MÉXICO.

jueves, 14 de marzo de 2013 
Competencia vs monopolios en reforma de telecomunicaciones mexicana 
Por Silvia Martínez (PL)
Romper el monopolio en las telecomunicaciones y abrir el sistema a la competencia, con mayor inversión extranjera y privada, distinguen la propuesta de reforma constitucional dirigida a la televisión, radio, telefonía y servicios de datos mexicanos.

La iniciativa, ahora en discusión en el Poder Legislativo, es promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y los cuatro partidos más importantes de la nación que conforman el Pacto por México el cual incluye 95 compromisos para sacar a la nación del inmovilismo en que se encuentra.

Las telecomunicaciones están en poder de unos pocos: Televisa y TV Azteca atesoran el 92,33 por ciento de las concesiones en el área televisiva. Mientras, Telmex domina el 90 por ciento del mercado de la telefonía fija, y Telcel el 70 de la móvil, concentradas en América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Los rezagos e inoperancia de la plataforma técnica instalada provocaron pérdidas económicas al Estado entre 2005 y 2009 de 129 mil millones de dólares, equivalente al 1,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), acorde con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz.

Ello explica el alcance de la nueva legislación, cuyos preceptos son calificados de novedosos porque van contra los "exagerados poderes fácticos", y por sus prometidos objetivos de asegurar cobertura nacional, precios asequibles y calidad en el servicio.

Diversas opiniones le atribuyen a la reforma valores como el de propiciar que las pautas informativas y gustos culturales en sus más diversas expresiones no queden en manos de unos pocos, y que el acceso a las nuevas tecnologías esté al alcance de la mayoría.

Empero, para garantizar su viabilidad las autoridades en la materia deben proteger la ley de resquicios que puedan ser aprovechados por nuevos competidores y concentrar mayores privilegios de los hasta ahora permitidos, a juicio de la coordinadora nacional de Foro Nuevo Sol, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón.

Además de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta, la reforma prevé elevar del 49 al 100 por ciento las inversiones privadas y extranjeras en telecomunicaciones (excepto en televisión solo hasta el 49 por ciento); y de cero a 49 en la radiodifusión.

La normativa incluye la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órgano rector, autónomo, con patrimonio propio y facultades de otorgar y revocar concesiones, potestad que hasta ahora solo tenía el Ejecutivo Federal.

Los siete miembros del Ifetel serán propuestos por el Presidente y un comité evaluador, y según se ha dicho serán expertos de probada capacidades, con el requisito de no haber trabajado en los últimos cinco años en las empresas de telecomunicaciones, para evitar que surjan conflictos de intereses.

La iniciativa de Decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en los Artículos 2, 3,6, y 7 y argumenta las razones de su valía con cifras comparativas en términos de ganancias económicas y ventajas competitivas de México con respecto al mundo.

Televisa, Telmex, Movistar y otras pocas entidades con privilegios de capital para acaparan las telecomunicaciones en México, han dicho que aceptan el reto de la competencia y reconocen la prometedora dinámica de desarrollo económico de la nueva legislación.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aprecia en la modificación constitucional una apertura a la democracia de los medios de comunicación y cambios en el manejo de ese sistema, lo cual constituye un reclamo de la izquierda desde hace mucho tiempo.

La iniciativa es producto de la alianza del Gobierno con partidos de la oposición y que se concrete en la esfera de las telecomunicaciones adquiere gran relevancia por su alcance en lo económico, político y social, en opinión de algunos expertos.

Cuando este martes el documento llegó a la Cámara de Diputados, la mitad de los legisladores hicieron fila para firmarlo, como expresión de adhesión.

Un día después esa instancia decidió acelerar el trámite y obviar en comisiones el balance técnico que aparecería en una ley secundaria, con el propósito de acortar la ruta -aunque se aclaró que sin perder calidad- y dar luz verde a la propuesta que deberá pasar al Senado y luego al pleno del Congreso.

Excepto el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, los demás grupos partidistas en el parlamento aprecian que la reforma podría quedar aprobada la semana próxima, según escribió el diario El Financiero en su espacio digital.

Este país tiene mucha prisa, hemos esperado demasiado para lograr una iniciativa de estas dimensiones, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo.

jueves, 14 de marzo de 2013 
Un periodista en el Senado 
Por Teodoro Rentería Arróyave
Desde que se agudizaron las agresiones a periodistas y medios de comunicación, precisamente en la docena trágica del panismo en el poder, que según contabilidad del gremio organizado de 2 mil a la fecha deja un saldo trágico de 121 homicidios: 102 periodistas, 9 trabajadores de la prensa, 7 familiares, 2 amigos de comunicadores y ahora 1 civil, además de 19 desapariciones forzadas pendiente de resolver, ahora tenemos un periodista en el Poder Legislativo para defendernos.

En efecto, después de que la Cámara de Diputados, en tres legislaturas integró un grupo y dos comisiones especiales, y en esta Legislatura en dos ocasiones se propuso y se rechazó, ahora el Senado de la República aprobó la Comisión Especial para dar seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación y eligió como su presidente al promotor de la misma el colega bajacaliforniano, Marco Antonio Blásquez Salinas.

Lo anterior significa que por primera vez en la historia legislativa un colega está al frente de la Comisión encargada de vigilar y exigir la protección de los comunicadores y de sus medios de comunicación. Estuvimos, como ya lo habíamos relatado, en la instalación de dicha Comisión, y después de nuestra intervención Marco Antonio Blásquez expresó en la solemne ceremonia que él era FAPERMEX, así es, es miembro muy distinguido de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos.

Lo que ahora queremos resaltar, es el trabajo inmediato de dicha Comisión Especial, como respuesta a las últimas agresiones a medios de comunicación.

En Conferencia de Prensa el Senador presidente anunció la propuesta legislativa para garantizar la protección integral de los medios de comunicación, realizada por el mencionado legislador y sus colegas Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Martha Palafox y Jesús Casillas.

Se trata, dijo el colega de promover una serie de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para preservar las libertades, porque consideramos que quien agravia a los medios, quien agravia a los periodistas y a los contenidos de los medios, está por supuesto agraviando las libertades. 

Vamos a proponer, agregó, particularmente las siguientes reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Artículo Siete, le vamos a adicionar la Fracción 11 Bis, consistente en que las instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

XI bis Participar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, según los estudios de evaluación correspondientes que se practiquen en los términos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En el Artículo 29, se propone que son funciones de la Conferencia Nacional de Secretario de Seguridad Pública: XVIII bis.

Proponer reglas para coadyuvar en la protección de las instalaciones de los medios masivos de comunicación en situación de riesgo, en los términos de esa Ley.

Es de esperase que el Pleno del Senado de la República apruebe la propuesta, ya que sin las medidas cautelares a que obliga la situación actual, estaremos los medios y los comunicadores a expensas de los enemigos de las libertades de prensa y expresión.

Todo esfuerzo para combatir la vergonzante impunidad, es desde luego bienvenida.

jueves, 14 de marzo de 2013 
El tema educativo 
Por Gerardo Fernández Casanova 
La Revolución Mexicana se confirmó como tal –es decir como revolución y como mexicana- por el enorme esfuerzo educativo de los años 20 a 40 del siglo XX; tales características se fueron diluyendo hasta que en 1988 Salinas decretó el punto final a la Revolución y el pase a segundo término de lo mexicano para insertarnos en la globalización. 

El maestro en los años gloriosos, hijo del que empuñó el fusil o el machete, tomó la estafeta con el libro y la palabra por arma redentora, enfrentando a curas y caciques del viejo régimen usufructuarios de la ignorancia y la superstición: tremenda lucha. La Guerra Cristera no dejó de ser una respuesta al programa educativo del gobierno revolucionario y el maestro objeto del escarnio de las huestes del oscurantismo. Así el maestro devino en líder social y promotor del cambio, luchador social por el rompimiento de las ataduras morales y económicas que sometían a los pueblos y barrios, siempre en abierto conflicto con el cura y el cacique. Mientras regía el régimen de la Revolución el maestro fue la punta de lanza y, en alguna medida, la carne de cañón del proceso; se le adjudicó el papel de impulsar la transformación. Maestro y gobierno en plena alianza. 

Perdido el ímpetu revolucionario a partir de 1940, la alianza comenzó a transformarse: gobierno patrón y maestro empleado; revolución institucionalizada y educación desmovilizadora. En 1943 se constituye el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para conducir la lucha laboral pero, principalmente, para controlar la fuerza adquirida por el magisterio en tanto que liderazgo social y ponerla al servicio electoral del régimen. La educación no dejó de ser compromiso prioritario de los gobiernos, pero su esencia cambió: de liberadora a mediatizadora. El maestro convertido en ejecutor de acciones centralmente decididas, uniformes y, obviamente, desligadas de la realidad local y sus peculiaridades. El choque no se hizo esperar y surgieron los conflictos, las más de las veces centrados en la materia de la relación obrero-patronal, pero siempre subyacente la diferente concepción del quehacer educativo y de la función de la educación pública. Así llegaron, por un lado gente como Othón Salazar y, del otro, los Jongitud y la Gordillo, éstos aliados indudables del régimen y su partido, eficaces acarreadores de votos y de privilegios, poseedores de una enorme capacidad de manipulación política. Planes van y vienen, reformas de ida y de regreso, pero el conflicto de fondo continúa y se agrava. 

Son innegables las serias deficiencias del sistema educativo; falla la concepción y falla la ejecución; se crea un círculo vicioso por el que se niega la capacidad creativa del docente y se le dictan metodologías a seguir, incluido el llenado de innumerables cuadros de informes, las más de las veces diseñados por burócratas centrales ignorantes de la realidad de la operación frente a grupo; luego vienen las evaluaciones con resultados desastrosos y se la achaca al mentor por las deficiencias, sólo por ser el hilo más delgado. La opinión pública, debidamente influida por los medios que privilegian a la educación privada, se hace eco de las críticas centradas en la persona del maestro. Me pregunto si tales críticos han sabido alguna vez lo que implica el trabajo del maestro al frente de un grupo de alumnos de primaria o secundaria, yo sí y juro no volverlo a hacer. El magisterio registra un pesado cúmulo de agravios, tanto en lo económico como en lo operacional; su única forma de protesta y lucha por sus legítimos intereses es el paro de labores y, entonces nuevamente la opinión pública se enfila contra ellos por afectar a los alumnos que no tienen por que pagar las consecuencias, en tanto que la autoridad responsable levanta los hombros y deja que los movimientos de protesta mueran por desgaste. 

El nuevo gobierno emprende una nueva reforma que innecesariamente eleva hasta el nivel constitucional. En realidad sólo aborda el tema de la relación entre el estado y el magisterio, importante sin duda, pero insuficiente ante el conflicto real. Con gran despliegue de propaganda se aborda un discurso atractivo en el sentido de mantener el carácter laico y de procurar la calidad en el esfuerzo público de la educación. Ya dieron el paso emblemático de someter a proceso judicial a la Gordillo, no por sus triquiñuelas que la hicieron dueña del sindicato más numeroso de América Latina, sino por el delito de lavado de dinero. Bueno, algo es algo, pero la reforma tendrá que replantear el concepto fundamental de la educación pública.
Fuente:Argenpress