El principio del cambio de las cautelares
La iniciativa que obtuvo media sanción del Senado contempla los planteos realizados por el CELS. Las modificaciones resguardan los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por Sebastian Abrevaya
El proyecto de regulación de las medidas cautelares obtuvo media sanción del Senado con 39 votos a favor y 29 en contra.
Imagen: DyN.
Imagen: DyN.
En diez días, el kirchnerismo aprobó las iniciativas más complejas de su plan para “democratizar” el Poder Judicial y se espera que ahora el Senado se avoque a estudiar las iniciativas aprobadas por Diputados: la publicidad de las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes, incluidos los magistrados; la publicación en Internet de las decisiones de la Corte Suprema y de tribunales de segunda instancia y el “acceso igualitario” al Poder Judicial.
El dictamen de reglamentación de la cautelares que involucren al Estado fue firmado la semana pasada, luego de las exposiciones del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. Sin embargo, los planteos públicos del Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos vinculados con la Justicia, como Acij, ADC, Fores y la Asociación de Abogados Laboralistas, derivaron en la apertura del debate en comisión y la introducción de modificaciones para resguardar los derechos de los ciudadanos y especialmente de los sectores vulnerables. En contraposición con la redacción restrictiva que defendió el secretario Alvarez en la comisión, primó el espíritu más amplio del aporte realizado por el CELS para establecer las excepciones a la ley.
El proyecto de ley establece un plazo de seis meses para la vigencia de las medidas cautelares, prorrogables por otros seis, en caso de que el magistrado lo considere necesario. Además, termina con el dictado de cautelares “in audita parte”, es decir que previo al otorgamiento de la cautelar, el juez debe notificar y solicitar al Estado un informe en el que dé cuenta del “interés público comprometido”. El Estado tiene cinco días de plazo para emitir su informe, durante los cuales el juez puede dictar una medida “interina” para proteger al demandante. Por otro lado, se inhabilita a un juez incompetente a dictar una medida cautelar.
Estas regulaciones no se aplicarán “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria” y también “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. Además, en el artículo 17 se agregó un párrafo en el que se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores, sobre el cual no podrá interponerse una medida cautelar y en cambio deberá regirse por las leyes vigentes.
“Hay que regular este tipo de medidas cautelares contra el Estado porque las normas procesales civiles que hoy se aplican son insuficientes, porque son ideadas para intereses particulares y no se está pensando en el Estado como parte”, señaló el senador kirchnerista Marcelo Guinle, quien coincidió con las propuestas realizadas por el CELS y llamó a los senadores a elaborar un código procesal administrativo. “En las seis leyes que se han mandado al Congreso, el ojo del Gobierno está puesto en que los más vulnerables sean protegidos para que no sean rozados de ninguna manera”, aseguró el senador Aníbal Fernández, quien recordó el caso Clarín con la ley de medios, los diez años que lleva una cautelar a favor del diario La Nación y otros nueve para Adepa.
Desde la oposición vaticinaron la inconstitucionalidad de la ley y alertaron sobre sus supuestos perjuicios. “El eje de la reforma es el freno a los juicios contra la Anses. Si el oficialismo no modifica artículo 4, se va a convalidar la mayor de las estafas contra lo jubilados”, aseguró el senador radical Luis Naidenoff.
“Tanta preocupación por los jubilados... se nos trata de colocar en los atentadores de los derechos de sectores tan sensibles, cuando durante todos estos años se ha logrado una recuperación de los haberes y los salarios y fue el gobierno radical el que recortó el 13 por ciento”, le replicó el legislador de Nuevo Encuentro Osvaldo López, uno de los seis aliados que votó junto al oficialismo.
Desde el peronismo disidente, el senador Adolfo Rodríguez Saá consideró que los proyectos sobre la Justicia se utilizan para “tapar una crisis mucho más grande”. “El tema de las inundaciones, el cepo cambiario, el déficit, el dólar paralelo, las creaciones del señor Moreno, este es el problema gravísimo que tenemos”, disparó el ex presidente.
Para cerrar el debate, Pichetto reveló que en la provincia de Santa Fe las cautelares tienen un límite de 90 días y que en la comunidad europea no se dictan cautelares sin escuchar a las partes. “Estamos dictando una norma necesaria, prudente, cuando litiga el Estado con sectores económicos concentrados con estudios jurídicos muy sólidos, el Estado es la parte más débil”, concluyó el senador por Río Negro.
Fuente:Pagina12
Jorge Auat: “Esta estructura judicial no se compadece con la democracia“
15.04.13
Por Hugo Krasnobroda.
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Es uno de los referentes principales del foro Justicia Legítima, que apoya fuertemente la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional. “Actualmente tenemos jueces que están más cerca de la cachiporra que de la toga”, señaló Jorge Auat, fiscal general en las causas por delitos de lesa humanidad. El letrado desestimó que con la creación de nuevas Cámaras de Casación vaya a burocratizarse aún más la Justicia y aseguró que los proyectos apuntan “a sanear los viejos vicios de un sistema que hoy no está a la altura de las circunstancias”.
¿Cuál es su visión sobre los proyectos de reforma que envió la Presidenta al Congreso?
Yo creo que, sin duda, representan un salto cualitativo. Es una forma de zanjar una vieja deuda que tenemos en democracia con respecto al sistema de administración de justicia. Creo que es el único poder que prácticamente no fue atravesado por los cambios que significaron pasar de la dictadura a la democracia. Es el único poder que realmente a lo largo de su historia estructuralmente siguió funcionando aún en épocas dictatoriales. Los otros poderes (usurpados por los dictadores) no tuvieron ningún funcionamiento. Desde 1983 hasta acá (la reforma judicial) era una asignatura pendiente, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros nos debíamos este debate, por eso nació el foro de Justicia Legítima. Yo sé que el sistema corporativamente como está diseñado va a ofrecer resistencia, pero de lo que estoy convencido es que no hay vuelta atrás y de que ya nada va a ser igual.
La mayoría de las asociaciones de jueces y abogados temen una politización de la Justicia, ¿usted no?
Ese temor, básicamente, expresa un prejuicio con respecto a la política. Si el concepto de política tiene que ver con participación ciudadana, si el concepto de política tiene que ver con integrar los intereses de la sociedad, no creo que sea algo reñido con los principios vectores de un sistema democrático. Ahora bien, si la palabra politización es mirada con prejuicio sale una expresión estratégica: “No hagan nada porque se politiza. Consecuentemente, dejenla como está”.
O sea que usted no ve un avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial...
En absoluto, al contrario. Estos proyectos lo que hacen es tratar de sanear los viejos vicios de un sistema que hoy no está a la altura de las circunstancias. Esta estructura judicial no se comparece con los tiempos de la democracia. Nosotros lo decíamos en la conferencia que dimos en la asociación de abogados: claramente estos cambios no solo van a producir modificaciones desde el punto de vista orgánico, sino que también va a cambiar paradigmas de funcionamiento. Todavía tenemos jueces que están más cerca de la cachiporra que de la toga. Esto también hace al debate. Qué tipo de Poder Judicial queremos, qué tipo de estructura de administración de justicia queremos, cuál es el perfil de juez que queremos. Esto no se discutió nunca. No es solamente pasar por el tamiz de un concurso, que tampoco ofrece las garantías que la gente espera. De hecho, esta Justicia no recuperó prestigio pese a que hay muchos jueces nuevos que pasaron por el concurso. Pero la estructura de administración de justicia no recuperó prestigio.
La Constitución dice que los jueces y abogados deben elegir a sus representantes para la Magistratura. Al haber elección por voto popular, ¿no se afecta ese principio?
El artículo 114 no cierra ninguna puerta. El corsé que le quieren poner es para profundizar aún más el espíritu corporativo. Quieren cerrar aún más a la Justicia y alejarla más de la sociedad. La forma de poner a la Justicia en contacto con la realidad es cambiando orgánicamente y en el marco de la Constitución, estructuras que tiendan al acercamiento. Si usted le pregunta a la gente en la calle quiénes son los consejeros, nadie sabe quiénes son ni a quiénes representan. Eso representa la distancia que hay entre la ciudadanía y el aparato judicial.
En 2006 Cristina impulsó que los miembros del Consejo pasen de 19 a 13 con mayoría agravada y ahora quiere que pasen de 13 a 19 con mayoría simple. ¿No le parece una contradicción?
No, no. No se puede pensar en esos términos. Las circunstancias van produciendo necesidades. Las leyes siempre van a la saga de los hechos. Primero se produce una necesidad y después hay una respuesta. Si se pensó en algún momento que aquella era una solución para ese momento y luego se admite que puede ser modificada, bienvenido sea. Todo es perfectible. Desde Justicia Legítima estamos tratando de instalar un debate con carácter permanente. Me parece que esta es la cuestión central. No pensar que con estas leyes se resuelve todo ni que Justicia Legítima logra al otro día con cuatro o cinco normas resolver el problema. La idea es que a partir de ahora tengamos la gimnasia de la discusión permanente. Este es el cambio de paradigma.
¿No cree que la creación de nue vas Cámaras de Casación puede burocratizar aún más la Justicia en vez de agilizarla?
Para nada. Yo creo que hay que atenerse claramente a las letras de la Presidenta cuando presentó los proyectos. Ella está hablando de agilizar la justicia. En el caso de los juicios por los crímenes de la dictadura tenemos muy pocas sentencias firmes. En proporción a la cantidad de casos son muy pocas. La idea que uno tiene es que los plazos procesales hoy son eternos, son crónicos. Pensar que esto burocratiza más es salirse de la premisa principal que impulsó el cambio. Es al contrario.
Fuente:ElTribuno
Envío:Agnddhh
JUSTICIA LEGÍTIMA
LA DEFENSORA GENERAL DE LA NACIÓN PARTICIPARÁ DEL ENCUENTRO EN ROSARIO
La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participará del encuentro Justicia Legítima que se realizará el próximo 19 de abril desde las 19, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Luego de la apertura a cargo de la Dra. Martínez, dará su palabra un primer panel integrado por Ana María Figueroa, Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal; Alejandro Slokar, Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Daniel Erbetta, Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe; Lucía María Aseff, jueza de Cámara Nacional; Gabriel Pérez Barberá, Juez de la Cámara de Acusación de Córdoba; y Javier de Luca, Fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
A continuación tendrá lugar un segundo panel integrado por Gabriel Ganón (Defensor Penal de la Provincia de Santa Fe), Matilde Bruera (Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario), Juan Murray (Fiscal Federal de Rosario).
Luego se desarrollará un tercer panel, que contará con la participación de Federico Guillermo Reynares Solari (Fiscal Federal Rosario), Juan Nucci (secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Santa Fe), Adolfo Villate (Secretario del Juzgado Federal Nro 3 en los Tribunales Federales de Rosario), Héctor Silvio Galarza Azzoni (Defensor Público Oficial ante los Jueces Federales de Primera Instancia de San Nicolás), Andrés Pennisi (secretario de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario), Mario Gambacorta (Fiscal Federal Rosario), Mabel Colalongo (Fiscal Federal Rosario), Claudio Palacin (Fiscal General Federal de Rosario) y María Aurelia Masino (abogada), entre otros.
Por último, se abrirá la lista de oradores para todos aquellos que quieran intervenir.
Los temas a tratar en el encuentro serán: control y gestión, ingreso democrático, transparencia y publicidad de los actos judiciales, participación popular en la administración de justicia (juicio por jurado y designación de magistrados).
BUENOS AIRES 16 / 04 / 2013
Envío:JoséRubio
“Esta democracia está por cumplir treinta años y qué mejor momento para llevar democracia a ese poder que no ha discutido sus estructuras, que está encriptado y de espaldas a la sociedad”, dijo Ricardo Forster, referente de Carta Abierta, en el encuentro de intelectuales, científicos y académicos que se realizó ayer para apoyar las reformas en el Consejo de la Magistratura impulsadas por el Gobierno. “Es un enorme y positivo indicio que esto forme parte de la construcción colectiva, hago votos para que este debate se profundice, en ese sentido la facultad está abierta y ojalá el Ministerio de Justicia también lo propicie”, dijo como anfitrión Sergio Caletti, decano de Ciencias Sociales de la UBA, en cuyo subsuelo de la sede de Constitución se concretó la reunión. Ubicado detrás de Forster y Caletti pudo verse al rector de la UBA, Ruben Hallu.
“Rectores, decanos, académicos y científicos acompañamos los lineamientos fundamentales de la reforma judicial en tanto apunta a garantizar en los tres poderes del Estado el principio de la soberanía popular, en este caso garantizarla en el Consejo de la Magistratura”, arrancó Forster. “Celebramos la ampliación del número de académicos, los concursos públicos, el acceso de los ciudadanos a las causas judiciales y a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, la agilización del sistema de Justicia con la creación de nuevas cámaras y la regulación de las medidas cautelares”, agregó el filósofo y ensayista. A su criterio, “la sociedad está madura para abrir el debate sobre el Poder Judicial”, y destacó que los académicos “somos ciudadanos de a pie que creemos que también los jueces y los fiscales son ciudadanos de a pie”.
Por su parte, el especialista en criminología Juan Pegoraro ponderó la ampliación del debate de la problemática de la Justicia y agradeció que “nos hayan considerado a los académicos”. Tras cuestionar los rituales de la “familia judicial”, que es “un poder que se mira a sí mismo”, enfatizó que “no puede haber justicia en un orden social injusto, por eso son bienvenidos los cambios que abren el espectro”. En tanto, para Dora Barrancos, miembro del directorio del Conicet, “la academia también debe expresarse como estado de ciudadanía”, y destacó los tres tercios proporcionados en que quedaría dividido el Consejo según los estamentos que lo integran. Barrancos dijo que este Poder Judicial “no interpreta los nuevos derechos que ampliaron ciudadanía”, y aclaró que “los actos super corporativos son dañinos”, incluso si provinieran del ámbito académico o universitario. “Necesitamos una apertura democrática de todos los sistemas de este país. El derecho se hizo para los seres humanos, por eso toda la sociedad debe participar”, concluyó.
A su turno, el historiador Gabriel Di Meglio afirmó que “el bicentenario de la Asamblea del año XIII no es sólo una efeméride escolar, sino un intento de salir de las lógicas del clero, los cabildos, los militares que se juzgaban a sí mismos, de terminar con los títulos de la nobleza y de romper con la sociedad colonial, y aunque la llamada Justicia republicana lo justifica con el argumento de la idoneidad, la realidad es que se formó en aquellos viejos modelos de corporación con un funcionamiento autónomo y de cooptación negativos respecto de la función que debe cumplir”. Luego de reconocer que el Poder Judicial es el más débil de los poderes, el último en formarse y el más vulnerable a los embates de los demás y que en la cultura anglosajona del checks and balances (controles y contrapesos) y la lógica republicana del equilibrio de los poderes está para equilibrar a los otros, Di Meglio planteó que el problema consiste en cuál es el balance interno de ese poder. “Al quedar en manos de una misma corporación, por más heterogénea que pueda ser, puede amparar otro tipo de cuestiones, como dicen, no nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas”, acotó disculpándose por la referencia “poco académica”. El historiador afirmó que “así como el Poder Judicial no funciona y sus miembros pretenden que nada cambie, claramente el Consejo de la Magistratura tampoco funciona, y por eso su modificación es algo sano y casi urgente”.
Antes del cierre, el físico Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, leyó los argumentos con los cuales el proyecto de ley oficial eliminó el requisito de ser abogado para el estamento de los académicos aspirantes a integrar el Consejo. “Los conflictos que allí se dirimen involucran a toda la población” y por eso propone “el abordaje interdisciplinario para enriquecer las soluciones y respuestas posibles”. Y mencionó que la Constitución misma es la que habilita a hacerlo, en su artículo 24, en respuesta a los cuestionamientos opositores de inconstitucionalidad. “El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un comité de ética que aborda asuntos técnicos, pero en su composición hay un jurista y un escritor, porque justamente se pensó que había que incorporar otras miradas para tratar temas tan complejos”, ejemplificó.
Por último, habló el rector de la Universidad de Cuyo y presidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Arturo Somoza, quien opinó que quienes se oponen a la reforma lo hacen por “oportunismo político”. En su visión, “para el sistema universitario es natural la mirada interdisciplinaria, empezando con su sistema de gobierno integrado por los distintos estamentos, por lo tanto en la lógica del funcionamiento del Consejo de la Magistratura los que participen no tienen por qué ser todos expertos en derecho”.
Estuvieron presentes, además, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Glenn Postolski; la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, y la socióloga María Pía López, de Carta Abierta. Y fue notoria la presencia de rectores, decanos y profesores de universidades de todo el país. Algunos otros referentes del ámbito académico habrían preferido no participar hasta tanto no quedaran plasmadas las objeciones que planteó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la iniciativa oficial que apunta a restringir las medidas cautelares que se debatía ayer en el Senado.
Encuentro de “Justicia legítima”
INTELECTUALES Y ACADEMICOS APOYARON LOS PROYECTOS DE REFORMA JUDICIAL
Para profundizar los cambios
Participaron miembros de Carta Abierta, rectores, decanos y profesores de universidades de todo el país. Celebraron varios aspectos de la iniciativa sobre “democratización de la Justicia” y la existencia del debate sobre el Poder Judicial.
El sociólogo Juan Pegoraro, Sergio Caletti, decano de Ciencias Sociales, y el filósofo Ricardo Forster, entre otros.
Imagen: Rafael Yohai
“Rectores, decanos, académicos y científicos acompañamos los lineamientos fundamentales de la reforma judicial en tanto apunta a garantizar en los tres poderes del Estado el principio de la soberanía popular, en este caso garantizarla en el Consejo de la Magistratura”, arrancó Forster. “Celebramos la ampliación del número de académicos, los concursos públicos, el acceso de los ciudadanos a las causas judiciales y a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, la agilización del sistema de Justicia con la creación de nuevas cámaras y la regulación de las medidas cautelares”, agregó el filósofo y ensayista. A su criterio, “la sociedad está madura para abrir el debate sobre el Poder Judicial”, y destacó que los académicos “somos ciudadanos de a pie que creemos que también los jueces y los fiscales son ciudadanos de a pie”.
Por su parte, el especialista en criminología Juan Pegoraro ponderó la ampliación del debate de la problemática de la Justicia y agradeció que “nos hayan considerado a los académicos”. Tras cuestionar los rituales de la “familia judicial”, que es “un poder que se mira a sí mismo”, enfatizó que “no puede haber justicia en un orden social injusto, por eso son bienvenidos los cambios que abren el espectro”. En tanto, para Dora Barrancos, miembro del directorio del Conicet, “la academia también debe expresarse como estado de ciudadanía”, y destacó los tres tercios proporcionados en que quedaría dividido el Consejo según los estamentos que lo integran. Barrancos dijo que este Poder Judicial “no interpreta los nuevos derechos que ampliaron ciudadanía”, y aclaró que “los actos super corporativos son dañinos”, incluso si provinieran del ámbito académico o universitario. “Necesitamos una apertura democrática de todos los sistemas de este país. El derecho se hizo para los seres humanos, por eso toda la sociedad debe participar”, concluyó.
A su turno, el historiador Gabriel Di Meglio afirmó que “el bicentenario de la Asamblea del año XIII no es sólo una efeméride escolar, sino un intento de salir de las lógicas del clero, los cabildos, los militares que se juzgaban a sí mismos, de terminar con los títulos de la nobleza y de romper con la sociedad colonial, y aunque la llamada Justicia republicana lo justifica con el argumento de la idoneidad, la realidad es que se formó en aquellos viejos modelos de corporación con un funcionamiento autónomo y de cooptación negativos respecto de la función que debe cumplir”. Luego de reconocer que el Poder Judicial es el más débil de los poderes, el último en formarse y el más vulnerable a los embates de los demás y que en la cultura anglosajona del checks and balances (controles y contrapesos) y la lógica republicana del equilibrio de los poderes está para equilibrar a los otros, Di Meglio planteó que el problema consiste en cuál es el balance interno de ese poder. “Al quedar en manos de una misma corporación, por más heterogénea que pueda ser, puede amparar otro tipo de cuestiones, como dicen, no nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas”, acotó disculpándose por la referencia “poco académica”. El historiador afirmó que “así como el Poder Judicial no funciona y sus miembros pretenden que nada cambie, claramente el Consejo de la Magistratura tampoco funciona, y por eso su modificación es algo sano y casi urgente”.
Antes del cierre, el físico Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, leyó los argumentos con los cuales el proyecto de ley oficial eliminó el requisito de ser abogado para el estamento de los académicos aspirantes a integrar el Consejo. “Los conflictos que allí se dirimen involucran a toda la población” y por eso propone “el abordaje interdisciplinario para enriquecer las soluciones y respuestas posibles”. Y mencionó que la Constitución misma es la que habilita a hacerlo, en su artículo 24, en respuesta a los cuestionamientos opositores de inconstitucionalidad. “El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un comité de ética que aborda asuntos técnicos, pero en su composición hay un jurista y un escritor, porque justamente se pensó que había que incorporar otras miradas para tratar temas tan complejos”, ejemplificó.
Por último, habló el rector de la Universidad de Cuyo y presidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Arturo Somoza, quien opinó que quienes se oponen a la reforma lo hacen por “oportunismo político”. En su visión, “para el sistema universitario es natural la mirada interdisciplinaria, empezando con su sistema de gobierno integrado por los distintos estamentos, por lo tanto en la lógica del funcionamiento del Consejo de la Magistratura los que participen no tienen por qué ser todos expertos en derecho”.
Estuvieron presentes, además, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Glenn Postolski; la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, y la socióloga María Pía López, de Carta Abierta. Y fue notoria la presencia de rectores, decanos y profesores de universidades de todo el país. Algunos otros referentes del ámbito académico habrían preferido no participar hasta tanto no quedaran plasmadas las objeciones que planteó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la iniciativa oficial que apunta a restringir las medidas cautelares que se debatía ayer en el Senado.
Encuentro de “Justicia legítima”
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participará del encuentro “Justicia legítima” que se realizará hoy, desde las 19, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Junto a Martínez compartirán la charla inaugural de la jornada el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier de Luca, y el juez de esa Cámara, Alejandro Slokar. De acuerdo con el cronograma de actividades, luego realizarán intervenciones diferentes referentes del espacio “Justicia legítima” que conforman integrantes de distintas instancias del Poder Judicial. Entre otros, expondrán Daniel Erbetta –ministro de la Corte Suprema de Santa Fe—, el defensor penal de esta provincia, Gabriel Ganón; la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, la rosarina Ana María Figueroa, y Matilde Bruera, defensora oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario.
Fuente:Pagina12
En el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, la Presidenta dijo que el objetivo del Gobierno era conseguir “una justicia pareja para todos, con igualdad de ingresos, igualdad para conocer las declaraciones juradas y para todos los aspectos de la justicia”.
La Presidenta encabezó un acto junto a gobernadores y editores de publicaciones educativas, en el que además realizó teleconferencias con Tucumán para dejar inaugurado un centro infantil, y con la localidad bonaerense de San Antonio de Areco para poner en funcionamiento la Facultad de Enfermería.
“Decían que no íbamos a debatir, que iba a ser a libro cerrado, pero hemos recibido a organizaciones y se han hecho modificaciones”, al texto de los proyectos enviados al Congreso. Así, Fernández de Kirchner envió un mensaje a la oposición que se negó a debatir los proyectos en un primer momento e hizo mención a las observaciones que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones vinculadas con la Justicia, fundamentalmente sobre el proyecto que establece una modificación en las medidas cautelares que obtuvo media sanción ayer por la noche en la Cámara de Senadores.
La Presidenta recordó el juicio del caso de Margarita Verón, desaparecida por una red de trata de personas, en el que “absolvieron a todos los responsables”. Además hizo foco en los “77 jueces de un fuero cordobés que se excusaron por ser amigos de un acusado de delitos de lesa humanidad”.
“Es necesario una reforma que permita abrir las compuertas, que el pueblo participe y que haya legitimidad en los órganos jurídicos”, señaló Fernández de Kirchner antes de partir hacia Perú.
Por último, a través de su cuenta de Twitter, señaló que nunca había pensado “en un fallo tan burdo, o como lo definió el titular del Afsca: Fallo a la carta, Justicia Delivery”, haciendo foco en el fallo sobre la ley de medios que la Cámara 1 en lo Civil y Comercial emitió declarando parte de dos artículos de la norma como inconstitucionales. “Es demasiado grosero. Ni siquiera esta justicia se merece algo tan grotesco”, agregó y finalmente destacó que “habría mayor decoro sabiendo aun de antemano que iban a fallar a favor de quien les paga los viajes y vaya uno a saber qué cosas más”, aludiendo a la denuncia penal que pesa sobre dos de los camaristas que aceptaron la invitación de una organización cercana al multimedios para viajar a Estados Unidos.
Fuente:Pagina12
LA PRESIDENTA HABLO SOBRE LA REFORMA JUDICIAL Y EL FALLO DE LA LEY DE MEDIOS
“Queremos una justicia pareja”
Sobre la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial, señaló que nunca había visto “una cosa igual”. “Hubo un fallo que me enmudeció”, dijo. Habló de una Justicia con “sectores aristocratizantes” y del debate sobre los proyectos que envió al Congreso.
“Buscamos una justicia del siglo XXI, no la de una monarquía o una aristocracia, que sea tan democrática como el resto de los poderes del Estado”, señaló ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntando a la reforma judicial que se está tratando en el Congreso. Antes de partir hacia Perú y Venezuela dedicó parte de su discurso en la Casa Rosada a las medidas que impulsan la democratización judicial y las vinculó con el fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se conoció el miércoles. “Hubo un fallo que me enmudeció, nunca vi una cosa igual”, dijo sobre la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial. “La Justicia tiene sectores aristocratizantes que se manejan como un ghetto”, destacó la presidenta argumentando a favor de la democratización de la Justicia y agregó que el fallo de los camaristas sobre la ley de medios “es la punta del iceberg, que revela el entramado muy fuerte que funciona debajo”.
Recomendó el artículo de Mario Wainfeld publicado ayer por este diario y mencionó que el camarista Francisco de las Carreras, integrante del tribunal que declaró inconstitucionales los artículos clave de la ley de medios, era el bisnieto del primer presidente de la Corte Suprema. “Hay una idea casi aristocratizante del poder, por eso solo piden entrar los amigos, los hijos, los recomendados”, señaló. Y explicó que por ese motivo impulsó como una de las iniciativas de reforma del Poder Judicial el ingreso democrático a los tribunales.
En el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, la Presidenta dijo que el objetivo del Gobierno era conseguir “una justicia pareja para todos, con igualdad de ingresos, igualdad para conocer las declaraciones juradas y para todos los aspectos de la justicia”.
La Presidenta encabezó un acto junto a gobernadores y editores de publicaciones educativas, en el que además realizó teleconferencias con Tucumán para dejar inaugurado un centro infantil, y con la localidad bonaerense de San Antonio de Areco para poner en funcionamiento la Facultad de Enfermería.
“Decían que no íbamos a debatir, que iba a ser a libro cerrado, pero hemos recibido a organizaciones y se han hecho modificaciones”, al texto de los proyectos enviados al Congreso. Así, Fernández de Kirchner envió un mensaje a la oposición que se negó a debatir los proyectos en un primer momento e hizo mención a las observaciones que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones vinculadas con la Justicia, fundamentalmente sobre el proyecto que establece una modificación en las medidas cautelares que obtuvo media sanción ayer por la noche en la Cámara de Senadores.
La Presidenta recordó el juicio del caso de Margarita Verón, desaparecida por una red de trata de personas, en el que “absolvieron a todos los responsables”. Además hizo foco en los “77 jueces de un fuero cordobés que se excusaron por ser amigos de un acusado de delitos de lesa humanidad”.
“Es necesario una reforma que permita abrir las compuertas, que el pueblo participe y que haya legitimidad en los órganos jurídicos”, señaló Fernández de Kirchner antes de partir hacia Perú.
Por último, a través de su cuenta de Twitter, señaló que nunca había pensado “en un fallo tan burdo, o como lo definió el titular del Afsca: Fallo a la carta, Justicia Delivery”, haciendo foco en el fallo sobre la ley de medios que la Cámara 1 en lo Civil y Comercial emitió declarando parte de dos artículos de la norma como inconstitucionales. “Es demasiado grosero. Ni siquiera esta justicia se merece algo tan grotesco”, agregó y finalmente destacó que “habría mayor decoro sabiendo aun de antemano que iban a fallar a favor de quien les paga los viajes y vaya uno a saber qué cosas más”, aludiendo a la denuncia penal que pesa sobre dos de los camaristas que aceptaron la invitación de una organización cercana al multimedios para viajar a Estados Unidos.
Fuente:Pagina12
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