Un magistrado suspendido
Hooft está acusado de visitar centros clandestinos a partir de su relación con el jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda. Deberá prestar declaración indagatoria el próximo miércoles ante el juez federal Martín Bava.
El subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén en un cuarto intermedio del jurado de enjuiciamiento.Imagen: Télam
Hooft está acusado de visitar centros clandestinos a partir de su relación con el jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda, símbolo del terrorismo de Estado en Mar del Plata. Marta García, esposa del abogado Jorge Candeloro, le gritó su nombre y el de su marido cuando vio al juez en la comisaría 4ª, a la que llegó tras su cautiverio en La Cueva. Pese a que tenía en su despacho los hábeas corpus presentados por los familiares de los abogados laboralistas secuestrados en La Noche de las Corbatas en julio de 1977, el juez hizo oídos sordos y ni la miró. En la causa consta que Hooft intercedió ante Barda para lograr la liberación de Camilo Ricci, uno de los abogados secuestrados por el Ejército, pero no hizo ninguna diligencia a partir de los hábeas corpus e incluso rechazó un recurso a favor de Candeloro, pese a tener constancias de que había sido detenido por la Policía Federal en Neuquén y trasladado con su esposa a Mar del Plata. Tres meses después, cuando Barda le envió un comunicado en el que informaba que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro fue abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”, el juez no pidió explicaciones, no investigó la muerte y ni siquiera pidió el cadáver para entregarlo a su familia. Los documentos que prueban su actuación cómplice durante la dictadura, que Hooft negaba tener en su poder, fueron descubiertos treinta años después en el archivo de su juzgado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.
En mayo de 2006 el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó la querella criminal contra Hooft. Un mes después la Comisión Provincial, la Federación Judicial, la CTA y organismos de derechos humanos de Mar del Plata pidieron que se iniciara el juicio político. Desde entonces y hasta ayer, en base a recusaciones, excepciones y artilugios legales combinados con óptimos contactos en la corporación judicial, Hooft burló con éxito ambos procesos. El respaldo de la gran familia judicial volvió a quedar en evidencia ayer en una “defensa pública” que un centenar de “magistrados, jueces y abogados” publicaron en el diario La Capital de Mar del Plata.
“En general la Justicia mantiene los lobbies tapados, se esconde detrás de los pasillos de los tribunales y de los rituales formales de esa justicia anquilosada”, llamó la atención Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “La complicidad con el golpe cívico-militar-religioso todavía tiene los tentáculos muy bien montados para soportar el embate de la democratización”, advirtió el ex fiscal de Bahía Blanca durante una conferencia de prensa para anunciar la suspensión de Hooft. “Es muy fuerte el poder de estas corporaciones judiciales, vinculadas con el poder económico y sectores militares de resabio que aún actúan, como denunciamos ante la desaparición de Julio López”, recordó.
“Es muy importante que la suspensión haya sido votada por unanimidad, marca que se comprende la gravedad del caso”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén, quien definió el rol de Hooft como “la pata judicial del terrorismo de Estado” en Mar del Plata. El funcionario de la secretaría que conduce Martín Fresneda dijo sentir “mucha pena” por la solicitada que publicaron jueces y abogados para apoyar a un imputado por delitos de lesa humanidad. “Es querer defender lo indefendible y demuestra una vez más la necesidad de democratizar el Poder Judicial”, enfatizó.
El titular de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mar del Plata, Carlos Díaz, anunció a su turno la convocatoria a una movilización a tribunales el día de la indagatoria. “Estamos convencidos de que esto no es una pelea sólo judicial, queda de manifiesto en la solicitada de adhesión. Esto es una pelea política que estamos dando contra el Opus Dei. Hooft es un hijo dilecto del Opus Dei y ellos han ganado estos siete años de impunidad para Hooft”, advirtió.
El jurado de enjuiciamiento que suspendió a Hooft y que preside Hitters estuvo integrado por los conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello, y los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Fue denunciado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos. Repercusiones.
Por fin, después de mucha dilaciones, suspendieron al juez Pedro Hooft, que será indagado en marzo
El subsecretario Luis Alén aguarda la histórica resolución de una jugada que comenzó hace siete años
La Plata.- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió hoy por unanimidad suspender en sus funciones al juez de Mar del Plata Pedro Federico Hooft, acusado de participar en delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad durante la última dictadura cívico militar. La medida la adoptó hoy el jurado que preside el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y que integran además los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello y los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic. Hablan Luis Alén, Carlos Fernández Díaz y María Fernanda Raverta.
Por fin, después de mucha dilaciones, suspendieron al juez Pedro Hooft, que será indagado en marzo
La Plata.- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió hoy por unanimidad suspender en sus funciones al juez de Mar del Plata Pedro Federico Hooft, acusado de participar en delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad durante la última dictadura cívico militar. La medida la adoptó hoy el jurado que preside el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y que integran además los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello y los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic. Hablan Luis Alén, Carlos Fernández Díaz y María Fernanda Raverta.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, el jurado resolvió también por unanimidad rechazar las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y el planteo de Hooft de ser oído en la audiencia que se realizó hoy en el edificio de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La suspensión En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, el jurado resolvió también por unanimidad rechazar las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y el planteo de Hooft de ser oído en la audiencia que se realizó hoy en el edificio de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.del magistrado -que conlleva también el embargo del 40 por ciento de su sueldo, según lo establece la ley-posibilitará que Hooft deba presentarse a prestar declaración indagatoria el 13 de marzo en Mar del Plata, en una causa que le sigue la justicia federal.
El jury contra Hooft había sido iniciado en 2006, pero fue demorado por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la reunión de hoy, el jurado de enjuiciamiento ratificó que existe mérito para formar causa ”por las denuncias presentadas por el fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y los representantes de Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones Políticas y Sociales.
Los Familiares, acusadores en el jury y querellantes en la causa penal, consideran a Hooft partícipe de crímenes de lesa humanidad por visitar los centros clandestinos de detención, pudiendo ser advertida su presencia por Marta García de Candeloro quien le solicitó ayuda, y éste la ignoró.
Marta García y su esposo Jorge Candeloro, ambos abogados, fueron secuestrados en junio de 1977 y llevados al ccd conocido como "La Cueva", en la base aérea de Camet, dónde él parece haber muerto durante una sesión de tortura (su cuerpo nunca apareció).
El jurado determinó además que las audiencias del jury contra Hooft, que aún no tienen fecha de comienzo, se realizarán en dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Tras la resolución del Jury, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, dijo a Télam que "por fin, después de tantos años empieza a terminar este proceso que hace más de siete años venimos impulsando con los familiares de víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires".
Alén sostuvo que "nos parece bueno que finalmente se haya constituido este juzgado de enjuiciamiento y que hoy haya tomado algunas resoluciones que dan inicio a este proceso, como el pedido de suspensión, que permitirá que Hooft sea sometido a proceso como corresponde."
"Éste es un paso gigantesco en la consolidación de la justicia, la memoria y la verdad en Mar del Plata, que es una ciudad que tanto sufrió y que todavía padece a Hooft como juez", remarcó.
El funcionario, aseguró que "desde que Néstor Kirchner, con decisión política, impulsó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de esa manera centró los derechos humanos como uno de los ejes de su gobierno y que hoy lo ha afianzado y profundizado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedó claro que hay una decisión de rescatar los fundamentos éticos del Estado en sus tres poderes".
El presidente de la asociación de Familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia, Carlos Fernández Díaz, dijo a Télam que "estamos persuadidos de que vamos a lograr descolgar el cuadro de Videla en Mar del Plata que significa Hooft en sus funciones.
Hoy logramos la suspensión y vamos a lograr que se le quiten sus fueros, que pase de imputado a acusado, y que termine en cárcel como partícipe necesario del genocidio".
"La Noche de las Corbatas no hubiera sido posible si Hooft no hubiera sido el juez de turno", siguió diciendo Fernández Díaz. "Estamos convocando a una movilización el día 13 de marzo en el juzgado 1 de Mar del Plata, donde Hooft va a ser sentado al banquillo de los acusados y el juez (Federal) Martín Baba determinará cómo lo procesa".
"Vamos a pedir una precautoria para que no pueda alejarse del Partido de General Pueyrredón y un pedido de cárcel preventiva, porque Hooft es un hombre que ha demostrado que tiene mucha capacidad de operación dentro de la aristocrática corporación judicial de Mar del Plata. Debe estar detenido, porque si no va a entorpecer la causa", concluyó el dirigente de "Familiares".
Por su parte, la diputada provincial del Frente para la Victoria e hija de desaparecidos, María Fernanda Raverta, aseguró que "ésta es una nueva ventana que se abre para que haya justicia, para que quienes colaboraron o fueron cómplices de que el Terrorismo de Estado hiciera de Mar del Plata una ciudad de oscuridad y tristeza reciban su condena. Se inicia una nueva etapa y tenemos una gran expectativa”.
Raverta permaneció junto a otros familiares de desaparecidos a las puertas de los tribunales platenses aguardando la resolución del jury.
"Vivimos este momento que permite que los responsables y aquellosque colaboraron con los responsables del terrorismo de Estado empiecen a estar imputados, con las perspectiva cierta de que sean procesados y condenados por lo que hicieroncon con mucho orgullo y emoción", expresó la legisladora, hija del empresario Mario Montoto y de María Inés Raverta, secuestrada en Perú en junio de 1980 en el marco del Plan Cóndor que hoy, precisamente, comenzó a ser juzgado en Buenos Aires.
María Inés Raverta era militante montonera de 33 años que fue secuestrada por una patota conjunta de militares peruanos y argentinos en el coqueto barrio limeño de Miraflores a plena luz del día, conducida al departamento que ocupaba donde también secuestraron a otro militante argentino, Julio César Ramírez. Torturada de muchas y variadas maneras, hay fuertes indicios que María Inés murió en el suplicio pero su cuerpo nunca apareció.
Su hija destacó hoy que “esta etapa histórica, este momento de verdad, memoria y justicia, es también un momento de alegría, por saber que esto tiene que ver con decisiones de personas como Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que vinieron a transformar la realidad”.
Fuente:Telam
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