Santos insiste en concentrar aún más la tierra rural
Por Jorge Enrique Robledo (MOIR)
Por considerarlos regresivos, y para dictar sentencia favorable en una demanda de congresistas del Polo, la Corte Constitucional declaró inexequibles tres artículos del Plan de Desarrollo con los que Santos y Restrepo intentaron fortalecer su modelo agrario a la medida de los monopolios nacionales y extranjeros, a partir de concentrar todavía más la propiedad y usufructo de las tierras rurales y de despojar al campesinado de sus derechos sobre el suelo del país (http://db.tt/XqNpNLhq). Debe saberse que estas propuestas intentaron concretarlas Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias.
La Ley 160 de 1994 establecía –y aún lo hace gracias a la demanda y a la sentencia– que las tierras baldías del Estado colombiano solo pueden entregárseles a los trabajadores agrarios y en áreas pequeñas, equivalentes a una UAF, medida equivalente a la cantidad de tierra con la que una familia campesina puede ganarse dos salarios mínimos. Esa norma también consagra que las parcelas originadas en la adjudicación de baldíos y en la reforma agraria no pueden enajenarse para conformar propiedades mayores. Es evidente, y así se aprobó a conciencia, que la norma promueve la propiedad campesina y apunta a que esta no termine, por su compraventa, convertida en haciendas.
La reforma que se hundió consagraba que los baldíos del Estado –millones y millones de hectáreas en la Orinoquia y en el resto del país– podían entregarse en áreas de cualquier tamaño –20, 50 mil o más hectáreas– y a cualquier magnate, nacional o extranjero. Y por la famosísima “sensibilidad social” de Santos, el campesinado sería “socio” de quienes le quitaban su derecho y sus tierras, garlito en el que no cayó la Corte. La ley establecía, además, la manera de cuadrar una realidad de la que se habla poco: en Colombia hay millones de hectáreas de baldíos con propietario pero carentes de títulos legales, porque violan la medida de la UAF. En ese lío están las tierras de Efremovich en el Cesar, de Las Pavas en Bolívar, de Argos en los Montes de María, del Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá y, en los Llanos, las de Carranza y las de trasnacionales como PoliGraw y Mónica Semillas.
Esta intentona, entre las más regresivas de la historia del país, se montó sobre dos falsedades: los campesinos le estorban al progreso del país y mientras mayores sean las fincas –a escala de monopolio–, más se desarrolla el campo. Falacias, porque aquí y en el extranjero hay pruebas de sobra de la capacidad campesina para generar progreso –al igual que lo hacen los empresarios que no son magnates– y porque Colombia registra una de las más altas concentraciones de la tierra rural del mundo y, al mismo tiempo, mantiene casi ociosas 21 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola. Nadie puede negar que después de 23 años de libre comercio el atractivo del campo no reside en producir, porque el que cultive tiende a la ruina, sino en especular con el aumento del precio del suelo, que es en lo que andan banqueros, monopolistas y trasnacionales.
Luego de oponerse de plano a cualquier ley de control a la extranjerización del campo, el ministro de Agricultura presentó su propio proyecto, con tres características. 1. Que no le pone límite a la toma de las tierras por parte de los extranjeros, de la que es tan devoto que escandaliza. 2. Se dirige contra los campesinos propietarios de tierras que fueron baldíos o de reforma agraria, al insistir en volverlos “socios” de los magnates nativos o extranjeros, que los convertirán en siervos o en rentistas paupérrimos. 3. Mediante un articulito, legaliza medio siglo de apropiaciones ilegales de baldíos (http://db.tt/g0Cc8Y2M). Y esto ocurre con la misma forma de mico legislativo por la que reclamó la Corte Constitucional sobre la reforma de la Ley 160 en el Plan de Desarrollo y cuando el Superintendente de Notariado afirma que el Estado ignora quién se apropió de los baldíos y con qué títulos, pero que él ya detectó cerca de un millón de hectáreas de baldíos ilegalmente apropiados por organizaciones armadas y delincuentes de cuello blanco (http://db.tt/fw4bKwtF).
¿Será mucho pedirle a un gobierno tan afecto a los contratos de billones definidos con las normas de la contratación privada –como los de las cien mil viviendas que cacarean tanto–, que no insista en modificar las normas sobre baldíos, por lo menos hasta que la Superintendencia de Notariado devele lo que pasa con ellos? ¿Y será mucho pedirle que si quiere arrebatarle los derechos sobre tierras al campesinado, no lo haga con leyes sobre otros tópicos sino de cara al país, como lo exige la Corte Constitucional?.
Fuente:Argenpress
29.04.2013
diálogo
Se debate en Colombia la posible participación política de las FARC dentro del foro
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Se debate en Colombia la posible participación política de las FARC dentro del foro
Más de 1200 actores de distintos sectores sociales y políticos analizaron en el foro ciudadano que se celebra desde el domingo en Bogotá la participación de la guerrilla, en caso de que alcance un acuerdo de paz con el Gobierno.
El foro, organizado por la ONU y la Universidad Nacional, es el segundo que se realiza (el primero fue en diciembre del año pasado y trató sobre el problema agrario) y se celebra a petición de las delegaciones negociadoras del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevan adelante desde noviembre pasado el proceso de paz en La Habana.
Unas 1200 personas pertenecientes a distintos partidos políticos y movimientos sociales, protagonistas de procesos de paz en otros países, expertos y medios de comunicación se reunieron para evaluar la posibilidad de que los miembros de la principal organización guerrillera del país se integren a la vida política, una vez concluido el diálogo de paz.
La iniciativa tiene un antecedente dramáticamente frustrado en la década de los `80, cuando 3000 exguerrilleros intentaron integrarse a la vida democrática a través de la Unión Patriótica (UP) y fueron asesinados sistemáticamente por organización paramilitares de ultraderecha.
En la primera sesión del domingo las distintas experiencias internacionales expuestas demostraron que es posible la llegada de los guerrilleros a la política siempre y cuando haya voluntad del gobierno, pero también si se propicia el diálogo y la tolerancia.
El representante del movimiento Progresistas, Antonio Navarro Wolff, explicó que la condición "indispensable" para que se alcance un acuerdo de paz es que exista la participación política aunque "hay un sector de la opinión colombiana que dice que eso se puede", cuestionó según consignó la agencia EFE.
Navarro Wolff, miembro de la desaparecida guerrilla del M-19, dijo además que "a nadie le cabe en la cabeza que los jefes de las FARC acepten irse presos" y que "la participación de ellos en la política es una condición obvia" de la negociación.
En el encuentro, la mayoría se mostró partidaria de la participación política de sectores guerrilleros con la única oposición del movimiento Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que estuvo ausente.
El senador del Partido Conservador, Hernán Andrade, explicó que su formación llega a este momento histórico con una posición "conciliadora" y con voluntad de "contribuir al logro de la paz".
Andrade se mostró favorable a ampliar las garantías políticas para "abrir el espacio democrático" y facilitar así "el aterrizaje de los grupos insurgentes" en el sistema político, aunque también hizo un pedido a las FARC: "Los que se van a desmovilizar tienen que entender que se separan del aparato armado".
También participó la exsenadora Piedad Córdoba, líder del movimiento izquierdista Marcha Patriótica, del que se dijo que puede ser el espacio utilizado por los guerrilleros desmovilizados para participar en política.
Córdoba reclamó la implantación de "un sistema electoral confiable, transparente y con voto electrónico" y planteó una "apertura del sistema democrático" que, en su opinión, "está establecido únicamente para beneficiar al establecimiento que se expresa a través de los partidos tradicionales".
Desde el gobierno, Humberto de la Calle, jefe de la delegación de Santos, aseguró que "sin armas, el Estado ofrece las garantías necesarias" para que la guerrilla "se incorpore a la democracia".
Por el lado de las FARC, los negociadores saludaron a los participantes del foro mediante un comunicado leído por el portavoz "Marco León Calarcá", alias de Luis Alberto Albán.
Allí, apuntó que el grupo entiende la participación política como "participación ciudadana con carácter decisorio" para la construcción de una democracia plena.
"De lo que se trata es de generar un ambiente jurídico y político que posibilite" a los colombianos "ejercer su sagrado derecho y deber de construir una patria grande y justa donde quepamos todos", indicó.
El foro se prolongará hasta el martes, cuando se harán públicas las conclusiones del debate en el que participan 18 sectores sociales, luego la ONU y la Universidad Nacional llevarán estas conclusiones a la mesa de negociación de La Habana el 20 de mayo.
Mientras se celebra el foro se presume que las FARC y el gobierno están a punto de abordar el segundo punto de la agenda de negociación, las garantías para ejercer la oposición política, tras concluir el primero, que trata el problema de la tierra.
Unas 1200 personas pertenecientes a distintos partidos políticos y movimientos sociales, protagonistas de procesos de paz en otros países, expertos y medios de comunicación se reunieron para evaluar la posibilidad de que los miembros de la principal organización guerrillera del país se integren a la vida política, una vez concluido el diálogo de paz.
La iniciativa tiene un antecedente dramáticamente frustrado en la década de los `80, cuando 3000 exguerrilleros intentaron integrarse a la vida democrática a través de la Unión Patriótica (UP) y fueron asesinados sistemáticamente por organización paramilitares de ultraderecha.
En la primera sesión del domingo las distintas experiencias internacionales expuestas demostraron que es posible la llegada de los guerrilleros a la política siempre y cuando haya voluntad del gobierno, pero también si se propicia el diálogo y la tolerancia.
El representante del movimiento Progresistas, Antonio Navarro Wolff, explicó que la condición "indispensable" para que se alcance un acuerdo de paz es que exista la participación política aunque "hay un sector de la opinión colombiana que dice que eso se puede", cuestionó según consignó la agencia EFE.
Navarro Wolff, miembro de la desaparecida guerrilla del M-19, dijo además que "a nadie le cabe en la cabeza que los jefes de las FARC acepten irse presos" y que "la participación de ellos en la política es una condición obvia" de la negociación.
En el encuentro, la mayoría se mostró partidaria de la participación política de sectores guerrilleros con la única oposición del movimiento Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que estuvo ausente.
El senador del Partido Conservador, Hernán Andrade, explicó que su formación llega a este momento histórico con una posición "conciliadora" y con voluntad de "contribuir al logro de la paz".
Andrade se mostró favorable a ampliar las garantías políticas para "abrir el espacio democrático" y facilitar así "el aterrizaje de los grupos insurgentes" en el sistema político, aunque también hizo un pedido a las FARC: "Los que se van a desmovilizar tienen que entender que se separan del aparato armado".
También participó la exsenadora Piedad Córdoba, líder del movimiento izquierdista Marcha Patriótica, del que se dijo que puede ser el espacio utilizado por los guerrilleros desmovilizados para participar en política.
Córdoba reclamó la implantación de "un sistema electoral confiable, transparente y con voto electrónico" y planteó una "apertura del sistema democrático" que, en su opinión, "está establecido únicamente para beneficiar al establecimiento que se expresa a través de los partidos tradicionales".
Desde el gobierno, Humberto de la Calle, jefe de la delegación de Santos, aseguró que "sin armas, el Estado ofrece las garantías necesarias" para que la guerrilla "se incorpore a la democracia".
"Sin armas, el Estado ofrece las garantías necesarias para que la guerrilla se incorpore a la democracia"Sobre el foro, dijo que se trata de un escenario "pluralista, ordenado y útil", animó a los ciudadanos a participar y manifestó su confianza en que las propuestas que surjan de ese espacio sirvan como aportes a la mesa de diálogo.
Humberto de la Calle
Por el lado de las FARC, los negociadores saludaron a los participantes del foro mediante un comunicado leído por el portavoz "Marco León Calarcá", alias de Luis Alberto Albán.
Allí, apuntó que el grupo entiende la participación política como "participación ciudadana con carácter decisorio" para la construcción de una democracia plena.
"De lo que se trata es de generar un ambiente jurídico y político que posibilite" a los colombianos "ejercer su sagrado derecho y deber de construir una patria grande y justa donde quepamos todos", indicó.
El foro se prolongará hasta el martes, cuando se harán públicas las conclusiones del debate en el que participan 18 sectores sociales, luego la ONU y la Universidad Nacional llevarán estas conclusiones a la mesa de negociación de La Habana el 20 de mayo.
Mientras se celebra el foro se presume que las FARC y el gobierno están a punto de abordar el segundo punto de la agenda de negociación, las garantías para ejercer la oposición política, tras concluir el primero, que trata el problema de la tierra.
Fuente:Telam
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