El Senado votó por un cambio en la Justicia
El oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura. Al cierre de esta edición se encaminaba a aprobar la creación de tres nuevos tribunales de Casación. Hoy se trata la iniciativa que regula las medidas cautelares.
Por Sebastian Abrevaya
La modificación del Consejo de la Magistratura recibió el voto favorable de 39 senadores; otros 31 votaron en contra.Imagen: Joaquín Salguero
El kirchnerismo dio ayer un paso importante en pos de la reforma del Poder Judicial. El Senado aprobó por 39 votos a favor y 31 en contra la modificación del Consejo de la Magistratura y por 39 a 26 la creación de tres nuevos tribunales de Casación. Se trata de dos de los proyectos más importantes propuestos por la presidenta Cristina Fernández para “democratizar” la Justicia. El tercero, que regula las medidas cautelares, se tratará hoy en la Cámara alta. “Acá no estamos construyendo ninguna epopeya. Ningún hecho revolucionario. Tampoco se va a caer la República por estas leyes. Desdramaticemos el debate. Este proyecto es un camino para que el Consejo se oxigene. Significa un esfuerzo para que este organismo sea eficaz, no se trabe, funcione y se abra a la sociedad”, sostuvo el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto.Tras casi diez horas de debate, la modificación del Consejo de la Magistratura fue aprobada y deberá pasar por la Cámara de Diputados. Se trata de la tercera reforma de ese organismo desde su creación, con la reforma constitucional de 1994. El proyecto obtuvo media sanción con el voto de los 33 senadores oficialistas, a quienes se sumaron los fueguinos Osvaldo López y María Rosa Díaz, el neuquino Horacio Lores, la peronista santafesina Roxana Latorre, la peronista pampeana María Higonet y el radical correntino José María Roldán.
De los 13 actuales, el Consejo pasará a tener 19 miembros. De ellos, doce integrantes serán elegidos mediante el voto popular junto a las elecciones nacionales; seis serán legisladores nacionales propuestos por los bloques parlamentarios y uno será designado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, habrá también una modificación en el manejo del presupuesto del Poder Judicial. Pasará a ser administrado por el Consejo, en lugar de la Corte Suprema de Justicia.
Se mantendrán los distintos estamentos que lo componían, pero tendrán menos influencia los jueces y los abogados. Se elegirán tres magistrados, dos por la lista mayoritaria y uno por la minoría; tres abogados, dos por la mayoría y uno por la minoría; seis académicos de probada trayectoria en sus respectivas profesiones, cuatro por la lista mayoritaria y dos por la minoría. Los seis legisladores se propondrán tres por cada Cámara, dos por la mayoría y uno por la minoría en el Congreso Nacional.
“Pretendemos la realización plena de la soberanía popular. No hay un solo párrafo de la Constitución que establezca que los representantes estamentarios del Consejo tengan que ser elegidos por sus estamentos. Estamos estableciendo el mayor marco de participación posible que la Constitución establece”, aseguró ayer el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, quien explicó que con la elección popular se le va a permitir a la sociedad conocer “quiénes son, qué proponen y cómo conciben la administración de justicia” los nuevos consejeros. Más tarde, Pichetto detalló que al representante de los abogados lo eligieron entre tres mil abogados mientras que a los magistrados solamente trescientos.
Desde la oposición en su conjunto rechazaron la iniciativa oficialista, centrándose en los objetivos que perseguiría el oficialismo con la reforma. “Acá no se busca consolidar la independencia del Poder Judicial, acá lo que se busca es garantizar la impunidad. Por eso no compartimos esta idea de denominar esta iniciativa como democratizar la Justicia”, señaló el jefe de la bancada radical, José Cano. Desde el FAP, Luis Juez se despachó con su humor habitual: “Uno a veces tiene más confianza en la imparcialidad del jurado de Tinelli que en los jueces que designó el Gobierno”, dijo el senador cordobés y vaticinó que cuando el kirchnerismo deje el poder “van a rogar por una Justicia independiente”. “Están violando la división de poderes, la mayoría no puede gobernar el Poder Judicial”, se alarmó la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, quien además criticó que se elimine el título de abogado como requisito para los académicos que integren el Consejo.
Otro de los puntos centrales del nuevo Consejo es la modificación de las mayorías necesarias para tomar algunas decisiones, como la selección de los magistrados, bajando el número de dos tercios a mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del total de sus miembros. Varios senadores de la oposición señalaron que también se podría remover a los magistrados con mayoría simple. “El jury de enjuiciamiento no se modifica. Es el jury el que enjuicia a los jueces con un sistema de proporcionalidad que es de dos tercios. Lo que se modifica es la posibilidad de acusar, que se hace con mayoría absoluta, pero el jury, que es el espacio del equilibrio, se mantiene”, los corrigió Pichetto.
Durante el debate también hubo varios cruces respecto del tratamiento parlamentario de las reformas. “Este es un tratamiento sin debate, escuchando solamente al ministro y al secretario de Justicia. Este es un tema importante para la sociedad. Pedimos abrir el debate a todos los estamentos y a toda la sociedad. Lo único que escuchamos es que la Justicia es corporativa”, señaló la peronista disidente Sonia Escudero, la única que participó del plenario de comisiones realizado la semana pasada. Al cruce le salió Pichetto, en un duro discurso de cierre: “Creo que no haber asistido al debate de la comisión fue un error de la oposición. Faltó la voz y la discusión política. Le tienen miedo, además, a la voluntad popular. Creen que van a perder las elecciones entonces no quieren una ley en la que vota el pueblo. Ojalá construyan un liderazgo moderno, con pensamiento propio y dejen de hacerles seguidismo a los medios de comunicación”, disparó el senador por Río Negro.
Cuando se acercaba el momento de la votación, el senador Fuentes anunció que se introducirían algunas modificaciones menores al proyecto, lo que despertó las críticas de la oposición por la falta de tiempo para analizar las propuestas. “Nunca pasó esto. Que nos sorprendan a esta hora, después de realizado el debate. Es un antecedente serio. Nunca pasó además con una ley de esta envergadura”, sostuvo el socialista Rubén Giustiniani y propuso que el proyecto vuelva a su tratamiento en comisión. Finalmente el Frente para la Victoria rechazó el pedido y siguió el debate. Minutos más tarde, Pichetto anunció que no se realizarían esas modificaciones, que entre otras cosas permitía la reelección de los actuales consejeros, una vez terminados sus mandatos.
A la medianoche el oficialiamo también consiguió dar media sanción en el Senado el proyecto que establece la creación de las Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, lo Civil y Comercial y en el fuero del Trabajo y la Seguridad Social.
Temas fuera del temario
Antes de iniciar el debate, los senadores de la oposición reclamaron el tratamiento de temas que excedían la convocatoria a la sesión especial. Reclamaron que se traten las denuncias por lavado de dinero realizadas en un programa del Grupo Clarín, la situación por las inundaciones y dos proyectos de salud. “Cuando existen denuncias periodísticas sobre hechos de corrupción, la AFIP debería estar actuando y no persiguiendo a aquellos funcionarios que se manifiestan en contra”, sostuvo el radical José Cano. Miguel Pichetto, del FpV, prometió tratar todos los temas el miércoles próximo: “Coincido en que la corrupción mata, también mata la impericia, la desidia, como en la ciudad de Buenos Aires, que tiene recursos propios y no hace obras fundamentales para los porteños”, disparó Pichetto.
PROTESTA DE LOS JUDICIALES CONTRA LA REFORMA
Huelga con manifestación y apagón
Bajo la consigna “No al ajuste y avasallamiento del Poder Judicial”, el sindicato de empleados judiciales realizó ayer una protesta frente al Palacio de Justicia y cumplió el primer día del paro por 72 horas en rechazo a los cambios en el sistema judicial que impulsa el gobierno nacional. “Esta reforma no garantiza la transparencia en el ingreso a la Justicia”, lanzó el titular del gremio, Julio Piumato, quien junto al líder camionero Hugo Moyano encabezó el acto del que participaron dos mil trabajadores. Mientras se desarrollaba la medida de fuerza hubo un apagón en Tribunales. Según el delegado de la Corte Suprema, Demetrio Iramaín, el corte de energía no fue “casual” y podría haber incentivado la concurrencia a la movilización.
Luego de cerrar y asegurar con candados las salidas laterales del Palacio de Tribunales, los empleados sindicados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se congregaron temprano frente al acceso principal del edificio, en Talcahuano 550. El gremialista Piumato aseguró que hubo una “adhesión del ciento por ciento” a la medida de fuerza y celebró “la histórica jornada de lucha de los judiciales por los salarios y la independencia de la Justicia”.
El líder de los judiciales ratificó su opinión de que la “reforma no garantiza la transparencia en el ingreso a la Justicia” y solicitó “explicar qué hay detrás” de la misma. “Impulsan leyes que afectan los derechos de los trabajadores judiciales y de todos los trabajadores”, concluyó. También habló Moyano, quien planteó que “el Gobierno no hace esto para democratizar entre comillas nada, sino para asegurarse el manejo total y absoluto de la Justicia”.
A media mañana hubo un corte de electricidad en el Palacio de Justicia que llevó a muchos funcionarios a salir del edificio. “No me parece casual que el edificio de Talcahuano y el de Lavalle 1238 se hayan quedado sin luz y que hayan avisado que tampoco se iba a abrir la cochera de Lavalle al 1500”, sostuvo el delegado de la comisión interna de la Corte. El calígrafo Iramaín criticó, además, el paro por tres días al que convocó el gremio encabezado por Piumato. Lo definió como un “lock out patronal” porque está “impulsado por la corporación judicial y no tiene nada que ver con reclamos salariales de los trabajadores”.
Fuente:Pagina12
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