Algo huele bien La sociedad argentina hace décadas que reclama por una justicia mejor.
Por: Carlos Rozanski
En épocas de dictadura, la forma del reclamo ha sido naturalmente difícil porque el costo podía ser, no sólo la pérdida de libertad, sino la de la vida misma. En la última de ellas, el grupo más visible de reclamos estuvo centrado en las Madres de Plaza de Mayo y varias han desaparecido por eso. En igual sentido, Abuelas y luego Hijos, siempre con apoyo inclaudicable del resto de los organismos defensores de los Derechos Humanos, continuaron a lo largo de más de tres décadas pidiendo justicia. Con esa ejemplar inspiración, familiares de víctimas de delitos posteriores a la dictadura, se unieron en Madres del Dolor. Finalmente, cada tragedia individual originada en gatillos fáciles o de diversos orígenes, se tradujo en reacciones inmediatas de familias, barrios o colectivos de víctimas que, desde los espacios más variados, reclamaron una justicia mejor. Una justicia integrada por jueces y fiscales más sensibles, con oídos más predispuestos a escuchar y sobre todo a comprender el dolor y la legitimidad de cada reclamo.
El rol de la justicia durante las dictaduras cívico militares y en especial durante la última, sin duda la más violenta, ha sido patético. Hoy se reconoce públicamente que hubo una claudicación, y en muchos casos complicidad directa de parte de miembros de la justicia de nuestro país durante el genocidio, que en pos de un proyecto económico, se cometió a través del terrorismo de Estado. A esta altura de las presentes reflexiones, cabe preguntarse: ¿hay alguna duda de que nuestra justicia debe democratizarse? ¿Alguien puede pensar seriamente que el poder que más armas tenía para frenar el exterminio del terrorismo de Estado, era precisamente el Poder Judicial? Con un Ejecutivo usurpado y un Legislativo disuelto y con la mayoría de sus miembros perseguidos, detenidos, torturados, exiliados o asesinados, ¿quiénes sino los jueces y fiscales tenían la obligación de alzar su voz para al menos intentar frenar la barbarie en lugar de validarla?
Sin embargo, con honrosas excepciones, muchos miraron para otro lado, rechazaron hábeas corpus de familiares de víctimas, con la aberración de imponer costas, e incluso se entrevistaron y vieron con sus propios ojos a víctimas torturadas, muchas de ellas luego desaparecidas.
El viernes, la presidenta de la Nación anunció diversas medidas para afianzar decididamente el proceso de democratización de nuestro Poder Judicial frente a la reseña inicial de estas líneas, en el que un número importante de jueces, fiscales y defensores de todo el país estamos empeñados. Ese proceso, irreversible, tuvo su origen en el retorno de la democracia en 1983 y luego, después un cuarto de siglo de impunidad, a partir del año 2003. Es irreversible porque es resultado de un espacio social mayoritario, que abarca todos los estratos sociales y que no está dispuesto a retroceder un milímetro en lo logros obtenidos en materia de Derechos Humanos. De entre los proyectos anunciados –todos importantes y auspiciosos–, se destaca que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular. Se trata de una institución esencial de nuestra democracia porque es la que designa, controla y, finalmente, en su caso destituye a los jueces nacionales y federales. Si se tiene en cuenta que esos jueces son los que tienen la responsabilidad cotidiana de decidir sobre el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, cabe preguntarse a qué sector social o político puede molestarle o preocupar semejante cambio. Es obvio que la participación directa de la ciudadanía, en la elección de quienes ejercen tan importante función de control, es una necesidad democrática fundamental y por sí misma legitimadora del actual proceso que vivimos. Algo huele a perfume en los anuncios y en la alegría de la mayoría del pueblo argentino. Quien no lo perciba, tiene la nariz tapada.
Fuente:InfoNews
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Tensión en tribunales Divide al Poder Judicial la reforma que anunció Cristina Kirchner Para la Asociación de Magistrados, el avance sobre los jueces es "inconstitucional"; sectores afines al Gobierno hablan de "una nueva Justicia"
El plan "democratizador" de la Justicia que anunció anteayer la Presidenta provocó un cisma en el mundo de los tribunales. "Dirigido a controlar la Justicia", dicen en un sector. "Brillante", sostienen en el otro.
De todas las propuestas que enumeró Cristina Kirchner , la que más debate suscitó es la que prevé que los jueces y abogados que integran el Consejo de la Magistratura ya no sean elegidos por sus pares, sino por el voto popular. Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados -máxima agrupación de jueces del país-, adelantó su resistencia: dijo que esta reforma "no es compatible con la Constitución". En cambio, para el fiscal federal Jorge Auat, de la agrupación Justicia Legítima, que promueve la procuradora Alejandra Gils Carbó, "la única forma de romper con el espíritu corporativo [de la Justicia] es incorporando a sectores de la sociedad que no pertenecen a la corporación".
Buena parte de los jueces, fiscales y defensores se mueven al margen de la discusión política, pero quienes no (que son cada vez más) ya discuten con vehemencia los anuncios, lanzados en el cierre de una semana muy agitada.
Pocas veces antes había quedado tan expuesta la división interna de los magistrados.
El lunes, la procuradora general (jefa de todos los fiscales) dijo que la Justicia actual era "ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados"; el martes, el kirchnerismo en pleno le hizo el vacío a Ricardo Lorenzetti en el 150° aniversario de la Corte; jueves y viernes, se reunió una nueva agrupación de gente de los tribunales que promueve un "nuevo modelo" de Justicia y, en sintonía con el Gobierno, cuestiona a la Corte y a la Asociación de Magistrados, y anteayer, la Presidenta anunció su gigantesca reforma en la Justicia.
Los ejes del plan "democratizador" incluyen, además de la modificación del Consejo de la Magistratura, la prohibición de dictar medidas cautelares contra el Ejecutivo, la publicación en Internet de las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado y la creación de tres cámaras de Casación, como tercera instancia entre las cámaras de Apelación y la Corte.
Salvo en el máximo tribunal, que se recluyó en un silencio estratégico, en los demás estratos de la Justicia la polémica empezó a amplificarse apenas la Presidenta expuso cuál era su plan. El camarista Ricardo Recondo, referente del antikirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, sostuvo que la reforma que se pretende en ese organismo "no resiste siquiera un análisis lógico". Según él, no hay nada por discutir. "La Constitución dice representantes de los jueces, ¿los van a elegir los ingenieros?", ironizó.
"Estoy de acuerdo con que hay que hacer reformas y también con que los jueces debemos pagar impuesto a las ganancias, pero no debe hacerse cuando existe la percepción general de que se persigue a los jueces por fallos que disgustan al Gobierno", afirmó.
Para el camarista de Casación Alejandro Slokar, en cambio, "las propuestas son muy positivas porque tienden a romper el corporativismo y a generar una mayor democratización del Poder Judicial".
"Son brillantes", coincidió el fiscal federal Felix Crous, recientemente designado titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). "Permitirán dar un salto democratizador y descolonizador de la Justicia. Revelan una mirada sofisticada y estratégica superior sobre el asunto". Crous y Slokar también son parte de Justicia Legítima. El miércoles pasado, primer día que esta agrupación se reunió, Gils Carbó anunció: "Hace falta debate más que consenso". Pretendía marcar una línea, en clara alusión a las declaraciones de Lorenzetti, que había abogado por una Justicia "unida".
Justicia Legítima objeta que se acuse al Gobierno de presionar a los jueces, reclama una Justicia "más plural" y cuestiona el "corporativismo" de los tribunales. Para el camarista Miguel Caminos, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, acusar a la Justicia de corporativa es una "frase hecha".
"En todos los países las asociaciones defienden la independencia de los jueces, y es justamente donde no hay independencia que las asociaciones son perseguidas", dijo. Caminos cuestionó además el anuncio de la Presidenta. "Lo que habría que hacer es terminar con las vacantes que no se cubren y poner en funcionamiento los tribunales que ya están creados. Ésas son las medidas que debería hacer el Gobierno, en lugar de todo lo anunciado."
Entre las críticas a los proyectos del kirchnerismo se cuestionó también creación de las nuevas cámaras de Casación. "Es contradictorio con lo que se proponía hace tres meses, cuando se aprobó la ley de per saltum. Entonces, se buscaba evitar instancias para llegar a la Corte lo antes posible. Ahora, enfrentado con la Corte, el Gobierno quiere poner trabas en el camino de los casos", dijo a LA NACION un magistrado de la provincia de Buenos Aires.
En cambio, hubo propuestas de la Presidenta que no recibieron objeciones, al menos no públicas. Nadie se alzó contra el ingreso por concurso al Poder Judicial, si bien muchos objetan que no se extienda el sistema a todos los poderes del Estado. Tampoco generó cuestionamientos la iniciativa de hacer más accesibles las declaraciones de bienes de los jueces, pese a que, ante pedidos concretos, hubo magistrados que se han opuesto a que sus presentaciones se hagan públicas.
En cuanto a la excepción que rige para los jueces respecto del pago del impuesto a las ganancias, que fue materia de reproche de la Presidenta a la Corte, se da una situación particular: casi todos los magistrados se declaran en favor del pago, pero esto no se traslada a decisiones colectivas. Pasa en la Corte y ocurrió incluso en el encuentro de Justicia Legítima. El tema se debatió, pero no se hizo mención alguna a él en las conclusiones del encuentro.
Los ejes de la Justicia soñada por Cristina Los proyectos que idearon ella y su secretario Zannini Nuevas cámaras / Menos peso de la Corte Aspira a crear tres nuevas Cámaras de Casación (en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso y en lo laboral). El Gobierno podrá nombrar a todos esos jueces nuevos, que tendrán gran poder y reducirán o retrasarán la intervención de la Corte
Nuevo Consejo / Voto popular Anunció que los miembros del cuerpo que juzga y elige a los jueces serán votados por la gente. Resta saber cómo serán esas elecciones, que aumentarán la influencia del poder político en ese órgano clave
Cautelares / Menos protección Se limitará la posibilidad de obtener medidas cautelares contra el Estado, salvo en casos de riesgos de vida o de daño irreparable
Ganancias / Sin mucha presión Cristina quiere que los jueces paguen el impuesto, pero dijo que lo tiene que hacer cumplir la Corte
Bienes / A la luz Pidió transparentar las declaraciones juradas de los magistrados
Respaldo a Argibay La presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, Susana Medina, dijo a LA NACION que Carmen Argibay, fundadora de esa agrupación, es "una figura emblemática de la independencia judicial" y rechazó el cuestionamiento de la Presidenta, que acusó a Argibay de haberse manifestado a favor de que los jueces paguen impuesto a las ganancias y haber votado en contra.
Medina explicó que en ningun momento Argibay respaldó que los jueces no pagaran el impuesto, porque no eso no había sido refutado en el caso en el que falló. "Argibay impulsó el debate, pero es una jueza justa, independiente aun de sus propias convicciones", dijo. Fuente:laNacion Envío:Agnddhh
Ante un cambio de paradigma
LOS JUECES FRENTE A LOS ANUNCIOS DE LA PRESIDENTA SOBRE EL PODER JUDICIAL
Las reformas propuestas ya se debaten en los tribunales. Muchos ven con buenos ojos la creación de nuevas cámaras de Casación y acuerdan con la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Otros sospechan de las intenciones del Gobierno.
Por Irina Hauser
Los jueces Alejandro Slokar, María Laura Garrigós de Rébori y Mariano Borinsky.
Están los jueces que festejaron los anuncios de reforma judicial de Cristina Kirchner casi como una victoria propia. Se sienten frente a un cambio de paradigma, ven con muy buenos ojos la creación de nuevas Cámaras de Casación y creen que la Presidenta dio en la tecla al impulsar la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, aunque duden en algunos casos sobre la “incompatibilidad” de que los magistrados se postulen para ser consejeros a través de partidos políticos. El debate está abierto, es espinoso, es novedoso, y encuentra también a los que ven un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Página/12 recogió algunas de las impresiones que estos días inundan los tribunales.
Alejandro Slokar, camarista de Casación Penal y activo participante de “Justicia legítima”, es de los que celebran, como “un modelo innovador” y “democratizador”, el proyecto que habilitaría la participación popular en el Consejo. “La democracia participativa es un concepto superador. ¿Por qué sólo los abogados pueden elegir al consejero abogado? ¿Por qué solo los rectores pueden nominar a un académico? ¿Y los jueces a los jueces? No es que la ciudadanía va a elegir directamente a los jueces, sino a los que van a seleccionar a esos jueces”, explica. Aunque no está claro cómo se implementaría esa votación, hay una suposición general de que deberían presentarse en elecciones junto con algún partido político o en una lista que, de un modo u otro necesitará financiamiento y campaña.
–¿No le hace ni un poquito de ruido?
–No, para nada. A los que les molesta que el común de la gente elija miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos jueces que hagan campaña, es porque tienen una tara corporativa.
“Hay que pensarlo bien. No me imagino a los jueces haciendo campaña para ganar un lugar en el Consejo.
¿Cómo sería el financiamiento sin que implicara compromisos futuros, o sea, manteniendo la independencia?”, duda la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. “Lo que no estaría mal –señala– es que se incorporen consejeros que no sean abogados.” Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, es determinante: “El juez debería estar abstraído de la política, no estoy de acuerdo. Los demás estamentos, abogados, académicos, sí pueden hacer campaña y que los vote el pueblo”.
“Para que a los consejeros los elija el pueblo no es imprescindible que tengan una identidad política. Los jueces hacen campaña en la Asociación de Magistrados, cuando se eligen autoridades, y hasta se pasean por los canales de televisión. No veo mal que la gente sepa qué posición tiene un juez. Lo que me hace dudar es que el Reglamento para la Justicia les prohíbe la afiliación política”, analizó la camarista del fuero de Seguridad Social Victoria Pérez Tognola, también a favor de que haya consejeros de otras disciplinas. “Imagino que puede generar un cambio importante que el ciudadano se sienta partícipe y responsable de la Justicia”, resumió.
“Creo que hoy ya es democrática la elección de los consejeros y están representados los partidos mayoritarios”, contrapone el juez de tribunal oral Miguel Angel Caminos, ex presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, alineado con la lista oficialista de la entidad. Luis Cabral, el actual titular de la asociación, dijo ayer que la elección popular de consejeros “no es compatible con la Constitución”. “La Constitución –-señaló– habla de que (los consejeros jueces) son representantes de los jueces y a los representantes de alguien los elige ese alguien.”
El anuncio de la Presidenta de su intención de crear cámaras de Casación en varios fueros también es motivo de debate. “Puede ayudar a descongestionar a la Corte Suprema, que su función quede reservada a revisar el respeto de las garantías constitucionales y mejorar su calidad”, sostuvo Borinsky. Aunque la Presidenta no lo dijo, todo el mundo presume que crear varias casaciones pretende modificar el “control de constitucionalidad difuso” que existe en la actualidad, donde cualquier juez puede fallar sobre la constitucionalidad de una ley. La idea que subyace es que si se descarga de trabajo a los jueces supremos, se podrán dedicar al control de constitucionalidad y no hará falta crear un tribunal constitucional (lo que requiere una reforma de la Carta Magna).
Dos jueces que prefirieron hablar desde el anonimato creen que en realidad el objetivo de crear varias casaciones es recortar poder a la Corte Suprema. “No lo veo así, al contrario, favorece a la Corte: le alivia trabajo y se puede dedicar a su función rectora, se garantiza la revisión constitucional y la satisfacción de los derechos de las partes. Para eso hacen falta estos organismos intermedios”, sostiene Slokar. “Este modelo intermedio surge de Augusto Morello, una especie de Zaffaroni del procesalismo, que decía, textual, que ‘nadie puede negar la conveniencia de organizar un filtraje razonable y previsible’”, instruye el camarista. “No se trata de unificar la jurisprudencia sino de evitar la injusticia”, sostiene Slokar, tras explicar que hay cientos de expedientes que la Corte rechaza sin siquiera mirar.
“Poner una instancia equivale a extender y demorar los procesos judiciales”, opina Caminos. “La doble instancia está asegurada en todos los fueros. La propia Corte fue ampliando la revisión de recursos extraordinarios, con la doctrina que acepta analizar la arbitrariedad de los casos. Pero ya lo está revirtiendo”, dice. En cambio reclama que se cree una Casación (que en rigor está creada y sus cargos concursados, pero el proceso de selección paralizado) para el fuero Penal ordinario. “Hoy una sentencia en la única Casación Penal que hay puede tardar tres o cuatro años”, advierte. A la inversa, Pérez Tognola cree que “las casaciones agilizarían los expedientes, soluciona, podrían resolver con más premura planteos que podrían estar años en la Corte”. Garrigós de Rébori acota que, con un buen sistema que permita controlar la gestión de tribunales y juzgados, la tercera instancia debería servir para acelerar.
Los jueces que prefieren no identificarse dicen también que lo único que le interesa al Gobierno es crear tribunales con jueces afines, en fueros donde –además– se tramitan juicios contra el Estado, como el Contencioso y el Civil y Comercial. Garrigós de Rébori responde: “Se me hace difícil presuponer que un jefe de Estado que plantea semejantes reformas judiciales quiera actuar de mala fe. ¿Cuál sería la ganancia? Es corto de vista. Prefiero pensar que tiene una proyección de mejora”.
Fuente:Pagina12
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DOS MIRADAS COINCIDENTES
El fiscal Jorge Auat opinó ayer que las iniciativas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ayudarán a legitimar un Poder que está desprestigiado”, mientras que su colega Félix Crous dijo que “permitirán dar un salto democratizador y descolonizador de la Justicia”.
Auat, quien está a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, apuntó que “la única forma de romper con el espíritu corporativo es incorporando a sectores de la sociedad que no pertenecen a la corporación”.
“La patología del sistema judicial está vinculado directamente al espíritu corporativo”, afirmó Auat. Crous, quien conduce la flamante Procuraduría adjunta especializada en Narcotráfico, calificó de “muy acertada” la propuesta de ampliar la composición del Consejo de la Magistratura hacia otras disciplinas además de abogados y académicos, y también la de elección por voto popular de sus miembros. “Revela una mirada sofisticada y estratégica superior sobre el asunto”, afirmó el fiscal.
Fuente:Pagina12
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COMO ABRIR LAS VENTANAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES
Hay un país, ahí afuera
Como nunca antes, todo ha sido puesto en cuestión en los tribunales. En una misma semana fijaron posición el presidente de la Corte Suprema, varios centenares de jueces y funcionarios y la presidente CFK. A partir del conflicto con el Grupo Clarín, que insiste en desconocer una ley, se plantea una revisión amplia del sistema judicial. Democratización y politización, dos términos en apariencia antagónicos para describir el mismo proceso.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Sandra Cartasso
Nunca antes la Justicia (o, dicho en términos terrenales, el Poder Judicial) había sido tema de debate político y cultural en la Argentina y pocas veces lo fue en otros lugares. Que un asunto del que siempre se encargaron pocos especialistas aparezca como eje de la discusión pública es un hecho único, uno más de los que se han ido eslabonando en la última década, donde todas las verdades inmutables son interpeladas, con irreverencia y pasión, con disputas de vecinos y con propuestas de alto vuelo, si se reformatea el par binario que presentó Ricardo Lorenzetti. El martes en la inauguración del año judicial, el miércoles y el jueves entre los autoconvocados de “Justicia legítima”, el viernes durante el discurso presidencial en el Congreso alentaba un clima fundacional, o constituyente, si no hubiera temor a la confusión. Así lo constató con asombro el juez de la Audiencia de Portugal y de la asociación de Magistrados Europeos por las Libertades, Antonio Cluny, quien dijo a sus colegas argentinos que nunca en el mundo había visto algo similar.
Orden de mérito
Esto es en parte mérito del gobierno, que en 2003 impulsó el saneamiento de los tribunales con la remoción constitucional de la mayoría automática de amigos, socios, parientes y encubridores que había sembrado el menemismo. También adoptó procedimientos transparentes y participativos para la designación de sus reemplazantes y del resto de los jueces federales, que Néstor Kirchner tomó del documento “Una Corte para la Democracia”, elaborado en lo peor de la crisis por siete organizaciones de la sociedad (que, pese a todos esos cambios, la Justicia siga siendo opaca y corporativa también le da la razón a la lógica central de aquel documento: el problema no es el mero reemplazo del personal; lo que no funciona es el sistema). Pero ningún liderazgo político hubiera acometido esa tarea de no haber existido una previa demanda social atronadora, relación de causa/efecto que vale para casi todas las políticas de la década. En 2002 sólo faltaron trece votos para destituir en juicio político a su presidente, Julio Nazareno, y cada semana ese tribunal abocado a tapar chanchullos y a reducir derechos y garantías recibía la visita de centenares de personas que incluían a sus miembros en la exigencia de que se vayan todos. Kirchner sembró en terreno bien abonado, como intenta hacer ahora Cristina. En el orden de méritos, no debe excluirse a la propia Corte Suprema, cuya nueva conformación es uno de los logros más valiosos de la crisis de fin de siglo. Bajo las sucesivas presidencias de Enrique Petracchi y de Lorenzetti, impulsó cambios positivos como fueron las políticas de transparencia (publicidad de la circulación de los expedientes; obligación del presidente de fijar fecha del acuerdo en que el Tribunal tratará los asuntos trascendentes; publicación de todas las sentencias y acuerdos en Internet e inclusión en las sentencias de los datos de las partes, de sus abogados y de los tribunales que intervinieron antes; creación de una base de datos con los abogados que actúan ante la Corte; audiencias con los jueces sólo con la presencia de la contraparte para evitar los alegatos informales; creación de un centro de información pública). La Corte también reglamentó el procedimiento para presentar amicus curiae y la publicación de un listado con los casos trascendentes donde la ciudadanía se pueda presentar y retomó el activismo judicial (que había ejercido entre 1983 y 1989) sobre algunas temáticas en las que sus fallos derivaron en leyes o decisiones políticas, como la actualización automática de las jubilaciones, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a raíz de un fallo del tribunal, la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires o la limpieza del Riachuelo. Además identificó problemas que afectaban garantías en materia penal (casos Di Nuncio, Casal, Gramajo, Llerena), otorgó un mayor reconocimiento de la legitimación colectiva para la presentación de acciones judiciales, mostró formas atípicas de construcción conjunta de soluciones, entre actores estatales y no estatales, y defendió derechos de los trabajadores y de sus representantes sindicales. Del mismo modo, la realización de audiencias públicas en casos de gran importancia institucional se ha convertido en una práctica habitual y de apertura de la Justicia a la sociedad. En estos años emitió fallos clarificadores sobre el derecho a la interrupción del embarazo en casos no punibles y la tenencia de estupefacientes para consumo personal y profundizó la aplicación obligatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Pero también es cierto que en casos de gran trascendencia la Corte quedó apresada en una maraña de intereses corporativos que la paralizó.
Estridente sonó
Sobra decir que la divisoria de aguas fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Grupo Clarín consiguió empantanar en los tribunales durante demasiado tiempo. Hace ya cinco años que la confrontación con ese holding que guía al conjunto del poder económico y de la oposición política ha sido el gran ordenador de todas las relaciones. En ese proceso, el gobierno ha recuperado cuotas importantes de poder político y electoral y ha definido con mayor precisión su rumbo y sus objetivos. Lorenzetti se pronunció varias veces contra la judicialización de conflictos que debería resolver la política, pero parece forzado considerar este pleito dentro de tal definición. Promulgada la ley en septiembre de 2009, la Corte dilató la definición todo lo que pudo. Pero la victoria de Cristina en 2011 acotó los márgenes para la actitud ambigua del tribunal, definición que Lorenzetti no acepta y propone reemplazar por posición de equilibrio. La decisión del gobierno de sincerar el conflicto, desnudando intereses de los camaristas en lo Civil y Comercial que se negaron a excusarse más allá de lo razonable y fallaron en propia causa, puso a la Corte en una encrucijada de la que salió por el peor camino: el respaldo ciego a los camaristas y la atribución al gobierno de todos los males. Lorenzetti habla de pluralismo y debates, pero actúa como si la Justicia fuera un cuerpo homogéneo y unido. No somos una corporación sino un poder del Estado, dijo en la cena de los magistrados, dando por hecho lo que debería ser pero no es. Por seguir esta ficción, terminó alinéandose con el sector tradicional que defiende privilegios estamentales y cuestionando como presión indebida recursos procesales y políticos que no son extravagantes en el procedimiento judicial. El gobierno tenía motivos bien fundados para recusar a varios de los camaristas y promover el juicio político de otros y ni aún así pudo impedir un fallo cantado en contra del interés general. Este abroquelamiento en defensa de la infalibilidad magisterial provocó la reacción inevitable en sectores judiciales muy significativos que no se reconocen en esa concepción monárquica y que trabajan en los tribunales sin perder conciencia de que hay un país allí afuera, del que provienen y al cual deben servir, por más que ellos mismos también formen parte de un sector privilegiado. Así nacieron las dos solicitadas de “Justicia Legítima” y la convocatoria que se concretó en dos inéditas jornadas en la Biblioteca Nacional esta semana. La descalificación de los asistentes como Jueces K es un reduccionismo burdo, que la oposición repite sin advertir que esas anteojeras hacen más escabroso su tránsito por la realidad. En primer lugar, porque un número llamativo de quienes orientan este movimiento tienen mayor afinidad con el radicalismo o con la izquierda, como Julio Maier, José Massoni, Alicia Ruiz, Beinusz Szmukler, Alberto Binder, Mario Magariños, Gustavo Bruzzone, Daniel Morín, Matilde Bruera o Luis Niño. De hecho, intentaron una movida similar en los primeros años del alfonsinismo, que no prosperó porque aquel gobierno eludió las batallas de fondo, y debieron llamarse a silencio ante el tsunami de la década siguiente, cuando el populismo de derecha se alió con los conservadores más reaccionarios para imponer una hegemonía nefasta. Si la propuesta presidencial de democratización reforzó la capacidad de convocatoria de este sector, la visibilidad de los defensores de una Justicia legítima brinda un sitio de arraigo a los proyectos de ley que Cristina anunció en el Congreso. Lorenzetti no parece haber comprendido el significado de esta convocatoria y sólo atinó a adelantarse 24 horas, celebrando en febrero el sesquicentenario que la Corte recién cumplirá en octubre. Más allá de los modos episcopales de su discurso, con un párrafo para cada audiencia, subestimó a Cristina, al dejarle la última palabra. Sentado en el Congreso nada menos que al lado de Daniel Scioli, escuchó los proyectos presidenciales sobre la Justicia con la mirada perdida de incredulidad, como George W. Bush una mañana de septiembre de 2001 en una escuela primaria de Florida. En cambio, su colega Raúl Zaffaroni escuchaba con aire de satisfacción. Sólo Facundo Moyano parecía más ensimismado que Lorenzetti: debe costarle entender cómo llegó a quedar en la vereda de enfrente de un proyecto político con el que no tiene diferencias conceptuales de fondo. El hermetismo del juez no permite saber con certeza si sus razones son tan distintas. En todo caso, su retorno a posiciones más razonables no debería resultarle tan difícil como al hijo del camionero.
El reencuentro
Con más de mil participantes a lo largo de dos jornadas, la Biblioteca Nacional presenció un reencuentro muy interesante. Había referentes muy fuertes del garantismo (que Cristina desdeñó el viernes en el tramo menos feliz de su prédica judicial), pero sin la ingenuidad que en el pasado caracterizó su relación con la política, y representantes de las nuevas camadas, con menor presencia de las justicias provinciales. Además de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que abrió las jornadas con el mejor discurso, y de la Defensora General Stella Maris Martínez, que las cerró, estuvieron entre los referentes explícitos los fiscales Jorge Auat, Félix Crous y Javier De Luca, que no por casualidad han actuado en causas por crímenes de lesa humanidad, igual que el juez Mario Portela; la integrante del Superior Tribunal porteño Alicia Ruiz y el juez de Casación Alejandro Slokar. Gils Carbó se posicionó como jefa de los fiscales, con líneas de análisis económico aprendidas de su director de maestría en Flacso, Eduardo Basualdo, orientada en forma muy explícita a la batalla contra las corporaciones, que durante años libró en las condiciones más desventajosas como fiscal ante la Cámara del escándalo. Pero también mencionó la responsabilidad del Estado en la afectación de derechos y las posibilidades del ministerio público en la defensa de esos “intereses generales de la sociedad” como le encomienda el artículo 120 de la Constitución. La ausencia de la Procuradora y de la Defensora General en el acto de Lorenzetti completaba el mensaje. El valor de los paneles fue muy desparejo, pero en todos prevaleció una saludable horizontalidad, estilo democrático y apertura hacia ese país que queda fuera de los tribunales. De ese modo se discutieron cuestiones que no están en la agenda convencional, como los mecanismos de ingreso a la Justicia, los sistemas de promociones y disciplina; la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No sólo se cuestionó el ingreso de los empleados sin exámenes, sino también la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías. Se criticó la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro. La oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias fueron señaladas como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros. También se planteó el registro estadístico de la gestión, la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la publicidad de la agenda de los jueces para que se conozca con quiénes se reúnen y el conocimiento del destino de lo recaudado con la tasa judicial. Hubo propuestas sobre la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir; la participación de la sociedad en el consejo de la magistratura y la extensión de estos debates a las provincias. Parecía que acabara de producirse el big-bang y el magma aún ardiera, antes de adquirir su nueva forma.
Los proyectos
En el discurso más extenso de su gobierno, Cristina dejó para el final sus propuestas de democratización judicial y anunció el envío de varios proyectos de reforma. Algunos reflejan las propuestas de Justicia Legítima, como el acceso a la carrera por examen, la publicidad en Internet de las declaraciones juradas de todos los jueces y el registro de causas que permita saber al instante dónde y en qué etapa está cada expediente. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes. Ninguno de sus anuncios corporizó los fantasmas de la reforma constitucional, la elección popular de los jueces o la limitación temporal de sus mandatos. En cambio sorprendió con la idea de someter al voto de la sociedad la designación de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, incluyendo a los jueces y los abogados; la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; la reglamentación de las medidas cautelares para que no puedan oponerse al Estado en casos de mero contenido patrimonial; la fijación de plazos para los pronunciamientos de la Corte Suprema y el cambio de la responsabilidad del Estado. Ninguna opinión definitiva puede adelantarse sin conocer la letra de los proyectos, pero todos exhalan un aroma que a algunos les huele a democratización y a otros a politización. Ninguno muestra a priori ostensibles vicios constitucionales y varios tienden a destrabar el funcionamiento judicial. La Constitución no dice que los jueces y los abogados deban ser elegidos sólo por sus pares ni hay motivos institucionales para descalificar la participación ciudadana en ese proceso. Sí hay razones políticas, como se aprecia en los reparos de políticos, periodistas y académicos de la oposición que, como les corresponde, se oponen. Lo mismo vale para la anunciada creación de una tercera instancia de Casación en cada fuero, que puede servir para cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de una Corte Constitucional, variable con todas las ventajas de la que proponía Zaffaroni y ninguna de sus contraindicaciones, ya que la Corte seguirá teniendo la última palabra. Pero el proceso de selección de los nuevos jueces de Casación será más lento y complejo de lo que suponen los titulares estridentes de la prensa del sábado, como lo demuestra el caso de la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida. El proyecto sobre el que menos se sabe es el de responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, ya que circulan dos versiones distintas: la de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil, que permite demandar al Estado como a cualquier particular, y la del ministerio de Justicia, que somete esa responsabilidad a las normas y principios del derecho administrativo. Cualquier norma debería contemplar la reparación integral a las violaciones a los derechos humanos, que para la Corte Interamericana no se limita a una indemnización compensatoria, sino que abarca la restitución al estado anterior de la violación, la rehabilitación, y las medidas para que no se repitan. El proyecto ministerial no es la solución más tranquilizadora para los ciudadanos privados de su libertad, que son víctimas habituales de tales abusos. Tanto los planteos de Justicia Legítima como los de CFK tienden a incidir en la relación institucional entre el poder político y el sistema de Justicia, pero poco dicen sobre la respuesta de la Justicia a los diversos conflictos propios de la exclusión social y la violencia, para que la ética del respeto a los vulnerables no se confunda con la doctrina Tenembaum-Lanata sobre el más débil. El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso ante las víctimas de Once, Cromañón, la violencia institucional. En este punto, Lorenzetti sí tiene algo para decir. Tal vez pocos pasos bien meditados bastarían para salvar lo que hoy parece un abismo.
Del dicho al hecho
Por Horacio Verbitsky
En su discurso del miércoles, Lorenzetti colocó a los derechos humanos en el centro del “gran modelo constitucional propio” que postula. En ceremonias anteriores y en un libro había dicho que los juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Eso le valió la inquina de amigos y familiares de los militares detenidos, que por las redes sociales convocaron a hostigarlo. Pero no alcanzaron quórum y Lorenzetti pudo agradecer la ovación de sus bases, sin dejar el estrado por un largo rato. Ese fracaso de los alborotadores da razón al magistrado cuando dice que estos juicios forman parte de un consenso que “nadie puede ya impedir”. No es un logro menor, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se pronunciaron por esos crímenes 354 condenas y 35 absoluciones. Esta proporción demuestra la legalidad de los procesos, de modo que nadie sea condenado sin pruebas. Este modelo argentino de Justicia de transición se opone con éxito al sudafricano, que canjeó impunidad por información. Pero de esas 354 condenas sólo 14 están firmes, una porque el condenado no apeló y 13 porque el fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En cambio, las restantes 340 condenas están pendientes de confirmación, 111 de la Corte Suprema y 229 de alguna Cámara Federal. En 2012 la renovada Cámara de Casación, donde fueron designados cuatro nuevos jueces, confirmó 19 sentencias, más de las que había tratado durante la gestión de Bisordi y demás esperpentos. En cambio la Corte sigue siendo el embudo donde se atascan los reclamos de Justicia. En 2012 sólo confirmó dos sentencias, llegando así a un parvo total de nueve, con una demora promedio de dos años y medio desde la finalización del debate, que se duplica si se cuenta desde el comienzo de la instrucción. Por esta dejadez numerosos sentenciados mueren antes de la finalización del proceso, inocentes para la ley, impunes para la sociedad. La Corte ni siquiera tiene cómo controlar el estado de las causas, a las que sólo puede acceder por el número que ella misma les asigna al recibirlas. Entre las condenas no confirmadas están las de Santiago Omar Riveros (89 años), Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Róvere (87), Juan Manuel Bayón (86), Luciano Benjamín Menéndez y Benito Bignone (85), así como las pronunciadas por las masacres de Margarita Belén y de Palomitas, los crímenes cometidos en la Quinta de Funes, el circuito policial Atlético-Banco-Olimpo, el feudo de la SIDE denominado Automotores Orletti, Campo de Mayo, la cárcel y las comisarías de La Plata, la jefatura de policía de Santa Fe, la base aeronaval de Trelew, La Escuelita de Neuquén y la base aérea de Palomar. También están muriendo por su avanzada edad muchas de las víctimas y sus familiares, degradación adicional a las que ya les impuso el Estado. No es mucho pedir que, entre viajes y ceremonias, la Corte Suprema se haga tiempo para cumplir con su parte en el Contrato Social de los Argentinos.
Fuente:Pagina12
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Ante un cambio de paradigma
LOS JUECES FRENTE A LOS ANUNCIOS DE LA PRESIDENTA SOBRE EL PODER JUDICIAL
Las reformas propuestas ya se debaten en los tribunales. Muchos ven con buenos ojos la creación de nuevas cámaras de Casación y acuerdan con la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Otros sospechan de las intenciones del Gobierno.
Por Irina Hauser
Los jueces Alejandro Slokar, María Laura Garrigós de Rébori y Mariano Borinsky.
Alejandro Slokar, camarista de Casación Penal y activo participante de “Justicia legítima”, es de los que celebran, como “un modelo innovador” y “democratizador”, el proyecto que habilitaría la participación popular en el Consejo. “La democracia participativa es un concepto superador. ¿Por qué sólo los abogados pueden elegir al consejero abogado? ¿Por qué solo los rectores pueden nominar a un académico? ¿Y los jueces a los jueces? No es que la ciudadanía va a elegir directamente a los jueces, sino a los que van a seleccionar a esos jueces”, explica. Aunque no está claro cómo se implementaría esa votación, hay una suposición general de que deberían presentarse en elecciones junto con algún partido político o en una lista que, de un modo u otro necesitará financiamiento y campaña.
–¿No le hace ni un poquito de ruido?
–No, para nada. A los que les molesta que el común de la gente elija miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos jueces que hagan campaña, es porque tienen una tara corporativa.
“Hay que pensarlo bien. No me imagino a los jueces haciendo campaña para ganar un lugar en el Consejo.
¿Cómo sería el financiamiento sin que implicara compromisos futuros, o sea, manteniendo la independencia?”, duda la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. “Lo que no estaría mal –señala– es que se incorporen consejeros que no sean abogados.” Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, es determinante: “El juez debería estar abstraído de la política, no estoy de acuerdo. Los demás estamentos, abogados, académicos, sí pueden hacer campaña y que los vote el pueblo”.
“Para que a los consejeros los elija el pueblo no es imprescindible que tengan una identidad política. Los jueces hacen campaña en la Asociación de Magistrados, cuando se eligen autoridades, y hasta se pasean por los canales de televisión. No veo mal que la gente sepa qué posición tiene un juez. Lo que me hace dudar es que el Reglamento para la Justicia les prohíbe la afiliación política”, analizó la camarista del fuero de Seguridad Social Victoria Pérez Tognola, también a favor de que haya consejeros de otras disciplinas. “Imagino que puede generar un cambio importante que el ciudadano se sienta partícipe y responsable de la Justicia”, resumió.
“Creo que hoy ya es democrática la elección de los consejeros y están representados los partidos mayoritarios”, contrapone el juez de tribunal oral Miguel Angel Caminos, ex presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, alineado con la lista oficialista de la entidad. Luis Cabral, el actual titular de la asociación, dijo ayer que la elección popular de consejeros “no es compatible con la Constitución”. “La Constitución –-señaló– habla de que (los consejeros jueces) son representantes de los jueces y a los representantes de alguien los elige ese alguien.”
El anuncio de la Presidenta de su intención de crear cámaras de Casación en varios fueros también es motivo de debate. “Puede ayudar a descongestionar a la Corte Suprema, que su función quede reservada a revisar el respeto de las garantías constitucionales y mejorar su calidad”, sostuvo Borinsky. Aunque la Presidenta no lo dijo, todo el mundo presume que crear varias casaciones pretende modificar el “control de constitucionalidad difuso” que existe en la actualidad, donde cualquier juez puede fallar sobre la constitucionalidad de una ley. La idea que subyace es que si se descarga de trabajo a los jueces supremos, se podrán dedicar al control de constitucionalidad y no hará falta crear un tribunal constitucional (lo que requiere una reforma de la Carta Magna).
Dos jueces que prefirieron hablar desde el anonimato creen que en realidad el objetivo de crear varias casaciones es recortar poder a la Corte Suprema. “No lo veo así, al contrario, favorece a la Corte: le alivia trabajo y se puede dedicar a su función rectora, se garantiza la revisión constitucional y la satisfacción de los derechos de las partes. Para eso hacen falta estos organismos intermedios”, sostiene Slokar. “Este modelo intermedio surge de Augusto Morello, una especie de Zaffaroni del procesalismo, que decía, textual, que ‘nadie puede negar la conveniencia de organizar un filtraje razonable y previsible’”, instruye el camarista. “No se trata de unificar la jurisprudencia sino de evitar la injusticia”, sostiene Slokar, tras explicar que hay cientos de expedientes que la Corte rechaza sin siquiera mirar.
“Poner una instancia equivale a extender y demorar los procesos judiciales”, opina Caminos. “La doble instancia está asegurada en todos los fueros. La propia Corte fue ampliando la revisión de recursos extraordinarios, con la doctrina que acepta analizar la arbitrariedad de los casos. Pero ya lo está revirtiendo”, dice. En cambio reclama que se cree una Casación (que en rigor está creada y sus cargos concursados, pero el proceso de selección paralizado) para el fuero Penal ordinario. “Hoy una sentencia en la única Casación Penal que hay puede tardar tres o cuatro años”, advierte. A la inversa, Pérez Tognola cree que “las casaciones agilizarían los expedientes, soluciona, podrían resolver con más premura planteos que podrían estar años en la Corte”. Garrigós de Rébori acota que, con un buen sistema que permita controlar la gestión de tribunales y juzgados, la tercera instancia debería servir para acelerar.
Los jueces que prefieren no identificarse dicen también que lo único que le interesa al Gobierno es crear tribunales con jueces afines, en fueros donde –además– se tramitan juicios contra el Estado, como el Contencioso y el Civil y Comercial. Garrigós de Rébori responde: “Se me hace difícil presuponer que un jefe de Estado que plantea semejantes reformas judiciales quiera actuar de mala fe. ¿Cuál sería la ganancia? Es corto de vista. Prefiero pensar que tiene una proyección de mejora”.
Fuente:Pagina12
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DOS MIRADAS COINCIDENTES
El fiscal Jorge Auat opinó ayer que las iniciativas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ayudarán a legitimar un Poder que está desprestigiado”, mientras que su colega Félix Crous dijo que “permitirán dar un salto democratizador y descolonizador de la Justicia”. Auat, quien está a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, apuntó que “la única forma de romper con el espíritu corporativo es incorporando a sectores de la sociedad que no pertenecen a la corporación”.
“La patología del sistema judicial está vinculado directamente al espíritu corporativo”, afirmó Auat. Crous, quien conduce la flamante Procuraduría adjunta especializada en Narcotráfico, calificó de “muy acertada” la propuesta de ampliar la composición del Consejo de la Magistratura hacia otras disciplinas además de abogados y académicos, y también la de elección por voto popular de sus miembros. “Revela una mirada sofisticada y estratégica superior sobre el asunto”, afirmó el fiscal.
Fuente:Pagina12
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COMO ABRIR LAS VENTANAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES
Hay un país, ahí afuera
Como nunca antes, todo ha sido puesto en cuestión en los tribunales. En una misma semana fijaron posición el presidente de la Corte Suprema, varios centenares de jueces y funcionarios y la presidente CFK. A partir del conflicto con el Grupo Clarín, que insiste en desconocer una ley, se plantea una revisión amplia del sistema judicial. Democratización y politización, dos términos en apariencia antagónicos para describir el mismo proceso.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Sandra Cartasso
Nunca antes la Justicia (o, dicho en términos terrenales, el Poder Judicial) había sido tema de debate político y cultural en la Argentina y pocas veces lo fue en otros lugares. Que un asunto del que siempre se encargaron pocos especialistas aparezca como eje de la discusión pública es un hecho único, uno más de los que se han ido eslabonando en la última década, donde todas las verdades inmutables son interpeladas, con irreverencia y pasión, con disputas de vecinos y con propuestas de alto vuelo, si se reformatea el par binario que presentó Ricardo Lorenzetti. El martes en la inauguración del año judicial, el miércoles y el jueves entre los autoconvocados de “Justicia legítima”, el viernes durante el discurso presidencial en el Congreso alentaba un clima fundacional, o constituyente, si no hubiera temor a la confusión. Así lo constató con asombro el juez de la Audiencia de Portugal y de la asociación de Magistrados Europeos por las Libertades, Antonio Cluny, quien dijo a sus colegas argentinos que nunca en el mundo había visto algo similar.
Orden de mérito
Esto es en parte mérito del gobierno, que en 2003 impulsó el saneamiento de los tribunales con la remoción constitucional de la mayoría automática de amigos, socios, parientes y encubridores que había sembrado el menemismo. También adoptó procedimientos transparentes y participativos para la designación de sus reemplazantes y del resto de los jueces federales, que Néstor Kirchner tomó del documento “Una Corte para la Democracia”, elaborado en lo peor de la crisis por siete organizaciones de la sociedad (que, pese a todos esos cambios, la Justicia siga siendo opaca y corporativa también le da la razón a la lógica central de aquel documento: el problema no es el mero reemplazo del personal; lo que no funciona es el sistema). Pero ningún liderazgo político hubiera acometido esa tarea de no haber existido una previa demanda social atronadora, relación de causa/efecto que vale para casi todas las políticas de la década. En 2002 sólo faltaron trece votos para destituir en juicio político a su presidente, Julio Nazareno, y cada semana ese tribunal abocado a tapar chanchullos y a reducir derechos y garantías recibía la visita de centenares de personas que incluían a sus miembros en la exigencia de que se vayan todos. Kirchner sembró en terreno bien abonado, como intenta hacer ahora Cristina. En el orden de méritos, no debe excluirse a la propia Corte Suprema, cuya nueva conformación es uno de los logros más valiosos de la crisis de fin de siglo. Bajo las sucesivas presidencias de Enrique Petracchi y de Lorenzetti, impulsó cambios positivos como fueron las políticas de transparencia (publicidad de la circulación de los expedientes; obligación del presidente de fijar fecha del acuerdo en que el Tribunal tratará los asuntos trascendentes; publicación de todas las sentencias y acuerdos en Internet e inclusión en las sentencias de los datos de las partes, de sus abogados y de los tribunales que intervinieron antes; creación de una base de datos con los abogados que actúan ante la Corte; audiencias con los jueces sólo con la presencia de la contraparte para evitar los alegatos informales; creación de un centro de información pública). La Corte también reglamentó el procedimiento para presentar amicus curiae y la publicación de un listado con los casos trascendentes donde la ciudadanía se pueda presentar y retomó el activismo judicial (que había ejercido entre 1983 y 1989) sobre algunas temáticas en las que sus fallos derivaron en leyes o decisiones políticas, como la actualización automática de las jubilaciones, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a raíz de un fallo del tribunal, la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires o la limpieza del Riachuelo. Además identificó problemas que afectaban garantías en materia penal (casos Di Nuncio, Casal, Gramajo, Llerena), otorgó un mayor reconocimiento de la legitimación colectiva para la presentación de acciones judiciales, mostró formas atípicas de construcción conjunta de soluciones, entre actores estatales y no estatales, y defendió derechos de los trabajadores y de sus representantes sindicales. Del mismo modo, la realización de audiencias públicas en casos de gran importancia institucional se ha convertido en una práctica habitual y de apertura de la Justicia a la sociedad. En estos años emitió fallos clarificadores sobre el derecho a la interrupción del embarazo en casos no punibles y la tenencia de estupefacientes para consumo personal y profundizó la aplicación obligatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Pero también es cierto que en casos de gran trascendencia la Corte quedó apresada en una maraña de intereses corporativos que la paralizó.
Estridente sonó
Sobra decir que la divisoria de aguas fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Grupo Clarín consiguió empantanar en los tribunales durante demasiado tiempo. Hace ya cinco años que la confrontación con ese holding que guía al conjunto del poder económico y de la oposición política ha sido el gran ordenador de todas las relaciones. En ese proceso, el gobierno ha recuperado cuotas importantes de poder político y electoral y ha definido con mayor precisión su rumbo y sus objetivos. Lorenzetti se pronunció varias veces contra la judicialización de conflictos que debería resolver la política, pero parece forzado considerar este pleito dentro de tal definición. Promulgada la ley en septiembre de 2009, la Corte dilató la definición todo lo que pudo. Pero la victoria de Cristina en 2011 acotó los márgenes para la actitud ambigua del tribunal, definición que Lorenzetti no acepta y propone reemplazar por posición de equilibrio. La decisión del gobierno de sincerar el conflicto, desnudando intereses de los camaristas en lo Civil y Comercial que se negaron a excusarse más allá de lo razonable y fallaron en propia causa, puso a la Corte en una encrucijada de la que salió por el peor camino: el respaldo ciego a los camaristas y la atribución al gobierno de todos los males. Lorenzetti habla de pluralismo y debates, pero actúa como si la Justicia fuera un cuerpo homogéneo y unido. No somos una corporación sino un poder del Estado, dijo en la cena de los magistrados, dando por hecho lo que debería ser pero no es. Por seguir esta ficción, terminó alinéandose con el sector tradicional que defiende privilegios estamentales y cuestionando como presión indebida recursos procesales y políticos que no son extravagantes en el procedimiento judicial. El gobierno tenía motivos bien fundados para recusar a varios de los camaristas y promover el juicio político de otros y ni aún así pudo impedir un fallo cantado en contra del interés general. Este abroquelamiento en defensa de la infalibilidad magisterial provocó la reacción inevitable en sectores judiciales muy significativos que no se reconocen en esa concepción monárquica y que trabajan en los tribunales sin perder conciencia de que hay un país allí afuera, del que provienen y al cual deben servir, por más que ellos mismos también formen parte de un sector privilegiado. Así nacieron las dos solicitadas de “Justicia Legítima” y la convocatoria que se concretó en dos inéditas jornadas en la Biblioteca Nacional esta semana. La descalificación de los asistentes como Jueces K es un reduccionismo burdo, que la oposición repite sin advertir que esas anteojeras hacen más escabroso su tránsito por la realidad. En primer lugar, porque un número llamativo de quienes orientan este movimiento tienen mayor afinidad con el radicalismo o con la izquierda, como Julio Maier, José Massoni, Alicia Ruiz, Beinusz Szmukler, Alberto Binder, Mario Magariños, Gustavo Bruzzone, Daniel Morín, Matilde Bruera o Luis Niño. De hecho, intentaron una movida similar en los primeros años del alfonsinismo, que no prosperó porque aquel gobierno eludió las batallas de fondo, y debieron llamarse a silencio ante el tsunami de la década siguiente, cuando el populismo de derecha se alió con los conservadores más reaccionarios para imponer una hegemonía nefasta. Si la propuesta presidencial de democratización reforzó la capacidad de convocatoria de este sector, la visibilidad de los defensores de una Justicia legítima brinda un sitio de arraigo a los proyectos de ley que Cristina anunció en el Congreso. Lorenzetti no parece haber comprendido el significado de esta convocatoria y sólo atinó a adelantarse 24 horas, celebrando en febrero el sesquicentenario que la Corte recién cumplirá en octubre. Más allá de los modos episcopales de su discurso, con un párrafo para cada audiencia, subestimó a Cristina, al dejarle la última palabra. Sentado en el Congreso nada menos que al lado de Daniel Scioli, escuchó los proyectos presidenciales sobre la Justicia con la mirada perdida de incredulidad, como George W. Bush una mañana de septiembre de 2001 en una escuela primaria de Florida. En cambio, su colega Raúl Zaffaroni escuchaba con aire de satisfacción. Sólo Facundo Moyano parecía más ensimismado que Lorenzetti: debe costarle entender cómo llegó a quedar en la vereda de enfrente de un proyecto político con el que no tiene diferencias conceptuales de fondo. El hermetismo del juez no permite saber con certeza si sus razones son tan distintas. En todo caso, su retorno a posiciones más razonables no debería resultarle tan difícil como al hijo del camionero.
El reencuentro
Con más de mil participantes a lo largo de dos jornadas, la Biblioteca Nacional presenció un reencuentro muy interesante. Había referentes muy fuertes del garantismo (que Cristina desdeñó el viernes en el tramo menos feliz de su prédica judicial), pero sin la ingenuidad que en el pasado caracterizó su relación con la política, y representantes de las nuevas camadas, con menor presencia de las justicias provinciales. Además de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que abrió las jornadas con el mejor discurso, y de la Defensora General Stella Maris Martínez, que las cerró, estuvieron entre los referentes explícitos los fiscales Jorge Auat, Félix Crous y Javier De Luca, que no por casualidad han actuado en causas por crímenes de lesa humanidad, igual que el juez Mario Portela; la integrante del Superior Tribunal porteño Alicia Ruiz y el juez de Casación Alejandro Slokar. Gils Carbó se posicionó como jefa de los fiscales, con líneas de análisis económico aprendidas de su director de maestría en Flacso, Eduardo Basualdo, orientada en forma muy explícita a la batalla contra las corporaciones, que durante años libró en las condiciones más desventajosas como fiscal ante la Cámara del escándalo. Pero también mencionó la responsabilidad del Estado en la afectación de derechos y las posibilidades del ministerio público en la defensa de esos “intereses generales de la sociedad” como le encomienda el artículo 120 de la Constitución. La ausencia de la Procuradora y de la Defensora General en el acto de Lorenzetti completaba el mensaje. El valor de los paneles fue muy desparejo, pero en todos prevaleció una saludable horizontalidad, estilo democrático y apertura hacia ese país que queda fuera de los tribunales. De ese modo se discutieron cuestiones que no están en la agenda convencional, como los mecanismos de ingreso a la Justicia, los sistemas de promociones y disciplina; la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No sólo se cuestionó el ingreso de los empleados sin exámenes, sino también la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías. Se criticó la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro. La oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias fueron señaladas como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros. También se planteó el registro estadístico de la gestión, la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la publicidad de la agenda de los jueces para que se conozca con quiénes se reúnen y el conocimiento del destino de lo recaudado con la tasa judicial. Hubo propuestas sobre la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir; la participación de la sociedad en el consejo de la magistratura y la extensión de estos debates a las provincias. Parecía que acabara de producirse el big-bang y el magma aún ardiera, antes de adquirir su nueva forma.
Los proyectos
En el discurso más extenso de su gobierno, Cristina dejó para el final sus propuestas de democratización judicial y anunció el envío de varios proyectos de reforma. Algunos reflejan las propuestas de Justicia Legítima, como el acceso a la carrera por examen, la publicidad en Internet de las declaraciones juradas de todos los jueces y el registro de causas que permita saber al instante dónde y en qué etapa está cada expediente. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes. Ninguno de sus anuncios corporizó los fantasmas de la reforma constitucional, la elección popular de los jueces o la limitación temporal de sus mandatos. En cambio sorprendió con la idea de someter al voto de la sociedad la designación de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, incluyendo a los jueces y los abogados; la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; la reglamentación de las medidas cautelares para que no puedan oponerse al Estado en casos de mero contenido patrimonial; la fijación de plazos para los pronunciamientos de la Corte Suprema y el cambio de la responsabilidad del Estado. Ninguna opinión definitiva puede adelantarse sin conocer la letra de los proyectos, pero todos exhalan un aroma que a algunos les huele a democratización y a otros a politización. Ninguno muestra a priori ostensibles vicios constitucionales y varios tienden a destrabar el funcionamiento judicial. La Constitución no dice que los jueces y los abogados deban ser elegidos sólo por sus pares ni hay motivos institucionales para descalificar la participación ciudadana en ese proceso. Sí hay razones políticas, como se aprecia en los reparos de políticos, periodistas y académicos de la oposición que, como les corresponde, se oponen. Lo mismo vale para la anunciada creación de una tercera instancia de Casación en cada fuero, que puede servir para cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de una Corte Constitucional, variable con todas las ventajas de la que proponía Zaffaroni y ninguna de sus contraindicaciones, ya que la Corte seguirá teniendo la última palabra. Pero el proceso de selección de los nuevos jueces de Casación será más lento y complejo de lo que suponen los titulares estridentes de la prensa del sábado, como lo demuestra el caso de la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida. El proyecto sobre el que menos se sabe es el de responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, ya que circulan dos versiones distintas: la de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil, que permite demandar al Estado como a cualquier particular, y la del ministerio de Justicia, que somete esa responsabilidad a las normas y principios del derecho administrativo. Cualquier norma debería contemplar la reparación integral a las violaciones a los derechos humanos, que para la Corte Interamericana no se limita a una indemnización compensatoria, sino que abarca la restitución al estado anterior de la violación, la rehabilitación, y las medidas para que no se repitan. El proyecto ministerial no es la solución más tranquilizadora para los ciudadanos privados de su libertad, que son víctimas habituales de tales abusos. Tanto los planteos de Justicia Legítima como los de CFK tienden a incidir en la relación institucional entre el poder político y el sistema de Justicia, pero poco dicen sobre la respuesta de la Justicia a los diversos conflictos propios de la exclusión social y la violencia, para que la ética del respeto a los vulnerables no se confunda con la doctrina Tenembaum-Lanata sobre el más débil. El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso ante las víctimas de Once, Cromañón, la violencia institucional. En este punto, Lorenzetti sí tiene algo para decir. Tal vez pocos pasos bien meditados bastarían para salvar lo que hoy parece un abismo.
Del dicho al hecho
Por Horacio Verbitsky
En su discurso del miércoles, Lorenzetti colocó a los derechos humanos en el centro del “gran modelo constitucional propio” que postula. En ceremonias anteriores y en un libro había dicho que los juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Eso le valió la inquina de amigos y familiares de los militares detenidos, que por las redes sociales convocaron a hostigarlo. Pero no alcanzaron quórum y Lorenzetti pudo agradecer la ovación de sus bases, sin dejar el estrado por un largo rato. Ese fracaso de los alborotadores da razón al magistrado cuando dice que estos juicios forman parte de un consenso que “nadie puede ya impedir”. No es un logro menor, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se pronunciaron por esos crímenes 354 condenas y 35 absoluciones. Esta proporción demuestra la legalidad de los procesos, de modo que nadie sea condenado sin pruebas. Este modelo argentino de Justicia de transición se opone con éxito al sudafricano, que canjeó impunidad por información. Pero de esas 354 condenas sólo 14 están firmes, una porque el condenado no apeló y 13 porque el fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En cambio, las restantes 340 condenas están pendientes de confirmación, 111 de la Corte Suprema y 229 de alguna Cámara Federal. En 2012 la renovada Cámara de Casación, donde fueron designados cuatro nuevos jueces, confirmó 19 sentencias, más de las que había tratado durante la gestión de Bisordi y demás esperpentos. En cambio la Corte sigue siendo el embudo donde se atascan los reclamos de Justicia. En 2012 sólo confirmó dos sentencias, llegando así a un parvo total de nueve, con una demora promedio de dos años y medio desde la finalización del debate, que se duplica si se cuenta desde el comienzo de la instrucción. Por esta dejadez numerosos sentenciados mueren antes de la finalización del proceso, inocentes para la ley, impunes para la sociedad. La Corte ni siquiera tiene cómo controlar el estado de las causas, a las que sólo puede acceder por el número que ella misma les asigna al recibirlas. Entre las condenas no confirmadas están las de Santiago Omar Riveros (89 años), Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Róvere (87), Juan Manuel Bayón (86), Luciano Benjamín Menéndez y Benito Bignone (85), así como las pronunciadas por las masacres de Margarita Belén y de Palomitas, los crímenes cometidos en la Quinta de Funes, el circuito policial Atlético-Banco-Olimpo, el feudo de la SIDE denominado Automotores Orletti, Campo de Mayo, la cárcel y las comisarías de La Plata, la jefatura de policía de Santa Fe, la base aeronaval de Trelew, La Escuelita de Neuquén y la base aérea de Palomar. También están muriendo por su avanzada edad muchas de las víctimas y sus familiares, degradación adicional a las que ya les impuso el Estado. No es mucho pedir que, entre viajes y ceremonias, la Corte Suprema se haga tiempo para cumplir con su parte en el Contrato Social de los Argentinos.
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