Esta medida había sido solicitada por los trabajadores del Ente Público a su Órgano Ejecutivo, que define y ejecuta las políticas de memoria en la ex Esma.
Carlos Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma, el principal productor de azúcar y papel obra del país, fue procesado por el juez federal que subroga el tribunal de Jujuy, por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón. El 27 de julio de 1976 se produjo el corte del suministro eléctrico en todo el departamento de General San Martín, mientras policías, gendarmes, militares, con vehículos proporcionados por la empresa Ledesma, allanaron y saquearon viviendas en dicha localidad y la de Calilegua; y secuestraron a más de cuatrocientos trabajadores, estudiantes y profesionales. Como resultado de ese operativo, treinta trabajadores de la empresa continúan desaparecidos.
Asimismo, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Fernando Poviña, también dispuso el procesamiento de Blaquier por tres hechos criminales en el marco de la causa “Aredez”, en la que se investiga el secuestro y desaparición del médico Luis Aredez, quien fuera intendente electo de Libertador General San Martín hasta el golpe de Estado.
“Luego del procesamiento de Blaquier resulta procedente que el Ente Público, se abstenga de adquirir productos y/o de contratar servicios de la empresa Ledesma S.A.A.I., ya que sería contradictorio que un organismo que tiene la responsabilidad de rescatar la memoria sobre lo ocurrido durante el período del terrorismo de estado, y luchar por la verdad y la justicia, favorezca a una empresa beneficiaria del genocidio argentino y con semiplena prueba de participación directa en el mismo”, destaca la resolución del Ente. Esta disposición también se hace extensiva a las demás firmas que integran su grupo empresarial -Glucovil Argentina S.A.; UTE – Aguaragüe; Citrusalta S.A.; Franquicias Azucareras S.A; etc-, en toda su gama de productos: azúcar, papel para impresión, cuadernos, repuestos escolares, frutas y jugos cítricos, carne, cereales, alcohol, bioetanol, jarabes y almidones de maíz, etc. Y se requiere a los proveedores que se abstengan de utilizar productos de dicha empresa en la provisión de artículos y/o la prestación de los servicios para los que fueren contratados por el Ente Público.
La resolución está firmada por los tres integrantes del Órgano Ejecutivo del Ente Público: Carlos Pisoni por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en representación del Estado Nacional; Beinusz Szmukler por el Instituto Espacio para la Memoria, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Leonardo Fossati, por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos. Este Ente tiene por objeto la promoción y defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria sobre el terrorismo de Estado, como políticas públicas tendientes a evitar la repetición de crímenes de lesa humanidad y la impunidad en la Argentina, y tiene como misión la definición y ejecución de las políticas de memoria en la ex ESMA, como asimismo la re-funcionalización de la totalidad de ese predio.
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