SALTA: Se reinicia el juicio por delitos de lesa humanidad-Militares y policías aportaron su cuota de falta de memoria- Piden que Ríos Ereñú sea investigado por detenciones ilegales en Tartagal-Avila dijo que Lona había designado 67 amigos en la Justicia Federal.

Se reinicia el juicio pordelitos de lesa humanidadPor Elena Corvalan

Tras semanas de paralización, motivada por el mal estado de la salud del militar Joaquín Cornejo Alemán, se prevé que el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Salta se reiniciará hoy, con testimonios referidos al secuestro y homicidio de Jorge René Santillán.

Precisamente, debido a que aún no se ha resuelto cómo seguirá el debate en relación a Cornejo Alemán (que fue segundo jefe del Regimiento en Salta cuando fue desaparecido el soldado Víctor Brizzi), el debate continuará con testimonios referidos a otros hechos, y que tienen a otros imputados. Por la desaparición de Santillán están siendo juzgados Carlos Alberto Mulhall (que fuera jefe del Ejército en Salta y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos) y Héctor Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal.

Santillán, que era dirigente de la Juventud Peronista, fue secuestrado de su casa en General Mosconi el 10 de agosto de 1976. Los hombres que lo buscaron dijeron ser de la Policía, pero se sabe que eran del Ejército. Ese mismo día restos de su cuerpo, que había sido sometido a una explosión, fueron encontrados en el camino a Acambuco.

El Tribunal Oral en lo Federal Cirminal ha convocado a 22 testigos para hoy, pero es casi una costumbre que nunca concurran todos los declarantes previstos. Una de las testigos convocadas debe declarar sobre la represión en la zona de Metán, de donde fue secuestrado el joven Reynaldo Isola, fue secuestrada  y torturada Juana Isabel López y fue asesinado el ex diputado provincial Luis Eduardo Risso Patrón.

También para mañana el TOF ha previsto testigos sobre otras causas: en este caso sobre los homicidios de Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Liendro Marcial Estopiñán, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia y las desapariciones hermanas Carmen Berta y Francisca Delicia Torres. También declarará un testigo sobre la detención ilegal y las torturas sufridas por Pablo Salomón Ríos.

 

Atilio

En la militancia Jorge René Santillán era conocido con el nombre de “Atilio”. Había nacido el 23 de abril de 1943, el sexto de ocho hermanos. Quienes lo conocieron lo describen como “un hombre muy lindo”, al que le gustaba jugar al fútbol y llegó a ser el arquero del Club Tablillas, de YPF, donde trabajaba hasta que la represión lo hizo despedir, poco antes de que lo secuestraran y mataran.

En Mosconi fue concejal y donaba su sueldo para que los empleados del gremio pudieran desayunar. Era secretario de la línea Ragone de la JP y era gremialista en YPF. En 1967 se casó con Irma Prado soñando con tener doce hijos. “Fui tan feliz así con él, los últimos dos años, dedicada al trabajo en YPF y al cuidado de mi familia, estábamos siempre juntos”, recuerda su mujer. Tuvieron cuatro hijos: Rosa Mercedes, Silvio René, Miriam Karina y Estela del Valle.

Megacausa por delitos de lesa humanidad 
Militares y policías aportaron su cuota de falta de memoria 

“Desconozco” y “no recuerdo” fueron tal vez las afirmaciones que más se repitieron ayer en la sala de grandes juicios “Doctor Miguel Ragone”, en la que se desarrolla el megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas antes y durante la última dictadura cívico militar. De todas maneras, quedó claro, una vez más, que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) prestó colaboración con vehículos y choferes para las tareas de la represión en el norte provincial. También quedó claro que los oficiales del Ejército ejercían mando sobre los policías.
El primero en declarar fue el teniente coronel retirado Héctor Fernando Petricic, que el 24 de marzo de 1976 prestaba servicios en el Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, y que fue nombrado interventor de la municipalidad de General Mosconi, por disposición del entonces jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado en este proceso por las muertes del médico Pedro Urueña y del dirigente peronista René Santillán.
Entre las pocas cosas que recordó, Petricic memoró que estuvo en el Regimiento hasta el 17 de mayo de 1976, cuando fue destinado a Tucumán, y que como interventor militar dictó una ordenanza “para preservar a la población de armas de fuego”.
A otras preguntas importantes, como quién era el interventor de YPF, o dónde eran alojados los detenidos o quiénes integraban la comunidad informativa para la represión o si sabía que René Santillán había sido dinamitado en Mosconi, el testigo solo respondió con el repetido “desconozco”.  Tanto repitió que, fastidiado, el querellante David Leiva le preguntó: “Por qué desconoce todo”.  Petricic dijo que no entendía algunas referencias como qué quería decirle cuando le preguntaba sobre “dispositivos contra la subversión”.  Y se defendió recordando que ya en su declaración en el juicio por el escribano Melitón Bustos había informado que perdió la memoria desde 2000 hacia atrás, por causa de una esquirla que recibió en Tucumán. Y desde entonces, dijo, su estado, su mala memoria, sigue agravándose. 
Leiva pidió entonces que se acredite la enfermedad del testigo. El defensor oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Ríos Ereñú, sostuvo que Petricic sufrió siete tumores cerebrales y que se lo curó con una droga que le hizo perder el recuerdo de los hechos anteriores a 2000, año de su tratamiento. El fiscal Ricardo Toranzos retrucó que el testigo tenía que haber aclarado esto en lugar de repetir “desconozco”, y atacó: quiso saber cómo es que recuerda que el teniente Luis Arnaldo Bruno integraba la plana mayor, una afirmación que el militar había realizado momentos antes. Petricic dijo que lo recordaba porque lo había charlado luego con Bruno, pero no pudo evitar que el fiscal siguiera marcándole recuerdos que son anteriores a 2000.
Más tarde, a instancias de las partes, el Tribunal intimó a Petricic a que entregue toda la documentación referida al Regimiento. Pero no hizo lugar a un pedido de Leiva para que se allanara su domicilio. Bajo el mando 
Agustín Antonio Burgos era oficial ayudante e intervino en el operativo para levantar los restos de René Santillán, encontrados en el camino a Acambuco, el 10 de agosto de 1976. A pesar de su desmemoria, ayer terminó reconociendo que acató órdenes de Bruno, y que levantaron gelamón (tipo de explosivo) en el lugar del hallazgo del cuerpo. Contradictoriamente, respondió “no” a las preguntas del fiscal: “¿Sabe si (Bruno) era experto en explosivos?, ¿había relación institucional entre Ejército y Policía?”.
La afirmación del testigo: “Yo me puse a disposición (de Bruno) porque era superior”, despertó la reacción del presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla: “¿Cómo se pusieron a disposición como superior si él era de Ejército y ustedes Policía?”, inquirió para mayor nerviosismo del policía retirado.  “No sé cómo llegaron, pero se pusieron a cargo”, respondió.
Otros dos testigos, Esteban Barroso y Andrés Hugo Quinteros, trabajaban en YPF para cuando se cometió el golpe de Estado. Los dos coincidieron en que la empresa les ordenó ponerse a disposición, con sus respectivos vehículos, para oficiar de choferes de miembros del Ejército. Barroso dijo que el 24 de marzo de 1976 fueron llevados al Regimiento, “con custodia”, alrededor de 20 camiones. En su caso dijo que luego solo hacía transportes entre el Regimiento 28 y el municipio de Mosconi, pero Quinteros dijo que también llevó a patrullas a operativos en el pozo Martínez de Tineo.
Moisés Villagrán, que era militante peronista y dirigente gremial, fue convocado para que contara de su detención, en el Regimiento 28.
El final de la jornada fue digno de los testigos desmemoriados: por fin, después de tratar de evitar el mal rato, Eduardo Sángari declaró ante el TOF para negar que haya sido contactado por el acusado Juan Manuel Ovalle.
Y aseguró que “no es cierto” lo que dijo la abogada del Programa Verdad y Justicia, Verónica Huber, quien semanas atrás informó al Tribunal que el testigo le había contado que Ovalle se había acercado para conversar sobre la causa en la que está acusado.  Ayer Sángari llegó a afirmar que quiso hablar con el fiscal y Leiva porque le parece “un despropósito” ser convocado a declarar en este proceso, porque no puede afirmar que Ovalle, a quien calificó como su “amigo íntimo”, haya realizado espionaje entre sus compañeros de la universidad. Alzugaray fuera de su casa

La abogada querellante Tania Kiriaco informó ayer al Tribunal que una mujer, de apellido Rojas Tapia, entregó fotos del imputado Juan Carlos Alzugaray fuera de su casa, con lo que considera que está violando la prisión domiciliaria. La mujer le tomó fotos yendo a tomar el colectivo y ya prestó su testimonio en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 1
El defensor oficial Federico Petrina pidió que se investigue si estas fotos no se tomaron en el horario en el que Alzugaray tiene autorización para asistir a controles médicos. Kiriaco estuvo de acuerdo con esta verificación, pero pidió que si estuviera violando su prisión domiciliaria, se revoque este beneficio.

 Piden que Ríos Ereñú sea investigado por detenciones ilegales en Tartagal Por Elena Corvalan
 El abogado querellante David Leiva pidió ayer al Tribunal Oral en lo Federal Criminal que el general en retiro Héctor Ríos Ereñú sea investigado por las detenciones ilegales de más de 170 personas en dependencias del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar. 

Ríos Ereñú es uno de los 17 acusados que están siendo juzgados en esta ciudad por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas, 30 de ellos asesinados o desaparecidos. Ríos Ereñú está imputado por los homicidios de los militantes peronistas Pedro Urueña y René Santillán, cometidos en el norte provincial en diciembre de 1975 y agosto de 1976, respectivamente. 

La petición del querellante se hizo luego de escuchar los testimonios de otros dos militantes políticos que el 24 de marzo de 1976 fueron detenidos por miembros de fuerzas de seguridad y permanecieron secuestrados en el Ejército en Tartagal, sin que se les informara sobre su situación legal ni se los pusiera a disposición de una autoridad judicial o del Poder Ejecutivo. 

Los testimonios de ayer, de Ángel Antonio “Negro” Juárez y Oscar Hugo Fernández, se suman a la declaración que prestara el lunes último Moisés Villagrán, otro militante peronista y dirigente gremial que estuvo detenido en el Regimiento 28. Y a estos relatos se agregan los de otras personas que vienen declarando en otras causas por delitos de lesa humanidad y afirman haber estado detenidos en el Regimiento tartagalense. Ríos Ereñú, que en 1985 llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército, niega vinculación con la represión ilegal y viene realizando sucesivas declaraciones ante el Tribunal. 

Juárez, que era changarín, militaba en la Juventud Peronista Eva Perón. Fue detenido el 24 de marzo de 1976 a la mañana, en la calle. Un grupo de tareas, integrado por el cabo primero Laguna y Santos Luza, lo cargó en un camión Unimog y lo llevó al Ejército, donde permaneció 64 días en un galpón. 

Juárez calculó que había más de 170 detenidos, varios de ellos conocidos, como Marta Juárez, Zelarrayán, Jerez, Clemente Ávila (que fuera intendente de Tartagal), y Pereyra. Dijo que había un pabellón de hombres y otro de mujeres, donde había seis o siete detenidas. Juárez fue liberado el 7 de junio, aunque hasta diciembre de 1976 tenía un régimen de libertad vigilada. 

La detención de Fernández ilustra la colaboración de las fuerzas represivas: fue detenido el 24 de marzo de 1976, por los gendarmes Cisneros y Agüero, quienes lo llevaron a la Comisaría de Tartagal, de donde fue trasladado al cuartel, donde lo depositaron en una cuadra “dividida en armarios”. Allí había “muchas personas”. Fernández recuperó la libertad 20 días después, cuando quedó claro que lo habían confundido con el protesorero del sindicato municipal. Nunca, en todo ese tiempo, le notificaron el motivo de la detención, ni lo llevaron ante un juez.  
 
Testimonios sobre Fronda 
Los otros dos testigos se refirieron al homicidio de Eduardo Fronda. Eduardo Moisés, que fue médico legal de la policía en 1975, repitió la ya conocida excusa de la falta de memoria. Se lo convocó porque en enero de 1975 firmó el informe sobre el cuerpo de Fronda, encontrado en el camino a Lesser, en la jurisdicción de San Lorenzo, el 8 de enero de 1975. Nada valioso pudo recordar. La excusa: en la década del 70 vio tantos casos violentos que solo recuerda el secuestro de su amigo y colega, Miguel Ragone. Sin embargo, reconoció la firma en el informe y ratificó que es certero, porque dijo que sin duda escribió lo que vio. En ese informe se da cuenta de la existencia de lesiones y fracturas en el cuerpo de la víctima. 

El testimonio de la ex presa política y militante de derechos humanos Mirta Torres vino a aclarar más el panorama sobre Fronda: recordó que en 1975, Virginia Guzmán, una compañera de detención, le contó que había visto a Fronda en la delegación local de la Policía Federal: “Lo identifica ahí de muchas sesiones de tortura que le habían practicado y ella dice que producto de la tortura lo dejan muerto”, relató. 

Torres también declaró en la causa Ragone, por lo que se incorporará ese testimonio a este proceso. 

Torres contó que conoció a Guzmán a fines de 1974 cuando integraba la Comisión de Detenidos Políticos. Guzmán, todavía menor de edad, había sido detenida en 1974, por su trabajo con los sacerdotes tercermundistas en las barriadas de la ciudad de Salta. En enero de 1975 Torres fue detenida también y compartió la detención con Guzmán. La chica le contó que no había sido tortura físicamente, pero la habían obligado a presenciar la tortura a otros detenidos.  

Después de recordar a otras víctimas de la represión, entre ellos a Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán, Raúl Osores y a su pareja Pía Vilte, Torres concluyó su testimonio con la lectura de una poesía dedicada “a los compañeros desaparecidos”. 
 La colaboración de YPF Como afirmaron otros testigos, Ángel Juárez, recordó que en el Ejército había camiones de la empresa YPF, que eran usados para trasladar tropa, y detenidos. Juárez también recordó que uno de los choferes asignados por YPF era Jesús Domínguez, “que entraba y salía” del Regimiento. 
Domínguez declaró en este proceso en diciembre del año pasado y las defensas vienen tratando de hacer caer su credibilidad porque aseguró que desde el golpe y hasta diciembre de 1976 fue obligado a oficiar de chofer de un camión en el que llevaba patrullas a operativos represivos o trasladaba detenidos. Además, afirmó que presenció actos de violencia y golpes a detenidos, que vio a detenidos alojados en un pabellón y que cree que allí se torturaba, porque escuchó gritos que provenían de la sala de armas. Domínguez sostuvo que él mismo terminó detenido cuando se supo que militaba en la JP, y luego fue despedido de YPF por indicación de Ríos Ereñú. 
 Un homónimo Eulogio Díaz, un testigo que traído por la fuerza pública desde el norte, resultó no ser la persona que el Tribunal esperaba, sino un homónimo. Se pretendía interrogar a un ex comisario de Tartagal, de nombre Eulogio Díaz, en la búsqueda se dio con dos hombres con el mismo nombre, ante la convocatoria al otro Eulogio Díaz, sus hijos informaron que estaba imposibilitado de asistir a declarar debido a su avanzada edad y su estado de salud delicado. El Tribunal decidió solicitar certificaciones médicas que acrediten esta situación.

Avila dijo que Lona había designado 67 amigos en la Justicia Federal

El abogado y concejal Martín Avila, dijo por Aries que cuando litigó en las causas por delitos de lesa humanidad en representación del Estado nacional, encontró 67 inhibiciones por amistad con el imputado ex juez federal Ricardo Lona. “Esto quiere decir que Lona nombró o tiene 67 amigos en la Justicia Federal”, sostuvo Martín Avila, y agregó que “hay que democratizar la justicia y ante un cargo vacante se debe hacer un concurso público”.

 

Fuente: http://www.ariesfmsalta.com.ar

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