Por Luis Bastús
LA CAUSA CONTRA TRECE REPRESORES DEL BATALLON 121 DE INTELIGENCIA
Argumentos para que empiece el juicio
El Tribunal Oral Federal nº 1 suspendió hasta agosto el inicio del juicio con el argumento de que "se torna imposible llevarlo adelante simultáneamente" con la denominada causa San Lorenzo. Apelan a la Cámara de Casación Penal contra esta decisión.
Por Luis Bastús
Alvaro Baella representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acudió a la Cámara de Casación Penal contra la decisión del Tribunal Oral Federal nº 1 (TOF 1) de Rosario de suspender hasta agosto el juicio contra trece represores del Batallón 121 de Inteligencia que debía haber empezado el jueves 21 para dictar sentencia sobre delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención la Calamita, Quinta de Funes, la Intermedia, Escuela Magnasco y Fábrica Militar de Armas. Reclaman el inicio urgente de las audiencias, cuya suspensión configura "un caso de gravedad institucional" que viola acuerdos internacionales sobre derechos humanos y que abre la posibilidad de que haya imputados que logren recuperar la libertad antes del juicio al que deben llegar bajo prisión preventiva.
El escrito presentado ante la instancia superior de la Justicia Federal, antesala de la Corte Suprema de la Nación, lo firman el abogado Alvaro Baella, por la Secretaría de Derechos Humanos, y su colega Carolina Ibáñez, en representación de la querellante Sabrina Gullino. Reclaman que comience ya la causa "Porra, Ariel Zenón y otros sobre privación ilegal de la libertad, torturas y desaparición" en la que están procesados el referido ex agente de inteligencia, Héctor Marino González, Alberto Pelliza, Jorge Pérez Blanco, Juan Andrés Cabrera, Joaquín Gurrera, y Carlos Sfulcini; más Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano, y Eduardo Costanzo; todos miembros de la patota que perpetró secuestros, torturas y desapariciones en jurisdicción del Batallón 121 de Inteligencia. Los cinco últimos ya fueron condenados a prisión perpetua en 2010, durante el primer juicio que se realizó en Rosario por delitos de lesa humanidad. Había otro imputado en esta causa, Walter Roscoe, pero murió el año pasado por un aneurisma, en Misiones, donde cumplía arresto domiciliario.
Para que el juicio empiece, el planteo ante Casación reclama la anulación del dictamen expedido el 28 de febrero pasado, cuando el tribunal compuesto por Ricardo Vázquez, Laura Cosidoy y Otmar Paulucci resolvió aplazar el inicio de la causa en la que se investiga una segunda parte de la represión ilegal en los dominios del II Cuerpo de Ejército. El mismo TOF 1 había fijado el año pasado que el 21 de marzo comenzaran las audiencias del juicio oral y público. Pero el 28 de febrero último suspendió la medida y la corrió para el 9 de agosto. Una de las razones esgrimidas por el tribunal ha sido la simultaneidad con el desarrollo del juicio contra el ex jefe del Batallón de Arsenales 121 Fray Luis Beltrán, Rubén Cervera, el ex oficial Horacio Maderna y el ex funcionario municipal de San Lorenzo Pedro Rodríguez, por el secuestro y tormentos sufridos por el ex titular del Sindicato Municipal de esa ciudad, Manuel Casado. "Ambas audiencias deberán desarrollarse en las instalaciones de este tribunal oral, lo que torna imposible llevarlas adelante simultáneamente", dijeron los jueces. Y alegaron que continúan, además, con el trámite de otras causas. No obstante, reconocieron que tanto la causa "Porra, Zenón" y la causa "Rodríguez, Pedro" "son integradas por distintos jueces de Paraná y Rosario".
"No se comprende -reprocharon los querellantes en el recurso de Casación- cómo habiendo ocho jueces diferentes, con una Secretaría de Derechos Humanos específica, no pueden llevar adelante dos juicios de delitos de lesa humanidad en forma simultánea, más aún sabiendo que uno de ellos es un juicio donde se juzga los delitos sufridos por una sola víctima, Manuel Casado, lo que hace presumir que no demandará el nivel de complejidad de otros procesos", indicaron.
Además, Baella e Ibáñez marcaron que el TOF 1 hace tres años que no realiza un debate oral en este tipo de causas. El último concluyó en abril de 2010 y fue la primera sentencia contra represores en Rosario. Y advirtieron a la Cámara de Casación que ya en otras ocasiones se ofrecieron otros espacios físicos idóneos para realizar las audiencias de estos juicios, hasta el recinto del Concejo Municipal, incluso.
El escrito interpuesto interpreta que el aplazamiento del juicio que ya debería estar en curso representa "una verdadera situación de denegación de justicia". El riesgo latente es el vencimiento de las prisiones preventivas que pesan sobre varios de los imputados y que fueron prorrogadas nuevamente antes del 15 de marzo pasado, cuando iban a prescribir. "No es conveniente seguir prorrogando cada seis meses las prisiones preventivas porque existe el riesgo de que los imputados apelen al pacto de San José de Costa Rica y recuperen la libertad. Es imprescindible juzgarlos ya", exigió la abogada Ibáñez.
Fuente:Rosario12
RECLAMAN JUZGAR EN CONJUNTO LA REPRESION DEL CORDON INDUSTRIAL DE SAN LORENZO
Una foto no muestra la película
La semana pasada comenzó en Rosario el juicio por el secuestro del dirigente gremial Manuel Casado. Pero la fiscalía y los querellantes sostienen que un debate por un hecho no permite conocer la verdad ni establecer la responsabilidad de los culpables.
Organizaciones de derechos humanos frente a los tribunales al inicio del juicio sobre Manuel Casado.Imagen: Télam
El general Agustín Lanusse y Ricardo Balbín lo llamaban el “cinturón rojo del Paraná” mientras que el asesinado obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, le puso el cuerpo a las luchas obreras del cordón industrial de San Lorenzo. La dictadura cívico-militar se cobró allí decenas de víctimas, pero hasta ahora sólo uno de esos casos llegó a ser juzgado en la instancia oral y pública. Se trata del juicio por el secuestro y tormentos sufridos por el dirigente gremial Manuel Casado, que tiene como imputados a los ex militares Horacio Maderna y Osvaldo Cervera, y al civil Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, que comenzó el viernes 22 de marzo y en el cual la fiscal Mabel Colalongo pedirá la unificación con los demás casos de la llamada “causa de los trabajadores”, que aún está en etapa de investigación.
“En esta causa (conocida como causa San Lorenzo) sólo se han incorporado los hechos que afectaron a una sola de las víctimas del cordón industrial, y están ausentes todos los operarios, obreros especializados, militantes sociales y estudiantiles que fueron blanco de la represión ilegal, incluso antes del golpe formal del 24 de marzo de 1976”, había argumentado Colalongo en su momento y volverá a hacerlo el 11 de abril, cuando tenga lugar la próxima audiencia del juicio.
“Un debate por un hecho, de los cientos que ejecutó el brazo armado (Fuerzas Armadas) de los intereses económicos de los empresarios argentinos, torna ilusorio el mencionado derecho a la verdad, consecuentemente el de justicia y ni hablar de la obligación de determinar la identidad de los responsables, las circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y la aplicación de la debida sanción a los partícipes en cualquier calidad de la comisión de delitos de lesa humanidad”, agregó la fiscal. La queja no es sólo de Colalongo, sino también de los querellantes y familiares de la causa que todavía está en etapa de instrucción, por 17 muertos y desaparecidos. “Resulta absolutamente imposible establecer la verdadera responsabilidad de los requeridos en la violación masiva a los derechos humanos que sufrieron los operarios, obreros, estudiantes y militantes sociales del llamado ‘cinturón rojo del Paraná’, como le solía decir el presidente de facto entre 1971 y 1973 Alejandro Agustín Lanusse, para referirse a la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín, por la importancia de la actividad industrial”, expuso la fiscal, y enumeró las empresas que integran ese centro fabril, entre ellas Acindar, Somisa, Jabón Kopp y Celulosa Argentina.
En el escrito con el cual pretende que sean agregados los demás casos al juicio que comenzó, la fiscal expresó que “además de la actividad política y sindical de operarios, obreros especializados, en su mayoría contrarios a las acciones desplegadas por los burócratas sindicales de turno, se sumaba la actividad de los referentes barriales, vecinales, la militancia de jóvenes estudiantes secundarios, en particular de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 y del Colegio Nacional de San Lorenzo, integrantes de organizaciones sociales que conformaron, entre otras, la agrupación Evita, Peronismo de Base y una importante actividad de gremios estatales, en particular del Sindicato de Trabajadores Municipales”. La fiscal quiere poner en evidencia que si se juzgara el conjunto de las violaciones a los derechos humanos y no un caso aislado “se podría demostrar el vínculo de los sectores económicos con la dictadura”.
Por su parte, los organismos de derechos humanos indicaron que el de Casado será un juicio “parcializado que no juzgará los tormentos sufridos dentro de la coherente estructura del plan sistemático, sino que intentarán reducirlo a un hecho aislado”. El Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial reclama, en definitiva, la unificación de la causa San Lorenzo con la de los Trabajadores.
Fuente:Pagina12
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