Convocan en Uruguay a Primera Asamblea de Derechos Humanos
PL
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) organizará junto a diversas organizaciones humanitarias la Primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos, a efectuarse el próximo día 18 en el Palacio Legislativo.
La reunión preparatoria de hoy se realizará en la ciudad de Maldonado encabezada por el directivo de la Inddhh, Juan Faroppa,y con la participación la Unidad de Derechos Humanos de Maldonado, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental y otras organizaciones humanitarias, sociales y educativas.
La Inddhh es un órgano autónomo de reciente creación, que tiene como objetivo la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.
Su Consejo Directivo está facultado para convocar a sesiones extraordinarias y públicas para analizar la situación de los derechos humanos en el país, motivo por el cual organiza esta primera Asamblea Nacional.
Fuente:Argenpress
Nacional - DICTADURA
Fallo de Suprema Corte abre paso a liberación del procesado por el caso Julio Castro
Defensa del policía Ricardo Zabala pedirá su excarcelación
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) volvió a declarar inconstitucional la semana pasada la ley interpretativa de la Caducidad, como ya había hecho el 22 de febrero ante el pedido de un grupo de coroneles del Ejército indagados por delitos cometidos en dictadura. Los ministros se pusieron de acuerdo en el caso del policía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012 por la muerte del maestro Julio Castro, ocurrida el 1º de agosto de 1977, dijeron a El Observador fuentes judiciales.
La sentencia se dará a conocer en los próximos días y abre la posibilidad para que la Justicia acceda a la liberación del encarcelado. Zabala fue procesado cuando ya había entrado en vigencia la ley interpretativa, que intentó establecer qué delitos cometidos en dictadura no prescribían en noviembre de 2011. Además, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini mencionó especialmente a la ley al procesarlo.
Una vez que tenga el fallo en su poder, la abogada de Zabala, Garciela Figueroa, planteará que el policía debe ser liberado.
Según el fallo de la Corte, los delitos cometidos en la dictadura no son de lesa humanidad, sino delitos comunes y, de esa forma, prescribieron el 1º de noviembre de 2011.
Al policía Zabala lo procesaron como cómplice de “homicidio especialmente agravado” de Castro, ya que confesó ante el juez haber secuestrado al docente y militante de izquierda en Francisco Llambí y avenida Rivera.
Castro fue conducido a un centro clandestino de detención, ubicado en Millán 4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleció en ese lugar el 3 de agosto de 1977.
“El régimen dictatorial consideraba a Castro peligroso por su labor a nivel de enseñanza y a nivel periodístico y por su labor de ayuda a los perseguidos”, menciona la sentencia del juez Fernández Lecchini.
El 1º de diciembre de 2011 el Poder Ejecutivo confirmó que los restos hallados en un predio lindero al Batallón 14 de Toledo, el 21 de octubre de ese mismo año, pertenecían al maestro Castro.
Jueza cita a militares por delitos de la dictadura y sigue adelante
A partir de este martes declararán indagados por una denuncia por abusos sexuales a 28 mujeres
Consultada por El Observador, la jueza confirmó la decisión y explicó que la sentencia de la SCJ “rige para el caso concreto y en esta denuncia ninguno de los denunciados presentó recurso de inconstitucionalidad”.
El caso fue presentado el año pasado por el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia en representación de 28 mujeres que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura.
El primer militar que deberá declarar hoy es Julio Litovsky, quien tenía un cargo de jerarquía en el Regimiento de Caballería Nº 9. Mañana está citado a declarar Héctor Lascano, el jueves 14 será el turno de Asencio Lucero, el viernes 15 de Orosmán Pereyra y el 2 de abril de Ariel Ubillos. En abril también están citados a declarar tres militares ya procesados por estas causas y presos en la cárcel militar de Domingo Arena: Jorge Silveira (el 1° de abril), José Nino Gavazzo (el 3) y Gilberto Vázquez (el 4). Pero los denunciados son más de 100 militares y policías que cumplían funciones en distintos regimientos militares donde fueron cometidos los delitos, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador. Entre esos centros figuran el Regimiento de Caballería Nº 9, el Regimiento de Caballería Nº 4, La Tablada, la cárcel del Pueblo, el Regimiento de Artillería Nº 1, el cuartel La Paloma, el Batallón de Ingenieros Nº 1, Regimiento de Infantería Nº 1, el cuartel de Paso de los Toros, el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Policía de Investigaciones de Mercedes, la cárcel de Paso de los Toros, la Jefatura de Policía de Salto, el cuartel de Infantería Nº 7, el penal de Punta de Rieles, el hospital Militar y la Jefatura de Policía de Montevideo.
La jueza Staricco admitió que es probable que los indagados presenten recursos de inconstitucionalidad, lo que podría interrumpir las citaciones. Si eso ocurre, la jueza deberá enviar el expediente a la SCJ. Pero si no lo hacen, adelantó que seguirá adelante.
Con respecto a los argumentos esgrimidos por la SCJ en la sentencia conocida el 22 de febrero sobre la prescripción de los delitos, Staricco dijo que “oportunamente se valorarán” al tener que dictar sentencia pero no quiso adelantar su posición. El fallo de la Corte no impide a los jueces seguir con las investigaciones, pero determina que al tratarse de delitos comunes estos prescribieron. De acuerdo con esa posición, si algún juez procesara militares, estos podrán apelar y si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia es previsible que la corporación ordene el archivo de las causas.
Esta jueza tiene además otros dos presumarios en los que indaga a militares por torturas a hombres, por las que también prevé citaciones. En ninguna de ellas fue interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.
Además, la magistrada estimó que tras la denuncia presentada por 28 mujeres se formarán varios presumarios. La jueza explicó que si los separa se podrá avanzar más rápido en la indagatoria y se evitará que si se presentan recursos deba suspenderse la indagatoria.
Delitos menos graves que homicidio
Si los homicidios cometidos durante la dictadura prescribieron en noviembre de 2011, los delitos denunciados en este expediente prescribieron antes, pues la violación y atentado violento al pudor tienen penas menores al homicidio.
Por lo tanto, la única manera de juzgar militares por estos hechos es considerar a los delitos como de lesa humanidad, como plantea la denuncia a cargo de la jueza Julia Staricco. Según sostiene la denuncia a la que accedió El Observador, se trató de “un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/
Envío:Agnddhh
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