Pablo Vassel pondera el enjuiciamiento al poder económico
"Si pudimos juzgar a Videla, amo de la vida y de la muerte, se puede juzgar a cualquiera"
Pablo Vassel, un joven funcionario que es clave en la coordinación de los juicios por delitos de lesa humanidad.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, consideró como un logro que la Justicia esté empezando a "meterse con el poder económico", con vinculación a muchos casos de desapariciones durante la dictadura cívico militar. En una entrevista con Télam, Vassel señaló como otro avance de la Justicia dar una mirada "más profunda y humana, y hasta de género" a muchas vejaciones que "antes se englobaban en la idea de tormentos y que hoy empiezan a clasificarse, como el caso de abusos sexuales y violaciones". Subrayó que ante estos logros, el desafío sigue siendo "terminar rápidamente" los juicios por delitos de lesa humanidad y, en este marco, mencionó la videoconferencia como herramienta que permitió que "muchos crímenes no quedaran impunes".
El titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, consideró como un logro que la Justicia esté empezando a "meterse con el poder económico", con vinculación a muchos casos de desapariciones durante la dictadura cívico militar. En una entrevista con Télam, Vassel señaló como otro avance de la Justicia dar una mirada "más profunda y humana, y hasta de género" a muchas vejaciones que "antes se englobaban en la idea de tormentos y que hoy empiezan a clasificarse, como el caso de abusos sexuales y violaciones". Subrayó que ante estos logros, el desafío sigue siendo "terminar rápidamente" los juicios por delitos de lesa humanidad y, en este marco, mencionó la videoconferencia como herramienta que permitió que "muchos crímenes no quedaran impunes".
"El gran desafío es terminar rápidamente los juicios, porque este proceso penal es reparatorio para las víctimas y tiene un enorme valor pedagógico para la sociedad", dijo Vassel en su oficina de la sede de Libertad 731 del Consejo de la Magistratura.
Más allá del desafío, Vassel destacó como un logro que la Justicia "esté metiéndose con el poder económico", con vinculación en muchas desapariciones, y citó los casos de Carlos Pedro Blacquier, titular del grupo Ledesma; Amalia Lacroze de Fortabat, la fallecida dueña de Loma Negra, las automotrices Ford y Mercedes Benz, y ex dueño de "Las Marías", Adolfo Navajas Artaza, todos ellos investigados por la Justicia por desapariciones en sus empresas.
"Si pudimos juzgar a (Jorge Rafael) Videla, amo de la vida y de la muerte de los argentinos durante mucho tiempo, se puede juzgar a cualquiera", dijo el funcionario del Consejo, ex secretario de Derechos Humanos en la provincia de Corrientes.
Pero Vassel reconoció que en este proceso el tiempo juega en contra, ya que tras los años perdidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, "han fallecido muchos represores, se han perdido pruebas".
"Olga Aredez, esposa del desaparecido intendente de Libertador General San Martín (donde se emplaza ingenio Ledesma) caminó sola en la plaza de su pueblo hasta su muerte. El juicio llegó después", recordó el militante por los Derechos Humanos desde su adolescencia, en la ciudad de Goya.
La Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura funciona desde 2009, administrando los recursos y herramientas para evitar obstáculos al avance de las causas por delitos de lesa humanidad, y asegurar resultados.
El funcionario mencionó entre las tareas que se realizan desde la unidad, "asegurar el financiamiento para el traslado de testigos y magistrados, el montaje de una videoconferencia en un consulado, en un hospital o en un domicilio, con las mismas garantías que en un tribunal". "Muchas causas contra represores de la dictadura hubiesen quedado impunes sin las videoconferencias", dijo Vassel.
La primera vez que se utilizó fue en el 2009, en la llamada "Causa Colombo", contra el ex gobernador de facto de Formosa general Juan Carlos Colombo. Según recordó Vassel, desde ese momento, "más de 20 imputados fueron juzgados a través de videoconferencias", 10 de ellos en hospitales, y "centenares de testigos y víctimas han declarado" en ciudades tan distantes como Asunción, San Pablo, Caracas, Miami, Washington, México, Madrid, Barcelona, Londres, parís, Estocolmo y Berna.
Vassel citó el caso de la mega causa Plan Cóndor que abarca a otras dictaduras de Sudamérica, y que requirió los testimonios de 40 testigos en Chile, 80 en Montevideo y 30 en Asunción, todos ellos a través de videoconferencias.
En este punto, Vassel apuntó que en Argentina se da una situación que no se dio en otros mega juicios por violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, y lo comparó con el juicio de Nuremberg, donde se creó un tribunal especial.
"En la Argentina, los juicios contra autores de delitos de lesa humanidad fueron llevados a cabo en tribunales comunes, lo que en cierta medida es una garantía porque el juez que condena es tambien el de ejecución", explicó.
Vassel mencionó también el rol que tiene la Unidad de Derechos Humanos del Consejo en cuanto a facilitar la logística para el óptimo desarrollo del juicio, por ejemplo cuando por la dimensión del mismo no alcanza una sala de un tribunal.
El funcionario del Consejo de la Magistratura citó el caso de la Masacre de Trelew, en la que la Unidad que dirige se encargó de que el juicio, por su magnitud, se realizara en el Cine Teatro de Rawson.
Otro caso --mencionó-- es el de los crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército, cuyo juicio tuvo lugar en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca.
Fuente:Telam
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