MÉXICO.

MARTES, 9 DE ABRIL DE 2013 
En estados como Puebla la exclusión asciende a 50 por ciento: Más de tercera parte de mexicanas sin servicios de salud 
CIMAC 
Más de la tercera parte de las mujeres continúan excluidas de los servicios de salud en México, alertó el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred). 

De acuerdo con el apartado “Salud y Alimentación”, del Reporte de Discriminación 2012 –elaborado por el Conapred–, los sistemas de salud son discriminatorios y “siguen fallando a las mujeres en momentos clave de su vida” como la adolescencia y la vejez. 

En una investigación retomada en el reporte y realizada por el catedrático de la UNAM Ciro Murayama Rendón, se evidencia que a nivel nacional 35 por ciento de las mujeres en edad reproductiva no son parte de los sistemas de salud en México. 

Tal circunstancia es más grave en estados como Puebla, donde el porcentaje de mujeres en esta etapa de la vida no derechohabientes asciende a más de 50 por ciento, mientras que para Michoacán y Guerrero la cifra es de 45 por ciento. 

De acuerdo con el estudio, esa situación se debe a la inserción de las mujeres en el mercado laboral informal –como es el caso de las trabajadoras del hogar–, ya que este tipo de trabajo, además de no ser remunerado, no es reconocido por las instancias de seguridad social.

Del mismo modo la capacidad de pago limitada que tienen estas mujeres también determina su acceso al sistema de salud, debido a que las instancias que no son públicas requieren del pago de los servicios, y en muchos casos las mujeres no cuentan con los fondos necesarios para ello. 

Según el Conapred, estas circunstancias, además de perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres, representan un grave ejemplo de discriminación de género. 

Destaca también que el aborto es otro “de los ejemplos más emblemáticos de discriminación, pues mientras en el Distrito Federal las mujeres tienen el acceso garantizado a servicios de salud”, hay estados donde la interrupción del embarazo se penaliza. 

Por otra parte, el reporte también advierte que en el sistema sanitario persisten barreras institucionales para que las mujeres ejerzan su derecho a la salud. 

Se recalca que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que en los sistemas de salud deben existir criterios para la atención de las mujeres, como la privacidad para la consulta, e instalaciones de cuidado infantil para aquellas que deben acudir al servicio médico con menores de edad que están a su cargo. Tales criterios no se aplican en el sistema de salud. 

El reporte critica que en México haya un sistema de salud “fragmentado”, ya que está formado por tres subsistemas, que a su vez se conforman de instituciones con su propia organización. 

“Hoy en México, la salud es un bien que todavía se obtiene de manera desigual, ya que varía de acuerdo a quien lo requiera”, puntualizó. 

MARTES, 9 DE ABRIL DE 2013
"Nos tachan de revoltosos por defender la educación pública" 
Por Pedro Echeverría
1. Gonzalo Juárez es el representante de la Coordinadora (CNTE) en el estado de Guerrero. Es uno de los 300 mil profesores que militan en la CNTE que lleva varias décadas luchando en ese Estado de 3 millones, 400 mil habitantes. Ha visto el desarrollo de Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, Taxco, esencialmente centros turísticos con alto crecimiento, pero al mismo tiempo ciudades donde se han acumulado grandes riquezas en beneficio de unas cuantas familias. Pero también como profesor rural identificado con su pueblo, conoce bien las condiciones de miseria, desempleo y represión en que han vivido millones de familias guerrerenses. Por ello sus palabras calan hondo en este contexto de la lucha magisterial. 

2. Señala de entrada el profesor: la movilización es la única forma de cambiar al país. Los años han demostrado la necesidad de mantenerse en contacto con las familias, preocuparse por el entorno económico y social en el que se desenvuelven los menores y entender que éste afecta su formación. El mentor debe predicar con el ejemplo: "No podemos hablar a nuestros alumnos de justicia, dignidad, derechos y valores, si nosotros no somos capaces de defender la educación pública y nuestros derechos". No nos oponemos a una reforma educativa, pero ésta debe ser integral, analizada por diversos sectores, incluyente y sobre todo adaptarse a las necesidades de cada región, pues no es lo mismo la enseñanza en Guerrero que en Michoacán, Yucatán o el Distrito Federal. 

3. Y hace una magnífica comparación: "El maestro que se moviliza ha estado en contacto y es sensible a las necesidades de sus alumnos, sabe que viven situaciones económicas y sociales difíciles y, en el caso de Guerrero, de inseguridad. Se compromete con el trabajo, hace visitas domiciliarias, contacta a las asambleas de la comunidad, se aboca a resolver problemas de trabajadores, padres y colectividades; camina conjuntamente con su comunidad, está enraizado ahí y forma ciudadanos con conciencia social, capaces de defender sus derechos y de cimbrarse ante una injusticia." 

4. Pero en el otro extremo –señala el como dirigente de la CNTE- están los profesores "grises y sin trascendencia. Indolentes, despreocupados y que sólo cumplen con los horarios y contenidos establecidos. Son ellos los que tienen controlada la cúpula traidora o charra de nuestro sindicato nacional desde que en 1943 fue fundado". Las muestras de rechazo contra la reforma educativa, en particular las de Guerrero, no son parte de una estrategia de maestros "revoltosos", tal como se difunde en los medios informativos. Al contrario, somos una oposición con argumentos válidos. 

5. Estamos claros de que "se dan los primeros pasos para la privatización" del sector, específicamente en lo referente a la gestión de las escuelas, pues la reforma "legaliza" una práctica que se presenta desde hace años: el cobro de cuotas en los colegios públicos. "El Estado mexicano está renunciando a su responsabilidad de garantizar la gratuidad". El otro motivo es que "violenta los derechos de los trabajadores" al imponer una evaluación "estandarizada", la cual "será el pretexto para despedir profesores porque es agresiva, punitiva y sancionadora".

6. Los mentores no podemos oponernos a la evaluación; por el contrario, lo que decimos es que ésta "debe ser democrática, contemplar el contexto social, económico, cultural e incluso de lengua (en Guerrero se hablan cuatro idiomas originarios), integral y formativa, incluyendo todo el proceso enseñanza-aprendizaje, que evalúe a todos los actores y que incluya la participación de alumnos, maestros, padres de familia y autoridades educativas". Estamos conscientes de que de no oponernos a la reforma tal como fue aprobada por el Congreso de la Unión, ésta perjudicará –aún más que las movilizaciones de la CNTE– a los educandos. De ahí que el trabajo de difusión sobre los retrocesos que representa esa modificación sea parte permanente de su campaña de lucha. 

7. Contra las calumnias de algunos medios de comunicación y otros sectores decimos que a nosotros sí nos preocupan los alumnos. ¿Quién pensaría que un maestro puede estar en paro indefinido uno o dos meses sin el apoyo y acuerdo de los padres? Un profesor irresponsable no puede pedir su apoyo, pero aquellos que han trabajado saben argumentarlo y logran el entendimiento de las familias. Terminaremos el programa de estudios; hay un compromiso, extenderemos horarios, trabajaremos fines de semana y no perjudicaremos a nuestros alumnos, pero no permitiremos que los afecte la reforma." Sobre la "represión" que los maestros de Guerrero sufrieron: "Enrique Peña asumió la responsabilidad de esas agresiones y con ello sólo confirmó su talante represivo. Y eso le dio a la lucha un carácter social". 

MARTES, 9 DE ABRIL DE 2013 
Vacilada 
Por Teodoro Rentería Arróyave 
De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el panista Roberto Gil Zuarth -todos lo recordamos: ex secretario particular del ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa y jefe de la malograda campaña electoral de la frustrada candidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota-, la federalización de los delitos contra periodistas y medios de comunicación resultó una grosera y vulgar vacilada. 

Después de afirmar que las reformas buscan que el Ministerio Público no pueda evadir la responsabilidad de atraer e investigar un caso cuando implique violaciones a las libertades informativas o de expresión, recordó que “la reforma constitucional no federalizó la materia, sólo le dio la facultad de atracción, en consecuencia, los delitos que le corresponde investigar a la federación son aquellos que se comentan por servidores públicos de ese orden, lo que es el límite fundamental de la facultad legislativa”. “El resto”, agregó, “está reservado para los estados, porque hay que mantener un equilibrio natural entre las facultades del Estado y las entidades”. 

Para atemperar su muy especial interpretación de la Reforma Constitucional, que tantos años de lucha le ha constado al gremio organizado, para quedar como al principio, el senador blanquiazul nos sale ahora con el cuento de que el Senado discutirá y, en su caso, dictaminará en comisiones la adición de una cláusula al Código Penal Federal para incluir a los servidores públicos en eventuales responsabilidades de delitos contra periodistas o instalaciones de medios de comunicación. 

Dijo textual: “A quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días de multa: se aumentará hasta en una mitad la pena señalada cuando el delito sea cometido por un servidor público en funciones o cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género”.

Así es, las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, según dijo el legislador panista, tienen listo el dictamen que delimitará con precisión –así textual, delimitará con precisión-, los casos en que la federación atraerá estos delitos y también establecerá las nuevas facultades del Ministerio Público y de la Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de República, PGR. 

De aprobarse la reforma, el MP, insiste, podrá atraer casos cuando haya indicios que permitan presumir que en la agresión participó algún servidor público o la autoridad competente de conocer y perseguir el delito no haya actuado con debida diligencia o haya sido incapaz de seguir el delito. 

De acuerdo, según estudios e investigaciones muy serios, existen graves señalamientos de que la mayoría de las agresiones a periodistas y medios de comunicación son cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal; pero de ahí, a que se limite con precisión la federalización de dichos delitos, caemos en la cuenta de que la mencionada federalización resulta una vacilada, una tomadura de pelo.  

MARTES, 9 DE ABRIL DE 2013
En algún lugar… Nombre y apellido
Por Laura M. López Murillo 
“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir” 
José Saramago 

En algún lugar de la memoria, encarnadas en las fibras más profundas del corazón perviven las imágenes de los seres queridos y el eco de los momentos compartidos; las evocaciones logran atenuar los efectos de la ausencia pero jamás acallarán el reclamo de justicia… 

Un saldo fatal, una cruzada indefinida y la homologación de todos los males son los rasgos que distinguen al régimen calderonista: el saldo asciende a una insufrible cantidad de muertos y denuncias por desapariciones forzadas y tortura; la indefinición es la única constante en una campaña castrense anunciada como “guerra” que después se minimizó como una “lucha” que terminó siendo un “combate” contra el crimen organizado en el que se identificaba a los muertos como “abatidos”; todos los secuestros y los asesinatos se tradujeron en líneas de investigación que invariablemente conducían a meras casualidades y crueles coincidencias con la “delincuencia organizada” en un vano intento por desmentir una certeza socialmente compartida: en la política no existen las coincidencias ni las casualidades.

Al margen de la información oficial y oficiosa, sobreviven los deudos de ciudadanos ajenos al crimen organizado quienes ya cansados de exigir el bálsamo de la justicia para cicatrizar su indignación solicitan la reivindicación pública erigida en un memorial. El Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad (MPJD) que encabeza el poeta Javier Sicilia lanzó una campaña en México y en el extranjero para reunir 100 mil firmas y solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que se dedique el monumento conocido como Estela de Luz a la memoria de las víctimas de la violencia (con nombre y apellidos) donde se preserve la documentación de los casos. 

Y… por mera casualidad, tres días después del inicio de la campaña del MPJD, en un evento improvisado, sin convocatoria abierta o invitación al público, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong realizó el acto protocolario, casi privado, de la inauguración del Memorial de Víctimas de la Violencia en México. Por la crueldad de las ironías, en este Memorial no se registró el nombre de los civiles “abatidos” por las fuerzas militares y se erigió justamente en el Campo Marte muy cerca del Memorial del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana inaugurado por Felipe Calderón donde se inscribieron todos los nombres de los policías y militares caídos. 

La casualidad si existe, es grotesca, pero es mucho más que eso, es una afrenta deliberada a los dolientes que sólo puede explicarse como el desinterés por solventar los excesos cometidos en el pasado por error, omisión, negligencia o prepotencia. Es lamentable que pretenda resolverse un agravio social con una ceremonia solemne ante un espacio vacío; la negativa a darle nombre y apellido a las víctimas de la violencia se interpreta como la obstinada resistencia a la disculpa pública, indispensable para la reconstrucción del tejido social; es cierto que las evocaciones sólo atenúan los efectos de la ausencia pero también es cierto que la reivindicación sería la primer respuesta a los reclamos de justicia… 
Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.
Fuente:Argenpress