Según Llonto, debió juzgarse de una vez a los más de 100 imputados en 200 casos
Comenzó el 8º juicio oral por Campo de Mayo. Los querellantes critican la fragmentación de la causa
La justicia federal de San Martín comenzó a juzgar hoy a Santiago Omar Riveros y otros tres imputados por delitos de lesa humanidad de los que resultaron 29 víctimas, en el octavo juicio a represores que actuaron en la jurisdicción militar de Campo de Mayo durante la última dictadura. El juicio caratulado "Buitrago, Sergio y otros" se inició minutos después de las 11 en la sala de la que dispone la justicia federal en Pueyrredón 3734, en el casco céntrico de la ciudad bonaerense de San Martín. Además de Riveros (ex comandante de Institutos Militares del Ejército), en la causa por la represión terrorista de Estado en el área de Zárate-Campana, al noreste de la provincia de Buenos Aires, están imputados el marino Sergio Buitrago, el prefecto Servando Ortega y el policía bonaerense Juan Fernando Meneghini. Riveros y Meneghini ya fueron condenados en juicios anteriores, mientras que Buitrago y Ortega llegaron hoy por primera vez a un juicio oral por delitos de lesa humanidad.
Conocida como la "causa Zárate-Campana primera parte" o 4012, la misma juzga a los cuatro imputados por delitos de lesa humanidad de los que resultaron víctimas 29 personas, en su gran mayoría secuestradas entre el 24 de marzo y todo el mes de abril de 1976. "Una característica de esta causa es que solamente hay cuatro imputados. Ha sido otra de las causas fragmentadas y que llega (al juicio oral) con muy pocos imputados", dijo a Télam el abogado querellante Pablo Llonto, quien representa a cinco víctimas.
El letrado subrayó que en esa región hubo más de 200 víctimas y todos los casos deberían haber sido juzgados "una sola vez, con más de 100 imputados", y que "este juicio se tendría que haber hecho en Zárate-Campana, cosa que el Tribunal no aceptó". Respecto de la "fragmentación", Llonto puntualizó que "el error inicial viene de la instrucción", algo que "está pasando en casi todo el país" y expresó la esperanza de que "algún día se corrija", como lo planteó a la jueza federal Alicia Vence, instructora en esta jurisdicción desde fines de 2011.
Similares observaciones formularon en declaraciones a esta agencia el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y parte del colectivo Justicia Ya, que también integra la querella. Una de las características de la represión en Zárate-Campana fue que los detenidos pasaron por hasta 13 centros clandestinos, entre instalaciones militares, policiales y de Prefectura en la zona, Campo de Mayo, el patrullero naval Murature y Pozo de Banfield. Es el caso de Lidia Biscarte, secuestrada a los 25 años, el 27 de marzo de 1976 por militares del Ejército y la Armada, que pasó por centros clandestinos como los de Prefectura y Arsenal de Zárate, Murature, Tiro Federal de Campana, las comisarías de Escobar, Campana y Moreno, Pozo de Banfield y Campo de Mayo, antes de ser "blanqueada" a comienzos de mayo en la cárcel platense de Olmos. "En todos los lugares por donde pasamos nos torturaron. Eran días de torturas, de vejaciones, de violaciones. Las pruebas las tengo en mi cuerpo, todavía. Me faltan pedazos de los talones y tengo lesiones en la vagina y en los pechos", relató Lidia.
Biscarte, una de las cinco víctimas representadas por Llonto, subrayó que esperan "desde hace muchos años la justicia" y que, "en el camino, se van muriendo los compañeros". Otros secuestrados que pasaron por el mismo circuito fueron asesinados por los represores, la mayoría durante la tortura. El hecho de que los secuestros en Zárate, Campana y Escobar se hayan perpetrado en muy poco tiempo, tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, dijo Annicchiarico, "pone en evidencia que ya antes del golpe tenían preparado, por trabajo de inteligencia, un listado de personas a las que iban a victimizar".
En el caso de los sobrevivientes, incluidos los que siguen vivos y son querellantes o testigos en esta causa, todos fueron "blanqueados" en el sistema carcelario. El tribunal integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral informó que la audiencia de esta mañana comenzó una hora después de lo previsto por una demora que atribuyó al Servicio Penitenciario en el traslado de los detenidos.
La sala colmada por víctimas, familiares y militantes de derechos humanos, entre otro público, recibió a los acusados con fotos de detenidos-desaparecidos y cánticos contra la impunidad, que cesaron tras una advertencia de los magistrados.
El Tribunal informó que la próxima audiencia será el miércoles 17 y que, a partir del 25 de este mes, las siguientes se realizarán los miércoles y jueves entre las 10 y las 17.
Fuente:Telam
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