DIFUSIÓN.

SON DE CUTRAL CÓ. LOS BUSCAMOS

Entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril,

cumplirá 36 años el hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz (ambos desaparecidos),

nacido en cautiverio en el tenebroso campo de concentración “la escuelita” de Bahía Blanca. 

SEGUIMOS BUSCÁNDOLO. 

En la audiencia preliminar entre partes que se cumplirá en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el 16 de abril se determinará la fecha de comienzo del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el que fuera jurisdicción del Comando Quinto Cuerpo con sede en esta ciudad.

Diez serán los casos de los genocidas cuyos casos se ventilarán a partir de una fecha que se estima no se extienda más allá de la primera semana de mayo. La fecha es simbólica: ese día, 16 de abril, se cumplirán 26 años del alzamiento carapintada que apuró la sanción de la Ley de Obediencia Debida y garantizó la impunidad de los ahora enjuiciados. Y entre la noche de ese día y la madrugada del 17, cumplirá 36 años el hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz (ambos desaparecidos), que nació en cautiverio en el centro clandestino de detención “la escuelita”, cuya actividad estuvo en los cuarteles del Vº Cuerpo de ejército con sede en Bahía Blanca. Aún lo buscamos. 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/otras-noticias/11127-bahia-blanca-fase-2-de-los-juicios-a-genocidas.html 

Bahía Blanca: fase 2 de los juicios a genocidas 
Por Diego Kenis 
Bahía Blanca, Viernes 5 de Abril de 2013 
En la audiencia preliminar entre partes del 16 de abril se determinará la fecha de comienzo del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, que no pasará de la primera semana de mayo. Estarán en el banquillo de los acusados diez represores, que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. La fecha es simbólica: ese día se cumplirán 26 años del alzamiento carapintada que apuró la sanción de la Ley de Obediencia Debida y garantizó la impunidad de los ahora enjuiciados. Y entre la noche de ese día y la madrugada del 17 cumplirá 36 años el hijo de Graciela Romero, nacido en cautiverio en el CCD bahiense. Aún se lo busca. 

El segundo juicio oral a represores que actuaron bajo el V Cuerpo de Ejército tendrá fecha de inicio confirmada en Bahía Blanca el próximo 16 de abril, cuando en una audiencia preliminar entre las partes se fije el día de comienzo del debate oral, que no se demorará más allá de la primera semana de mayo.

El Tribunal Oral Federal (TOF) estará integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, quienes entre junio de 2011 y septiembre de 2012 llevaron adelante el primero de los juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad, que concluyó con catorce represores condenados a prisión perpetua, penas mayores a los diecisiete años de prisión para otros tres y señalamientos hacia las responsabilidades de actores civiles como el sacerdote Aldo Vara o la plana mayor del diario La Nueva Provincia. 

El Ministerio Público estará representado en esta oportunidad por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, responsables de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. Como sede oficiará el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde se desarrolló el juicio que concluyó en septiembre pasado. 

Una decena de represores son los acusados que deberán responder por sus tropelías en el nuevo juicio. Todos ellos pertenecían al Ejército al momento de cometer los hechos que se les imputan, ocurridos bajo la órbita del Vº Cuerpo. Se trata de los militares retirados Alejandro Marjanov, Armando Barrera, Carlos Stricker, Carlos Arroyo, José Fidalgo, Bernardo Cabezón y Miguel Villegas. La nómina de acusados incluye también a Ricardo Gandolfo, quien solicitó la baja en 1978 para dedicarse a la actividad empresarial. Y a otros dos ex militares: Felipe Ayala fue dado de baja en 1979 por ser hallado autor de un delito contra el honor militar en perjuicio de un superior, mientras que el ex teniente Fernando Videla fue destituido en junio de 1980 luego de haber sido puesto a disposición de la justicia civil, que lo investigaba por tentativa de homicidio. 

Ayala, Barrera y Cabezón habían sido incorporados como “baqueanos” a las filas del Ejército, cuyo Vº Cuerpo tenía jurisdicción también en la zona cordillerana sur del país. Trasladados en comisión a Bahía Blanca entre 1976 y 1977, formaron parte del grupo de guardias que dirigía el ex teniente Videla. Eran quienes tenían mayor contacto con los secuestrados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “la escuelita”, que funcionó durante ese bienio en el predio del Vº Cuerpo bahiense. Por su parte, como ya ha informado Agencia Paco Urondo, Arroyo se recicló durante la democracia: acompañó al ex presidente Carlos Menem en giras diplomáticas por todo el mundo entre 1993 y 1998 y dos años más tarde, llegó a ser felicitado por el entonces diputado Miguel Ángel Toma. 

La decena de represores acusados se benefició con la aplicación de la Ley de Obediencia Debida, que el gobierno de Raúl Alfonsín propició en 1987 para proteger de la persecución penal a oficiales y suboficiales, sin admitir prueba en contrario. Cuando en la audiencia preliminar del 16 de abril se conozca la fecha de inicio del debate, se estarán cumpliendo también 26 años del alzamiento militar de la Semana Santa de ese año, que apuró la sanción de la normativa de impunidad votada un bimestre después en el Congreso. 

La coincidencia de fechas también se expresará de otro modo. Entre la noche de ese día y la madrugada del siguiente, cumplirá 36 años el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, nacido en cautiverio en “La Escuelita” en 1977 y de cuyo paradero nada se sabe aún. La escritora Alicia Partnoy – ex detenida desaparecida de Bahía Blanca, que cursara estudios en la Universidad Nacional del Sur, donde tuvo actuación en la Juventud Universitaria Peronista – dio testimonio del hecho en el libro homónimo al mencionado CCD, del que es sobreviviente. 

Allí narra que el alumbramiento fue asistido por un guardia apodado “Zorzal”, cuya experiencia en el tema pasaba por haber ayudado “en partos de animales, en el campo”, y que la criatura nació sana a pesar de las torturas que habían sido aplicadas sobre el cuerpo de su madre y una vez arrancada de sus brazos fue entregada, al menos en primera instancia, a uno de los interrogadores del lugar. El pacto de silencio que mantienen los represores ha impedido hasta el momento avanzar en su búsqueda. 

30.000 Compañeros Detenidos –Desaparecidos: Presentes! 

H.I.J.O.S. Bahía Blanca 

(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) 

TESTIMONIO DE 

Alicia Mabel Partnoy

(fragmento de su declaración en el 

primer juicio a los genocidas 

en Bahía Blanca)

Caso de Graciela Alicia Romero de Metz y Raúl Eugenio Metz

“…Graciela había sido detenida el 16 de diciembre de 1976 en Cutral Có (Neuquén) junto con su esposo Raúl Eugenio Metz. Ambos tenían 24 años en el momento de su detención y una hija de unos 2 o 3 años. Individuos fuertemente armados habían irrumpido en su domicilio amenazando también a los vecinos, desde entonces no supieron de su hija. Graciela estaba embarazada de 5 meses y - durante su traslado en camioneta a Neuquén - fue torturada en el vientre con picana eléctrica y golpeada brutalmente. Luego ambos fueron trasladados a "la escuelita" en donde se encontraban en el momento de mi llegada allí (12 de enero). Raúl era obligado a estar permanentemente acostado en el piso con los brazos atados a la espalda. Hacia fines de enero, fue trasladado (decían que a Neuquén). Se interpuso recurso de Habeas Corpus; consta en publicación de lista de desaparecidos de Amnesty Internacional.

Graciela permaneció en "la escuelita", obligada a estar acostada, vendada y maniatada como el resto de la gente. El último mes de su embarazo se le permitía "caminar". Esas caminatas, vendada, consistían en unas diez vueltas alrededor de una mesa, sosteniéndose de su borde. Unos días antes de dar a luz la llevaron a una casilla rodante en el patio. El día 17 de abril dio a luz un varón, sin asistencia médica, pero normalmente.  

Pedí insistentemente que se me permitiera asistirla o acompañarla pero no me dejaron. Fue asistida por los guardias. El día 23 de abril fue sacada de "la escuelita" y no supe más de ella. Figura en las listas de detenidos desaparecidos de Amnistía Internacional. Su hijo, según los guardias fue entregado a uno de los interrogadores…”

Bahía Blanca 
20 de diciembre de 1999 
Para acabar con los recuerdos de la muerte ([1]) 
Por ANTONIO ANGEL CORIA 
Debo confesar que el desarrollo de las sesiones del Juicio por la Verdad que se cumple en la Cámara Oral Federal de Bahía Blanca, me conmocionó particularmente. Hechos cuyos ejecutores vuelven a aparecer, pero ahora con rostros descubiertos y conociéndoseles los alias con los que reemplazaban sus nombres y apellidos legales para cometer todo tipo de felonías, han revivido en mí. Las horas de todos los castigos a quienes sólo portaban, para su perjuicio, el recuerdo de años de estudios o trabajo compartidos; las amenazas de asesinarme; las torturas en campos de concentración a amigos que confundieron conmigo; hechos extremadamente graves ocurridos en torno a la seguridad y vida de familiares; la muerte cotidiana de compañeros queridos e inolvidables a los que tuve que llorar en la más dolorosa soledad que hube de soportar hasta que decidí (en agosto de 1976) el camino del exilio, han revivido. Pero ahora, mostrando claramente que la Justicia aquí, está logrando recomponer la historia real – no la que construyó la “acción psicológica” de los psicópatas – con la que finalmente llegaremos a poner fin a tanto oscurantismo. Sin dudas, es la hora de la verdad. Y a partir de ésta, que junto al resentimiento hará desaparecer la cultura de la hipocresía que nos afecta, sin dudas también, podremos dedicarnos a la construcción de grandeza que tanto reclama nuestra Patria. 

Uno de los testigos presentados, en la conclusión de su relato del horror vivido en cautiverio, interrogó (y esto me lo imagino) con la misma candidez e inocencia de aquel día que (vuelvo a imaginar) la ruindad le propinaba la primera trompada antes de la picaneada: “¿de qué se habla cuando nos califican ‘zurdos’?”; ¿porqué me acusaban de subversivo (tenía 16 años entonces) si lo único que hacía era ir a la escuela y practicar deportes?; ¿porqué se nos margina y no dan respuestas por lo que nos pasó a todos los que volvimos de la muerte?; ¿es justicia que los que sabían qué ocurría en los campos de concentración – porque nuestros familiares los informaban – sigan cómodamente sin poner, aquí, la cara?; ¿es justicia que todavía hoy tengamos que seguir soportando referencias peyorativas como esa de... este era medio zurdito, no?”. 

Recuerdo con dolor – que, ¡maldito sea, no se me va! – la ocasión, no hace mucho, que desde el círculo de mis afectos me dispararan un insólito “¿y vos qué derecho tenés para andar exigiendo a los de los derechos humanos?”. Quizás por haber hablado solamente con quienes veníamos de la misma experiencia o por habérseme excluido en razón de mi identidad política de los espacios no peronistas, algunos pretenden negarnos pertenencia. Lo cierto es que ahora que nos encontramos frente a frente con los que practicaron la ferocidad de una guerra contra nuestro Pueblo quitándonos “muchos años de nuestra felicidad”, podemos hablar precisamente de la ferocidad de esa guerra. La ferocidad de una guerra que parecía no existir en las “buenas conciencias” y que como ahora se sabe no era nada silenciosa ni oculta, que iba desde un apriete – a punta de pistola – para abandonar la actividad laboral en la Universidad cuando llegaron las hordas de Remus Tetu (cuestión que no acepté y por la cual fui castigado con la exoneración, por lo que, dicho sea de paso, se me adeuda reparación) hasta la destrucción de mi vivienda en fraguado combate con un saldo de crímenes previos que la Justicia investiga, después de veinticuatro años y como si fuera un papel fotográfico en proceso de revelado, exhibe que fue una guerra de la que recién ahora aparecen sus macabros ejecutores. Sin dudas, es la hora de sacar a la luz la verdad y nadie puede ni debe estar ausente.

La jerarquía eclesiástica argentina de entonces, clamando por la sustitución del régimen institucional vigente (como puede leerse en los diarios de diciembre de 1975) mientras otros hablaban del “plan bolsa” con qué dar el golpe de estado, a la vez que aplicaban en el General Carlos Prats y su esposa, asilados en Buenos Aires, las directivas del “plan cóndor”, hoy se nos hizo presente en la hipocresía del clérigo Aldo Varas, en la ruindad del teniente coronel Julián Corres y en la cobardía y el deshonor del coronel Hugo Delmé durante el Juicio por la Verdad en Bahía Blanca. Mientras escucho cómo un inocente – inocencia que pudieron comprobar sus secuestradores y por la que salvó su vida, quedando como testigo del horror – da señales concretas de la existencia de la “escuelita” del camino a La Carrindanga, en dependencias militares, la hija de un dirigente cegetista muerto en esos años, presente en el juicio, me recuerda murmurando el atropello a mis padres en su vivienda la Nochebuena de 1975, por parte de una veintena de paramilitares y parapoliciales que buscaban “apresarme” bajo la misma acusación que recibió este testigo. E inmediatamente, ambos, mi amiga y yo, atando cabos con lo que estábamos oyendo – que, como confesó un oficial sospechado, a más de la “triple a” antes del 24 de marzo ya operaban las fuerzas contra insurgentes” militares – certificamos que en la destrucción total de las viviendas de Adalberto “Goyo” Wimer y de Victorio Colubri (dirigentes obreros peronistas muertos misteriosamente en años de la tiranía) y parcial de la casa del sacerdote Coco Segovia, todos en la Ciudad de Punta Alta, había mano de obra paramilitar. Mano de obra paramilitar que por no hablar de ella, ha ubicado al indigno Varas en camino de ser reo. 

A todo esto, en medio de los relatos de testigos y victimarios y de preguntas persistentes de los letrados del tribunal y la querella para saber más y más sobre el destino de los desaparecidos – entre ellos, criaturas de padres patagónicos nacidas en cautiverio – en las imágenes de la memoria se me aparecen diputados y funcionarios de la legislatura neuquina estupefactos frente a efectivos militares que pretendían mi “detención”. Ante tan tremendos argumentos esgrimidos y anoticiado cómo acribillaron en una cama hospitalaria bahiense a un joven estudiante bajo la misma acusación que habían armado en mi contra (idéntica a la del declarante que había sido secuestrado antes del día del golpe militar) y en antecedentes de lo ocurrido en casa de mis padres, estaba visto que era un suicidio quedarme aquí. Por eso y por fortuna, un par de días antes de tan terrorífica visita, había abandonado Neuquén. Era enero de 1976, poco menos de tres meses antes del 24 de marzo.

Nada, en ninguno de los órdenes de la vida de la Nación, fue imaginado por nadie – salvo los que decidieron el terrorismo de estado para destrucción del País – acerca de la aberrante historia que estructuraron los tiranos. La mayor parte de sus víctimas fueron nuestros compañeros de militancia en el Movimiento Peronista. Esto que sólo podrán negar los traidores o los cómplices en el genocidio, nos obliga, a fuerza de ser consecuentes con nuestra historia, con nuestras banderas, con la memoria de nuestros compañeros, con nuestra proclamada fe en el régimen de derecho, a no ser indiferentes a la acción de la Justicia. Por esto que tanto habíamos luchado desde 1955 hasta el retorno a la Patria de nuestro Líder Juan Perón en 1972 primero y hasta la restauración de la democracia en 1983 luego y para que algún día impere la justicia de nuestras verdades proclamadas desde el 17 de Octubre de 1945, de modo que la fotografía del presente que nos toca vivir sea de la dignidad contrapuesta al “o no” que inventaron nuestros verdugos, frente a este Juicio por la Verdad que nos dará certeza sobre el destino de nuestros mártires y recordando que uno de nuestros principios señala que “primero es la Patria”, nuestro Pueblo, sumemos nuestro esfuerzo para transformar los recuerdos de la muerte en cantos multitudinarios por el triunfo de la razón y el derecho. 

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-217482-2013-04-07.html - 
El país|Domingo, 7 de abril de 2013 
El caso de Aldo Vara, acusado por crímenes de lessa humanidad 
Un sacerdote que sigue impune 
Por Diego Martínez
El cura Aldo Vara admitió en 1999 que supo de las torturas en el centro clandestino La Escuelita. La Justicia de Bahía Blanca se resiste a investigar a los sacerdotes que actuaron al servicio del terrorismo de Estado. El ex capellán Aldo Omar Vara admitió en 1999 que supo de las torturas en el centro clandestino La Escuelita y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal general Hugo Cañón pidió su imputación pero la Cámara Federal se la negó. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores del Cuerpo V de Ejército –integrado por jueces foráneos porque sus pares bahienses no daban garantías de imparcialidad– tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani desmenuzaron las pruebas contra el ex capellán, a quien caracterizaron como un agente de Inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares, y pidieron su detención e indagatoria. El juez federal Santiago Martínez rechazó el pedido con cuatro palabras: “No surgen elementos suficientes”. 

Vara fue capellán auxiliar del Cuerpo V entre 1971 y 1979 y es el único sobreviviente de los religiosos que tuvieron un rol protagónico junto a los represores del comando bahiense. En los últimos años murieron impunes el ex arzobispo Jorge Mayer, que llegó a bendecir medallas de torturadores hoy condenados; su segundo Emilio Ogñenovich, quien en 1976 justificó que “los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas”; y Dante Inocencio Vega, el capellán del Cuerpo V que durante la dictadura admitió ante madres de secuestrados que sus hijos estaban en La Escuelita y en democracia juró por la Biblia no conocerlas. 

El más conocido de los casos que involucran a Vara es público desde el juicio a las Juntas gracias al testimonio de un grupo de estudiantes de la Escuela de Nacional de Educación Técnica No 1 que fueron secuestrados en diciembre de 1976 y torturados durante un mes en La Escuelita. Abandonados en una ruta, otro grupo de militares simuló rescatarlos y los llevó al Batallón, donde recibieron varias visitas del capellán. Uno contó que “nos traía galletitas, cigarrillos, preguntaba cómo habíamos llegado ahí, pero no le avisó a nuestros padres como le pedíamos”. Gustavo Aragón consideró una ironía que Vara fuera a llevarles “la palabra de Dios” y a hacerlos rezar mientras seguían en cautiverio. Gustavo López contó que a veces iba con sotana y otras con pantalón, siempre con cuello blanco. José María Petersen declaró que les daba “una especie de contención”, pero cuando relataban las torturas permanecía en silencio. Recordó una respuesta de antología que el tribunal apuntó en la sentencia: Vara sugirió que los secuestradores eran paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban buscando. 

Cuando Dorys Lundquist de Chabat supo que su hija Patricia estaba secuestrada en los fondos del Cuerpo V intentó hacerle llegar ropa y medicamentos homeopáticos a través de Vara. Dos días después de dejarle el envío en la casa que el cura compartía con su madre, Vara la visitó en su Citroën amarillo limón, recordó. Le dijo que no podía hacerle llegar el paquete a su hija pero que se quedara tranquila que estaba bien atendida y bien alimentada. “A las chicas las respetan”, le aseguró, en referencia a lo que ocurría en el centro clandestino. Dos días después de ser blanqueada en la cárcel de Villa Floresta, aún con signos visibles de tortura, Patricia recibió la visita del sacerdote, a quien había conocido en su adolescencia. Vara le aconsejó olvidarse de los padecimientos en cautiverio y le dijo que todo era culpa de sus padres.

No sólo los sobrevivientes recordaron la actuación de Vara durante el juicio oral. El ex conscripto Daniel Fonti, quien ingresó al Cuerpo V a fines de 1975 luego de recibirse de médico y se negó a asistir un parto en el centro clandestino, declaró que Vara tenía “mucho contacto con la gente asignada a La Escuelita”. “Al centro clandestino iban religiosos, curas”, relató a su turno el médico Alberto Taranto, que como conscripto también se negó a acatar órdenes ilegales. “Supe cómo se llamaban (los capellanes) pero no recuerdo”, agregó. Cuando le preguntaron por otras autoridades eclesiásticas dijo que “monseñor Mayer habitualmente iba al comando a reunirse con (el segundo comandante, general Abel) Catuzzi y he visto que caminaba hacia ese lugar (La Escuelita), lo hacía con sus hábitos”. 

Citado como testigo en el Juicio por la Verdad en 1999, luego de que el fiscal Cañón le recordara su obligación de no mentir, Vara confirmó el relato de los estudiantes de la ENET. “Esos chicos dijeron que habían estado en un lugar clandestino llamado La Escuelita, que nunca visité”, se adelantó a la pregunta. “Todo el mundo en la ciudad hablaba de La Escuelita”, sugirió. “Alguno dijo que había sido torturado” con “métodos eléctricos”, recordó, y admitió que tenían secuelas. “No recuerdo exactamente (en qué parte del cuerpo) pero me las mostraron”, dijo. Como “corrían peligro de vida ellos y sus familias”, les recomendó que no hablaran “más que con su papá y su mamá”, al menos “hasta que llegaran tiempos en que se pudiera hablar”. Cañón acusó a Vara como partícipe secundario de los delitos de torturas y privaciones ilegales de la libertad. Los jueces Luis Ramón Dardanelli Alsina, Víctor Américo Bambill y José Pedro Díaz se negaron a citarlo a indagatoria. 

En septiembre de 2012, luego de escuchar a casi 400 testigos, los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava ordenaron en su sentencia que se investigue a Vara, a quien no pudieron escuchar porque la Iglesia Católica dijo ignorar su paradero. El tribunal consideró haber “determinado a esta altura de los hechos y con el grado de probabilidad suficiente la culpabilidad del sacerdote” en delitos de lesa humanidad. Como el juez Martínez delegó la investigación en el Ministerio Público, la orden del tribunal recayó en los fiscales Nebbia y Palazzani, que dos días después del nombramiento del papa Francisco pidieron la detención del ex capellán. 

“Vara garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del centro clandestino y a sus familiares afuera”, escribieron los fiscales. “Así como los médicos ponían sus saberes al servicio del plan represivo, los sacerdotes, amparándose en su misión pastoral, interrogaban a los secuestrados”, apuntaron, y destacaron que Vara “comparte el pacto de silencio cínico y cruel que une a todos los responsables, silenciando información que podría aliviar el dolor de sobrevivientes y familiares”. Entre los elementos que refuerzan las pruebas del rol de Vara citaron su carta de despedida al jefe del Batallón 181 en 1979. “Fue un honor para mí haber podido comprometer mi vida, y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”. 
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[1] Bahía Blanca 20 de diciembre de 1999 – Este texto formó parte de “Con la memoria siempre fresca, construyamos nuestra Historia. Prosas en la militancia nacional y popular” (136 págs), que se publicó y distribuyó en la Pcia. de Bs. As. por el S.E.C – Sindicato de Empleados de Comercio de Daireaux – en el ámbito de los gremios adheridos al Movimiento Mercantil del Interior en la FAECyS (agosto de 2003). -- -- 

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