pareciera que las líneas escritas precedentemente no son metas tan difíciles de conseguir hoy en día; sin embargo, la observancia de las mismas permitirá cumplir con lo que marca la Constitución Nacional en cuanto a un bien colectivo tan preciado para la sociedad: afianzar la Justicia... para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
* Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado. Especialista en Derecho Penal. Profesor y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Ex fiscal general en lo Penal Económico y a cargo de la Ufitco.
OPINIONPor Martín Lozada *
Ha quedado afortunadamente instalada la inquietud acerca del rol de los poderes judiciales en las sociedades democráticas contemporáneas, ya sea en torno a los modos de elección, sanción y remoción de los jueces; su adecuación republicana; así como en la necesidad de introducir reformas en la cultura judicial.
Sin embargo, podría ocurrir que el llamado a “democratizar” fuese efectuado ateniéndose a necesidades políticas formuladas por grupos hegemónicos en razón de intereses coyunturales y episódicos. Ello sucede cuando ciertos actores llaman a la “democratización” del Poder Judicial en ocasión de tener frente a sí una o varias sentencias judiciales que no resultan conformes a sus intereses o expectativas.
Ante un supuesto tal es posible advertir que la intención latente no es democratizar ninguna dinámica institucional en particular, sino tan sólo ejercer presión para que los jueces fallen en un sentido determinado. Entonces el camino no conduce sino a un puerto impreciso, marcado por la ambigüedad y la falta de coherencia entre el mensaje emitido y aquella finalidad a la que en realidad se apuntó al efectuarlo.
Distinto es el caso de enfoques menos oportunistas, podríamos decir, más estructurales y sistémicos, preocupados por los desajustes de los poderes judiciales frente a las expectativas ciudadanas. Perspectivas que parten de la base de que el campo judicial ha venido siendo colonizado a fuerza de un conservadurismo crónico, merced a mecanismos de reclutamiento de funcionarios con un marcado acento de clase, y a una cínica pretensión de neutralidad ideológica.
Ahora bien, partiendo de la base de que la discusión y el debate en torno a la llamada “democratización” de los poderes judiciales merecen espacio y profundización, cabe preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de democratización en el ámbito judicial.
Y ello por cuanto se trata de uno de los poderes del Estado cuyos miembros no son elegidos por el voto popular. Si esto es así, y si los ciudadanos no ejercen controles directos sobre lo que ocurre en dicho campo, es necesario plantearnos cómo y de qué modo un poder tal, ajeno a la dinámica democrática tradicional, puede adquirir legitimidad en el ámbito del Estado democrático de Derecho.
Está claro, entonces, que en principio “democratización” no se refiere a la designación de los jueces conforme el sufragio popular, con los controles periódicos que esa expresión trae consigo. ¿Cómo pueden entonces las ciudadanas y los ciudadanos, así como los grupos sociales, incidir en la conformación de los modelos judiciales, en la determinación de sus prioridades y orientación, en la selección y control de sus funcionarios?
Una de las fórmulas posibles para lograr la adecuación democrática de tales poderes quizá consista en revelar los estrechos vínculos existentes entre el Derecho aplicable y el poder, dejando entrever su no-neutralidad y su intrínseca dimensión política. Reconocer que la ley no es en realidad igual para todos y que su aplicación dista de resultar imparcial. Que en muchos casos los jueces suelen ser obedientes custodios del orden establecido, aun cuando aquél contradiga de plano los mandatos constitucionales.
En ese sentido cabría también visibilizar la existencia social de grupos históricamente vulnerables y postergados. Entre ellos, muchas minorías étnicas y sexuales, discapacitados, inmigrantes, y en muchos casos también las mujeres, los ancianos y los menores de edad. Tal como lo plantea Roberto Gargarella, dichos grupos no solamente se ven frecuentemente exceptuados del debido trato que se merecen sino que, más grave aún, suelen ser objeto de riesgos y amenazas particulares capaces de menoscabar su ya debilitada integridad como sujetos de pleno derecho.
De modo que no resulta ingenuo preguntarnos con relación a cuáles son los cambios jurídicos necesarios para asegurarles un trato justo. Y, de modo más general, cómo hacer para que los sistemas judiciales resulten sensibles a las múltiples voces presentes en la sociedad de nuestros días.
Un pluralismo que se haga eco de dichas asimetrías fácticas en el ejercicio de los derechos y del poder lleva a postular el diseño de consejos de la magistratura que resulten suficientemente representativos de las particularidades de las sociedades actuales: heterogéneas, complejas, dilemáticas, e integradas por individuos y grupos que, en ocasiones, poseen marcados disensos e intereses entre sí.
Un consejo tal ya no debería ser el foro capaz de integrar a representantes de las mayorías, tal como sucede con los legisladores, y a mandatarios de los colegios de abogados, con sus muy puntuales intereses sectoriales –a veces manifiestamente reñidos con las prácticas y las expectativas democráticas–, sino, en cambio, a un colectivo que también incluya a otros sujetos sociales.
Así podría suceder con representantes de los trabajadores judiciales y sus sindicatos; con docentes de las universidades nacionales con desempeño en la región de que se trate; con los miembros rotativos de ONG; e incluso con la representación de ciertas minorías legislativas y de sectores sociales tradicional e históricamente postergados, como podrían resultar los miembros de pueblos originarios.
Una integración que resulte coherente con la defensa de un pluralismo asimétrico y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, capaz de conceder voz y voto a quienes por motivos históricos y razones socio-económicas han venido careciendo de ellos.
En todo caso, la cuestión radica en verificar si cuando de democratización en la arena judicial se trata, es posible ir más allá de la retórica y los buenos deseos. Si acaso el adiestramiento mecánico y repetitivo que suele adormecer al funcionariado judicial, tanto como la general ausencia de un pensamiento crítico y de una praxis audaz, no complote contra la necesidad de renovar nuestra cultura jurídica e institucional.
* Juez penal de San Carlos de Bariloche. Catedrático de la Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.
Fuente:Pagina12
Ha quedado afortunadamente instalada la inquietud acerca del rol de los poderes judiciales en las sociedades democráticas contemporáneas, ya sea en torno a los modos de elección, sanción y remoción de los jueces; su adecuación republicana; así como en la necesidad de introducir reformas en la cultura judicial.
Sin embargo, podría ocurrir que el llamado a “democratizar” fuese efectuado ateniéndose a necesidades políticas formuladas por grupos hegemónicos en razón de intereses coyunturales y episódicos. Ello sucede cuando ciertos actores llaman a la “democratización” del Poder Judicial en ocasión de tener frente a sí una o varias sentencias judiciales que no resultan conformes a sus intereses o expectativas.
Ante un supuesto tal es posible advertir que la intención latente no es democratizar ninguna dinámica institucional en particular, sino tan sólo ejercer presión para que los jueces fallen en un sentido determinado. Entonces el camino no conduce sino a un puerto impreciso, marcado por la ambigüedad y la falta de coherencia entre el mensaje emitido y aquella finalidad a la que en realidad se apuntó al efectuarlo.
Distinto es el caso de enfoques menos oportunistas, podríamos decir, más estructurales y sistémicos, preocupados por los desajustes de los poderes judiciales frente a las expectativas ciudadanas. Perspectivas que parten de la base de que el campo judicial ha venido siendo colonizado a fuerza de un conservadurismo crónico, merced a mecanismos de reclutamiento de funcionarios con un marcado acento de clase, y a una cínica pretensión de neutralidad ideológica.
Ahora bien, partiendo de la base de que la discusión y el debate en torno a la llamada “democratización” de los poderes judiciales merecen espacio y profundización, cabe preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de democratización en el ámbito judicial.
Y ello por cuanto se trata de uno de los poderes del Estado cuyos miembros no son elegidos por el voto popular. Si esto es así, y si los ciudadanos no ejercen controles directos sobre lo que ocurre en dicho campo, es necesario plantearnos cómo y de qué modo un poder tal, ajeno a la dinámica democrática tradicional, puede adquirir legitimidad en el ámbito del Estado democrático de Derecho.
Está claro, entonces, que en principio “democratización” no se refiere a la designación de los jueces conforme el sufragio popular, con los controles periódicos que esa expresión trae consigo. ¿Cómo pueden entonces las ciudadanas y los ciudadanos, así como los grupos sociales, incidir en la conformación de los modelos judiciales, en la determinación de sus prioridades y orientación, en la selección y control de sus funcionarios?
Una de las fórmulas posibles para lograr la adecuación democrática de tales poderes quizá consista en revelar los estrechos vínculos existentes entre el Derecho aplicable y el poder, dejando entrever su no-neutralidad y su intrínseca dimensión política. Reconocer que la ley no es en realidad igual para todos y que su aplicación dista de resultar imparcial. Que en muchos casos los jueces suelen ser obedientes custodios del orden establecido, aun cuando aquél contradiga de plano los mandatos constitucionales.
En ese sentido cabría también visibilizar la existencia social de grupos históricamente vulnerables y postergados. Entre ellos, muchas minorías étnicas y sexuales, discapacitados, inmigrantes, y en muchos casos también las mujeres, los ancianos y los menores de edad. Tal como lo plantea Roberto Gargarella, dichos grupos no solamente se ven frecuentemente exceptuados del debido trato que se merecen sino que, más grave aún, suelen ser objeto de riesgos y amenazas particulares capaces de menoscabar su ya debilitada integridad como sujetos de pleno derecho.
De modo que no resulta ingenuo preguntarnos con relación a cuáles son los cambios jurídicos necesarios para asegurarles un trato justo. Y, de modo más general, cómo hacer para que los sistemas judiciales resulten sensibles a las múltiples voces presentes en la sociedad de nuestros días.
Un pluralismo que se haga eco de dichas asimetrías fácticas en el ejercicio de los derechos y del poder lleva a postular el diseño de consejos de la magistratura que resulten suficientemente representativos de las particularidades de las sociedades actuales: heterogéneas, complejas, dilemáticas, e integradas por individuos y grupos que, en ocasiones, poseen marcados disensos e intereses entre sí.
Un consejo tal ya no debería ser el foro capaz de integrar a representantes de las mayorías, tal como sucede con los legisladores, y a mandatarios de los colegios de abogados, con sus muy puntuales intereses sectoriales –a veces manifiestamente reñidos con las prácticas y las expectativas democráticas–, sino, en cambio, a un colectivo que también incluya a otros sujetos sociales.
Así podría suceder con representantes de los trabajadores judiciales y sus sindicatos; con docentes de las universidades nacionales con desempeño en la región de que se trate; con los miembros rotativos de ONG; e incluso con la representación de ciertas minorías legislativas y de sectores sociales tradicional e históricamente postergados, como podrían resultar los miembros de pueblos originarios.
Una integración que resulte coherente con la defensa de un pluralismo asimétrico y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, capaz de conceder voz y voto a quienes por motivos históricos y razones socio-económicas han venido careciendo de ellos.
En todo caso, la cuestión radica en verificar si cuando de democratización en la arena judicial se trata, es posible ir más allá de la retórica y los buenos deseos. Si acaso el adiestramiento mecánico y repetitivo que suele adormecer al funcionariado judicial, tanto como la general ausencia de un pensamiento crítico y de una praxis audaz, no complote contra la necesidad de renovar nuestra cultura jurídica e institucional.
* Juez penal de San Carlos de Bariloche. Catedrático de la Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.
Fuente:Pagina12
01.03.2013
Culminaron las jornadas de debate convocadas por Justicia Legítima
Crearán una nueva asociación para desafiar a la corporación judicial
Durante las reuniones realizadas en la Biblioteca Nacional se trazaron las líneas sobre las que jueces, fiscales y funcionarios trabajarán hasta el 31 de mayo, cuando se realice un nuevo encuentro en La Plata. Las propuestas.
Por: Gabriel A. Morini
"Hemos llegado a un momento de inflexión, y a partir de ahora cada uno de nosotros debe interpelarse si quiere hacer carne el cambio que anhelamos", señaló en el cierre la defensora general, Stella Maris Martínez. "A partir de mañana, cada uno de nosotros tiene que militar por estas conclusiones para que todos, desde el Poder Judicial pero también desde la comunidad, exijamos una justicia legítima. Hasta hoy algunos nos sentíamos muy solos y hoy sabemos que ya no lo estamos", cerró la jefa de los defensores públicos. La constitución como una nueva asociación –paralela a la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura–fue identificada como una de las primeras necesidades para obtener una organicidad propia. Todas esas asociaciones fueron las firmantes de un duro documento en el que denunciaban presiones del Poder Ejecutivo, y que terminaron por disparar la reacción de un sector del Poder Judicial que derivó en estas reuniones que comenzaron el miércoles.
Desde las 14 de ayer, se reanudó la actividad en la Sala Jorge Luis Borges, a través de la realización de cuatro talleres de trabajo en los que se abordaron propuestas ante las problemáticas de "Independencia Judicial", "Gestión Democrática y Participación Ciudadana", "Mecanismos de Ingreso, Promoción y Disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos" y "Recursos, Política de Transparencia y Rendición de Cuentas", Según confiaron varios de los participantes del encuentro a Tiempo Argentino, este último punto vinculado con el manejo presupuestario, hoy en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, fue identificado como uno de los puntos clave en los cuales se debía "intervenir" para logar una transparencia en el manejo de los fondos que administra el Poder Judicial.
En la primera jornada el camarista de Casación, Alejandro Slokar había deslizado la crítica hacia sectores corporativos que "están sentados arriba del presupuesto". De acuerdo a lo que confirmó el fiscal federal Félix Crous, flamante titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que depende del Ministerio Público, también se coincidió en la necesidad de "replicar" la discusión en todas las provincias del país, con miras al próximo encuentro.
"Nosotros no somos un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración de justicia, y estamos expresándonos", sostuvo Martínez a la prensa al finalizar el encuentro. "Acá hay gente que le parece que hay que cambiar las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido", indicó.
Según las conclusiones finales, en los talleres, con nutrida participación tanto de integrantes del Poder Judicial como de académicos y estudiantes, se debatió la necesidad de una independencia tanto interna como externa. Para el primer caso se expuso un modelo similar al inglés de magistratura con mayor horizontalidad, que remplaza el sistema de jerarquías por uno de responsabilidades. Para el caso de la independencia de factores externos, se partió de un diagnóstico que marcó la influencia que tienen en el Poder Judicial los grupos de poder económicos, mediáticos, políticos y religiosos, entre otros.
Esta diferenciación fue lo que marcó el punto de inflexión para que se visibilizara la crisis de representatividad de las organizaciones de magistrados que habían denunciado presiones del gobierno, en el marco del tratamiento de la Ley de Medios. También, los asistentes discutieron acerca de la necesidad de generar mecanismos de participación ciudadana en la designación y destitución de jueces, lo que –de modificarse la actual integración del Consejo de la Magistratura- le daría a la representación popular un lugar entre los consejeros jueces, políticos y abogados.
En el mismo sentido, otro de los talleres abordó la necesidad de implementar mecanismos para la rendición de exámenes de ingreso a la carrera judicial, y en ese contexto, abolir la precarización laboral en las dependencias del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos. Como a su vez, capacitar a todos los empleados en materia de derechos humanos, uno de los pilares que atravesó toda la convocatoria, que se inició a través de una solicitada a fines del año pasado.
Entre las reformas más puntuales, se destacó la posibilidad de "oralizar"el servicio de administración de justicia en todas las instancias y fueros, con el objetivo de aligerar tiempos y evitar los pasos burocráticos de los procesos. En el fuero penal, nuevamente fue retomada la idea del juicio por jurados, y se analizaron mecanismos posibles para su implementación, algo que los expertos señalan de difícil aplicación. Sorpresivamente, uno de los temas que tuvo mayor desarrollo, al menos en los debates durante los talleres, fue la modificación de la exención impositiva que hoy permite que los magistrados no paguen el Impuesto a las Ganancias. El foco en torno a este asunto estará puesto tanto en el proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el kirchnerismo, y en cualquier anuncio que pueda surgir hoy, durante el discurso de la Presidenta Cristina Fernández ante el Congreso.
Fuente:TiempoArgentino
28.02.2013
JORNADAS EN LA BIBLIOTECA NACIONALEl encuentro por una Justicia Legítima se constituirá orgánicamente como asociación
La noticia fue confirmada por el fiscal federal Félix Crous, uno de los organizadores de las jornadas y quien fuera recientemente nombrado como responsable de la nueva Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y que también bregó porque la discusión se "replique en todas las provincias" del país.
"Hemos concluido dos días de encuentros, deliberaciones y conclusiones sumamente productivas; esto es un hito dentro de un proceso que comenzó hace mucho tiempo y se concretó con la publicación de nuestro primer documento", celebró Crous, tras finalizar la lectura de las conclusiones que arrojaron los cuatro talleres realizados en el día de la fecha.
Por su parte, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, afirmó al realizar un balance en diálogo con la prensa, que "hay puntos que han quedado claros como el ingreso irrestricto al sistema judicial mediante examen, la transparencia, la necesidad de participación ciudadana, de jueces que sean realmente independientes de todos los factores de poder y que se nutra del apoyo del pueblo para tener esa independencia".
"Nosotros no somos un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración de justicia, y estamos expresándonos", sostuvo.
Y agregó: "Acá no hay ningún grupo disidente, acá hay gente que le parece que hay que cambiar las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido".
Los cuatro talleres, que se llevaron a cabo en distintos auditorios de forma simultánea y organizados en ejes más concretos sobre el concepto de democratizar el Poder Judicial, arrojaron en el final del encuentro las conclusiones que fueron compartidas durante el cierre en el Auditorio Jorge Luis Borges.
Estas también fueron acompañadas por una reflexión del jurista portugués Antonio Cluny, único expositor internacional en los encuentros por una Justicia Legítima.
Las deliberaciones sobre "Mecanismos de Ingreso, Promoción y Disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos" derivaron en una ratificación de que el ingreso a la administración debe hacerse por examen y que "esta sea la única vía posible de ingreso" de acuerdo a la Constitución que "pide que sólo se cuente con idoneidad para ocupar cargos públicos".
También se hizo hincapié en la necesidad de "abolir la precarización laboral" dentro del Poder Judicial, al igual que insistir que éste "no es un problema presupuestario, sino que es un problema de decisión de creación racional de vacantes".
Otro de los puntos giró en torno a la "creación de un escalafón calificado y público para que todos tengan acceso del conocimiento de quienes están en condiciones de ser promovidos" y que se ponga en consideración "no sólo la antiguedad, sino también la capacitación" de los aspirantes a los cargos, teniendo en cuenta su compromiso con los Derechos Humanos.
La periodicidad de los cargos, mejorar los mecanismos de control de la gestión y la necesidad de definir "el perfil del juez, que tiene que entender que está brindando un servicio", fue otra temática.
El taller sobre "Independencia Judicial" abordó la relación entre la administración de Justicia y los grupos de poder, algunos de ellos enquistados en el sistema desde la última dictadura; el aumento de la participación ciudadana y la "falta de horizontalidad del Poder Judicial" que podría resolverse mediante la supresión de jerarquías.
"Hay prácticas que se concentran en el interior del Poder Judicial y que generan mecanismos de subordinación, sometimiento y de obediencia, que son muchas veces difíciles de resistir. Existe una subcultura de grupo muy potetente que no se iniciaba dentro del poder, sino que tenía que ver con la formación que recibían quienes ingresaban a la administración de justicia desde las facultades de derecho", subrayaron.
Los "mecanismos autoritarios" heredados del paso del terrorismo de Estado en la Argentina y su efecto en el Poder Judicial; la necesidad de elaborar un lenguaje más claro que permita a la ciudadanía informarse mejor sobre sus resoluciones y transparentar el sistema acercándolo a la ciudadanía, fueron otros de los temas desprendidos de las deliberaciones en todos los talleres, como el de "Gestión Democrática y Participación Ciudadana" y "Recursos, Política de Transparencia y Rendición de Cuentas".
Los encuentros por una Justicia Legítima celebrados en la Biblioteca Nacional tendrán su réplica el próximo 31 de mayo en la Ciudad de La Plata, donde quedarán "constituidos orgánicamente" como asociación.
Movimiento "Justicia Legítima"
El objetivo será el de profundizar aún más el debate sobre cómo democratizar el sistema judicial, eje principal de los que convocaron a más de dos mil asistentes en la Biblioteca Nacional.La noticia fue confirmada por el fiscal federal Félix Crous, uno de los organizadores de las jornadas y quien fuera recientemente nombrado como responsable de la nueva Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y que también bregó porque la discusión se "replique en todas las provincias" del país.
"Hemos concluido dos días de encuentros, deliberaciones y conclusiones sumamente productivas; esto es un hito dentro de un proceso que comenzó hace mucho tiempo y se concretó con la publicación de nuestro primer documento", celebró Crous, tras finalizar la lectura de las conclusiones que arrojaron los cuatro talleres realizados en el día de la fecha.
Por su parte, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, afirmó al realizar un balance en diálogo con la prensa, que "hay puntos que han quedado claros como el ingreso irrestricto al sistema judicial mediante examen, la transparencia, la necesidad de participación ciudadana, de jueces que sean realmente independientes de todos los factores de poder y que se nutra del apoyo del pueblo para tener esa independencia".
"Nosotros no somos un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración de justicia, y estamos expresándonos", sostuvo.
Y agregó: "Acá no hay ningún grupo disidente, acá hay gente que le parece que hay que cambiar las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido".
Los cuatro talleres, que se llevaron a cabo en distintos auditorios de forma simultánea y organizados en ejes más concretos sobre el concepto de democratizar el Poder Judicial, arrojaron en el final del encuentro las conclusiones que fueron compartidas durante el cierre en el Auditorio Jorge Luis Borges.
Estas también fueron acompañadas por una reflexión del jurista portugués Antonio Cluny, único expositor internacional en los encuentros por una Justicia Legítima.
Las deliberaciones sobre "Mecanismos de Ingreso, Promoción y Disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos" derivaron en una ratificación de que el ingreso a la administración debe hacerse por examen y que "esta sea la única vía posible de ingreso" de acuerdo a la Constitución que "pide que sólo se cuente con idoneidad para ocupar cargos públicos".
También se hizo hincapié en la necesidad de "abolir la precarización laboral" dentro del Poder Judicial, al igual que insistir que éste "no es un problema presupuestario, sino que es un problema de decisión de creación racional de vacantes".
Otro de los puntos giró en torno a la "creación de un escalafón calificado y público para que todos tengan acceso del conocimiento de quienes están en condiciones de ser promovidos" y que se ponga en consideración "no sólo la antiguedad, sino también la capacitación" de los aspirantes a los cargos, teniendo en cuenta su compromiso con los Derechos Humanos.
La periodicidad de los cargos, mejorar los mecanismos de control de la gestión y la necesidad de definir "el perfil del juez, que tiene que entender que está brindando un servicio", fue otra temática.
El taller sobre "Independencia Judicial" abordó la relación entre la administración de Justicia y los grupos de poder, algunos de ellos enquistados en el sistema desde la última dictadura; el aumento de la participación ciudadana y la "falta de horizontalidad del Poder Judicial" que podría resolverse mediante la supresión de jerarquías.
"Hay prácticas que se concentran en el interior del Poder Judicial y que generan mecanismos de subordinación, sometimiento y de obediencia, que son muchas veces difíciles de resistir. Existe una subcultura de grupo muy potetente que no se iniciaba dentro del poder, sino que tenía que ver con la formación que recibían quienes ingresaban a la administración de justicia desde las facultades de derecho", subrayaron.
Los "mecanismos autoritarios" heredados del paso del terrorismo de Estado en la Argentina y su efecto en el Poder Judicial; la necesidad de elaborar un lenguaje más claro que permita a la ciudadanía informarse mejor sobre sus resoluciones y transparentar el sistema acercándolo a la ciudadanía, fueron otros de los temas desprendidos de las deliberaciones en todos los talleres, como el de "Gestión Democrática y Participación Ciudadana" y "Recursos, Política de Transparencia y Rendición de Cuentas".
Fuente:Telam
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