11 Abril de 2013
A nuestro modo de ver “Justicia legítima” es un movimiento que tiende a discutir hacia lo interno y con la comunidad, el modelo de justicia que queremos como sociedad y que se caracteriza por promover una mirada critica a sus estructuras y funcionamiento.
Nos referimos con “Justicia”, al Poder Judicial, como poder del Estado cuya tarea técnica y específica es la resolución de conflictos que se someten a su consideración
El carácter “legítimo”, está dado por el reconocimiento de esa labor desde alguna instancia que sea aceptada como “válida”, es decir, con capacidad de dar valor positivo al trabajo realizado.
Es un debate que se debe el poder judicial desde hace varios años, desde siempre, y que estuvo postergado no obstante que en determinadas épocas, como en los primeros años de la vuelta de la democracia ( 1983 ) hubo algunos esbozos de discusión que no llegaron a plasmarse en logros concretos.
En ese marco entendemos que la sociedad tiene reclamos hacia el Poder Judicial, que se deben debatir y que se podrían resumir en los siguientes ítems
a) Acceso Universal e Irrestricto a la Justicia
b) Transparencia en la gestión y en la selección, promoción y remoción de los magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial
c) Celeridad y eficacia en la labor judicial (Modificación de prácticas y procedimientos)
d) Independencia de toda influencia política, gremial, económica, confesional y del propio Poder Judicial
e) Compromiso con la democracia, los derechos humanos y la perspectiva de género de todos sus integrantes
f) Condiciones dignas y adecuadas de trabajo del personal del Poder Judicial
g) Participación ciudadana en el control de la gestión del poder judicial.
Convocamos a una próxima reunión el próximo viernes 19 de abril a las 19,30 Hs en la ciudad de Corrientes, en lugar a confirmar. Todos a aquellos colegas que quieran sumar su adhesión podrán hacerlo , para ser agregados y publicados.
FIRMANTES:
CORRIENTES: Luis González (Juez Cámara Federal)- Juan Carlos Vallejos (Juez Federal )- Flavio Ferrini – (Fiscal Federal)- Héctor Hugo Boleso –( Juez Laboral )- Enzo Di Tella – (Defensor Oficial- Tribunal Oral Federal)- Juan Martin García( Fiscal Federal ad hoc DD HH ) -. Álvaro Sánchez Guerrero – (Presidente del Colegio de Abogados de Paso de los Libres)- Marta Ramírez – (SITRAJ- Sindicato de Trabajadores Judiciales) - Manuela Pérez Fierro (Sec. Relatora Defensoría) - Amanda Rosa Gomez(Sec. Juzgado Civil ) Gavino Casco – (Ex Sacerdote- Equipo Federal de Trabajo-Secretario Juzgado Laboral-Jubilado) Licenciada Mari Bar- (Foro por la Justicia Goya-Jubilada equipo Asistentes Sociales del Poder Judicial)- Marisa Sanauria ( trabajadora judicial DD HH ) - María Eugenia Benítez – Marcela Caballero – Daniel Esquivel- Augusto Cesar Leguiza- Eduardo Black (ABOGADOS)- Juan Manuel Roldan( Abogado-ex detenido político)- Sofía Domínguez ( Sec.DD HH Centro de Estudiantes Derecho)- Cristina Rojas (Concejera Estudiantil Concejo Directivo Fac. Derecho )-
CHACO : Norberto Giménez- (Juez Tribunal Oral Federal ) - María Cecilia Baroni ( integrante por los abogados de la primera circunscripción judicial en el Consejo de la Magistratura )- Mario Bosch –( Comité Provincial contra la Tortura-Querellante Causas Lesa Humanidad ) - Patricio Sabadini - (Fiscal Federal)- Carlos Martin Amad- (Fiscal General ante la Cámara Federal) - Lorena Padovan (Defensora Oficial-Justicia Provincial ).- - Marcelo Burella (Sec. Fiscalía Federal )- Diego Vigay(Sec.DD HH-Fiscal Federal ad hoc DDHH ) - Laura y Peco Tisembaun y Estela Binaghi – Abogados DD HH- Juan César Penchansky (Sec. Comité Provincial de Prevención de la Tortura- ex Miembro Titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación 1999-2003)- Silvia Amalia Canteros- (Dirección de la Mujer- Gobierno del Chaco)- Carolina Fule y Silvana Pérez- (Psicólogas)- Sergio Quiroz y Duilio Ramirez (Abogados Secretaria de DD HH) - Daniel San Cristobal ( Presidente Frente Grande Nacional ) -Ataliva Dinani - Melisa Valenti- Victoria Guerrieri (Abogados Liga Argentina por los Dchos del Hombre)- Mirta Clara – (Psicóloga-Ex detenida Política) – Nelson Cesar Viera , Valeria Romero , Maria Zara Romero Castelán y Dina Holivia Castelán – (Abogados ) - Ana María MASRAMON ( Medica ) Daniel Trabalón y Fabricio Bolatti –(Diputados Provinciales Frente Grande ) FORMOSA : Horacio Rodríguez ( Fiscal Federal) – Juan Eduardo Lenscak ( Responsable Catedra de DD HH de la Universidad Nacional de Formosa ) – Luis María Zapiola ( Abogado Querellante Causas de Lesa Humanidad ) – Aristides Norberto Fernandez Bedoya- (Secretario Fiscalia Federal) – Pacho Espinoza (Abogado )- Williams Dardo Caraballo ( Abogado Querellante Causas Lesa Humanidad) – Carlos Alberto” Joselo” Roble ( abogado ).-
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TANDIL
Plantean “la necesidad de cambio en el sistema judicial”
Los organizadores del encuentro sobre Justicia Legítima que se realizará viernes y sábado en Tandil emitieron un nuevo documento en donde aseveran que “muchos magistrados, funcionarios, empleados, académicos, abogados y representantes de organizaciones sociales creemos que es necesario alcanzar una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía entera.
Entendemos que el Poder judicial debe estar junto a la sociedad para poder responder a sus reclamos, que la justicia no debe escapar con tecnicismos de los conflictos del ciudadano de a pie, sino por el contrario, hacer todo lo posible por realmente resolverlos.
Somos consientes que la sola intención no alcanza, por lo que queremos empezar a dar el efectivo debate, donde nadie imponga nada, sino invitando a todos a participar y decir sus verdades, para pensar juntos y así, entre todos, construir propuestas.
No es posible quedarse en la crítica, es necesario construir, tener verdadera vocación de cambio, participar, opinar, estar dispuestos a reconocer aquello que no funciona y modificarlo, pero también a reconocer lo que sí funciona y eventualmente mejorarlo.
A tal fin, postulamos que es necesario dar un debate amplio en el que cada uno, sin importar jerarquías, lugar de desempeño, ni edad pueda hacer saber sus opiniones, vivencias y pareceres, pues la voz y la participación de todos es fundamental si el cambio propuesto ha de ser real.
Como puntos esenciales –pero no únicos- de discusión proponemos: procesos transparentes de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles; la postulación y elección de miembros de los consejos de la magistratura abierta y sin restricciones; la transparencia en la gestión de los recursos, de la jurisdicción y de la administración del sistema judicial; las condiciones para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los vulnerables; pero creemos necesario discutir también el día a día de la realidad local: qué cosas cada uno puede hacer desde su lugar, y en muchos caso hace, para alcanzar aquel objetivo.
Es importante reconocer que los cambios no se suceden únicamente con reformas legales y administrativas, sino que los cambios de fondo son culturales. Las ideas enquistadas en los protagonistas y en la sociedad son las más difíciles de transformar, por esto resulta urgente y necesario avanzar hacia un cambio de paradigma (aunque suene trillado), siendo necesario –entre otras muchas cosas- revisar los programas de estudio de las facultades de derecho, para que los estudiantes, además de las leyes, conozcan las realidades sociales y su posibilidad de transformarla.
El acercamiento del ciudadano común al sistema judicial también es necesario, no es posible tener una Justicia realmente justa si el sistema provoca miedo reverencial en la mayoría de la población, esta es una de las grandes deudas para con la sociedad.
Si bien muchas cosas del “Sistema Judicial” funcionan bien el cambio es necesario, por eso es importante empezar a aportar desde donde cada uno se desempeñe; participar, sin duda alguna, es el primer paso.
Por estos motivos es que invitamos a debatir libremente acerca del rol que creemos que el Poder Judicial debe cumplir en la comunidad; en un marco respetuoso de todos aquellos que piensan de manera distinta; una ocasión como pocas para proyectar a partir de la contradicción un nuevo espacio de análisis de las instituciones judiciales. Todo ello como condición imprescindible para una Justicia independiente, accesible y democrática.
Justicia Legítima en Tandil es convocada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación, abogados, funcionarios judiciales y trabajadores judiciales”, cierran ese documento emitido ayer.
Programación
El viernes 12 de abril a las 14.30 hs en el Aula Magna de la UNICEN (Pinto 399) tendrán lugar diversas exposiciones a cargo de la Procuradora General de la Nación Dra. Gisl Carbó; Jose Massoni (académico, ex juez y camarista, ex titular oficina anti corrupción); Jorge Auat (titular de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de Lesa Humanidad); Mario Portela (Juez del Tribunal Oral de Mar del Plata); Daniel Adler (Fiscal Federal Gral. Mar del Plata); Diego Araujo (Defensor Tandil); Diego Lucas Fernandez (Defensor General Depto Judicial Azul); Diego Oliveira (Abogado Adscripto en la Secretaría de Demandas Originaria Contencioso Administrativo de la SCBA Participa del espacio Encuentro de la Militancia Judicial); y luego se realizará el debate.
El sábado 13 de abril 9.00 hs en el Salón de los Espejos Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662) se dará inicio a los diversos talleres hasta las 12 hs en que tendrán lugar las presentaciones de las conclusiones a las que se arribe y luego se cierra la jornada con las palabras de Mario Portela (Juez del Tribunal Oral de Mar del Plata) y Daniel Adler (Fiscal Federal Gral. Mar del Plata).
Fuente:http://www.lavozdetandil.com.ar
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Tras el Encuentro por Una Justicia Legitima en Tandil, los proximos, tambien regionales se desarrollaran en Mendoza, Santa Fe, Cordoba y Jujuy, para culminar con el nacional el 31 de mayo en La Plata
Rechazo orgánico al proyecto oficial
Ahora la coronita la tienen los políticos
La Federación Argentina de Colegios de Abogados, junto a representantes de colegios de todo el país, presentaron este jueves su posición ante las reformas judiciales anunciadas por la presidente Cristina Fernández. Se mostraron en contra de gran parte de las medidas y brindaron precisiones al respecto.
“Venimos a exhortar a los señores legisladores, en particular a los abogados, para que honren su juramento y no se desperdicie esta oportunidad histórica de realizar un verdadero debate para el mejoramiento del Poder Judicial, en aras de asegurarle a todos los argentinos, principalmente a los desposeídos y postergados sociales, el acceso a una Justicia independiente, idónea y rápida, otorgando la participación adecuada de la abogacía del país”, expresa el comunicado que presentaron este jueves la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) e integrantes de colegios de todo el país.
De esta forma, se posicionaron, en líneas generales, en contra de los proyectos de reforma judicial elaborados por el Ejecutivo y presentados en el Congreso de la Nación esta semana, haciendo un análisis concreto en cada caso. La cita fue en la sede del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), y después de la lectura del documento, Jorge Rizzo, titular de la entidad, junto a Ricardo De Felipe (FACA) y Bienvenido Rodríguez Basalo, del Colegio de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), explicaron en detalle
Con respecto a la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura, los colegios firmantes opinaron que viola el artículo 114 de la Constitución Nacional, en tanto establece que “el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”.
Al mismo tiempo, criticaron que el proyecto no garantice en absoluto la independencia del Poder Judicial, ya que los consejeros tendrán “directa vinculación (…) con el partido político que los proponga”, de modo que existirán parcialidades manifiestas. En efecto, la Corte perderá las facultades de administración del Poder Judicial; no podrá fijar la política salarial; no tendrá injerencia sobre el manejo del presupuesto, y tampoco decidirá sobre el personal. Además, los empleados de la Corte en el Consejo no tendrán estabilidad.
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Cuando un periodista preguntó a los colegiados acerca si no consideraban que el Consejo tenía ya una representación con implicaciones políticas, Jorge Rizzo respondió: "hay, ante todo, una diferencia vital, y es que de una forma se respeta la Constitución y de la otra no. Los representantes elegidos por el Congreso deben mantenerse de la misma forma, caso contrario, habría que “modificar” la Carta Magna.
Además, Rizzo destacó que “el artículo (por el citado de la Constitución) no lo escribimos nosotros”, a la vez que destacó que con estas afirmaciones no iban a entrar en el binomio de “K y anti-K”, porque siempre tuvieron una “posición independiente, que representa a los abogados”.
Más tarde los expositores se expidieron acerca de las medidas cautelares, para lo que consideraron que las reformas propuestas por la presidente traerían, indefectiblemente, problemas de distinta índole para jubilados y pensionados, pero, sobre todo, un retraso del servicio de Justicia que a la edad de esas personas no se “puede aceptar”.
Con esta iniciativa, Rizzo, que realizó las declaraciones que probablemente generarán mayor repercusión, afirmó que lo que se “buscó es poner al Estado en mejor posición que los particulares”, afirmando al mismo tiempo que él mismo ha tenido problemas por la presentación de medidas cautelares que se mantienen sin definición.
En este orden de ideas, llegó la crítica a la creación de nuevas cámaras de Casación, en un análisis que toma elementos de los puntos señalados sobre las medidas cautelares. Según alegaron los integrantes de diferentes colegios, de esta forma solo se dilata más el proceso, dado que la Corte Suprema siempre será el tribunal que brinde la última posición, con lo cual no se cambia el curso de las causas, solamente se las alarga al agregar una nueva instancia intermedia.
En términos más generales, y ante las preguntas periodísticas, Rodríguez Basalo precisó que “estamos atravesando un momento trascendental que está padeciendo la Justicia”, aunque de todas maneras saludó que estas cuestiones “estén en la agenda del poder político”. En estos términos, el representante del COLPROBA consignó: “queremos dar el debate, no legislar, pero queremos que nos escuchen”.
Más tarde, Jorge Rizzo, al ser consultado por una periodista que le recordó la afirmación de la presidente sobre que los “jueces y abogados tienen coronita”, puntualizó: “Con estos proyectos, ahora la coronita la tienen los políticos”. Al mismo tiempo, destacó que “los jueces son el poder más conservador del país. Comparto con el proyecto de la presidente el lograr una horizontalidad en este sentido”.
Por último, destacó que la expresión “democratización” es mentirosa. “Yo creo que la Justicia es democrática. El 80% de los jueces que ejercen en la actualidad fueron elegidos desde el año 1983 en adelante, y en la provincia de Buenos Aires el 54% llegaron a sus funciones a partir de 2003. La Justicia es democrática, solo hay que mejorarla en varios aspectos”.
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Texto completo del comunicado
Fuente:Diario Judicial
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Avance sobre la Justicia
Viernes 12 de abril de 2013
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Preocupa a la Corte Suprema el recorte de poder que le impone la reforma
Por Adrián Ventura
Los ministros de la Corte Suprema están muy preocupados porque sospechan que las reformas que pretende introducir el Gobierno en el Consejo de la Magistratura apuntan directamente a "vaciar de poder" al máximo tribunal.
El grado de inquietud es tan profundo que ayer la Corte celebró una reunión por fuera de su agenda habitual -en general los jueces se reúnen los martes- para analizar el impacto que tendrán todos los proyectos de reforma judicial, aunque en particular se focalizó sobre las enmiendas al Consejo de la Magistratura.
El acuerdo extraordinario se celebró a media mañana y, aunque la Corte evitó difundirlo, LA NACION pudo averiguar que ése fue el tema excluyente de la conversación.
Ninguno de los jueces quiso faltar a la reunión, que tuvo asistencia perfecta: los siete jueces supremos -el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti; Elena Highton; Carlos Fayt; Juan Carlos Maqueda; Enrique Petracchi; Carmen Argibay, y Raúl Zaffaroni- debatieron durante una hora, y todos, incluido Zaffaroni, coincidieron en el análisis que hacen de los proyectos.
Entre los ministros, el diálogo a puertas cerradas fue claro, pero los jueces nunca repetirán en público lo que piensan y evalúan en la intimidad. El martes último, cuando habló en representación de la Corte, Lorenzetti dijo que los ministros no opinarán públicamente para evitar ser recusados cuando les toque intervenir en una causa. Aseguró que no tienen una opinión formada sobre el tema.
Pero en reserva los magistrados estarían muy preocupados por las fuertes transformaciones que tendrán las nuevas medidas.
El malestar, en realidad, había comenzado a sentirse la semana última, cuando los jueces analizaron si debían o no concurrir al acto donde el lunes último la Presidenta anunció los proyectos. Pero el martes, una vez que los jueces conocieron la letra chica de las reformas, el enojo y el temor se hicieron más palpables.
En los últimos días, uno de los ministros del tribunal recordó que en 1989, cuando el entonces presidente Carlos Menem dejó trascender que ampliaría la Corte, los jueces de entonces -entre los que estaban Enrique Petracchi y Carlos Fayt- dictaron una durísima acordada para advertir sobre los riesgos que la decisión tendría para la Justicia.
Ayer, los jueces no decidieron seguir ese precedente. Esta vez, no se decidió dictar acordada alguna. Pero los ministros sí ordenaron a sus colaboradores hacer un muy pormenorizado análisis de la reforma, que, en opinión de algunos, parece estar teñida por algunos excesos y objetivos políticos.
La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Pero uno de los propósitos de la reforma del Consejo parece ser sacarle al máximo tribunal todas las atribuciones que tiene en materia de presupuesto, personal y de superintendencia.
En otras palabras, la Corte está corriendo el riesgo de quedar reducida, simplemente, a un tribunal de justicia. Seguirá siendo el tribunal más alto y el que tiene la última palabra a la hora de dictar fallos -como ocurre hasta ahora-, pero no tendrá las facultades de manejar a todo el poder que encabeza.
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura es bastante amplio y contiene modificaciones que afectarán tanto a los jueces inferiores como a la Corte.
Por un lado, los jueces de primera instancia y los integrantes de las cámaras de apelaciones sienten temor porque el nuevo Consejo, que estará en manos del oficialismo, podrá conformar ternas de jueces y removerlos por mayoría absoluta, sin el requisito de una mayoría agravada que, todavía actualmente, obliga al Gobierno a buscar consenso con la oposición a la hora de decidir sobre el destino de un magistrado.
En otros términos, los jueces y su estabilidad estarán en el puño de un Consejo dominado por el oficialismo, que de ahora en más tendrá menos límites para tomar decisiones. Por eso ayer jueces en todas las instancias y fueros también realizaban decenas de reuniones, para hacer catarsis y analizar qué hacer.
Pero lo que preocupa a la Corte, más allá de las observaciones que pueden surgir sobre los distintos proyectos de reforma, tiene que ver fundamentalmente con el poder que el nuevo Consejo le sacará a la Corte.
Fuente:LaNacion
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Para Gils Carbó, “hoy la justicia se manifiesta de manera corporativa”
La Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, expresó su “adhesión” al proyecto del gobierno nacional respecto de “democratizar la justicia”, al tiempo que consideró que “si el poder judicial no es controlado, es un agravio al sistema democrático”.
“Estamos analizando el proyecto y manifestamos nuestra adhesión porque queremos que se atienda a actores distintos para liberar esta forma corporativa que tiene de manifestarse la justicia, pues el ingreso democrático implica mayor participación ciudadana en ella”, opinó la jefa de los fiscales delpaís, en el marco de su estancia en Tandil, para participar de las Jornadas de “Justicia Legítima”, en la Universidad Nacional del Centro.
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Según la procuradora, “ello permitirá que se ingrese no por contacto o por familiares conocidos, ya que eso produce una endogamia que aleja a los magistrados de las necesidades de la comunidad y es un sistema perverso” y continuó diciendo: “he visto durante toda mi carrera como fiscal, organismos impunes. Si el poder judicial no tiene controles, es verdaderamente, un gran agravio al sistema democrático”.
“Hemos asistido todo los argentinos a momentos de dictadura, al pensamiento neoliberal en la economía de los ’90, cuando los recursos estratégicos no renovables y los servicios públicos pasaban a manos extranjeras y los fondos de los jubilados, a ser financiados por agencias con fines de lucro. Claramente, todo esto pudo ocurrir, porque hubo un poder judicial acorde”, reflexionó.
Además, fue crítica respecto de la estructura judicial actual, al expresar que “ya no estamos en la misma época en que los magistrados eran parte de las clases dominantes y atendían los intereses de esos sectores. Tiene que haber un cambio cultural, porque no se puede ver a altos estamentos judiciales respaldar esas conductas, porque eso ya no es un problema de funcionarios que no estamos de acuerdo, sino un problema de la ciudadanía toda”.
Consultada por ABCHOY sobre algunas declaraciones de actores judiciales, respecto de la presunta “inconstitucionalidad”, de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, Gils Carbó respondió: “solo he escuchado al Juez Cabral. Es representante de la visión del magistrado que habla en función de su interés personal, pues quieren mantener las cosas como están y eso si es inconstitucional” y finalizó, “sabemos, los que estamos en esto, que por esos vínculos aceitados se pudo manipular el poder judicial durante tantos años, por lo que no van a querer perder los hilos para digitar la magistratura”.
Fuente: http://www.abchoy.com.ar
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En el marco de la ‘justicia legítima’ anunciaron la puesta en funcionamiento de una Fiscalía Federal para la ciudad
13.04
Tal lo anunciado, ayer estuvo en Tandil la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el marco del debate por lo que se dio en llamar ‘justicia legítima’, iniciativa nacional que ya tomó estado parlamentario. La funcionaria abrió el debate en el Aula Magna de la Unicén, dejando sentada dos “buenas noticias” al cierre de su alocución.
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La segunda, y de neto interés local, la apertura de una fiscalía federal en la ciudad, iniciativa que previamente fue conversada con autoridades locales en pos de su radicación.
El anuncio de la procuradora arrancó espontáneos aplausos del público presente, que copó el solemne salón universitario, entre los que se destacó la presencia de funcionarios judiciales nacionales y provinciales, como actores de la Justicia local, entre ellos jueces, defensores y fiscales, además de abogados y estudiantes de derecho.
Según la funcionaria, precisamente la radicación anunciada tendrá el efecto que persigue el espíritu de esta reforma impulsada, que hace a acercar la Justicia a la gente, puesto que “ayudará a descomprimir el trabajo en el departamento de Azul y mejorará el acceso de la ciudadanía a la Justicia”, dijo.
Apertura
Gils Carbó, junto al rector de la Unicén Roberto Tassara y la decana de Derecho Laura Giosa, abrió e el encuentro denominado ‘Justicia legitima’, en el Aula Magna de la Universidad, ante un auditorio de unos 200 actores judiciales.
Tanto Tassara como Giosa destacaron la condición de anfitriona de la Universidad para que se debata el estado y reforma del sistema judicial, ya que “no debe existir ámbito más diverso y plural que las universidades, donde seguramente podrán expresar quienes acuerdan o no con lo propuesto para esta reforma”, describió el rector.
Ya al turno de la procuradora, señaló que “después de 30 años de estabilidad democrática ha llegado el tiempo de hablar sobre la democratización de la Justicia. Los argentinos pudimos liberarnos de los ciclos de dictadura cívico militares que surgían cada vez que los sectores privilegiados veían el riesgo del orden establecido”.
“Ese orden establecido -siguió- se componía de una ecuación, que es su predominio económico y político que les permitiera realizar sus intereses sin limitaciones”.
Gils Carbó sentenció que “hoy en día conservan el predominio económico pero la hegemonía política que es lo que permitía dictar la facultad de las políticas públicas hoy se ha visto limitado por un gobierno popular”.
“Este predominio y hegemonía no sólo estuvieron en ejercicio durante las dictaduras cívico militares, también en el vaciamiento neoliberal”, añadió.
Al respecto, sostuvo que “todo eso fue posible porque había un poder judicial que legitimaba esas grandes inequidades. Estaba adiestrado en su falta de compromiso con los valores democráticos, una ausencia de compromiso con los intereses de la comunidad”.
La funcionaria destacó que “en estos días se inicia el debate de seis proyectos para democratizar ese poder judicial, es decir, para quebrar esa forma de funcionamiento corporativo de la Justicia y acercarla a la sociedad con mayor participación ciudadana”.
Personalmente dijo adherir en un todo en dichos proyectos: “Podría desarrollar muchos argumentos técnicos jurídicos para explicar porqué, pero siempre pienso que los hechos dicen más que los discursos”, y así fue que recordó a unas de las tantas víctimas del sistema judicial que la funcionaria conoció en sus 18 años como fiscal, “porque son los testimonios de vida de esas víctimas la que nos abren los ojos de esa farsa judicial”.
Tras detallar sobre el periplo de aquella causa, subrayó que “intervinieron cerca de 14 jueces entre los comerciales y penales” y se preguntó si aquella complicidad, indiferencia ante una víctima, al débil, ante su revictimización, puede deberse a una simple desidia.
“¿Puede deberse a un simple error judicial? O es más de lo mismo de lo que ya conocemos de esa función legitimadora de la justicia de dictaduras, genocidios, del vaciamiento social de las políticas neoliberales. Esa corporación que defiende otros intereses corporativos”.
“Por eso -dijo- ahora estaremos frente a profundas resistencias para su aprobación, porque quien ha podido manipular la Justicia y la ha dejado a este grado de degradación no va a soltar las riendas tal fácilmente. Hay muchos intereses involucrados, estudios jurídicos acostumbrados a estar taconeando las puertas de los despachos de los jueces. Todo va a generar mucha resistencia porque hay muchos intereses preponderantes”.
La procuradora volvió a preguntarse cómo se vuelve ante tanta degradación, y se respondió: “Empezando a hablar de ella, echando luz, denunciando a los corporativos de la Justicia y también evitando que se presenten como una casta por los vínculos de parentesco, de padrinazgos, y si no las lisas y llanas prebendas que se reciben de entidades, fundaciones, organizaciones donde anidan los grupos de intereses”.
“Hay una buena noticia”, cerró, “nada va a volver a ser igual desde que estamos hablando de esto. Nada va a ser igual si uno y cada uno desde su compromiso individual va a luchar cada día por una Justicia legítima y democrática”.
Darle legitimidad a las instituciones
Acerca de la futura fiscalía federal, se conoció que el fiscal Daniel Adler precisamente trabajó en la iniciativa que motivó la decisión de la procuradora.
En diálogo con este Diario, el fiscal señaló que “es una fiscalía que está creada hace 10 años y me dirigí a la Procuración para requerir su puesta en funcionamiento porque los ciudadanos de Tandil y zona de influencia tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso a la Justicia”.
Subrayó que “esto es fundamental para una sociedad que tiene que trasladarse para ser reclamos a la Justicia Federal cien kilómetros de ida y otros cien de vuelta a la ciudad de Azul”.
Asimismo, indicó que “una de las funciones de un fiscal es hacer cumplir la legalidad por lo que la puesta en funcionamiento de esta fiscalía es tratar de hacer ni más ni menos que se cumpla con una ley que creó esta dependencia”.
Según Adler: “Aquí se demuestra que a veces de la propia Justicia ocurren cosas que no son legítimas. Poner en funcionamiento una fiscalía que hace 10 años que está creada se compadece con darle legitimidad a las instituciones”.
Fuente:www.eleco.com
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HECTOR RECALDE DEFENDIO LA REFORMA JUDICIAL Y CUESTIONO LA ACTITUD DE LOS OPOSITORES
“La realidad desmiente las críticas”
El diputado oficialista señaló que el Consejo de la Magistratura no funciona y que los cambios son necesarios. Advirtió que los cuestionamientos están “exacerbados por los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición”.
Por Miguel Jorquera
Héctor Recalde prefirió no opinar sobre el paro de los judiciales, aunque implícitamente lo criticó.Imagen: Rafael Yohai
El abogado laboralista y diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, defendió los proyectos del Gobierno para “democratizar la Justicia”, precisó detalles de las iniciativas y cuestionó los “calificativos” que utilizó la oposición para negarse a debatir en el Senado, mientras sus legisladores realizaban un raid mediático por “los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición”. Recalde afirmó que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura “destrabará” la parálisis del organismo y sostuvo que la Justicia es “el único poder donde la soberanía popular está ajena”. Aunque reivindicó el “acceso igualitario” al Poder Judicial, el ex abogado de la CGT prefirió no opinar sobre el paro de 72 horas que el gremio de judiciales lanzó en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo.–Usted ha defendido la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué?
–Porque la realidad indica que el Consejo no funciona, está frenado. Evidentemente alguna modificación hay que hacer para que sea operativo; si no, estaríamos omitiendo como legisladores el mandato del artículo 114 de la Constitución. Debatámoslo públicamente. El artículo dice que el número y las formas lo establecerá la ley: es una delegación de facultades que hace la Constitución en el Congreso para no entrar en la casuística.
–Pero la oposición se negó a dar el debate en el Senado.
–Soy muy respetuoso incluso de las decisiones tácticas de los miembros de la oposición que no quisieron ir a debatir en el Senado, pero la realidad desmiente los cuestionamientos. Dijeron que no había ninguna posibilidad de modificación y quedó desmentido por el propio dictamen, en el que se introdujeron tres modificaciones. Tampoco es la primera vez que en el recinto, aunque es excepcional, se realicen modificaciones. Si entienden que es incorrecta la posición del Ejecutivo, qué mejor que dar el debate en cuanto ámbito sea posible, no sólo mediáticamente.
–De hecho se incorporó el tema ambiental a las cautelares contra el Estado, que era uno de los cuestionamientos que surgían desde la oposición.
–Además porque no está en el espíritu del Ejecutivo excluir la cuestión ambiental, que es casi un derecho humano. Está exacerbada la crítica, especialmente de los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición. Llegan a decir que corre riesgo el derecho de propiedad, que le van a sacar la casita a la gente. He visto algunas demasías, hay mucha crispación en los que cuestionan los proyectos con calificaciones muy duras. Es muy importante dar este debate sobre qué es el Poder Judicial, el único poder donde la soberanía popular está ajena.
–También se cuestiona que la elección de los consejeros vaya atada a las legislativas y presidenciales.
–Qué diferencia hay que sean separadas si van a ser elegidos a través del voto y va a ser un partido político el que los presente. Esta vez se hará con las legislativas, luego con las presidenciales.
–¿Por qué no se pueden presentar listas por fuera de los partidos?
–Porque el artículo 38 de la Constitución les da ese rol a los partidos. Más allá de que la reforma constitucional del ’94 fue un pacto espurio entre el PJ menemista y el radicalismo, uno reivindica los valores positivos que tiene, como las incorporación de los tratados internacionles, el hábeas corpus, el amparo. Y sobre esto hay una confusión de doctrina, de análisis jurídico tremendo, como es comparar la cautelar con la acción de amparo: la acción de amparo continúa, no tiene nada que ver con la cautelar.
–Tampoco los jueces son ajenos a la política.
–Vamos a ser sobrios. Hay muchos jueces que tienen antecedentes partidarios: (Juan Carlos) Maqueda, PJ; (Eugenio) Zaffaroni, Frepaso; (Ricardo) Recondo, funcionario radical. Nadie cuestiona el origen, creo que es bueno que todo el mundo tenga una posición filosófica, doctrinaria, partidaria, porque eso hace a la vida, la relación social y política de un país. Ahora, con esos antecedentes, si llega a la función judicial tiene que observar la independencia y no fallar de acuerdo a los antecedentes políticos. Ahí se ve la independencia. Y la verdadera independencia a la Justicia se la dio un señor que se llamaba Néstor Carlos Kirchner con el decreto 222 del año 2003, cuando nos sacó de encima la Corte de la mayoría automática como la menemista, y designó jueces, con los que uno puede disentir, discrepar, pero no dudar de la independencia que tienen.
–Algunos ya proponen presentar ante la Justicia recursos de inconstitucionalidad de estos proyectos que todavía no son leyes.
–Estas leyes son constitucionales, están acorde con los artículos de la Constitución. Pero esto forma parte de las reglas de la democracia y quien disienta de estas leyes puede argumentar la inconstitucionalidad ante la Justicia. Lo que no es posible es el abuso, como pasó con muchos jueces que postergaban indefinidamente el enjuiciamiento a los miembros de la dictadura, casi protegiéndolos, sin que el Consejo de la Magistratura hiciera nada con ellos. Como esas medidas cautelares que hace diez años que están vigente. Una sola empresa se negó a pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social tal como los paga el resto de las empresas e hizo una cautelar que dura diez años y ya tiene tres o cuatro años en la Corte: esa empresa es el diario La Nación. Ni hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo saben los medios que la Cámara va a declarar su inconstitucionalidad sin que se conozca el fallo? ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura sobre eso?
–Diputados también va a tratar el proyecto para que las resoluciones de la Corte y los tribunales federales superiores sean públicas...
–Si hay un derecho violado en nuestro país, ese es el derecho ciudadano a la información. Que se mienta en las interpretaciones no me preocupa, lo que sí me preocupa es que se falseen los hechos. Las resoluciones deben ser públicas y de rápido acceso. Estoy de acuerdo en que la declaración jurada de bienes sea pública, pero que esto también sea extensivo y una obligación para los jueces, no hay nada que ocultar.
–¿Y sobre el acceso igualitario al Poder Judicial?
–Hice un posgrado de derecho constitucional en la UBA, con Gil Domínguez, con quien tengo una buena relación. En la presentación de los proyectos, el 1º de marzo, la Presidenta habló de sorteos y al otro día en el diario Clarín, Gil Domínguez, sin leer el discurso, dice “qué barbaridad que se sortea el ingreso”. Y no es así. Si hay 100 concursantes y ocho se sacaron 100 puntos cada uno, ¿quién entra? Y eso es lo que se hace por sorteo público. No es que se tira la monedita.
–El sindicato de empleados judiciales, que encabeza Julio Piumato, lanzó un paro de 72 horas para oponerse al paquete de leyes de la llamada democratización de la Justicia. ¿Qué opina?
–¿Setenta y dos horas y ni siquiera hay una ley? Soy abogado laboralista y siempre defiendo a los trabajadores, pero prefiero no opinar sobre esto.
“JUSTICIA LEGITIMA” REALIZO EN TANDIL EL PRIMER ENCUENTRO EN EL INTERIOR DEL PAIS
El debate cruzó la General Paz
Se discutieron los proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso. Se criticó la formación de los abogados y se destacó el funcionamiento del sistema penal respecto de la legitimidad de sus relaciones con los derechos humanos.
La procuradora Alejandra Gils Carbó, el rector de la Unicen, Roberto Tassara, y la decana de Derecho, Laura María Giosa.
Tandil fue escenario ayer, y sigue hoy, del segundo encuentro de la agrupación “Justicia legítima”, y comenzó así el capítulo Interior. Desde primera hora de la tarde en la Universidad Nacional del Centro, abogados, jueces, fiscales y trabajadores de la Justicia debatieron los seis proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para la reforma judicial.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de la Unicen, Roberto Tassara, tras lo cual habló la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Los paneles estuvieron integrados por José Massoni (ex juez y camarista, ex titular de la Oficina Anticorrupción), Jorge Auat (jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de Lesa Humanidad), Roberto Falcone (juez federal de Mar del Plata), Mario Portela (juez del Tribunal Oral de Mar del Plata), Daniel Adler (fiscal federal de Mar del Plata), Diego Araujo (defensor de Tandil), Diego Lucas Fernández (defensor de Azul) y Diego Oliveira (Encuentro Militancia Judicial).
Unas 300 personas participaron del encuentro, que colmaron la capacidad del auditorio universitario. “No para de entrar gente, sentados en el piso, parados en pasillos”, decía un tuit de “Justicia legítima” desde Tandil. Según relató Abel Córdoba, titular de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, hubo también representantes del sindicato de judiciales bonaerenses que se expresaron a favor de los proyectos oficiales de “democratización de la Justicia” y se mostraron muy conformes con la presencia de los miembros de esa agrupación en la ciudad.
Portela centró su exposición en la necesidad de cambiar la formación de los abogados, porque argumentó que se forman sin ser críticos de las instituciones judiciales lo cual impide mejorar el sistema. Su preocupación estuvo centrada en propiciar un espacio amplio más allá de los abogados, específicamente interdisciplinario.
A su turno, Auat, Falcone y Córdoba pusieron el énfasis en el funcionamiento del sistema penal respecto de la legitimidad de sus relaciones con los derechos humanos. En tal sentido, mencionaron los discursos punitivos, las reformas legislativas que apuntan a encarcelar más gente basadas en la tendencia a la “mano dura”, la situación carcelaria y el autogobierno de la Policía Bonaerense. En tal sentido, Auat reiteró que “algunos jueces están más cerca de la cachiporra que de la toga”. Y Córdoba afirmó que “el sistema judicial penal bonaerense es el eco violento de la dictadura”.
“Justicia legítima” abordó la problemática judicial en el interior del país, y en tal sentido habrá próximos encuentros en Rosario, del que participará la defensora general Stella Maris Martínez, y luego en Córdoba. A modo de ejemplo de la situación en el ámbito provincial, el fiscal Auat mencionó las declaraciones del comisario Abel Maggi, jefe de policía de Mar del Plata, quien acusó a los organismos de derechos humanos de atentar contra las políticas de seguridad. El policía se había referido a que, a instancias de esas instituciones, se frenó el proyecto que restringía las excarcelaciones. “Lo pusimos como ejemplo de la falsa tensión entre seguridad y derechos humanos, porque es uno de los que revelaron los verdaderos motivos por los cuales se ataca al defensor Julián Axat, a quien se dio un expreso respaldo”, comentó Córdoba.
–¿Acaso será más difícil implementar la reforma judicial en el interior? –preguntó este diario.
–No, esta primera reunión demostró que también se van a poner en crisis los sistemas locales, fue un encuentro fundante como el de la Biblioteca Nacional, del 28 y 29 de febrero.
En el cierre hubo una hora de intervenciones de abogados, asistentes sociales, psicólogos y un amplio espectro de profesionales y miembros de la sociedad civil.
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA DE LOS CAMBIOS
Opiniones cruzadas sobre la reforma
Los proyectos de reforma judicial enviados al Congreso generan opiniones encontradas entre dirigentes, magistrados y académicos. Para el senador radical Ernesto Sanz el Gobierno pretende generar “jueces que estén al servicio de funcionarios corruptos”. Para Francisco de Narváez “la Presidenta quiere a la Justicia de rodillas”. La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas advirtió que las leyes propuestas “amenazan a la República”. El juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, afirmó en cambio que el paquete de proyectos “profundiza la idea de democracia” y cuestionó a la oposición al considerar que “hay un problema de ausencia de debate”. “No estando presente el debate es difícil sopesar argumentos”, razonó. “La oposición perdió una oportunidad de participar en un momento histórico, en un salto de calidad”, coincidió el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, fiscal Félix Crous. “En buena hora una democratización de la Justicia, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que de todos los proyectos que se enviaron, el 80 por ciento tiene un consenso general”, estimó el juez de Casación bonaerense Daniel Carral.
“No hay más división de poderes”, alertó Sanz por Radio 10. “Esto es un disparate soberano”, se ofuscó.
Para De Narváez, “lo que está en juego es la libertad y esa es la batalla que se va a dar en la provincia de Buenos Aires”. La academia de moralistas que encabezan Manuel Solanet, Santiago Kovadloff y Leonardo Mc Lean advirtió que la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura “desvirtúa en su esencia” y sus atributos “para asegurar la independencia e idoneidad del sistema judicial”. Fernando Solanas, de Proyecto Sur, dijo que el Gobierno “busca impunidad” y denunció que “la Justicia Electoral fue eliminada”.
Para Slokar la reforma “profundiza la idea de democracia”. “Hay un común denominador que es que la ciudadanía expresa desencanto con respecto al funcionamiento de la Justicia. El Poder Judicial está emplazado a reformarse”, señaló. “Lo peor que puede pasar es que todo se judicialice y sean los propios jueces los que decidan cómo aprobar un conjunto de reformas que regulan su actuación”, añadió. El fiscal Crous consideró que el paquete de proyectos enviados al Congreso “garantizará mejor pluralidad frente al sistema actual concentrado y homogéneo”. Carral celebró la “democratización de la Justicia”, destacó que se deben “reglamentar las cautelares” y consideró “razonable que los jueces apuren la decisión final de la causa para que no esté en el aire durante años”. “Se puede discutir si está bien o no seis meses, pero hay que ponerle un término”, dijo.
De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.
Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?
Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.
El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.
El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?
El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.
Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.
La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.
La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.
Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.
No pretendo, ni podría, examinar en profundidad el fenómeno al que asistimos y menos aún calibrar sus alcances, que por cierto auguran nuevas e importantes sacudidas. Me limitaré, así, a destacar algunas notas que estimo relevantes y tendientes a marcar la hipocresía que domina a esas críticas de quienes arguyen ser algo así como propietarios de aquella independencia. Y me referiré, específicamente, a quienes así parlotean desde el seno del sistema judicial (de un Servicio al que nunca asumen como tal). En cuanto al texto de los proyectos, que en su tono general apoyo con entusiasmo, la discusión en el seno de “Justicia legítima” permitirá emitir opiniones más precisas.
Parto de la modesta posición de un testigo autorizado. El mes próximo harán 50 años de mi ingreso al fuero en lo criminal y correccional de esta ciudad, a partir de lo cual recorrí la mayoría de los escalones posibles de la llamada “carrera judicial”, con el único intervalo de la última dictadura militar. E intento señalar datos, no hacer elaboraciones abstractas.
Una nota relevante, apuntada en aquellas jornadas, pasa por la “invisibilidad” para la opinión pública de muchísimos ámbitos judiciales, dado el predominio de lo penal en la difusión de esos temas. Deriva de la incidencia mediática que distorsiona, la ausencia de una comprensión social del funcionamiento judicial adecuada (para lo que también conspiran los modelos de enseñanza, sobre todo secundaria) y, también, las modalidades procesales que incluso en juicios donde se dirimen asuntos personalísimos no exigen la debida inmediación, el contacto directo, entre quienes tienen la responsabilidad de decidir con justicia y los que la reclaman.
Es difícil precisar en qué medida aquellos que trabajan dentro de esos espacios del sistema se prevalecen de tal opacidad, o lisa y llanamente no la advierten, pero es un problema ostensible (años ha conversábamos sobre el tema, referido al fuero comercial, con la actual Procuradora General y me acotaba “si no tratan con los ciudadanos, sólo con abogados más o menos especializados, mal pueden entender a la gente”). Varias de las voces que escuchamos en estas semanas lo han planteado apropiadamente.
Bienvenido el señalamiento. En 1988, por primera vez en su historia la tan meneada Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional admitió en su C. Directivo la participación plural (como fruto de una reforma estatutaria por la que veníamos bregando muchos desde 1984) y me cupo encabezar la representación minoritaria, pero nada proporcional (3 consejeros de 14, por entonces). Propusimos, de movida, la necesidad de saber “qué pensaba la gente sobre la Justicia y cómo le iba en sus relaciones con el Poder Judicial”, a través de una encuesta que no debía ser hecha “desde adentro” sino por terceros que pudiesen dar una visión razonablemente objetiva del asunto (v. gr.: la Facultad de C. Sociales UBA). La propuesta fue rechazada y aún hoy parece una asignatura pendiente.
Esa ausencia de identificación, la invisibilidad apuntada, abona o facilita la actuación judicial de imparcialidad aparente, técnica o más apropiadamente “boba”, como se la calificó con reiteración en los debates. Potencia, asimismo, la actitud de quienes se consideran miembros de un estamento privilegiado, la casta judicial que se distancia del ciudadano común y en la que arraigan como derivación directa prebendas y discriminaciones sobre las que se ha puesto énfasis en estos días. Un colega se preocupaba días pasados por tanta agitación, que podría asustar o ahuyentar a los “bienpensantes” (“biempensantes” para el Diccionario RAE); le retrucábamos que justamente esa expresión denomina a los que caben dentro de la masa impávida, acrítica, que actúa según “lo que siempre se hizo”, dócil con las jerarquías e inequitativa con los más débiles. Allí está, me parece, el meollo de la cuestión. No se trata, en suma, de convencer a los catecúmenos, sino de irradiar el mensaje de modo tal que penetre sobre los que se escudan tras esos velos.
Entre los ejemplos que procuro destacar, resulta afrentoso un aspecto defendido por muchos miembros de ese rebaño y casi desconocido por el común de la sociedad, esto es la extensión –interpretada judicialmente– de la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados... ¡a la tasa inflacionaria! Durante muchos años, y en pleno período democrático, cientos de jueces obtuvieron sumas siderales de actualización permanente de sueldos a espaldas del resto de sus conciudadanos; la promoción de esos juicios y hasta su patrocinio por estudios compuestos obviamente por ex magistrados provino de la misma Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Esa práctica –inmoral desde mi punto de vista– de la “garantía contra la inflación” (famoso fallo “Bonorino Peró y otros”, replicado innúmeras veces), entiendo que ha perimido, pero no me extrañaría que por algún artilugio haya quienes sigan beneficiándose por esa vía.
Las sumas erogadas de manera tan inescrupulosa superan largamente, estimo, lo que la aplicación justa del Impuesto a las Ganancias importaría. Ese tema, por otro lado, pudo haberlo solucionado la Corte Suprema hace muchos años y desde un colectivo judicial (“Encuentro de Jueces”) se hicieron llegar ideas para ello. Valga recordar, también, que fue desde el mismo ámbito que 33 jueces promovimos entonces la publicidad de nuestras declaraciones juradas patrimoniales y que los mismos medios que en su momento cantaran loas hoy parecen gambetear el sentido de la excelente propuesta presidencial.
Ya en la década del ’80 algunos planteamos dentro de la Cámara Criminal y Correccional la necesidad de esas declaraciones juradas obligatorias y públicas; escuchamos entonces a jueces “independientes” sostener que ello implicaría “desconfiar de los jueces y éstos están por encima de toda sospecha” (sic).
No he visto en la discusión mediática alusiones a esas polémicas, como tampoco críticas a los magistrados o funcionarios que viajan por cuenta de entidades ligadas a intereses que se discuten ante sus estrados, a virtuales agencias de viajes conectadas con academias judiciales extranjeras que poco y nada tienen que ver con la tarea jurisdiccional y se prodigan a quienes participan de la manada, a los que almuerzan invitados por las armadoras navieras cuyos casos recalan en su fuero, a los torneos de golf –y alguna otra práctica– convocados durante horarios de atención judicial, etc.
Y, también, la tan frecuente práctica “imparcial” de entender al juicio como un partido de tenis o algo así, donde el juez sería un espectador que recién a las cansadas decide; las interminables prácticas dilatorias para no hacerse cargo de una causa o las todavía peores, de “borrarse” cuando la eventual decisión es de las que queman (acabo de leer el caso de un amparo en razón del peligro para la vida de una persona, en la que los jueces de un tribunal provincial se excusaron, potenciando ese riesgo, ¡porque la provincia les debe dinero!). De los entuertos que benefician a estudios “allegados” y situaciones parecidas existe suficiente conocimiento como para abundar.
Sí se escuchan críticas sofísticas a la iniciativa del ingreso por examen al Poder Judicial y los ministerios públicos, so capa de su necesidad de extenderlo a los otros poderes, de obvia conveniencia e inobjetable sin dudas pero que prescinde claramente de las razones que tornan prioritario lo que hoy se discute. La estructura esencial del sistema jurisdiccional se basa en magistrados vitalicios, a diferencia de los otros en los que la renovación es frecuente, por lo que el vicio del nepotismo no sólo es más grave sino mucho más difícil de erradicar y sus consecuencias se trasladan a todos los niveles de esa estructura. Más de un siglo de ese funcionamiento lo demuestra.
Recuérdese que en 1984 la Corte Suprema renovada por propuesta del presidente Alfonsín promovió la realización de concursos obligatorios para diversos cargos letrados, así como la impresionante resistencia de la gran mayoría de los jueces a seguir esa consigna que a la postre fue abolida. Se escuchó a diario, entonces, que “nadie mejor que un juez para elegir un colaborador”. El dedo, convertido en sabio examinador, con harta frecuencia recae en familiares, amigos y, sobre todo, personas con “padrinos”.
Paso ahora a puntos que guardan relación con mi condición de jubilado, que entiendo justifican la crítica que nos califica como privilegiados. Y, vale aclararlo, son los beneficios que propongo analizar los que sostienen la validez de esas críticas, no el monto que percibimos, por cierto importante.
Estimo que si la Ley 24.018 establece que los magistrados jubilados conservamos el “estado judicial” (fundamento de aquella remuneración) y podemos ser convocados a prestar servicios en las condiciones que allí se fijan (art. 16, inc. “a”), la situación del jubilado no puede diferir de la del magistrado en actividad; sin embargo, hay varias regulaciones que sí la diferencian y que deberían derogarse.
La primera, la regulación del inc. “b” del citado art. 16, según la cual si el cumplimiento de la carga de convocatoria dura más de un mes el haber respectivo se incrementa en un 33 por ciento, al igual que para quienes subrogan un cargo. Al margen de apuntar que ese incremento sólo se justifica –y así fue establecido en su momento– cuando un magistrado o funcionario cubre una sede “suplementaria”, es decir atiende más de una función en simultáneo, cabe subrayar que el jubilado al que se convoca para desempeñar una función no se encuentra en esa situación, por lo que es insostenible esa prebenda.
Es de pública notoriedad la corruptela a la que ha dado lugar ese beneficio; numerosos magistrados se han jubilado para ser convocados, de inmediato y sine die para cubrir el mismo cargo, cobrando durante largo tiempo ese 33 por ciento. Deberíamos poner fin a esa lacra.
El mismo art. 16, inc. “d”, declaraba la incompatibilidad del haber jubilatorio con el ejercicio del comercio, al igual que para quienes permanecen en actividad, pero ese óbice fue vetado (Dec. 2599/91) por sutil –o no tanto– presión de la AMyFJN, de lo que se derivó la posibilidad de ejercicio profesional conjunta con la percepción de la jubilación. No tengo muy claro el punto respecto de otras jurisdicciones, pero la única restricción que aparenta estar vigente es la fijada por el art. 9 de la Ley 23.187 (CPAbCF), que fija un impedimento por dos años desde la jubilación y sólo para el ejercicio en el mismo fuero (lo que además ha sido interpretado incluso desde un criterio territorial; v. gr.: el fuero Penal federal lo sería... sólo en el ámbito de la Cámara respectiva).
No sé, tampoco, porque he mantenido mi matrícula suspendida desde mi jubilación y sólo he escuchado comentarios, si a quien ejerce la profesión de abogado se le reducen los emolumentos jubilatorios (hay quienes hablan del rubro “bloqueo de título”, de relativamente escasa incidencia), pero parecería que ninguno de los que alegremente abogan se queja en ningún sentido.
La objeción al ejercicio profesional no la fundo sólo en los aspectos remuneratorios. Ninguno se engaña acerca de la competencia desleal que en muchos casos representa litigar contra profesionales que hacen gala de su “chapa” y, además, mantienen el estado judicial. A ello cabe añadir la obvia complicación que surge a la hora de pretender que quien tiene un estudio en pleno funcionamiento y actúa incluso en el mismo fuero sea convocado.
En suma, mucha tela para cortar... Las reflexiones y los datos podrían seguir, pero el espacio tiene un límite y prefiero imaginar que maestros como Juan Sasturain al leer el título señalarían más bien referirse a “puntos y bancas”, por lo que mi aspiración es que más pronto que tarde sean los ciudadanos “la banca” y no siga vigente la inversa.
* Juez de Cámara federal, jubilado.
El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, anunció 72 horas de paro para la próxima semana en rechazo a la reforma judicial que se discute en el Congreso. El dirigente gremial calificó las iniciativas elaboradas por el Poder Ejecutivo como un “proyecto de ajuste y avasallamiento del Poder Judicial”. Un sector de la UEJN plantea que la razón de fondo es la forma que adquiere en adelante la negociación salarial, ya que de aprobarse las iniciativas el nuevo interlocutor paritario sería el Consejo de la Magistratura y no la Corte Suprema, con la que Piumato tiene buena relación. El representante del Poder Ejecutivo en dicho cuerpo, Hernán Ordiales, consideró que “el paro va a ser un fracaso” y recordó que hace ocho años, el dirigente moyanista respaldó un proyecto similar al que envió el Gobierno al Congreso para que se promueva el ingreso democrático al Poder Judicial.
Luego de una asamblea en la sede de los tribunales de Comodoro Py, el dirigente del sindicato de empleados judiciales comunicó el “unánime rechazo” a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno nacional y anunciaron el cese de actividades laborales durante tres días hábiles desde el próximo miércoles. “Vamos a llenar la plaza Lavalle y demostremos que los judiciales defenderemos la Constitución nacional y la división de poderes”, manifestó el presidente de UEJN, Julio Piumato.
“Nos movilizamos contra el proyecto de ajuste y avasallamiento del Poder judicial”, sostuvo el gremialista, quien opinó que “la reforma judicial impulsada por el Gobierno afecta los intereses de todos los argentinos”. Criticó la creación de nuevas Cámaras que, opinó, perjudicarían “a trabajadores y jubilados al generar una nueva instancia que retrasa por años la duración de los juicios”. También apuntó contra las modificaciones al Consejo de la Magistratura: “Es a todas luces inconstitucional porque no respeta ni la letra ni el espíritu de la Constitución”.
La medida de fuerza sorprendió a algunos sectores del gremio, que la rechazaron. “Piumato no le consultó a nadie si podía adoptar esta medida”, comentaron fuentes del sindicato, que aseguraron que “se están discutiendo otros temas, hubo asambleas para debatir aspectos estrictamente laborales y hoy (por ayer) a la mañana nos enteramos que hay un paro por la reforma judicial”. “Es un paro mediático”, consideraron.
Estos sectores disidentes del gremio sostuvieron que lo que el dirigente cegetista no ve con buenos ojos es que, tras la reforma, “la negociación salarial va a quedar en manos del Consejo de la Magistratura, tal como indica la Constitución”. Los afiliados de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires de la UEJN comunicaron públicamente su respaldo a la reforma judicial.
Ordiales señaló que la cercanía de Piumato con Hugo Moyano, que se mantuvo aun cuando el dirigente camionero se alejó del Gobierno, “produjo una fractura en el gremio judicial”, planteó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales. “Hace ocho años elaboramos un proyecto para el ingreso democrático en el que él estuvo de acuerdo”, recordó. Dijo no entender cómo el gremio se opone a la iniciativa que “va a permitir que se pueda ingresar a la Justicia transparentemente y no por el acomodo”. “Es sorprendente y lamentable un paro nacional de la Justicia”, lamentó y pronosticó que la medida “va a ser un fracaso”.
Fuente:Pagina12
Para De Narváez, “lo que está en juego es la libertad y esa es la batalla que se va a dar en la provincia de Buenos Aires”. La academia de moralistas que encabezan Manuel Solanet, Santiago Kovadloff y Leonardo Mc Lean advirtió que la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura “desvirtúa en su esencia” y sus atributos “para asegurar la independencia e idoneidad del sistema judicial”. Fernando Solanas, de Proyecto Sur, dijo que el Gobierno “busca impunidad” y denunció que “la Justicia Electoral fue eliminada”.
Para Slokar la reforma “profundiza la idea de democracia”. “Hay un común denominador que es que la ciudadanía expresa desencanto con respecto al funcionamiento de la Justicia. El Poder Judicial está emplazado a reformarse”, señaló. “Lo peor que puede pasar es que todo se judicialice y sean los propios jueces los que decidan cómo aprobar un conjunto de reformas que regulan su actuación”, añadió. El fiscal Crous consideró que el paquete de proyectos enviados al Congreso “garantizará mejor pluralidad frente al sistema actual concentrado y homogéneo”. Carral celebró la “democratización de la Justicia”, destacó que se deben “reglamentar las cautelares” y consideró “razonable que los jueces apuren la decisión final de la causa para que no esté en el aire durante años”. “Se puede discutir si está bien o no seis meses, pero hay que ponerle un término”, dijo.
PANORAMA POLITICO
Justicia corporativa
Por Luis Bruschtein
Imagen: Leandro Teysseire
Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.
De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.
Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?
Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.
El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.
El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?
El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.
Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.
La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.
La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.
Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.
OPINION
Sobre los puntos y las íes
Por Mario Gustavo Costa *
A toda conmoción social suele seguirle un período en el que tienden a decantar sus vibraciones, a generar reflexiones interpretativas y/o a formular pronósticos respecto de las consecuencias del episodio. El anuncio presidencial del envío al Congreso de proyectos para modificar –y mejorar en función de reclamos persistentes de muchos sectores sociales– los modos de actuación del Poder Judicial ha detonado previsibles reacciones corporativas de diverso cuño pero similar ideología, que alegan una defensa de la “independencia judicial” sobre bases muy alejadas de lo que esa expresión conlleva. Lo mismo ocurrió respecto del movimiento hacia una “Justicia legítima”, que en particular provocó la fantástica erupción concretada en las jornadas de la Biblioteca Nacional.
No pretendo, ni podría, examinar en profundidad el fenómeno al que asistimos y menos aún calibrar sus alcances, que por cierto auguran nuevas e importantes sacudidas. Me limitaré, así, a destacar algunas notas que estimo relevantes y tendientes a marcar la hipocresía que domina a esas críticas de quienes arguyen ser algo así como propietarios de aquella independencia. Y me referiré, específicamente, a quienes así parlotean desde el seno del sistema judicial (de un Servicio al que nunca asumen como tal). En cuanto al texto de los proyectos, que en su tono general apoyo con entusiasmo, la discusión en el seno de “Justicia legítima” permitirá emitir opiniones más precisas.
Parto de la modesta posición de un testigo autorizado. El mes próximo harán 50 años de mi ingreso al fuero en lo criminal y correccional de esta ciudad, a partir de lo cual recorrí la mayoría de los escalones posibles de la llamada “carrera judicial”, con el único intervalo de la última dictadura militar. E intento señalar datos, no hacer elaboraciones abstractas.
Una nota relevante, apuntada en aquellas jornadas, pasa por la “invisibilidad” para la opinión pública de muchísimos ámbitos judiciales, dado el predominio de lo penal en la difusión de esos temas. Deriva de la incidencia mediática que distorsiona, la ausencia de una comprensión social del funcionamiento judicial adecuada (para lo que también conspiran los modelos de enseñanza, sobre todo secundaria) y, también, las modalidades procesales que incluso en juicios donde se dirimen asuntos personalísimos no exigen la debida inmediación, el contacto directo, entre quienes tienen la responsabilidad de decidir con justicia y los que la reclaman.
Es difícil precisar en qué medida aquellos que trabajan dentro de esos espacios del sistema se prevalecen de tal opacidad, o lisa y llanamente no la advierten, pero es un problema ostensible (años ha conversábamos sobre el tema, referido al fuero comercial, con la actual Procuradora General y me acotaba “si no tratan con los ciudadanos, sólo con abogados más o menos especializados, mal pueden entender a la gente”). Varias de las voces que escuchamos en estas semanas lo han planteado apropiadamente.
Bienvenido el señalamiento. En 1988, por primera vez en su historia la tan meneada Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional admitió en su C. Directivo la participación plural (como fruto de una reforma estatutaria por la que veníamos bregando muchos desde 1984) y me cupo encabezar la representación minoritaria, pero nada proporcional (3 consejeros de 14, por entonces). Propusimos, de movida, la necesidad de saber “qué pensaba la gente sobre la Justicia y cómo le iba en sus relaciones con el Poder Judicial”, a través de una encuesta que no debía ser hecha “desde adentro” sino por terceros que pudiesen dar una visión razonablemente objetiva del asunto (v. gr.: la Facultad de C. Sociales UBA). La propuesta fue rechazada y aún hoy parece una asignatura pendiente.
Esa ausencia de identificación, la invisibilidad apuntada, abona o facilita la actuación judicial de imparcialidad aparente, técnica o más apropiadamente “boba”, como se la calificó con reiteración en los debates. Potencia, asimismo, la actitud de quienes se consideran miembros de un estamento privilegiado, la casta judicial que se distancia del ciudadano común y en la que arraigan como derivación directa prebendas y discriminaciones sobre las que se ha puesto énfasis en estos días. Un colega se preocupaba días pasados por tanta agitación, que podría asustar o ahuyentar a los “bienpensantes” (“biempensantes” para el Diccionario RAE); le retrucábamos que justamente esa expresión denomina a los que caben dentro de la masa impávida, acrítica, que actúa según “lo que siempre se hizo”, dócil con las jerarquías e inequitativa con los más débiles. Allí está, me parece, el meollo de la cuestión. No se trata, en suma, de convencer a los catecúmenos, sino de irradiar el mensaje de modo tal que penetre sobre los que se escudan tras esos velos.
Entre los ejemplos que procuro destacar, resulta afrentoso un aspecto defendido por muchos miembros de ese rebaño y casi desconocido por el común de la sociedad, esto es la extensión –interpretada judicialmente– de la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados... ¡a la tasa inflacionaria! Durante muchos años, y en pleno período democrático, cientos de jueces obtuvieron sumas siderales de actualización permanente de sueldos a espaldas del resto de sus conciudadanos; la promoción de esos juicios y hasta su patrocinio por estudios compuestos obviamente por ex magistrados provino de la misma Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Esa práctica –inmoral desde mi punto de vista– de la “garantía contra la inflación” (famoso fallo “Bonorino Peró y otros”, replicado innúmeras veces), entiendo que ha perimido, pero no me extrañaría que por algún artilugio haya quienes sigan beneficiándose por esa vía.
Las sumas erogadas de manera tan inescrupulosa superan largamente, estimo, lo que la aplicación justa del Impuesto a las Ganancias importaría. Ese tema, por otro lado, pudo haberlo solucionado la Corte Suprema hace muchos años y desde un colectivo judicial (“Encuentro de Jueces”) se hicieron llegar ideas para ello. Valga recordar, también, que fue desde el mismo ámbito que 33 jueces promovimos entonces la publicidad de nuestras declaraciones juradas patrimoniales y que los mismos medios que en su momento cantaran loas hoy parecen gambetear el sentido de la excelente propuesta presidencial.
Ya en la década del ’80 algunos planteamos dentro de la Cámara Criminal y Correccional la necesidad de esas declaraciones juradas obligatorias y públicas; escuchamos entonces a jueces “independientes” sostener que ello implicaría “desconfiar de los jueces y éstos están por encima de toda sospecha” (sic).
No he visto en la discusión mediática alusiones a esas polémicas, como tampoco críticas a los magistrados o funcionarios que viajan por cuenta de entidades ligadas a intereses que se discuten ante sus estrados, a virtuales agencias de viajes conectadas con academias judiciales extranjeras que poco y nada tienen que ver con la tarea jurisdiccional y se prodigan a quienes participan de la manada, a los que almuerzan invitados por las armadoras navieras cuyos casos recalan en su fuero, a los torneos de golf –y alguna otra práctica– convocados durante horarios de atención judicial, etc.
Y, también, la tan frecuente práctica “imparcial” de entender al juicio como un partido de tenis o algo así, donde el juez sería un espectador que recién a las cansadas decide; las interminables prácticas dilatorias para no hacerse cargo de una causa o las todavía peores, de “borrarse” cuando la eventual decisión es de las que queman (acabo de leer el caso de un amparo en razón del peligro para la vida de una persona, en la que los jueces de un tribunal provincial se excusaron, potenciando ese riesgo, ¡porque la provincia les debe dinero!). De los entuertos que benefician a estudios “allegados” y situaciones parecidas existe suficiente conocimiento como para abundar.
Sí se escuchan críticas sofísticas a la iniciativa del ingreso por examen al Poder Judicial y los ministerios públicos, so capa de su necesidad de extenderlo a los otros poderes, de obvia conveniencia e inobjetable sin dudas pero que prescinde claramente de las razones que tornan prioritario lo que hoy se discute. La estructura esencial del sistema jurisdiccional se basa en magistrados vitalicios, a diferencia de los otros en los que la renovación es frecuente, por lo que el vicio del nepotismo no sólo es más grave sino mucho más difícil de erradicar y sus consecuencias se trasladan a todos los niveles de esa estructura. Más de un siglo de ese funcionamiento lo demuestra.
Recuérdese que en 1984 la Corte Suprema renovada por propuesta del presidente Alfonsín promovió la realización de concursos obligatorios para diversos cargos letrados, así como la impresionante resistencia de la gran mayoría de los jueces a seguir esa consigna que a la postre fue abolida. Se escuchó a diario, entonces, que “nadie mejor que un juez para elegir un colaborador”. El dedo, convertido en sabio examinador, con harta frecuencia recae en familiares, amigos y, sobre todo, personas con “padrinos”.
Paso ahora a puntos que guardan relación con mi condición de jubilado, que entiendo justifican la crítica que nos califica como privilegiados. Y, vale aclararlo, son los beneficios que propongo analizar los que sostienen la validez de esas críticas, no el monto que percibimos, por cierto importante.
Estimo que si la Ley 24.018 establece que los magistrados jubilados conservamos el “estado judicial” (fundamento de aquella remuneración) y podemos ser convocados a prestar servicios en las condiciones que allí se fijan (art. 16, inc. “a”), la situación del jubilado no puede diferir de la del magistrado en actividad; sin embargo, hay varias regulaciones que sí la diferencian y que deberían derogarse.
La primera, la regulación del inc. “b” del citado art. 16, según la cual si el cumplimiento de la carga de convocatoria dura más de un mes el haber respectivo se incrementa en un 33 por ciento, al igual que para quienes subrogan un cargo. Al margen de apuntar que ese incremento sólo se justifica –y así fue establecido en su momento– cuando un magistrado o funcionario cubre una sede “suplementaria”, es decir atiende más de una función en simultáneo, cabe subrayar que el jubilado al que se convoca para desempeñar una función no se encuentra en esa situación, por lo que es insostenible esa prebenda.
Es de pública notoriedad la corruptela a la que ha dado lugar ese beneficio; numerosos magistrados se han jubilado para ser convocados, de inmediato y sine die para cubrir el mismo cargo, cobrando durante largo tiempo ese 33 por ciento. Deberíamos poner fin a esa lacra.
El mismo art. 16, inc. “d”, declaraba la incompatibilidad del haber jubilatorio con el ejercicio del comercio, al igual que para quienes permanecen en actividad, pero ese óbice fue vetado (Dec. 2599/91) por sutil –o no tanto– presión de la AMyFJN, de lo que se derivó la posibilidad de ejercicio profesional conjunta con la percepción de la jubilación. No tengo muy claro el punto respecto de otras jurisdicciones, pero la única restricción que aparenta estar vigente es la fijada por el art. 9 de la Ley 23.187 (CPAbCF), que fija un impedimento por dos años desde la jubilación y sólo para el ejercicio en el mismo fuero (lo que además ha sido interpretado incluso desde un criterio territorial; v. gr.: el fuero Penal federal lo sería... sólo en el ámbito de la Cámara respectiva).
No sé, tampoco, porque he mantenido mi matrícula suspendida desde mi jubilación y sólo he escuchado comentarios, si a quien ejerce la profesión de abogado se le reducen los emolumentos jubilatorios (hay quienes hablan del rubro “bloqueo de título”, de relativamente escasa incidencia), pero parecería que ninguno de los que alegremente abogan se queja en ningún sentido.
La objeción al ejercicio profesional no la fundo sólo en los aspectos remuneratorios. Ninguno se engaña acerca de la competencia desleal que en muchos casos representa litigar contra profesionales que hacen gala de su “chapa” y, además, mantienen el estado judicial. A ello cabe añadir la obvia complicación que surge a la hora de pretender que quien tiene un estudio en pleno funcionamiento y actúa incluso en el mismo fuero sea convocado.
En suma, mucha tela para cortar... Las reflexiones y los datos podrían seguir, pero el espacio tiene un límite y prefiero imaginar que maestros como Juan Sasturain al leer el título señalarían más bien referirse a “puntos y bancas”, por lo que mi aspiración es que más pronto que tarde sean los ciudadanos “la banca” y no siga vigente la inversa.
* Juez de Cámara federal, jubilado.
EL LIDER DEL GREMIO JUDICIAL, JULIO PIUMATO, CONVOCO A UN PARO POR 72 HORAS
Judiciales divididos por la reforma judicial
Piumato dijo que los proyectos son “de ajuste y avasallamiento del Poder Judicial”. Hay críticas al dirigente dentro del gremio.
Julio Piumato anunció el cese de actividades laborales durante tres días hábiles desde el próximo miércoles.Imagen: DyN
Luego de una asamblea en la sede de los tribunales de Comodoro Py, el dirigente del sindicato de empleados judiciales comunicó el “unánime rechazo” a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno nacional y anunciaron el cese de actividades laborales durante tres días hábiles desde el próximo miércoles. “Vamos a llenar la plaza Lavalle y demostremos que los judiciales defenderemos la Constitución nacional y la división de poderes”, manifestó el presidente de UEJN, Julio Piumato.
“Nos movilizamos contra el proyecto de ajuste y avasallamiento del Poder judicial”, sostuvo el gremialista, quien opinó que “la reforma judicial impulsada por el Gobierno afecta los intereses de todos los argentinos”. Criticó la creación de nuevas Cámaras que, opinó, perjudicarían “a trabajadores y jubilados al generar una nueva instancia que retrasa por años la duración de los juicios”. También apuntó contra las modificaciones al Consejo de la Magistratura: “Es a todas luces inconstitucional porque no respeta ni la letra ni el espíritu de la Constitución”.
La medida de fuerza sorprendió a algunos sectores del gremio, que la rechazaron. “Piumato no le consultó a nadie si podía adoptar esta medida”, comentaron fuentes del sindicato, que aseguraron que “se están discutiendo otros temas, hubo asambleas para debatir aspectos estrictamente laborales y hoy (por ayer) a la mañana nos enteramos que hay un paro por la reforma judicial”. “Es un paro mediático”, consideraron.
Estos sectores disidentes del gremio sostuvieron que lo que el dirigente cegetista no ve con buenos ojos es que, tras la reforma, “la negociación salarial va a quedar en manos del Consejo de la Magistratura, tal como indica la Constitución”. Los afiliados de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires de la UEJN comunicaron públicamente su respaldo a la reforma judicial.
Ordiales señaló que la cercanía de Piumato con Hugo Moyano, que se mantuvo aun cuando el dirigente camionero se alejó del Gobierno, “produjo una fractura en el gremio judicial”, planteó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales. “Hace ocho años elaboramos un proyecto para el ingreso democrático en el que él estuvo de acuerdo”, recordó. Dijo no entender cómo el gremio se opone a la iniciativa que “va a permitir que se pueda ingresar a la Justicia transparentemente y no por el acomodo”. “Es sorprendente y lamentable un paro nacional de la Justicia”, lamentó y pronosticó que la medida “va a ser un fracaso”.
Fuente:Pagina12
13.04.2013
Zaffaroni, sobre la democratización judicial: "Me entusiasma el debate"
El juez de la Corte Suprema se pronunció respecto del proyecto que impulsa el Ejecutivo y sostuvo como positivo "que los políticos empezaran a discutir"el tema judicial. "La gente de la clase carenciada no tiene acceso a la justicia civil", aseguró el magistrado.
En diálogo radial, Zaffaroni explicó: "No sé si es bueno o malo, pero me entusiasma el debate. Hace mucho tiempo esperaba que los políticos empezaran a discutir el tema judicial".
En el marco de las iniciativas presentadas por el Gobierno, el magistrado destacó que lo fundamental "es el acceso a la justicia", y aseguró: "La gente de la clase carenciada no tienen acceso a la justicia civil". Zaffaroni habló también sobre la reforma del Consejo de Magistratura.
"Nunca llegó a tener espíritu de cuerpo. Es un órgano de administración que maneja un presupuesto muy grande. No es un elemento que se pueda manejar tomando el té dos veces por semana. Le critico que nunca tuvo espíritu de cuerpo".
Fuente:InfoNews
Consejo de la Magistratura
OPOSITORES CORPORATIVOS Y ANTIDEMOCRATICOS
Por: Eduardo Di Cola*
Si nos remitimos a la página oficial del Consejo de la Magistratura donde están los antecedentes de sus miembros, y nos enfocamos en los cinco elegidos por el voto calificado de jueces y abogados, podrá apreciar que además de ser jueces y abogados, han trabajado y participado en los poderes ejecutivos y legislativos, en los bloques políticos, han sido precandidatos, participaron de gobiernos nacionales y provinciales como funcionarios y asesores. Incluso, lamentablemente, hasta en gobiernos de facto
Todo naturalmente dentro de un encuadre ideológico y en el marco de gobiernos con obvios orígenes políticos partidarios.
Los comentarios que anteceden no están alimentados por ningún ánimo crítico. Por el contrario, la pertenencia a un gobierno democrático, la adhesión a una ideología y a un partido político, debe ser motivo del mejor de los elogios.
De lo que se trata es de alumbrar lo que resulta una verdad de perogrullo. Electores y electos somos personas comunes con los más y menos que a cada quien le corresponde.
Si para una determinada función que tiene evidentes consecuencias para el conjunto de la sociedad, debemos nominar a quienes reúnan la condición de juez y de abogado, nada justifica que sean solo los jueces y abogados quienes lo elijan. En todo caso será así para la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados, no para el Consejo de la Magistratura.
Frente a la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para que en lo sucesivo los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos
por el voto de la ciudadanía, no se comprende la irracional postura política de algunos opositores, que con actitudes destempladas terminan defendiendo el voto calificado de los intereses corporativos más concentrados, en desmedro de la participación popular y democrática
*Diputado Nacional (MC)
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