LOS DESTINATARIOS DEL MENSAJE
Por Luis Bastús
DURA CRITICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS A LA CORTE SUPREMA
Un rosario de reclamos
Los abogados rosarinos emitieron una carta abierta al Alto Tribunal de Santa Fe en la que se enumeran reclamos pendientes sobre el funcionamiento del sistema que el máximo tribunal ha desoído. "No estamos sólo para controlar la matrícula", advirtieron.
Por Luis Bastús
El presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Del Vecchio.
Como para matizar la solemnidad del acto de apertura del año judicial, que se realizará hoy en Santa Fe, el Colegio de Abogados de Rosario emitió una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia en la que difunde y enumera reclamos pendientes sobre el funcionamiento del sistema que el máximo tribunal ha desoído. El planteo puede sonar a ajustes de cuentas muy específicos de jueces y abogados; sin embargo, tienen relación directa con la suerte de cualquier hijo de vecino cuando le toca o necesita acudir a Tribunales. Los letrados le endilgan a los cortesanos "silencio y quietismo", y les demandan: "Aceleren las respuestas, restablezcan derechos, alimenten esperanzas".
La declaración lleva la firma de los 14 directores de la entidad que nuclea a los abogados rosarinos. "No estamos sólo para controlar la matrícula", advirtieron y remarcaron su "preocupación por la falta de respuesta a una serie de inquietudes sobre el funcionamiento del Poder Judicial" que ya le plantearon a la Corte sin respuesta alguna. La demanda también atañe al Ejecutivo provincial, como ocurre con el pedido de creación de cinco juzgados laborales para descomprimir la saturación de trabajo que registra ese fuero, donde el año pasado cada uno de los 9 juzgados debió abrir 3.000 causas nuevas cada uno.
"El documento expresa el malestar cotidiano que vemos en los colegas todos los días en el tribunal", resumió el presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio. El primer reclamo a la Corte es que anule o declare inconstitucional una orden emitida por ocho de los nueve jueces laborales que hay y que exige más requisitos a la hora de arribar a un acuerdo de partes. "Son exigencias arbitrarias e infundadas que no están en el Código de Procedimiento --explicó Del Vecchio--. Esto provocó que bajara un 80 por ciento los acuerdos laborales en materia de accidentes de trabajo, y que a esos mismos jueces se le acumulen las causas para dictar sentencia por la dificultad para realizar acuerdos".
La carta también denuncia "la falta de operatividad del Registro de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales", donde a diario se amontonan extensas colas que sorprenden a los que transitan la planta baja de Tribunales. "Uno de esos requisitos absurdos de los jueces laborales es completar un oficio sobre enfermedades ocupacionales, pero eso ya no tiene sentido desde la nueva ley de riesgos de trabajo, porque de eso se encarga la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Sin embargo, ese trámite persiste con toda ineficiencia, y no sólo repercute en nuestro trabajo, sino en la respuesta del sistema que esperan los justiciables: los ciudadanos", cuestionó el titular del Colegio.
El planteo público al órgano que preside María Angélica Gastaldi deja expuesto que la Corte duplicó en un año el costo de los trámites que la gente debe realizar cuando toma parte en un juicio. Se trata de los tickets de mandamientos y cédulas de notificación judicial que el sistema emite de a cientos cada día. Hace un año costaba 7 pesos, pasó a valer 10, y ahora aumentó 50% de un solo golpe: 15 pesos que debe pagar el ciudadano de a pie cada vez que debe empujar su expediente judicial. "Dos veces le pedimos al tribunal supremo en enero que revirtiera ese aumento y explique sus razones. Eso compromete el acceso a la Justicia y la transparencia de la gestión pública, y puede derivar en verdadera denegación de justicia si el elevado costo la torna inaccesible", planteó Del Vecchio.
El último ítem del rosario de reclamos alude a deficiencias estructurales de los juzgados de Cañada de Gómez y de Casilda, con falencias edilicias y de personal. "Retardar decisiones fundamentales para la marcha judicial es contrario al deber funcional de sus responsables", remataron los abogados en su declaración. Quizás hoy la carta se comente por lo bajo en el salón de actos de la Corte, en la capital provincial, cuando Gastaldi declare la apertura del año judicial junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, Daniel Aníbal Erbetta, y el procurador general Jorge Barraguirre. Estos son los destinatarios del mensaje.
Una de carancho
El titular del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, se refirió ayer a la denuncia por estafa contra un abogado que habría engañado a una familia que lo contrató al birlarle dos millones de pesos correspondiente a una indemnización de un fatal accidente de tránsito. "Si la estafa es cierta, nos perjudica enormemente, la abogacía queda mal", dijo. Desde su mirada, Del Vecchio calculó que esos abogados, usualmente llamados caranchos, "no son ni el 5 por ciento" de la matrícula, y recordó la función del tribunal de ética del Colegio acerca de una posible suspensión del profesional denunciado que, además, es juez del Tribunal Municipal de Faltas.
Del Vecchio advirtió que el abogado aún no fue indagado, y que la entidad recuerda que los familiares de víctimas de accidentes de tránsito no están obligados a definir de inmediato la consulta a un profesional. Si alguien, en la comisaría o en el hospital, les sugiere un abogado determinado, el Colegio aconseja no firmar ningún poder.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PROVINCIAL ELEGIDO POR LA CIUDADANIA
Para democratizar la Justicia
Dos diputados del Movimiento Evita presentaron un proyecto que apunta a "a remediar la falta de confianza hacia el Poder Judicial" e involucrar a la ciudadanía "en el proceso de selección profundizando nuestra democracia".
El diputado provincial, Tonioli es autor de la iniciativa junto a su colega Rico.
Los diputados provinciales Eduardo Toniolli y Gerardo Rico, del bloque Movimiento Evita, presentaron ayer un proyecto de Ley de creación de un Consejo de la Magistratura Provincial elegido por la ciudadanía, e integrado por jueces, defensores y fiscales, abogados, empleados judiciales, académicos y ciudadanos en general.
En línea con lo anunciado por la Presidenta de la Nación en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, Toniolli señaló que el organismo se encargaría de coordinar el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores, aunque "no sería un órgano disciplinario, ni podría disponer destituciones, fundamentalmente debido a limitaciones impuestas por nuestra Constitución Provincial".
Para Rico y Toniolli "la transparencia que aportará un Consejo de la Magistratura Provincial con las características que proponemos contribuirá a remediar la falta de confianza hacia el Poder Judicial e involucrará al conjunto de la ciudadanía en el proceso de selección profundizando nuestra democracia".
En este sentido el legislador explicó que en la actualidad "la participación de algunos actores del ámbito judicial en el proceso de selección, se limita a aportar jurados para los concursos", y la de la ciudadanía en general "directamente no está contemplada". En este caso, señaló, "la selección tanto de los consejeros de los estamentos, como de los consejeros que no pertenezcan a ninguno de ellos, se realizará por intermedio del voto popular en elecciones generales".
Asimismo, el Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, indicó que el procedimiento propuesto en el proyecto para la selección de jueces, defensores y fiscales "tiene en cuenta los principios de publicidad, transparencia, derecho a la información, idoneidad, imparcialidad, y -fundamentalmente- de participación ciudadana", con vistas a comprometer al conjunto de la sociedad en "la democratización no sólo del acceso, sino también del funcionamiento y monitoreo de los ámbitos judiciales".
En tanto Rico reveló que venían trabajando el proyecto con distintos actores relacionados a la temática, y recogiendo inquietudes de instituciones gremiales que impugnan los mecanismos de selección vigentes". "La decisión de Cristina Kirchner -explicitada públicamente el último viernes?, nos convenció de que era el momento propicio para instalar esta discusión en nuestra provincia, en el marco del gran debate nacional abierto".
En los fundamentos del proyecto se valora que "un Consejo de la Magistratura que esté a la altura de los acontecimientos requiere una composición estática con renovación periódica, en donde estén representados los distintos actores involucrados con la temática de la justicia y el pueblo de la provincia de Santa Fe".
"En cuanto a la composición de los jurados, deberá ser dinámica variando en función de cada concurso, e integrada por juristas no residentes en la provincia. Es necesaria la presencia de consejeros representantes de los jueces, defensores o fiscales por un lado, de los abogados, de los empleados del poder judicial, de los académicos y de la ciudadanía, pero esta presencia cumplirá con los fines democratizadores en tanto y en cuanto todos los consejeros representen al estamento que fuere sean, sin excepción, elegidos por el pueblo de la provincia de Santa Fe", se remarca.
"El ámbito en el que se debe discutir sobre la democratización del Poder Judicial, más específicamente sobre cómo se eligen los consejeros que participarán del proceso de selección de los magistrados, fiscales y defensores, es el de la Legislatura Provincial. Por eso la autolimitación de facultades por parte del Poder Ejecutivo no es un hecho valioso en sí mismo, lo que es materia de análisis es para qué y cómo lo hace".
Finalmente señala como "un déficit la falta de participación de la ciudadanía, o al menos de los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, en el citado organismo. Creemos que es necesario estructurar un verdadero Consejo de la Magistratura en la provincia y darle un marco de legalidad".
Fuente:Rosario12
No hay comentarios:
Publicar un comentario