GUATEMALA.

11.04.2013
Lo recordó el jurista alemán Christian Tomuschat

Guatemala. Para la ONU fue un genocidio. Un testigo involucró al presidente Otto Pérez

El entonces mayor y hoy presidente Otto Pérez, en el Quiché y en 1982 
El jurista alemán Christian Tomuschat, quien integró la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas para el conflicto armado de Guatemala (1960-1996) destacó que el informe de ese organismo ratificó que en Guatemala se consumó un genocidio y mencionó que un testigo involucró en esos crímenes al general retirado Otto Fernando Pérez Molina, actual presidente del país. El informe "Memoria del Silencio", realizado en 1999, tres años después de haberse firmado la paz, determinó que el 93 por ciento de las atrocidades fueron cometidas por el ejército, paramilitares y otras fuerzas armadas del Estado, recordó Tomuschat.

El estudio que formula esas apreciaciones volvió a la palestra en el marco del juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), pero sectores conservadores y exmilitares, entre ellos el propio presidente Pérez, aseguran que no hubo genocidio en el país, sino un enfrentamiento entre dos bandos, el ejército y la guerrilla.

"Si él (el presidente Pérez) dice que no se puede leer que hubo genocidio, creo que se equivoca, porque en nuestro informe se dice textual y claramente que hubo genocidio y esa no es una conclusión general, sino que se especifica que se dio en ciertos lugares y en ciertos tiempos ", señaló Tomuschat.
El abogado alemán dijo creer, además, que "esa conclusión no se puede poner en duda, porque elinforme está y sus informaciones tienen mucho peso".

"Yo lo que recomendaría es que todos los que pronuncian un no (hubo genocidio), leyeran cuidadosamente nuestro informe y también el informe 'Guatemala Nunca Más', de la Iglesia católica. Hay elementos de prueba muy amplios" en ambos, señaló el jurista en una entrevista publicada por el diario "El Periódico" de la que se hizo eco la agencia DPA.

El informe de la CEH de 1999 documenta los crímenes cometidos durante los 36 años de lucha armada sobre la base de 7.338 testimonios de declarantes que denunciaron la ocurrencia de 7.517 casos registrados de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado de Guatemala.

La Comisión estimó que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento armado interno llegó a más de 200.000 personas.

Tomuschat, quien desde 1995 enseña Derecho Europeo en la Universidad Humboldt de Berlín, no descartó que el presidente Pérez pueda ser investigado por su vinculación a los crímenes consignados, pero dijo que todo dependerá de las pruebas que tenga el testigo que lo incriminó, que la fiscalía debe investigar y evaluar.
En marzo se inició el juicio a Ríos Montt y a su jefe de Inteligencia, el también exgeneral José Mauricio Rodríguez, acusados como autores intelectuales del asesinato de 1.771 indígenas de la etnia Ixil, entre hombres, mujeres y niños, en al menos 15 matanzas que ejecutó el ejército entre 1982 y 1983, período en que ejerció la primera magistratura el dictador.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jorge de León, se reservó una opinión sobre si hubo o no genocidio en Guatemala, pero advirtió que es injusto que sólo se responsabilice a los militares.

"Es una realidad que no se puede obviar: la guerra dio como resultado muerte, violaciones, masacres, abusos, incluso están documentadas. Pero, es importante decirlo: hubo responsabilidad del ejército pero también de la guerrilla", señaló, desconociendo la jurisprudencia internacional que considera delitos de lesa humanidad sólo a los crímenes cometidos desde el Estado.

Estadísticas
Según el informe de la ONU, el 31 por ciento de las víctimas de ejecuciones previamente fueron torturadas, violadas y el 55 por ciento de los torturados y el 35 de los violados fueron luego ejecutados.
La violencia se concentró principalmente en algunos años del enfrentamiento armado. El 48 por ciento de los casos se registra en 1982; le siguen, en orden de frecuencia, los años 1981 y 1983.

El 81 por ciento de los crímenes registrados, vinculados con un enfrentamiento armado que duró cerca de 36 años, se produjeron en un período de tres años, entre 1981 y 1983.

El Ejército de Guatemala fue responsable del 85 por ciento de esos crímenes. Le siguen, en orden de frecuencia, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, paramilitares, 18 por ciento); los comisionados militares (11 por ciento); otras fuerzas de seguridad del Estado (4 por ciento) y las organizaciones guerrilleras (3 por ciento).

El total rebasa el 100 por ciento porque se contabilizaron dos o más veces los delitos cuya responsabilidad es atribuida a dos o más actores, que actuaron en forma conjunta.

La CEH comprobó que la responsabilidad del 93 por ciento de las violaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo en esta categoría el ejército, las PAC, comisionados militares, otras fuerzas de seguridad del Estado y los Escuadrones de la Muerte.

El 83,3 por ciento de las víctimas de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia registrados por la CEH pertenecían a alguna etnia maya.

Reencuentro
Precisamente, hoy se reencontraron, después de 31 años, dos hermanos de esta etnia que fueron separados por una incursión del ejército que obligó a uno de ellos a refugiarse en la montaña y luego en Chiapas, México, en épocas de la dictadura de Ríos Montt.

Sebastián Sales Maldonado, de 47 años, y su hermana María, de 36, se fundieron en un abrazo y lloraron cuando miembros del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), los presentaron de nuevo durante un acto en sus instalaciones en la capital guatemalteca.

Ambos vivían junto a sus padres y otros cuatro hermanos en la comunidad de La Cumbre, del municipio de San Idelfonso Ixtahuacán, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, cuando se separaron debido a una incursión militar.

Sebastián dijo que huyó hacia las montañas y fue a parar a Chiapas, donde vivió como refugiado casi 20 años, mientras que el resto de su familia se quedó en la comunidad maya.

Un dirigente de la organización humanitaria GAM, Enrique Barrera, explicó que luego de una denuncia presentada por el indígena hace dos años, comenzaron una investigación, y el pasado 3 de abril localizaron a su familia en La Cumbre.

Sus padres, Pablo Sales y María Maldonado, así como sus otros cuatro hermanos "lastimosamente no pudieron viajar a la ciudad para reencontrarse", explicó.

El indígena vive desde hace seis años en la comunidad Nuevo México, en el departamento sureño de Escuintla, donde se asentaron varias familias que fueron repatriadas de campamentos de refugiados en territorio mexicano, añadió Barrera.

La separación de esta familia se registró en 1982 durante el gobierno que presidió el general golpista Ríos Montt, quien junto a su antiguo director de Inteligencia Militar, José Rodríguez, son juzgados por un tribunal por delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad, que incluyen el desplazamiento forzoso de pobladores.
Barrera explicó que desde que el GAM, que aglutina a familiares de las víctimas del conflicto armado (1960-1996) inició su programa de "reencuentros", han unido a 106 familias.

El director de la organización, Mario Palanco, dijo que en lo que resta de 2013, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz roja (CICR), tienen previsto reunir a otras 12 familias.
Fuente:Telam