Se realizará un foro de tres días para reunir propuestas que enriquezcan la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla
La sociedad colombiana debate sobre el futuro político de las FARC
Las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia promueven el encuentro que busca complementar las negociaciones de paz que desde hace meses se desarrollan en La Habana. Los grandes medios participarán de las jornadas.
El director del Centro de Seguimiento del Proceso de Paz de la UN, Alejo Vargas, explicó que el foro "es un mensaje a la sociedad de que los negociadores del gobierno y las FARC están a las puertas de terminar el primer punto", referido al diálogo sobre la tenencia de la tierra, causa originaria del conflicto colombiano. La participación política de la guerrilla es el que le sigue y el foro está convocado para diseñar el aporte de la sociedad a las partes.
"El ambiente que se genere va a favorecer al proceso", señaló Vargas, quien detalló que el objetivo es "crear una masa crítica que apoye cada vez más a la mesa de diálogo de La Habana". Pero este foro también contribuirá a concientizar a la sociedad, dividida por una campaña de la derecha, amplificada por los grandes órganos de prensa, en torno a la posibilidad de que las FARC se integren a la vida política. Entre los participantes estarán los propietarios de medios de comunicación.
En general, hay coincidencias en cuanto a que el momento en el que se encuentra el proceso es clave y las garantías para ejercer la oposición política son fundamentales para avanzar. "De este foro sobre las garantías depende el proceso de paz en su conjunto", señaló el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, quien observó que hay razones fundadas para pensar que es posible la llegada de los guerrilleros a la vida política por otra vía que no sea la lucha armada, "pero para ello hace falta voluntad", dijo.
Esa voluntad pasa porque "se acabe con toda propaganda o discurso que estigmatice al grupo" armado y con gestos, tanto del Estado como de la guerrilla. El congresista recordó que el genocidio de la Unión Patriótica (UP), nacida en 1985 en virtud a un acuerdo entre otros grupos guerrilleros y el entonces presidente Belisario Betancur, "reforzó en el imaginario de las FARC la imposibilidad de participar por las vías legales y electorales en los procesos políticos".
Razones para la desconfianza no faltan. Con la aquiescencia del mismo establishment de hoy, fueron asesinados dos candidatos presidenciales de la UP, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, once alcaldes y miles de sus militantes. Los crímenes fueron cometidos por grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado. "Pese a todo se ha demostrado que es posible cuando se quiere. Si el establishment lo quiere es posible llegar a procesos de participación", agregó Cepeda.
Fuente:TiempoArgentino
27.04.2013
Colombia
Abren este domingo debate social sobre la integración política de las FARC
Colombia
Abren este domingo debate social sobre la integración política de las FARC
Partidos, movimientos sociales, expertos y medios de comunicación iniciarán un debate sobre la integración de las FARC a la vida política tras un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia.
Esos sectores se congregarán en un foro de tres días organizado por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia, al que se sumarán protagonistas de procesos de paz en otras partes del mundo, como El Salvador, Sudáfrica o Filipinas, para explicar sus experiencias.
El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, explicó, citado por la agencia EFE, que este foro "es un mensaje a la sociedad de que los negociadores del Gobierno y las FARC están a las puertas de terminar el primer punto" sobre política de tierras, con el que se inició el diálogo en noviembre y causa originaria del conflicto social y armado colombiano.
"El ambiente que se genere va a favorecer el proceso", apuntó Vargas, quien detalló que el objetivo es "crear una masa (social) crítica que apoye cada vez más a la mesa de La Habana desde la distancia".
Autoridades, expertos y víctimas del largo conflicto armado coinciden en que el momento en el que se encuentra el proceso es clave y las garantías que se establezcan para ejercer la oposición política son fundamentales para avanzar.
"De ese foro sobre las garantías depende el proceso de paz en su conjunto", reconoció el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, quien observó que hay razones para pensar que sí es posible la llegada de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la vida política, pero para ello hace falta "voluntad".
Esa voluntad pasa porque "se acabe con cualquier tipo de propaganda o discurso que estigmatice al grupo" armado y con gestos tanto del Estado como de la guerrilla que incluyan el reconocimiento de las víctimas que ha dejado la confrontación armada en cada bando.
El congresista recordó que el asesinato sistemático de más de 3.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), nacida en 1985 en virtud a un acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno de entonces, "reforzó en el imaginario de las FARC la imposibilidad de participar por las vías legales y electorales en los procesos políticos".
"Pero se ha demostrado que es posible cuando se quiere. Si el establishment político tiene voluntad es posible llegar a procesos de participación", agregó Cepeda, al exponer que pese a los sucesos de la UP el caso más evidente de éxito fue el de la guerrilla del M-19.
Vera Grabe, exguerrillera del M-19 y la primera congresista que tuvo ese grupo armado tras su desmovilización en 1990, se mostró convencida de que las FARC pueden pasar a la legalidad siempre y cuando abandonen las armas.
Iván Cepeda y Vera Grabe coincidieron en que para que se den esas garantías hay que buscar mecanismos dentro de la justicia transicional.
En el caso del congresista, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda y presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), indicó que esas alternativas deben surgir de un debate nacional en el que participen las víctimas, del desmantelamiento de las estructuras paramilitares y de una depuración de las Fuerzas Armadas.
Según Grabe, "existe una Corte Penal Internacional (CPI) que marca pautas, pero también se deben sopesar las ventajas que implica un proceso de paz".
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó como opción condenas suspendidas, es decir, que los autores de delitos graves sean condenados y sus penas se suspendan bajo determinadas condiciones.
De esa justicia transicional, de las garantías para ejercer la política, del rechazo popular y de las experiencias internacionales tratará el foro de la ONU y la Universidad Nacional, cuyas conclusiones irán a parar a la mesa de La Habana, como ya pasó anteriormente con el debate social en el mismo ámbito sobre política de desarrollo agropecuario.
Abrirán el foro mensajes del presidente de Uruguay, exlíder de la guerrilla tupamara, José Mujica; del premio Nobel de la Paz argentino en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y de otros personajes que lucharon en sus países por terminar con los conflictos violentos.
El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, explicó, citado por la agencia EFE, que este foro "es un mensaje a la sociedad de que los negociadores del Gobierno y las FARC están a las puertas de terminar el primer punto" sobre política de tierras, con el que se inició el diálogo en noviembre y causa originaria del conflicto social y armado colombiano.
"El ambiente que se genere va a favorecer el proceso", apuntó Vargas, quien detalló que el objetivo es "crear una masa (social) crítica que apoye cada vez más a la mesa de La Habana desde la distancia".
Autoridades, expertos y víctimas del largo conflicto armado coinciden en que el momento en el que se encuentra el proceso es clave y las garantías que se establezcan para ejercer la oposición política son fundamentales para avanzar.
"De ese foro sobre las garantías depende el proceso de paz en su conjunto", reconoció el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, quien observó que hay razones para pensar que sí es posible la llegada de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la vida política, pero para ello hace falta "voluntad".
Esa voluntad pasa porque "se acabe con cualquier tipo de propaganda o discurso que estigmatice al grupo" armado y con gestos tanto del Estado como de la guerrilla que incluyan el reconocimiento de las víctimas que ha dejado la confrontación armada en cada bando.
El congresista recordó que el asesinato sistemático de más de 3.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), nacida en 1985 en virtud a un acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno de entonces, "reforzó en el imaginario de las FARC la imposibilidad de participar por las vías legales y electorales en los procesos políticos".
"Pero se ha demostrado que es posible cuando se quiere. Si el establishment político tiene voluntad es posible llegar a procesos de participación", agregó Cepeda, al exponer que pese a los sucesos de la UP el caso más evidente de éxito fue el de la guerrilla del M-19.
Vera Grabe, exguerrillera del M-19 y la primera congresista que tuvo ese grupo armado tras su desmovilización en 1990, se mostró convencida de que las FARC pueden pasar a la legalidad siempre y cuando abandonen las armas.
Iván Cepeda y Vera Grabe coincidieron en que para que se den esas garantías hay que buscar mecanismos dentro de la justicia transicional.
En el caso del congresista, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda y presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), indicó que esas alternativas deben surgir de un debate nacional en el que participen las víctimas, del desmantelamiento de las estructuras paramilitares y de una depuración de las Fuerzas Armadas.
Según Grabe, "existe una Corte Penal Internacional (CPI) que marca pautas, pero también se deben sopesar las ventajas que implica un proceso de paz".
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó como opción condenas suspendidas, es decir, que los autores de delitos graves sean condenados y sus penas se suspendan bajo determinadas condiciones.
De esa justicia transicional, de las garantías para ejercer la política, del rechazo popular y de las experiencias internacionales tratará el foro de la ONU y la Universidad Nacional, cuyas conclusiones irán a parar a la mesa de La Habana, como ya pasó anteriormente con el debate social en el mismo ámbito sobre política de desarrollo agropecuario.
Abrirán el foro mensajes del presidente de Uruguay, exlíder de la guerrilla tupamara, José Mujica; del premio Nobel de la Paz argentino en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y de otros personajes que lucharon en sus países por terminar con los conflictos violentos.
Fuente:Telam
Colombia y un par de años más
Año 6. Edición número 258. Domingo 28 de abril de 2013
Por Osvaldo Drozd. Sur en América latina
contacto@miradasalsur.com
Cuestionamientos, apoyos y denuncias a la intención del presidente Juan Manuel Santos de ser reelegido por sólo dos años y luego implementar una reforma que aumente de cuatro a seis los años de mandato en su país.
La marcha por la Paz realizada el pasado 9 de abril, en la cual se congregaron en las calles de Bogotá casi un millón de personas, fue una expresión acabada de la voluntad ciudadana de terminar con los hechos de violencia que aquejan al país desde hace 65 años, pero a su vez es un indicador claro de que los que se movilizaron y apoyaron dicha marcha, también vislumbran que muchos de los problemas sociales y económicos que los aquejan, como la mencionada desigualdad, son parte de un mismo todo.
Los que siguen de cerca los acontecimientos políticos de Colombia no hubieran imaginado, hace unos años atrás, que el por entonces ministro de Defensa del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, desde que asumiera como presidente en agosto de 2010, emprendiera a partir de entonces un notable viraje en relación a la política que caracterizaba a ese país desde hacía varias décadas atrás. Sin dudas, el nuevo contexto de la región amerita ese cambio de rumbo, y mucho más entender que para nuestro continente se abre a nivel mundial un escenario inédito en coyunturas anteriores, a partir de la irrupción de nuevos actores globales.
Tal como señalara la influyente revista Semana, las declaraciones que Santos realizara en la ceremonia de clausura del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena el 19 de abril representaron una verdadera “bomba política”. Allí, reunido con todos los alcaldes y con la presencia de ministros y viceministros pertenecientes a las áreas de Vivienda, Transporte, Salud y Hacienda, el mandatario expresó que su intención es ser reelegido solamente por dos años y que luego se establezca una reforma constitucional que alargue el período presidencial a 6 años (hoy son 4) pero sin reelección, y que igual característica sea aplicada a los alcaldes y gobernadores, es decir que se extienda también de 4 a 6 años el mandato. En Colombia, los alcaldes y gobernadores no tienen reelección, y son elegidos en los comicios de medio término, es decir que sus mandatos no coinciden con la gestión presidencial más que en dos años. Con estos dichos, Santos afirmó que pretende que todas las gestiones desde la del presidente hasta la de los alcaldes coincidan en el tiempo.
Antes de enunciar estas pretensiones, que desde la opinión pública fueron cuestionadas porque traen aparejadas ciertas irregularidades constitucionales para poder ser implementadas, el mandatario colombiano les había expresado a los alcaldes que él quisiera, con ellos, “trazar unos caminos, unos procedimientos en donde podamos, el Gobierno Nacional y los gobiernos municipales, generar muchas más sinergias”, ya que “está comprobado a través de la historia que solamente cuando los gobiernos locales, los gobiernos estatales o departamentales, los gobiernos nacionales, se alinean y se ponen de acuerdo y trabajan juntos, ahí es cuando se produce desarrollo”. Y afirmó que “cuando no hay esa coordinación, cuando no hay ese entendimiento, no se producen resultados” y que por esa misma razón él estuvo “permanentemente pendiente de ver cómo podemos mejorar esa relación en sus diferentes niveles de gobierno”.
En su discurso, Santos dijo que reformar la Constitución antes de 2014 para alargar el período actual hasta 2016, no le parecía correcto debido a que él fue elegido por sólo 4 años.
La idea de alinear a presidente, gobernadores, alcaldes y tal vez también a congresistas por el lapso de 6 años, sin reelección, resulta novedosa y tal vez justificada, ya que, como el mismo Santos les expresara a los alcaldes, en sus respectivas gestiones “se demora un año en preparar su plan de desarrollo y en aprender a ejecutar. Lo mismo el Gobierno Nacional, un año. Al segundo año comienza a ejecutar y realmente es al tercer año cuando se da y el cuarto año ya es de elección, viene la ley de garantías y se para”, a lo que se suma que en los mandatos “los períodos no coinciden y como es necesario que los alcaldes estén sintonizados con los gobernadores y con el Gobierno Nacional, entonces realmente se reduce a su mínima expresión el momento de esa sinergia”.
El problema que genera transformar el actual calendario electoral, como alinear los mandatos en la forma como enunciara Santos, más que de índole político o de principios, representa un serio escollo en relación a cómo ajustar todo eso a las normativas constitucionales, y es por esto mismo que algunos analistas de ese país ven que la próxima agenda legislativa se pondrá bastante espesa ya que, por ejemplo, desde el uribismo consideran que se trata de una simple maniobra del actual presidente para legitimar el proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana.
La ex senadora Piedad Córdoba, integrante del movimiento Marcha Patriótica, expresó a través de la red social Twitter que si bien ella es una férrea opositora a Santos “no se puede ser mezquino con la paz. Si para lograrla se requieren dos años más, que haya paz”, ya que la “guerra deja millones de desplazados, miles de muertos y billones de pesos perdidos. Si esto requiere 2 años más de Santos, vale la pena”.
De todas formas Santos desestimó el lunes pasado la intención de realizar estas modificaciones considerando “que sería inconveniente dar trámite en el Congreso, en este momento, a cualquier iniciativa de esta naturaleza y que se debe dejar tan necesario debate para después de elegido el próximo gobierno” aunque en ningún momento desestimó presentarse el año venidero, para ser reelegido.
¿Cortina de humo o arremetida política?
Mientras algunos sostienen que la propuesta del presidente Santos de modificar la extensión de los mandatos es una cortina de humo que levantó para que no se vea que no mide bien en las encuestas, la derecha colombiana expresada por el ex presidente Uribe y algunos operadores externos –las organizaciones civiles Bogotá Somos Todos, Fuera Petro, ¿Dónde le firmo?, No más Petro, Creo Colombia, Juventudes Conservadoras, Movimiento Ciudadano y Firme con Bogotá– vienen sosteniendo una verdadera operación para revocar el mandato del actual alcalde capitalino Gustavo Petro.
El legislador Miguel Gómez Martínez, que si bien logró su cargo como representante del Partido de la U, hoy opera junto al uribismo, presentó el pasado 16 de abril ante la Registraduría Distrital de Bogotá un petitorio con 640.362 firmas que piden la inmediata revocatoria del alcalde.
Gómez expresó en ese momento que “los capitalinos no se dejaron engañar por discursos populistas ni por el tono agresivo del Alcalde Mayor y, por eso, más de 640 mil ciudadanos firmaron buscando que Petro se vaya”.
En respuesta a ello, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde dijo que “buscar por el camino fácil de la destitución lo que no pudieron lograr por las urnas sólo busca sabotear la esperanza de la Paz”. Y agregó: “Grupos de personas que creen ser luminados por razones extraterrenales se aprestan a violar el voto popular. Procurador: no debe escucharlos”, agregando luego que “en cualquier caso, cualquier violación al voto popular en Bogotá debe ser respondida con tranquilidad y con la mejor movilización por la paz”.
El precandidato presidencial por el uribista Centro Democrático Francisco “Pacho” Santos expresó el miércoles que “hay que apoyar la revocatoria totalmente para que en Bogotá no triunfe la ineptitud, porque el problema de Petro es que es francamente un alcalde inepto que le está haciendo muchísimo daño a la ciudad, la tiene paralizada, no tiene visión, donde usted mire hay problemas”.
Según informaba Caracol Radio el jueves, en 15 días la Procuraduría emitirá un fallo luego de inspeccionar las firmas y, constatando que siendo válidas, poder luego evaluar si deberá sancionar a Petro.
Horacio Duque escribía en Anncol que “la revocatoria del mandato del actual Alcalde de Bogotá Gustavo Petro es una cortina de humo levantada por la ultraderecha, las mafias de la contratación, el cartel del saqueo y los clanes políticos que prevalecen en el Cabildo distrital para dejar en la impunidad los delitos ejecutados contra la administración distrital que implicaron un descomunal despojo de los bienes estatales durante la administración de los señores Moreno Rojas (2008–2012), y para impedir la materialización del Programa de gobierno de la actual administración progresista”.
Fuente:MiradasalSur
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