“Los proyectos quiebran el sistema corporativo”
Los jueces, fiscales y abogados nucleados en “Justicia legítima” se reunieron ayer y manifestaron su adhesión a las transformaciones promovidas por el Gobierno en el sistema judicial. Para Gils Carbó será “un cambio radical”.
Los integrantes de “Justicia legítima” se reunieron en la Asociación de Abogados.Imagen: Guadalupe Lombardo
Los integrantes de “Justicia legítima” habían acudido el lunes a la Casa Rosada para presenciar los anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A la salida se juntaron y emitieron un comunicado en el cual expresaron que celebraban el avance con estas iniciativas que están en línea con las motivaciones originarias de la agrupación, en las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional. Según explicó uno de sus miembros, se trata de una “coincidencia de agenda respecto de las asignaturas pendientes para la reforma judicial”. Y en ese momento surgió la idea de convocar al encuentro de ayer, al que invitaron no sólo a funcionarios, sino también a empleados del Poder Judicial.
Fue así que ayer a primera hora de la tarde tomó la palabra Carlos Cruz, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, un poco como dueño de casa, porque el encuentro se realizó en la sede de esa entidad. “La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura”, afirmó Gils Carbó, quien fue la segunda en hacer uso de la palabra, al referirse al proyecto por el cual el Poder Ejecutivo propone ampliar de 13 a 19 los miembros del organismo que elige y juzga a los magistrados de todo el país y que esos miembros sean elegidos por el voto popular. Para la procuradora, la votación implicaría mayor transparencia y más participación, al tiempo que se mostró a favor de que no sean las cámaras de cada fuero las que elijan a los jueces subrogantes porque “es una herramienta de la corporación no querer gente de afuera, sino de adentro”.
Sobre el paquete de medidas propuestas por el Gobierno, la jefa de los fiscales apuntó que “estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente”. Y también consideró importante la inclusión de académicos que no sean abogados: “Incorporar más académicos implica incorporar la visión del hombre común”. Gils Carbó volvió a criticar a parte de la Justicia por el “oscurantismo de los pasillos tribunalicios” y las “redes de corrupción y servilismo que garantizan impunidad”, y concluyó expresando la esperanza de que “estas reformas se aprueben”.
También hablaron Omar Palermo, juez de Corte Suprema de Mendoza, y Fernanda López Puleio, secretaria de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. Para Palermo, la publicidad de las causas –otro de los proyectos del Ejecutivo para que se haga un registro de expedientes– implica un “mayor control para el justiciable”. E hicieron intervenciones Martín Vázquez Acuña, juez de la Cámara Correccional, y Angel Bruno, ex diputado.
A su turno, el camarista de Casación Alejandro Slokar afirmó que la reforma judicial anunciada por la Presidenta “busca una Justicia más plural e independiente” y defendió la elección popular de los jueces porque “amplía la base de la democracia”. Además, el magistrado señaló que los seis proyectos de ley buscan “democratizar la Justicia” a través de “la soberanía popular mediante el sufragio universal”. Según su criterio, “no es ningún exotismo elegir jueces mediante el voto popular” y remarcó que “nadie democráticamente puede censurar el principio participativo y representativo” de la sociedad.
Slokar enfatizó que el proyecto de democratización de la Justicia aspira a “la máxima realización de todos los derechos y a la protección de los más débiles”. En cuanto a la creación de las nuevas Cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial, el juez afirmó que esto “va a agilizar el trámite de las causas definitivamente”. Y en relación con el límite de cautelares, aclaró que se aplicaría “sólo cuando son contra el Estado” y sostuvo que esto “pone un límite razonable a las medidas”.
El fiscal Auat cerró las alocuciones. Se refirió a los cuestionamientos sobre las subrogancias, dado que él viene criticando la de Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados y quien ocupa un cargo temporal en la Cámara de Casación. “Vemos con beneplácito la discusión y tenemos que pensar en jueces más cerca de la toga que de la cachiporra”, expresó. En diálogo con Página/12, Auat recordó que la agrupación “Justicia legítima” nació para colocarse “en las antípodas de la defensa corporativa del sistema judicial que un grupo de magistrados hizo en diciembre, pocos días después del fallo sobre la ley de medios, defensa de ese Poder Judicial encerrado y de espaldas a la sociedad que hizo crisis, y buscamos que se haga visible la patología del sistema judicial”. El fiscal explicó que la agrupación tiene “un verbo común” con el proyecto oficial en tanto poseen una misma mirada respecto de una “estructura que ya no está a la altura de los tiempos, que está atravesada por otro tipo de intereses, los que siempre fueron afines a esa corporación, que siempre estuvo mirando para otro lado, que no hace autocrítica y mantuvo por cien años los mismos paradigmas, el único poder que no fue atravesado por la democracia y fue funcional a los gobiernos dictatoriales”.
COMIENZA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REFORMA JUDICIAL
Días de debate en el Congreso
El Senado empezará a analizar hoy en comisión los proyectos que el Ejecutivo envió a esa Cámara. La oposición sólo dará la discusión en el recinto, adonde el oficialismo quiere llevar el tema el jueves 18. Diputados abre el debate el próximo martes.
Por Sebastian Abrevaya
El Poder Ejecutivo envió tres proyectos al Senado y otros tres a Diputados con el propósito de agilizar su debate y su sanción
A pocas horas del anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández, el Congreso avanzará en el tratamiento de los proyectos de reforma del Poder Judicial. Del paquete de seis iniciativas, el Poder Ejecutivo envió tres a cada Cámara para agilizar su sanción. El Senado comenzará a analizar a partir de las 10 de la mañana de hoy las iniciativas más complejas: la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tres tribunales de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. En Diputados, en cambio, Diana Conti convocó para el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se estudiará la regulación del ingreso al Poder Judicial, el libre acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos y la publicación en Internet de todas las decisiones de la Corte Suprema. “Se requería una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige una participación, conocimiento, democratización para dar mayor legitimidad también a uno de los tres poderes esenciales del Estado”, sostuvo ayer la Presidenta, vía Twitter. Desde la oposición, en cambio, ratificaron su rechazo a las medidas y anticiparon que no van a participar del tratamiento en comisión de los proyectos.
En los despachos del Frente para la Victoria en el Senado estaban trabajando intensamente en las propuestas para darle un trámite ágil, que permita implementar algunas de las modificaciones antes de las próximas elecciones. Con una relación de fuerzas más cómoda en Senadores, allí comenzarán a analizarse los proyectos más cuestionados por la oposición y la corporación judicial. En el inicio del debate expondrán el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez.
La reforma del Consejo será uno de los primeros en tratarse, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. Hoy mismo, en otro plenario de Justicia y Presupuesto y Hacienda se estudiará la creación de las Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, en lo Civil y Comercial y en el fuero del Trabajo y la Seguridad Social.
Fuentes del oficialismo adelantaron que el tratamiento de estas iniciativas continuará mañana, cuando podría pasar a la firma el dictamen, con el objetivo de sesionar con estos temas el 18 de abril. Por último, mañana también podría tratarse la limitación de las medidas cautelares contra el Estado en las comisiones de Justicia y Legislación General.
Disconformes por la velocidad que les quiere imprimir el oficialismo a los temas, los senadores de todas las fuerzas de la oposición convocaron a una conferencia de prensa a la misma hora del plenario de comisiones para denunciar el tratamiento “a libro cerrado” y anticipar su rechazo a las propuestas del oficialismo. De esta manera, la UCR, el FAP y el Peronismo Federal actuarán en sintonía con su postura de no participar del anuncio presidencial del lunes.
De las seis medidas propuestas, la más impactante fue la reforma del Consejo de la Magistratura. Creado con la reforma constitucional de 1994, el Consejo había sufrido modificaciones anteriormente, una de ellas elaborada por la propia Presidenta cuando era senadora. Para revertir los serios problemas de funcionamiento actuales, los miembros del Consejo pasarán de 13 a 19, serán elegidos por el voto popular y la corporación judicial contará con menos influencia. Por un lado, la proporción de jueces y abogados integrantes del cuerpo será menor y por otro se aumentará la presencia de académicos y científicos, que no tendrán como requisito haber estudiado derecho. El cuerpo quedará integrado por tres jueces, tres abogados, seis académicos, seis legisladores nacionales y un representante del Ejecutivo. Los representantes de los jueces, abogados y académicos serán elegidos junto con las elecciones nacionales y los cargos se distribuirán en dos por la mayoría y uno por la minoría.
De aprobarse a tiempo, este año se producirá una situación excepcional, ya que se elegirán nuevos consejeros por dos años (y por no cuatro) y se incorporarán al cuerpo sin perjuicio de la permanencia de quienes tengan mandato hasta el 2014, con lo cual puede haber 25 miembros hasta el próximo año. Pero no solamente se modifica la composición del Consejo sino que también parte de su funcionamiento. Decisiones importantes como la selección de jueces pasarán de requerir el voto de dos tercios a requerir la mitad más uno de sus miembros.
“Los nuevos jueces van a responder a un partido, lo que nos pone muy lejos de la idea republicana de división y contrapeso de poderes”, aseguró el titular del bloque radical en el Senado, José Cano, quien adelantó su intención de no asistir a las reuniones de comisión por la “necedad” del oficialismo para aceptar modificaciones.
Con un poco más de tiempo para estudiar las propuestas y con una situación política más ajustada para el oficialismo, en Diputados comenzarán el martes próximo su tratamiento. El oficialismo cuenta allí con un inconveniente: el riojanao Jorge Yoma. Como integrante del Frente para la Victoria, el diputado es presidente de la Comisión de Justicia. Sin embargo, hace tiempo que Yoma se calza el traje de opositor sin romper formalmente con el bloque oficialista.
CFK explicó por Twitter
La presidenta Cristina Kirchner se mantuvo ayer lejos de los micrófonos, tal como le recomendaron sus médicos como cura para el cuadro de disfonía que ya la molestó durante el acto del lunes. Eso no le impidió transcribir en su cuenta de Twitter conceptos similares a los que expresó durante el acto de presentación de la reforma judicial en el Museo del Bicentenario. “Ayer presentamos al Parlamento argentino este grupo de normas para la democratización de la Justicia. No implica que ningún magistrado ni funcionario deba sentir que estamos tratando de antidemocrático al poder” y afirmó sobre los proyectos remitidos al Congreso que “se requería una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige una participación, conocimiento, democratización para dar mayor legitimidad también a uno de los tres poderes esenciales del Estado”. En varios tweets, CFK hizo referencia a cada proyecto enviado al Congreso. “Es importante entender que el Estado no es el gobernante de turno ni el partido de turno, el Estado somos los 40 millones de argentinos. Por eso queremos una Justicia legítima, democrática y ágil para todos los argentinos.”
“Se termina la Justicia cautelar”
El lunes, la presidenta Cristina Kirchner hizo mención a la ley de medios cuando se refirió a las cautelares que se extienden por años, aunque aclaró que no era el único caso. Ayer, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, consideró el paquete de iniciativas anunciado por el Ejecutivo como “un salto inmenso en la calidad de las instituciones democráticas”. Respecto de las cautelares, Sabbatella sostuvo que de esa manera “se termina la Justicia cautelar”, que impide la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por las presentaciones del Grupo Clarín. “Las cautelares suelen ser usadas para cajonear la Justicia y suspender por largos períodos que las leyes puedan aplicarse”, señaló el ex intendente de Morón en declaraciones radiales. Sabbatella consideró que el recurso de las cautelares “protege a grupos con enorme poder económico y capacidad de lobby”, y puso como ejemplo que Clarín “no podría eludir el cumplimiento de la ley de medios como lo está haciendo desde hace tres años y medio a partir de medidas cautelares que protegen sus privilegios”. El proyecto del Ejecutivo establece la imposibilidad de dictar medidas de esta índole contra el Estado cuando lo que se protege son bienes patrimoniales.
Apoyo de Susana Trimarco
Bajo el lema de una Justicia “legítima”, “ágil” y “para todos”, la Presidenta presentó el lunes seis proyectos que propician reformas de gran envergadura en el sistema judicial. El día de los anuncios, a Lorenzetti se lo vio sonriente, pero no del todo cómodo. No hubo otros jueces supremos en el evento. En el acto de ayer dijo que su presencia junto a la mandataria había sido “institucional” y que no iba a explayarse porque puede “haber litigios” donde tenga que fallar la Corte. “Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad” de “defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora”, afirmó.
Cuando se conocieron, ayer, los textos de las propuestas que ingresaron al Congreso, quedaron en evidencia aspectos que implicarían el recorte de potestades a la Corte, por ejemplo, en la administración del presupuesto judicial. Un proyecto habla de reformar toda disposición “que importe un detrimento de facultades de la administración del Poder Judicial en cabeza del Consejo de la Magistratura”. Durante los debates de febrero del movimiento “Justicia legítima”, hubo quienes señalaron que la Corte hacía un manejo discrecional y prebendario del presupuesto, planteo que evidentemente tuvo eco en la Casa Rosada.
Un juez del máximo tribunal le dijo a este diario que si bien ni él ni sus colegas harían explícita su posición sobre la reforma, lo harían las asociaciones de jueces. Lorenzetti ayer habló ante referentes de la tradicional Asociación de Magistrados y entidades afines, camaristas de todo el país, de Casación, jueces federales, consejeros de la Magistratura opositores al kirchnerismo y dirigentes del gremio judicial. También estaba la defensora Stella Maris Martínez, referente de “Justicia legítima”. Luis Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, volvió a decir que la elección popular de los integrantes (jueces, abogados y académicos) del Consejo de la Magistratura, en elecciones a través de partidos políticos, le parece inconstitucional porque según la Carta Magna “los consejeros, jueces y abogados son representantes de los jueces y abogados de la matrícula, por lo tanto son ellos los únicos que pueden elegirlos”.
Ese será, seguramente, uno de los tantos debates constitucionales que la Corte tendrá. Pero Cabral señaló otra crítica compartida incluso por sus oponentes en la entidad que dirige, que se coló en un reunión de presidentes de Cámara con Lorenzetti: la modificación de la mayoría en el Consejo para la toma de decisiones clave, como elegir jueces y acusarlos. Lo que hasta ahora requiere de dos tercios, se haría con mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros del cuerpo). “Las mayorías especiales están en la ley para evitar que haya mayorías circunstanciales que puedan tomar decisiones institucionales graves”, advirtió.
Entre los jueces que pululaban ayer por la sala de audiencias de la Corte algunos se quejaban porque, si prosperan los proyectos del Ejecutivo, no podrán designar a secretarios de confianza, que deberán concursar. A la vez, casi nadie objetaba el ingreso a tribunales, por el escalafón más bajo, mediante examen, pero en la Corte creen que es una competencia propia. Circulaban dudas sobre la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación. Están los que dicen que traerá más demoras. Y algunos jueces supremos descreen de que estén pensadas para descargarles trabajo sino para quitarle injerencia en algunas decisiones.
En el máximo tribunal se respira cierto malestar aunque haya respeto por las propuestas y el debate. Lorenzetti usa atajos para dejarlo entrever. Ayer señalaba que el Poder Judicial aspira a generar cambios y que empezó a diseñarlos en la primera Conferencia Nacional de Jueces, en 2006, el evento que él ideó para juntar cada año a la corporación judicial en pleno. El lema es “poner la Justicia cerca de la gente”. En esas reuniones anuales, “se definen políticas de Estado consensuadas” y que “no queden en declaraciones abstractas”. Pero el ámbito de las conferencias de jueces tiene muchos de los condimentos de la familia judicial tradicional y burocrática que cuestiona “Justicia legítima”.
El discurso de Lorenzetti de acercar la Justicia “a la gente”, a sus usuarios, se ubica en contraposición a otro supuestamente más complejo, técnico y detallista que proponen los proyectos del Poder Ejecutivo, con un concepto de participación ciudadana activa. El supremo parece advertir en esa complejidad una grieta, y su discurso se vuelve tan político como el de la Presidenta.
Plegaria por Lorenzetti
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, respaldó las iniciativas presentadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apuntan a “democratizar la Justicia” y afirmó que seguirá luchando contra “el fallo vergonzoso que dejó libres a todos los imputados en el juicio” por la desaparición de su hija Marita. “Algunos critican a la Presidenta porque dice que es necesario democratizar la Justicia y a mí me parece buenísimo porque nosotros vamos a elegir a la gente que estará ahí”, resaltó. Luego pidió luchar “para que tengamos buenos jueces y estén actualizados, en lugar de gente mayor que está atrasada con respecto a la Justicia y en vez de hacer justicia cometen injusticias”. Puso como ejemplo lo que sufrió durante el proceso judicial por la desaparición de su hija y contó que el fiscal Manuel López Rougués, “una persona a quien respeto mucho porque es un señor, pero confundía a mi hijo con un delincuente y a una madre con una abogada. Es una persona que ya debe estar descansando en su casa y no llevando adelante la causa de una persona que sufrió un delito terrible como le pasó a mi hija”. Trimarco señaló además que seguirá luchando “contra el fallo vergonzoso que dejó libre a todos los imputados en el juicio por la desaparición” de Marita. “Los tres jueces son mentirosos, sinvergüenzas y delincuentes. Vamos a luchar para que salgan todos los corruptos de los tribunales.”
LORENZETTI DIO POR HECHO QUE EL MAXIMO TRIBUNAL DEBERA OPINAR SOBRE LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO
Pronóstico de intervención de la Corte
El presidente del tribunal estimó que será cuestionada la constitucionalidad de la reforma judicial. Avisó que llegado ese momento actuará con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Remarcó que a los jueces les importan las “personas” comunes.
Por Irina Hauser
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, habló ante los jueces.Imagen: DyN
El día después del anuncio de Cristina Kirchner de los proyectos de reforma judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio un pequeño discurso con la excusa de la presentación de un plan de capacitación para jueces. Como una de las cosas que dijo fue que ni él ni sus colegas del tribunal opinarían sobre las propuestas del Poder Ejecutivo para “democratizar” la Justicia, que –aclaró– debe “discutir el Congreso”, pareció que no decía nada. Sin embargo, sí dijo. Primero, dio casi por hecho que una vez que se aprueben, las leyes en cuestión se judicializarán y la Corte tendrá que opinar sobre su constitucionalidad. Luego agregó que lo que sea que decida el tribunal será con “independencia” y en “beneficio del pueblo”.
Fue muy insistente con ese concepto, como quien quiere marcar una diferencia. Remarcó que a ellos, los jueces, lo que les importa son las “personas” comunes, “el que transita por la calle y quiere vivir en paz”. Esa idea quedaba, así, en contraposición con ciertos rasgos de las iniciativas del Gobierno, más políticas y técnicas, que desnudan batallas de poder con las corporaciones (de jueces y abogados) y cuyos beneficios quizá la gente de a pie los pueda apreciar en un más largo plazo.
Bajo el lema de una Justicia “legítima”, “ágil” y “para todos”, la Presidenta presentó el lunes seis proyectos que propician reformas de gran envergadura en el sistema judicial. El día de los anuncios, a Lorenzetti se lo vio sonriente, pero no del todo cómodo. No hubo otros jueces supremos en el evento. En el acto de ayer dijo que su presencia junto a la mandataria había sido “institucional” y que no iba a explayarse porque puede “haber litigios” donde tenga que fallar la Corte. “Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad” de “defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora”, afirmó.
Cuando se conocieron, ayer, los textos de las propuestas que ingresaron al Congreso, quedaron en evidencia aspectos que implicarían el recorte de potestades a la Corte, por ejemplo, en la administración del presupuesto judicial. Un proyecto habla de reformar toda disposición “que importe un detrimento de facultades de la administración del Poder Judicial en cabeza del Consejo de la Magistratura”. Durante los debates de febrero del movimiento “Justicia legítima”, hubo quienes señalaron que la Corte hacía un manejo discrecional y prebendario del presupuesto, planteo que evidentemente tuvo eco en la Casa Rosada.
Un juez del máximo tribunal le dijo a este diario que si bien ni él ni sus colegas harían explícita su posición sobre la reforma, lo harían las asociaciones de jueces. Lorenzetti ayer habló ante referentes de la tradicional Asociación de Magistrados y entidades afines, camaristas de todo el país, de Casación, jueces federales, consejeros de la Magistratura opositores al kirchnerismo y dirigentes del gremio judicial. También estaba la defensora Stella Maris Martínez, referente de “Justicia legítima”. Luis Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, volvió a decir que la elección popular de los integrantes (jueces, abogados y académicos) del Consejo de la Magistratura, en elecciones a través de partidos políticos, le parece inconstitucional porque según la Carta Magna “los consejeros, jueces y abogados son representantes de los jueces y abogados de la matrícula, por lo tanto son ellos los únicos que pueden elegirlos”.
Ese será, seguramente, uno de los tantos debates constitucionales que la Corte tendrá. Pero Cabral señaló otra crítica compartida incluso por sus oponentes en la entidad que dirige, que se coló en un reunión de presidentes de Cámara con Lorenzetti: la modificación de la mayoría en el Consejo para la toma de decisiones clave, como elegir jueces y acusarlos. Lo que hasta ahora requiere de dos tercios, se haría con mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros del cuerpo). “Las mayorías especiales están en la ley para evitar que haya mayorías circunstanciales que puedan tomar decisiones institucionales graves”, advirtió.
Entre los jueces que pululaban ayer por la sala de audiencias de la Corte algunos se quejaban porque, si prosperan los proyectos del Ejecutivo, no podrán designar a secretarios de confianza, que deberán concursar. A la vez, casi nadie objetaba el ingreso a tribunales, por el escalafón más bajo, mediante examen, pero en la Corte creen que es una competencia propia. Circulaban dudas sobre la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación. Están los que dicen que traerá más demoras. Y algunos jueces supremos descreen de que estén pensadas para descargarles trabajo sino para quitarle injerencia en algunas decisiones.
En el máximo tribunal se respira cierto malestar aunque haya respeto por las propuestas y el debate. Lorenzetti usa atajos para dejarlo entrever. Ayer señalaba que el Poder Judicial aspira a generar cambios y que empezó a diseñarlos en la primera Conferencia Nacional de Jueces, en 2006, el evento que él ideó para juntar cada año a la corporación judicial en pleno. El lema es “poner la Justicia cerca de la gente”. En esas reuniones anuales, “se definen políticas de Estado consensuadas” y que “no queden en declaraciones abstractas”. Pero el ámbito de las conferencias de jueces tiene muchos de los condimentos de la familia judicial tradicional y burocrática que cuestiona “Justicia legítima”.
El discurso de Lorenzetti de acercar la Justicia “a la gente”, a sus usuarios, se ubica en contraposición a otro supuestamente más complejo, técnico y detallista que proponen los proyectos del Poder Ejecutivo, con un concepto de participación ciudadana activa. El supremo parece advertir en esa complejidad una grieta, y su discurso se vuelve tan político como el de la Presidenta.
Plegaria por Lorenzetti
“Tal y como me solicita en su amable carta, cuente con mi plegaria. A Dios le hablaré de Usted y del importante quehacer que desempeña, y le diré que le ayude en su ardua labor y que asista con su luz y su gracia a cuantos imparten justicia en los distintos tribunales de ese amado país”, dice la carta que Jorge Bergoglio le mandó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, contestando su saludo por su asunción como Papa. El mensaje, que está fechado el 23 de marzo y fue remitido por el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig a Lorenzetti el 5 de abril, fue difundido ayer, luego de que la Presidenta anunciara el envío al Congreso de los proyectos para reformar el sistema judicial. En la carta, Bergoglio señala: “Administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer. Ciertamente no es fácil y, a menudo, no faltan dificultades, riesgos o tentaciones. Sin embargo, no se puede perder el ánimo”.
Las críticas de Piumato
El titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, cuestionó los proyectos de reforma judicial impulsados por el gobierno nacional y consideró que “lejos de democratizar, se va por un callejón peligroso para la independencia de la Justicia”. El dirigente de la CGT moyanista marcó como contradictorio que la iniciativa para transparentar la selección de personal para la Justicia “se haya anunciado desde el Poder Ejecutivo y no se haya hecho un similar tratamiento para los empleados del Ejecutivo y de los organismos descentralizados del Estado”. En este sentido apuntó: “Habría sido bueno que (la Presidenta) hubiera impulsado el ingreso en las mismas condiciones y requisitos para los demás poderes”. Por otra parte, Piumato advirtió que los proyectos siguen la “doctrina Barra” (por el ex ministro de la Corte menemista) que decía que “la Justicia tiene que ir para el lado que van los gobiernos”. La reforma del Consejo de la Magistratura, sostuvo, “es inconstitucional” y “va contra el espíritu” de lo que sancionó el Congreso “con un proyecto que impulsó la propia Presidenta, cuando era senadora”.
Fuente:Pagina12
10.04.2013
El Senado comenzará a debatir hoy la democratización de la justicia
El oficialismo quiere darle un trámite rápido a las medidas anunciadas por la presidenta. La Cámara Alta analizará en comisión los cambios en el Consejo de la Magistratura, la creación de instancias de Casación y los límites a las cautelares.
Por: Agustín Álvarez Rey
Poco después, otro plenario, que involucra a las dos primeras comisiones de la Cámara alta, analizará la iniciativa que crea las tres cámaras de Casación. De la jornada de apertura del debate sobre la democratización del Poder Judicial participarán el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el secretario de Justicia Julián Álvarez, quienes defenderán los proyectos enviados por el Ejecutivo ante los legisladores.
En tanto, desde el oficialismo confirmaron que la discusión continuará el jueves, donde se intentaría firmar los respectivos dictámenes para dejar los textos en condiciones de ser tratados en el recinto siete días más tarde. Por otra parte, ese mismo día, el Frente para la Victoria convocará a otro plenario, en este caso con las comisiones de Legislación General; y de Justicia y Asuntos Penales, para darle tratamiento al proyecto que modifica el régimen de medidas cautelares.
Por su parte, la Cámara de Diputados se abocará al tratamiento del proyecto que establece que las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales sean de carácter público y de libre accesibilidad por Internet; la norma para garantizar el ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación; y la iniciativa sobre la publicación obligatoria en Internet de todas las decisiones emanadas de la Corte y de los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal.
El debate la Cámara Baja comenzará el próximo martes a las 14. Allí la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti trabajará sobre las declaraciones juradas de carácter público.
Media hora más tarde, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a un plenario con la Comisión de Justicia presidida por el riojano Jorge Yoma para abordar las otras dos iniciativas. Ante la celeridad que el oficialismo desea imprimirle a los seis proyectos del Ejecutivo, el jefe de la bancada radical en el Senado, José Cano, planteará en su bloque no asistir al debate que se dará entre hoy y mañana.
"Si la democratización del Poder Judicial es el tema central para el oficialismo, no se puede enviar hoy un proyecto y a las 24 horas emitir un dictamen. Es lamentable que el oficialismo siga con esa lógica. No es un buen homenaje a 30 años de democracia", manifestó Cano en diálogo con los periodistas acreditados en la Cámara Alta.
Ante los cuestionamientos de la UCR, el senador bonaerense Aníbal Fernández subrayó que los proyectos "ya vienen discutidos y preparados. Lo hemos chequeado y estamos tranquilos de que no debiera haber objeciones".
Lo cierto es que la impronta que le impondrá el oficialismo al paquete de proyectos que busca democratizar el Poder Judicial, de no mediar inconveniente, llevará a que al término de la próxima semana todas las normas cuenten ya con la aprobación en su Cámara de origen.
A estas horas, los distintos referentes de la oposición han dejado de lado los cuestionamientos de fondo y se turnan para cuestionar la celeridad que el oficialismo ha decidido darle al tratamiento de los proyectos. "
Una vez más, el gobierno ha decidido violentar el debido trámite parlamentario de los temas, y en la práctica está avasallando al Parlamento del mismo modo que con sus propuestas pretende avasallar al Poder Judicial. Acá hay partidización y no democratización del Poder Judicial", cuestionó el legislador del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano.
En sentido similar se expresó el, por estas horas, políticamente inclasificable diputado Jorge Yoma. "Empiezan violando el reglamento", se quejó el riojano y consideró que el debate debía ser encabezado por la Comisión de Justicia que él preside.
Yoma anticipó que citará para el próximo martes a miembros del Poder Judicial y especialistas para que den su visión sobre el tema. Pese a esto, el riojano reconoció que los proyectos que ingresaron por Diputados no traerán mayores complicaciones.
Por su parte, desde el oficialismo, minimizaron la discusión sobre los plazos y apuestan a resaltar la importancia de la reforma planteada desde el Ejecutivo. En ese tono se expresó la senadora kirchnerista y titular provisional de la Cámara Alta, Beatriz Rojkés de Alperovich, quien explicó que con el paquete de medidas se apunta a "lograr una justicia más democrática en doble sentido: hacia adentro del sistema, con una mayor apertura y oportunidades para los nuevos aspirantes; y frente al conjunto de la sociedad, con mayor transparencia y acercamiento, algo que vienen reclamando los argentinos hace ya tiempo".
La legisladora tucumana destacó que "los proyectos presentados por la presidenta permitirán traer a la justicia argentina al siglo XXI, con valores verdaderamente democráticos fortalecidos durante la última década".
CFK
Redes sociales
Un día después de presentar los proyectos de ley para reformar la justicia, la presidenta difundió por Twitter y Facebook los aspectos claves de las iniciativas enviadas al Congreso. "Espero que ese debate sea serio, profundo", reiteró la mandataria.
10.04.2013
lorenzetti admitió que luego de sancionadas las leyes puede haber litigios
La Corte asume que en el futuro podría tener que opinar sobre la reforma
"Quienes deben discutir los proyectos son los parlamentarios", dijo el titular del tribunal. No descartan planteos de inconstitucionalidad.
Por: Néstor Espósito
La cabeza de uno de los tres poderes de la República se abstuvo de pronunciarse sobre las iniciativas.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó durante un acto en el que lanzó un programa de capacitación en la justicia a nivel nacional que "quienes deben discutir son los parlamentarios; es el Congreso el que debe discutir estas leyes.
Luego de que sean sancionadas puede haber litigios, como hay en toda la legislación. Puede ser que algunos jueces tengan que opinar, pero es muy probable que la Corte Suprema tenga que opinar."
Si cualquier juez de la Corte se pronunciara ahora –a favor o en contra– de las propuestas del gobierno, en el futuro y ante un eventual planteo de inconstitucionalidad de cualquiera de esos proyectos ya transformados en ley, podría ser recusado por "haber anticipado opinión".
Ayer por la mañana, en el acuerdo de los martes, los siete jueces del alto tribunal hablaron sobre el tema, pero acordaron un prudente silencio que Lorenzetti se encargó de explicar en los salones del cuarto piso del Palacio de Tribunales, ante un auditorio al que llegó a último momento el ministro de Justicia, Julio Alak. De la cautela de la Corte parece surgir como dato que los jueces suponen que la "democratización de la justicia" se topará con escollos y resistencias que se traducirán en causas judiciales.
De hecho, buena parte de la corporación judicial ya hizo saber sus objeciones, parciales o totales, al anuncio presidencial del lunes. "Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad que le ha dado la Constitución, defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora", prometió Lorenzetti.
El tribunal quedó así convertido en objeto y árbitro de la propuesta del gobierno: por un lado, es la máxima representación judicial que está sujeta a cambios profundos; por el otro, será la que decida, en definitiva, si esos cambios serán o no válidos desde el punto de vista constitucional. Ante funcionarios de alto rango de la justicia (la ausencia más notoria fue la de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó), Lorenzetti justificó su presencia junto a Cristina Fernández en un ámbito al que la oposición masivamente se negó a concurrir.
"Nosotros debemos ser respetuosos de la institucionalidad. Participamos de las iniciativas como actos institucionales y así corresponde a un país que tiene que tener instituciones." Así, deslizó que haber estado en el acto no significó avalar los anuncios.
Por lo menos no de manera acrítica. En representación de un tribunal que "siempre está a disposición para explicar, para conversar", el presidente de la Corte utilizó pocos minutos para justificar la postura del tribunal y para insistir con el espíritu que guía cada fallo: "Lo hacemos siempre con la convicción de que estamos interpretando bien la Constitución y lo hacemos en beneficio del pueblo."
Una sentida carta del papa
En una sentida carta, el Papa Francisco expresó su agradecimiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien lo había felicitado por su designación como jefe de la Iglesia Católica. "Mi corazón se llenó de alegría al recibir el atento escrito que me ha dirigido, con motivo de mi elección como Obispo de Roma, y con el que me transmite su gentil felicitación", escribió el Papa en su misiva, fechada el 23 de marzo pasado, pero difundida ayer por la Corte a través del Centro de Información Judicial (CIJ). "Muchas gracias por su palabras, todas ellas colmadas de exquisita delicadeza", señaló el religioso, que le otorgó su "plegaria" a Lorenzetti. Incluso, le dijo que iba a interceder ante el Santo Padre. "A Dios le hablaré de usted –sostuvo Bergoglio– y del importante quehacer que desempeña y le diré que le ayude en su ardua labor, y que asista con su luz y su gracia a cuantos imparten justicia." Por último, antes de despedirse, el Papa pidió a Lorenzetti que los miembros de la justicia recen por él. "Pues mucho lo necesito", remarcó.
Fuente:TiempoArgentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario